Élite en el poder

* El pueblo, la sociedad es ese cuerpo social mucho más amplio que disputan y manejan, y que a todas luces es conveniente que nunca alcance niveles de concientización, mucho menos de escolaridad. Mientras menos lean y tengan necesidades económicas permanentes, serán controlables y fáciles de inducir en las jornadas electorales a favor de la élite dominante.

 

Luis Zamora Calzada

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), presentó en días recientes la serie Breviarios de Cultura Política-Democrática, número 19, con el libro titulado “La formación y características de la élite priista contemporánea: el caso del Estado de México (1996-2012)”, texto con un  contenido tendiente a un análisis profesional.

Entre sus conclusiones llama la atención la definición de élite política, determinada como un “grupo minoritario de personas que detentan legítimamente un poder político, se coaligan y organizan con la intención de poder mantener o perpetuar ese poder político por encima de un cuerpo social mucho más amplio, complejo y diverso, que no detenta en modo alguno un poder semejante, y al cual dirigen; además, gobiernan y establecen los asuntos políticos que han de ser dirimidos, así como la manera en que han de ser resueltos, y que buscan una legitimación de su poder a través de una competencia electoral periódica, mediante la cual pretenden el favor del voto de los ciudadanos, en la que disputan su permanencia, rechazo o rotación en medio de una pluralidad de élites o grupos que guardan características semejantes a las suyas”.

A manera de ejemplo y sin pretender un análisis de la realidad y la conclusión transcrita, el pueblo, la sociedad es ese cuerpo social mucho más amplio que disputan y manejan, y que a todas luces es conveniente que nunca alcance niveles de concientización, mucho menos de escolaridad. Mientras menos lean y tengan necesidades económicas permanentes, serán controlables y fáciles de inducir en las jornadas electorales a favor de la élite dominante.

Los nombres y apellidos presentados en los sociogramas incluidos en el texto explican las ubicaciones de personajes diversos que, sin importar su perfil, ocupan la titularidad de las dependencias no sólo a nivel secretarías, sino que se extienden hasta direcciones y diversas instancias en donde han sido ubicados para mantener el poder. La preparación y capacidad pasan a un término no definido, de hecho no importa, la parte toral es con quién se entreteje en los troncos y las ramas de la élite.

Texto interesante que el pueblo debe leer para tomar su determinación de continuar como va o decidir por una participación que transforme, en primer término, y busque la aplicación de la ley en todo “funcionario” que la viole, ahora que se puede saber de dónde provienen.

 

El delito del fraude procesal

 

La semana pasada, en el Salón del Pueblo de palacio de gobierno, en evento del presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, el gobernador de la entidad (Eruviel Ávila), manifestó su deseo de seguir contando con el apoyo, entre otros, de los usuarios de los servicios de impartición de justicia laboral, es decir de los trabajadores que están siendo despedidos injustificadamente de sus fuentes laborales por la patronal y sin especificar en qué sentido sería, quizá para desistirse de sus demandas, en perjuicio del desempleado.

Con el propósito de evitar que se alarguen los juicios laborales (desde los términos de su propia ley concluirían en un lapso de tres meses, pero desde la práctica impuesta los concluyen en tres años) y desde la perspectiva del titular del Ejecutivo local, anunció una iniciativa de ley para establecer el delito de fraude procesal para superar la irregularidad en los procedimientos y la simulación de actos o hechos jurídicos, supuestamente para ingresar a una nueva era en materia de administración de justicia laboral.

En su discurso y para ilusionar a los trabajadores de la Junta Local, mencionó la implementación de estímulos económicos “para los servidores públicos que impartan la justicia laboral de manera pronta, expedita, transparente y eficaz”, olvidando que tales condiciones son un mandato del artículo 17 constitucional.

Con el ferviente deseo de quien esto escribe, de que el programa para modernizar y eficientar la justicia laboral, considere al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, no en el sentido de estimular -porque es su obligación cumplir con lo que les mandata la ley- pero sí de cumplir con los términos que les establecen en la misma, los que no acatan alargando los procesos de acuerdo a su albedrío, libre determinación o, según se dice, por instrucciones de sus “superiores”, en los casos en que la justicia laboral se politiza, emitiendo en los expedientes laborales acuerdos en perjuicio del trabajador, que se combaten en los juzgados federales con amparos indirectos para la aplicación pronta y expedita de la ley o amparos directos ante los tribunales federales colegiados en materia de Trabajo.

Esta ilegal manera de injusticia laboral se da en la entidad. Para muestra ponemos a disposición de la opinión pública y la especializada diversos expedientes laborales donde las irregularidades contrarios a derecho están a la vista.

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