Paraíso artificial

* En Valle de Bravo se puede vivir, trabajar, viajar. Pero también morir a manos del crimen organizado o por consecuencia de la presencia de los cárteles. El secreto peor guardado de los vallesanos es precisamente el dominio del narcotráfico en casi todos los niveles sociales.

 

Miguel Alvarado

Valle de Bravo es el destino turístico más importante del Estado de México. El propio municipio reconoce que un fin de semana cualquiera representa para ellos una derrama aproximada d e15 millones de pesos. Por eso, gobiernos y sector privado colmaban la agenda anual de actividades de aquel municipio, pues representaba una inversión segura. El lugar es, además, sitio de recreo y refugio vacacional de políticos y empresarios. Desde Arturo Montiel, ex gobernador del Edomex, hasta Emilio Azcárraga, dueño de Televisa, mantienen propiedades y patrocinan actividades, algunas de carácter internacional como competencias ecuestres o mundiales de parapente y velerismo. Las opciones son únicas, todas atractivas y económicamente viables, pero hace un lustro, más o menos, que Valle de Bravo es sólo una simulación, u pueblo mágico tomado por el crimen organizado como campo de operaciones y hasta sitio de residencia para los capos del sur del Estado de México y la Tierra Caliente michoacana y de Guerrero.

Con una población fija de unos 52 mil habitantes, está a una hora de Toluca, la capital del Estado de México. Rodeada de fraccionamientos residenciales, la cabecera municipal ha visto elevarse la plusvalía de los alrededores. Sin embargo, son los dueños de los desarrollos habitacionales quienes reciben los beneficios. Las residencias son tan caras como un departamento mediano en La Herradura, en Huixquilucan. El fraccionamiento Izar, por ejemplo, vende propiedades hasta en un millón y medio de dólares y en Avándaro se consiguen casas desde medio millón de dólares. No son los únicos desarrollos. En Valle de Bravo el metro cuadrado se cotiza, en promedio, en 14 mil pesos. En Huxiquilucan cuesta 12 mil y en Metepec 10 mil pesos, todos en áreas residenciales.

El municipio, con una laguna artificial desde 1942, parte del Sistema Cutzamala y un clima semitropical, es muy codiciado. Hasta antes de la llegada del narcotráfico, floreció un comercio dedicado al turismo. Artesanías, tiendas especializadas y la venta de terrenos mantenían boyante aquella demarcación, pero el dominio de la zona de La Brecha por el narco, Tejupilco Luivianos, Otzolotepec, Zacazonapan obligó al crimen organizado a pensar en la expansión.

Valle de Bravo aparenta algo que no sucede. En aparente tranquilidad, vecinos y turistas conviven como siempre en lugares públicos porque a los lugareños no les conviene hablar del otro lado de la moneda. El último caso de violencia se registró apenas el domingo 10 de noviembre de este año, cuando el secretario técnico del ayuntamiento, Gonzalo Benítez Jaramillo, circulaba en su camioneta. Una emboscada lo obligó a detenerse pero ni bien lo hizo fue baleado por un grupo de sicarios. Testigos afirman que “la camioneta quedó como coladera” pero el funcionario logró salvarse y escapar junto con su familia a otro lugar. Benítez Jaramillo se dedicaba además a organizar espectáculos musicales y llevaba grupos a la región, para bailes y fiestas populares. Todavía nadie sabe las razones del ataque.

El ayuntamiento de Valle de Bravo no se ha pronunciado al respecto, pero sí ha declarado recientemente que el municipio garantiza la seguridad a los visitantes, que pueden acudir a espectáculos como el pasado Festival de las Almas. El alcalde Francisco Reynoso Israde, de extracción panista, es optimista y cree que “el combate a la delincuencia se registra en todas sus facetas, por ello estamos ciertos de que en Valle de Bravo la seguridad de la población y visitantes, está garantizada”, diría el 11 de septiembre en un acto público.

