Un asunto pendiente

* La michoacanización del Estado de México deberá revisarse. El modelo debe tomarse al revés. La entidad da la impresión de que funciona ya con las órdenes del crimen organizado, que ha logrado matizar y cierta clase de orden y que los estados vecinos ahora copian lo que sucede aquí pagando su propia cuota de sangre y balas.

 

Miguel Alvarado

Michoacán es un territorio levantado en armas. Allí se encuentra reunida toda la realidad mexicana y se expresa lo mejor que puede. Lo que llaman Estado fallido opera por los cauces y rendijas que le permite la inercia, las buenas intenciones. Allá está el narcotráfico dictando leyes  aplicándolas, convirtiéndose en autoridades más competentes y sanguinarias que las oficiales. Junto a ellos, la clase política, corrompida hasta el tuétano y amagada por el miedo, prefiere cooperar y alguna ganancia, aunque sea la conservación de la vida, que obtener soluciones definitivas. Sindicatos y sectores sociales paralizan sus actividades y exigen, de manera confusa, derechos que hasta hace pocos años, “se respetaban”. En la misma escena, las organizaciones de autodefensa, pueblos enteros levantados en armas que se defienden con sus propios medios del crimen organizado y de paso de lo que ellos califican como gobiernos corruptos. En el margen, apareciendo de vez en cuando, las distintas policías, el Ejército y la Marina patrullan, ejecutando órdenes que la mayoría no puede identificar su origen, pero sí las consecuencias de sus cumplimientos o lo contrario. ¿Hay guerra en México? ¿Quiénes participan en ella? ¿Cómo puede ocultarse un levantamiento armado de tales magnitudes? Hasta las redes sociales se involucran, no sólo con reportajes periodísticos sino con páginas dedicadas a difundir información “en caliente”: movimiento de tropas, actividad de grupos criminales, solicitud de apoyo a comuneros o autodefensas. Por su carácter anónimo, no puede saberse de qué lado está, a qué intereses responde. Nadie cuestiona la veracidad vertida, pero sí las intenciones. Casi todas las zonas en estado de sitio usan internet para comunicarse, en todos los bandos, de ida y vuelta. Ls herramientas son eficaces pero igualmente peligrosas.

Michoacán y parte de Guerrero forman una zona con vida propia, ajena a la imaginería que se escribe y promueve desde la Federación. No es distinta de otros lugares del país, pero sí la más violenta y confusa. Un país dentro de otro país, Michoacán exhibe el fracaso continuo de políticas públicas y la instalación de la impunidad y corrupción en leyes, reglamentos y costumbres de los pueblos, divididos irremediablemente en los dictámenes del caos, la contradicción, la polaridad.

El Estado de México, el más poblado del país con unos 15 millones de habitantes y sede natural del grupo en el poder presidencial, el Atlacomulco, es vecino y testigo casi pétreo de los fenómenos michoacanos y guerrerenses. Tiene su Tierra Caliente, justamente en la frontera con estos dos estados, el sur mexiquense es lo que uno ve, no pretende engaños. Cuarto lugar nacional en pobreza, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), con 7.328 millones, el 50 por ciento de su población, sin embargo ha apuntalado al Grupo Atlacomulco por cerca de ocho décadas y le ha permitido en lo que le corresponde, legitimarlo en el poder público. En la entidad miserable se formaron fortunas como las de la familia Hank y se empoderaron clanes como los de Montiel Rojas y Peña Nieto. Una oligarquía regional aprovechó los beneficios del poder público y a poco se extendió territorialmente. La obtención de la presidencia completó la obra en el 2012. Enrique Peña, rostro y figura pública del Grupo, es hoy la realización concreta de un esfuerzo feroz, pero eso no beneficia sino a unos cuantos. Peña heredó un país en vías de convertirse en una especie de propiedad privada con una constitución de primer mundo pero intérpretes y ejecutantes habilitados en calabozos políticos, mentalmente incapaces de oponer alguna objeción. La clase gobernante –una sola en el país, conveniente dividida para cuando se necesite la ruptura- administra un negocio donde los daños colaterales están calculados, presupuestados y se atienden cuando ya no sea posible ignorarlos. Ha pasado un año desde que el priismo regresó al poder oficialmente, que en realidad nunca abandonó y el crimen organizado –la colusión entre autoridades y, precisamente, criminales- se instaló definitivamente. Las cifras, una abstracción de la violencia que nos toca, no pueden detallar causas y consecuencias. Y si lo hacen, se interpretan de todas las maneras posibles. La información es tan libre que ha credo su propio cerco. Nadie sabe a ciencia cierta qué significa.

