Incongruencia legislativa

* Por su tono de voz se puede deducir que se trata de un buen hombre, incluso hasta bien intencionado, sin embargo la realidad contraviene su aseveración. Es suficiente un  ejemplo para mostrar a la ciudadanía que se aprueban artículos sin lectura de comprensión, sobre todo cuando no existe una congruencia interna en las mismas.

 

 

Luis Zamora Calzada

En un programa nacional en radio, el lunes 7 de octubre por la mañana el presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, declaró enfático que sí saben lo que hacen, agregando que lo que aprueban pasa por las comisiones respectivas, en donde son analizadas todas las iniciativas que les envían; una vez acordado por los integrantes de la comisión, se turnan al pleno para su discusión y aprobación. En un arranque, casi  jura a su entrevistador que sí leen lo que con su dedo aprueban.

Por su tono de voz se puede deducir que se trata de un buen hombre, incluso hasta bien intencionado, sin embargo la realidad contraviene su aseveración. Es suficiente un  ejemplo para mostrar a la ciudadanía que se aprueban artículos sin lectura de comprensión, sobre todo cuando no existe una congruencia interna en las mismas.

La recién publicada Ley General del Servicio Profesional Docente, en su artículo 22 establece en las partes que interesa lo siguiente:

“En la Educación Básica y Media Superior el Ingreso a una plaza docente dará lugar a un Nombramiento Definitivo de base después de seis meses de servicios sin nota desfavorable en su expediente, en términos de esta Ley.

“Con el objeto de fortalecer las capacidades, conocimientos y competencias del Personal Docente de nuevo Ingreso, durante un periodo de dos años tendrá el acompañamiento de un tutor designado por la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según corresponda…

“En caso de que… al término del periodo se identifique su insuficiencia en el nivel de desempeño de la función docente, se darán por terminados los efectos del Nombramiento, sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o para el Organismo Descentralizado”.

Sin que se requiera ser docto en la materia y con una lectura de comprensión mínima, son observables las contradicciones entre el otorgamiento y terminación de los efectos del nombramiento definitivo, seis meses es menor a dos años, y si ya se cuenta con el documento respectivo al menos por un año y medio, ya es defendible la plaza del servidor público desde la ley local y Federal del Trabajo.

 

Daño a la hacienda pública

 

El capítulo XVI del Código Penal Vigente en el Estado de México, referente a los  delitos cometidos por servidores públicos en agravio de la hacienda pública estatal o municipal y de organismos del sector auxiliar, en su artículo 146, establece que incurren en la responsabilidad penal, aquellos que:

“Por imprevisión o negligencia, falta de cuidado por no tomar las precauciones necesarias, ocasionen daño a la hacienda pública estatal, municipal u organismos del sector auxiliar; los que hagan uso personal de los fondos, entre otros.

“Quienes incurran en estas acciones u omisiones pueden ser sentenciados de tres a cinco años de prisión a los servidores públicos de la hacienda estatal, entre otros, obligados conforme a la Ley Orgánica de la Contaduría General de Glosa”.

Es importante señalar que se puede incurrir en uso personal de fondos, cuando la acción no está prevista en la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal o en el Reglamento Interior de la dependencia donde trabaja el servidor, que se extralimitará en sus funciones y actuar, cuando va más allá de lo señalado en dichos preceptos legales, contraviniendo el principio de lo que no está prohibido, está legalmente permitido, toda vez que los postulados y principios fundamentales que acoge nuestra Constitución, las autoridades, los poderes y los órganos del Estado, están sujetos a la ley en su organización, funcionamiento, facultades y atribuciones, es decir, sólo pueden hacer aquello que les ha sido concedido, en lo que las normas guardan silencio lo tienen prohibido.

Lo anterior en razón de que el pasado sábado 5 de octubre y de cuestionamientos realizado por profesores del subsistema educativo estatal, en reuniones desarrolladas en Naucalpan y más tarde en Ixtapaluca, preguntaban respecto a las probables repercusiones legales de los 12 millones de pesos en promedio utilizados en la adquisición de tapetes para yoga, gasto aceptado públicamente por el titular de la dependencia educativa estatal, señalando un grupo de abogados que para cualquier acción es necesaria una denuncia en la instancia correspondiente, fundado y motivado entre otros por la normatividad citada en párrafos anteriores.

Anuncios

Deja un comentario

Aún no hay comentarios.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s