Reynoso es un médico veterinario que de pronto se vio involucrado en la política. Las elecciones del 2012 lo vieron derrotar al PRI y a los tradicionales caciques políticos que han gobernado la región, controlados por la familia Pichardo. La versión popular, la más extendida y aceptada, rescata que el alcalde anterior, el priista Gabriel Olvera, prometió demasiado y cumplió poco. El voto de castigo no se hizo pero Olvera, sin embargo, alcanzó a meterse todavía como diputado local. La contradicción en las votaciones se explica de otra manera. Una fracción del crimen organizado influyó para que el PAN obtuviera la presidencia a cambio de que se le dejara trabajar en paz. Entonces intervino con propaganda y compra de votos. La inexperiencia de Reynoso se vio, sin embargo, como una ventaja. Si políticos de carrera habían fallado en lo elemental, tal vez alguien “de fuera” podría lograr algo. Reynoso reclutó a panistas y a algunos antiguos priistas, que se enfocaron en la promoción turística del municipio, una actividad que, puede decirse, marcha sola. La nueva administración trató de resolver los pendientes, incluidas obras públicas fantasma o inconclusas, que reclamaban pago por parte de las empresas ejecutoras y un funcionamiento efectivo por la población. Ente ellas destacaban el alumbrado público de una colonia y una obra pública, por aproximadamente 10 millones de pesos.

La inseguridad en Valle de Bravo no es palpable. No es una tierra de nadie donde las bandas peleen por el control. Se sabe que el cártel de La Familia lo controla, pero con discreción. Ha llegado a un acuerdo para no molestar al turismo. El diario toluqueño Alfa publicaba el 11 de noviembre que “hoy, al menos una veintena de presidentes municipales, básicamente de municipios rurales del suroeste y noroeste de la entidad, son extorsionados bajo amenaza de muerte por la delincuencia asociada al narcotráfico. Pagan con recursos públicos el llamado derecho de piso en cantidades que van desde 30 mil hasta 150 mil pesos mensuales. Lo saben muy bien desde hace tiempo en la delegación estatal del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN), la secretaría de Seguridad Ciudadana, la PGR y la Procuraduría de Justicia, pero nadie hace nada… la información es fácil de confirmar, bastaría con preguntárselo a los alcaldes de Temascalcingo, El Oro, San Felipe, San José del Rincón, Ixtapan del Oro, Zacazonapan, Tejupilco, Luvianos, Temascaltepec, Santo Tomás de los Plátanos, Otzolotepec, Villa Victoria y Valle de Bravo, entre otros tantos”.

El caso de Benítez Jaramillo, secretario técnico baleado, no es el único. Otros más atemorizan a la población residente, que sabe bien quién ejerce el verdadero poder. Un policía ministerial fue acribillado en la cabecera municipal, cuando acudía a una refaccionaria. Tres hombres los emboscaron por detrás y lo acribillaron. Los testigos aseguran que se alejaron del sitio caminando. Otro, un influyente locatario del mercado municipal, fue secuestrado. Después le cortaron la lengua.

La simulación alcanza incluso programas sociales y de desarrollo, como lo demuestra una inversión federal por 10 millones de pesos para remodelar fachadas en el centro histórico vallesano. Según, el ayuntamiento, serían beneficiados 27 mil habitantes, quienes vieron cómo se pintaban sus casas y se reparaba la herrería, pero no encontraron solución alguna al deterioro real. No hay empleos ni la seguridad se puede garantizar. Zitácuaro, el municipio más cercano a Valle de Bravo, está apenas a una hora. Allí domina también La Familia.

La inseguridad es generalizada y los pronunciamientos no bastan ya en una entidad que registra mil 217 homicidios vinculados con el crimen organizado hasta agosto del 2013, de manera oficial, Otros conteos, los ciudadanos, apuntan hasta 5 veces más en el número de muertos. “Es un asunto que hay que reconocer que no se gestó de la noche a la mañana, es un tema que vino generándose durante muchos años y que hoy lamentablemente está acrecentándose, estamos trabajando seriamente para contenerlo e inclusive para disminuir los índices correspondientes. Voy a seguir trabajando con mano firme, con mano dura cuando se trate de combatir a los delincuentes”, dijo el gobernador Eruviel Ávila respecto al tema, en un entrevista pública a principios de noviembre del 2013.

En el marco de la violencia Valle de Bravo recibió la noticia de que la región tenía un nuevo fiscal regional, Miguel Ángel Benhumea Sandoval, quien de entrada aceptó que “no me da miedo, he transitado por muchas cosas y tenemos la medida necesaria para estar en el cargo, conozco la zona y su gente. Desde luego que tomaré algunas medidas personales e institucionales en torno a mi seguridad -portar una arma-porque sé lo complicado que son algunas zonas, pero sabré afrontar el reto”, diría públicamente en junio del 2013.

En Valle de Bravo se puede vivir, trabajar, viajar. Pero también morir a manos del crimen organizado o por consecuencia de la presencia de los cárteles. El secreto peor guardado de los vallesanos es precisamente el dominio del narcotráfico en casi todos los niveles sociales.

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