Las razones del miedo

* El último reporte del Secretariado Ejecutivo Nacional del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que desde el primero de diciembre del 2012 y hasta el último día de octubre del 2013, la administración de Enrique Peña acepta 17 mil 68 asesinatos. Si la estadística se mantiene, el próximo sexenio terminaría con 102 mil 408 homicidios. Otros datos contabilizan 500 ejecutados al mes desde ese diciembre, por nexos con el crimen organizado, unas 20 personas diariamente.

 

Miguel Alvarado

– Órale, pinche puto, ¿pues qué te traes?

La camioneta de la cual se baja el hombre es una Lincoln, cubierta de polvo, maltratada pero que todavía deja ver un color que pudo ser dorado en mejores tiempos. Le ha cerrado el paso a un camión de pasajeros, que cubre la ruta de Ciudad Universitaria a La Pila, en Metepec. El incidente, en la avenida Baja Velocidad, frente al edificio de cristal del Instituto Electoral es presenciado por patrulleros estatales, que vigilan en Paseo Tollocan el tráfico.

– Órale, pinche puto, ¿pues qué te traes?

El hombre que baja de la Lincoln va armado. Saca de sus ropas una pistola y con ella se dirige al chofer del autobús, que ha frenado violentamente al tener enfrente la camioneta. El hombre con el arma luce más alto de lo que es en realidad. La pistola le otorga el aura de poder e impunidad necesarios para lograr los objetivos vitales.

– No, pues es que yo me hice a un lado para que pasaras –atina a decir el atribulado conductor, que no puede despegarse de la ventanilla, pues ya se le apunta diligente, profesionalmente con el arma. Un golpe en el vidrio lo silencia por completo. Mientras, los patrulleros se hacen de la vista gorda. No se van pero no bajan de las unidades. Son dos, una estacionada a metros de la otra, en el acotamiento del carril de alta velocidad. Todos las ven, también el empistolado, quien permanece junto al camión en espera de respuesta, como si hubiera alguna para esos casos.

– Ya te dije que… -trata de explicar el operador, pero un nuevo golpe lo disuade. Alto, con camisa de cuadros, anaranjada, de manga corta, pantalón de mezclilla, cumple casi a la perfección con el estereotipo del militar, del policía vestidos de paisanos, encubiertos o de plano de un sicario.

– Pinche mugroso de porquería –le vuelve a decir el de la pistola. “Es un pinche guarura”, suelta uno de los pasajeros, más espantado que curioso porque el monólogo con la pistola ya rasguña la histeria. Pero ellos son así, algunos, pues. Bajan de sus autos y amenazan con lo que tienen a la mano. No importa lo que suceda después. No temen morir, que alguien más espantado que ellos se decida a disparar por pura inercia. El hombre sube a su camioneta y arranca luego de simular, antes de cerrar la puerta, un disparo contra el camión. El chofer deja que la camioneta se aleje y después sigue la ruta. Todos bajan de la unidad en cuanto pueden. Nadie sabe con certeza por qué sucedió aquello pero cualquier pretexto es suficiente para desatar cualquier cosa.

A nivel nacional, la violencia no ha disminuido. El último reporte del Secretariado Ejecutivo Nacional del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que desde el primero de diciembre del 2012 y hasta el último día de octubre del 2013, la administración de Enrique Peña acepta 17 mil 68 asesinatos. Si la estadística se mantiene, el próximo sexenio terminaría con 102 mil 408 homicidios. Otros datos contabilizan 500 ejecutados al mes desde ese diciembre, por nexos con el crimen organizado, unas 20 personas diariamente.

En el Edomex los policías asesinados forman un grupo muy especial, una estadística cuidada con el mayor esmero por las autoridades. A pesar de las discreciones, los conteos existen y dependencias como la Procuraduría mexiquense aceptaban, en el 2008, un promedio anual de 37 policías caídos nada más en enfrentamientos contra el narcotráfico y bandas organizadas. La PGR, por su lado, decía en el 2008 que “hubo 23 agentes caídos, cinco de ellos en el Estado de México”, en una nota del portal electrónico 24 Horas.

La estadística, desde entonces, no ha variado mucho, pero no dejaba de preocupar a la misma PGJEM que en el 2012, al menos 360 policías habían sido cesados, separados o encarcelados por presuntas relaciones con cárteles. La seguridad pública ha estado comprometida por años por el narcotráfico, la corrupción y la impunidad. En enero del 2012, la Federación aceptaba que “2 mil 997 militares, miembros de órganos de inteligencia y policías federales, estatales y municipales han muerto en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico”, reproducía el diario Excélsior. Para el Edomex, el índice delictivo es de 40.36 por ciento, que ubica a la entidad en el tercer lugar nacional entre las entidades con el índice más bajo. Según datos de la PGR los delitos contra la salud en el Estado de México representan el 54.92 por ciento del total cometidos y los relacionados con posesión de armas y explosivos alcanzan el 20.57 por ciento del total.

Las corporaciones policiacas en la entidad son más bien botines políticos desde donde se negocian resultados políticos pero también el reparto de plazas con el crimen organizado. Enrique Peña y luego Eruviel Ávila sostenían que la prioridad de sus gobiernos era precisamente la seguridad pública y nada más ganar las elecciones, el primero en el 2005 y el segundo en el 2011, borraron de un plumazo las instituciones existentes. Señaladas las dos administraciones por efectuar cambios sólo de nombre, la situación nunca mejoró pero sí se hizo evidente la impunidad en la que se desenvuelven los mandos policiales. Primero llegó la Agencia de Seguridad Estatal, que tardó más de un año en ser oficializada pero que sólo duró hasta la entrada de Ávila Villegas a la gubernatura. El nuevo Ejecutivo repitió el ejemplo de su antecesor y creó la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Pero un nombre distinto no ayudó a nadie, ni siquiera a sus gestores, que no involucraron planes de trabajo en el interior de las instancias. Siempre fueron los mismos, con distintos uniformes y nada mejoró.

Pero si la ciudadanía se pregunta por el grado de corrupción policiaca, encuentra en los salarios parte de las razones. Nueve mil quinientos pesos mensuales en el rango de policía R-2 por jugarse la vida pueden no ser razones suficientes para agentes estatales y municipales. El tabulador para los jefes es otra cosa. Un comandante de Región R-1 ganaba, hasta el 2012 según el tabulador de Transparencia, 22 mil 488.20 pesos brutos al mes, por ejemplo, pero el secretario obtiene 196 mil 852 pesos brutos cada mes mientras que los mandos superiores y medios, catalogados entre los niveles 30 y 31 superan los 100 mil pesos brutos mensuales.

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