Michoacán y su gobierno criminal es también una entidad guerrillera. A simple vista, la sociedad rural ha podido organizarse para plantarle cara a los grupos que la extorsionan. Primeros los Zetas y luego La Familia Michoacana, fueron combatidos de diversas formas, y en ciertos casos con eficacia pero transformaron al territorio en área de combate, que durará hasta que el más débil desista. Nadie entiende cómo el Edomex no se ha michoacanizado o, si ya sucedió, cómo puede guardar discreto perfil. La Tierra Caliente mexiquense ha estado por años bajo el control del narcotráfico, que hace lo mismo que en Michoacán. El modelo de esa michoacanización proviene en realidad del Estado de México, donde al menos 10 municipios son territorio del narco, que impone reglas, aplica leyes y escribe su propia historia. Amatepec, Luvianos, Tlatalaya, Tejupilco, Zacazonapan, Alquisiras, Otzoloapan, Valle de Bravo, Zacualpan, Ixtapan de la Sal, Ixtapan del Oro, Donato Guerra, Sultepec y Tonatico, entre otros, prefiguran el modelo. Allá también se presentan los mismos actores: gobiernos corrompidos por miedo o dinero; comunidades organizadas aunque sin éxito, presencia militar e ineficacia policiaca medran entre la narcosociedad establecida.

Los grupos de autodefensa existen en el Estado de México, pero son discretos porque la tierra del Grupo Atlacomulco permite todo, excepto rebeliones. El 13 de febrero del 2013 el procurador mexiquense Miguel Ángel Contreras Nieto aclaraba que las autodefensas organizadas no constituían ningún delito cuando se había anunciado una agrupación de este tipo, desde Tlatlaya y Amatepec, el Frente Popular Campesino Revolucionario Francisco Villa, que se arrogaba públicamente el ejercicio de la vigilancia y de los poderes populares.

Tres días después se daba a conocer que el líder y organizador de aquel Frente Popular Campesino, Luis Enrique Granillo, había desaparecido tras ser levantado por un grupo armado. Una llamada habría aclarado que Granillo estaba a salvo y que no regresaría a Amatepec, aunque nadie tenía la certeza. Más violenta y eficaz la respuesta que en Michoacán, en el Edomex se cortó de tajo aquella primera intención de la autodefensa. “Tenemos un asunto pendiente con él”, dirían quienes lo levantaron, junto con otras 5 personas.

Granillo tenía además otros fines, políticos y territoriales, luego de ver por años el abandono de las autoridades para aquella zona. Lo que buscaba también lo ha intentado la comunidad otomí de Toluca, por ejemplo, que intenta hace años formar su propio municipios. Pero Granillo iba un poco más lejos. Organizaba a 37 poblaciones para formar una nueva entidad, que según él se llamaría Calentano y que involucraba precisamente al Triángulo de la Brecha, Guerrero y Michoacán incluidos. “Las comunidades alrededor del Frente Popular han decidido el día de hoy conformar, en un proceso lento, violento y a la vez muy peligroso, tomar la seguridad en sus comunidades; sabemos perfectamente el riesgo que esto representa, la vida de los que estamos aquí presentes el día de hoy, lo sabemos perfectamente señores, pero no tenemos miedo de dar la vida por el sur del Estado de México. Si es necesario tomar las armas para que nos hagan caso y resolver este grave atraso, los compañeros del Frente Popular estamos dispuestos a dar ese paso”, diría Granillo en un acto público que involucraba a la prensa local.

“Estamos en la conformación de estos grupos, pero lo que estamos buscando es tener un movimiento de revolución social que ponga fin al atraso criminal en que está sumida esta zona por culpa de los gobiernos estatal y federal. Vamos a desconocer a las autoridades municipales y al diputado que representa al sur del estado”. A pesar de llamar a sus compañeros y asegurar que estaba salvo, la ficha de Granillo sigue apareciendo en portales de las procuradurías estatales, como en Colima, donde se le considera todavía desaparecido.

El caso de Granillo, a quien se denomina activista, confirma que es más peligroso serlo que entrar al narco y que mantener actividades políticas contrarias a la opinión oficial resultan a veces catastróficas.

En Guerrero se han contabilizado unas 100 comunidades que mantienen o mantuvieron grupos de autodefensa.

A finales de julio del 2013 otro municipio en pobreza extrema, San José del Rincón, amenazaba formar sus propios grupos en 20 comunidades cuando las autoridades no pudieron responder por asaltos y secuestros, que costaron tres vidas en ese periodo. En el valle de México, en municipios como Ecatepec y Neza se opta por algo más focalizado. Cada colonia o comunidad organiza sus propios grupos de vigilancia.

La michoacanización del Estado de México deberá revisarse. El modelo debe tomarse al revés. La entidad da la impresión de que funciona ya con las órdenes del crimen organizado, que ha logrado matizar y cierta clase de orden y que los estados vecinos ahora copian lo que sucede aquí pagando su propia cuota de sangre y balas.

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