La crisis de seguridad

* No es novedoso decir que las investigaciones delictivas y criminales son asunto exclusivo del ministerio público o la policía correspondiente, así como tampoco lo es señalar que son ellos los responsables de delinear esos paisajes de desgarramientos humanos que ocultan mucho más de las, al menos, 130 mil muertes violentas que se reportaron en México del 1 diciembre de 2006 al 1 de septiembre de 2013 y que incluyen a las 15 mil víctimas que aún no han sido identificadas, 27 mil desaparecidos y 1.5 millones de desplazados de sus lugares de origen.

 

Francisco Cruz

México atraviesa por una de sus peores crisis de seguridad. Enraizada en la impunidad y la corrupción, es de tal magnitud que, a partir de la década de los ochenta, el delito y el crimen —asalto, extorsión, homicidio, desaparición involuntaria, secuestro, trata de blancas, venta de protección y narcotráfico— aumentaron exponencialmente, a niveles de pandemia.

Por si algo hiciera falta, de un Estado para-policiaco a partir de 1929, México cambió en 2007 a uno militarizado, con un característico olor a muerte y una libertad de expresión amenazada por todos los frentes. En algunas zonas el totalitarismo y el Estado de excepción son permanentes. Los números hablan: el país cuenta con 5.6 millones de policías: 2.8 millones pagados por el Estado y 2.8 millones en cuerpos de la iniciativa privada.

El nivel de violencia es comparable al de Afganistán, Sudán, Irak, Paquistán o Somalia. “México constituye la primera guerra en el Continente Americano desde 2003”, alertó en 2010 el documento Barómetro de Conflictos, elaborado por la universidad alemana de Heidelberg. Durante ese año, en Afganistán y Paquistán se reportaron, por país, seis mil 800 muertes, contra las 15 mil 273 en México.

En la medida que se profundizó la crisis de seguridad, emergió o se consolidó una diversificada e innovadora red de emprendedores del crimen. A través de un complejo entramado de beneficios mutuos y compromisos con funcionarios, comandantes y policías, esos nuevos empresarios retomaron e impusieron la violencia extrema, mientras hacían del secuestro, la extorsión y el narcotráfico, las más lucrativas oportunidades de desarrollo y enriquecimiento.

Como dato más que curioso, estremecedor, se sabe que en los primeros diez meses del gobierno actual se reportaron, oficialmente, mil 425 secuestros, aunque organismos privados pusieron el número en dos mil 421; y de enero a agosto se contabilizaron 13 mil 775 asesinatos relacionados con el crimen organizado.

La sociedad mexicana se ha despertado con la realidad de que vive en medio de una narco-guerra por el control de los principales corredores de exportación de drogas y, es que, a pesar que desde principios del Siglo XX, México es uno de los mayores exportadores de opio y marihuana a Estados Unidos, la popularidad de las drogas sintéticas y la cocaína amplió ese mercado tan rentable que hoy también representa oportunidades de empleo directo e indirecto para unos 450 mil mexicanos.

Bajo estas condiciones algunas entidades —además de las históricas Chihuahua, Sinaloa, Durango, Baja California, Sonora y Tamaulipas— se han convertido en santuario de criminales. Ese es el caso de los estados de México, Michoacán, Quintana Roo, Guerrero, Chiapas, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Oaxaca, Hidalgo, Jalisco, Tabasco, el Distrito Federal y Veracruz.

La crisis ha puesto en jaque a las estructuras gubernamentales responsables de investigar y combatir el delito, con lo que, en apariencia, se ha rebasado a la criminalística y la criminología. Sin embargo, bajo esta premisa se esconden realidades insospechadas como el hecho de que el trabajo de quienes ejercen estas profesiones se ha visto controlado por una élite de políticos que, muchas veces, están íntimamente relacionados con los grandes criminales.

Siendo así, la investigación se ha basado en falsas premisas porque desdeña la nociva relación del poder con delincuentes y criminales. Nadie nunca ha osado indagar a una clase política anodina e impune y, menos, se ha detenido a elaborar perfiles, por ejemplo, de presidentes involucrados abiertamente en actividades ilícitas como el sonorense Abelardo L. Rodríguez, el veracruzano Miguel Alemán Valdés o el defeño Carlos Salinas de Gortari, por nombrar algunos.

El primero heredó en Baja California el imperio de las drogas que levantó el coronel porfirista Esteban Cantú Jiménez. Desde allí, Abelardo se alzó como uno de los generales más prósperos al término de la Revolución; en 1932 Plutarco Elías Calles lo impuso como Presidente de la República.

En un estricto sentido, el sistema de justicia mexicano está asentado en una tergiversada y corrupta noción de que los poderosos son infalibles o, de plano, santos; se han desdeñado hechos, evidencias y datos verificables.

Nadie, valga un paréntesis, estudió al capo Antonio J. Bermúdez quien de 1946 a 1958 controló la dirección general de Pemex, desde donde limpió su fortuna e hizo de sus amigos Miguel Zaragoza y Valentín Fuentes dos poderosos empresarios que hoy controlan 70 por ciento de la comercialización y distribución del gas LP.

Hoy, lo único real es que no se ha encontrado, o no se ha querido encontrar, una fórmula para contener el crimen ni a los delincuentes. La impunidad está presente en todos los delitos: en el 98.5 por ciento, según estudios corroborados con investigaciones de instituciones de educación superior y encuestas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

La situación aterra si se toma en cuenta la cifra negra o delitos en los que no se inicia ninguna averiguación previa y cuyo número en 2012 ascendió a 25.5 millones, y que de los delitos denunciados apenas se investiga el 15 por ciento, porcentaje del que se concluye 4 por ciento, o que sólo el uno por ciento termina en condena.

El 13 de noviembre, la secretaria de Salud, Mercedes Juan López dio una probada de la situación: “Cada año —dijo— la violencia le cuesta a México entre ocho y 15 por ciento del Producto Interno Bruto debido a daños materiales, pérdida de productividad, atención médica, rehabilitación por discapacidades, servicios de seguridad y desinversiones”. Luego le jalaron las orejas y la corrigieron, pero la funcionaria sabía de qué hablaba, dada su larga trayectoria priista, y su acceso a informes confidenciales de Los Pinos.

Para ensombrecer todavía más el panorama, la Comisión Nacional de Derechos Humanos parece, desde su concepción y creación, un organismo de conveniencias políticas. Sus resoluciones, por certeras y atinadas que sean, son tardías y la mayoría de las veces dan la impresión de estar regidas por inclinaciones partidistas.

De su lado, los responsables de investigar —agentes del Ministerio Público y policías judiciales, agentes del servicio secreto, agentes de inteligencia o como se les quiera llamar en cada sexenio— se han moldeado a la medida de los funcionarios veleidosos que gobiernan el país, y recurren todavía, como práctica común, a castigos crueles, inhumanos y degradantes para arrancar confesiones.

Convertidos en una onerosa quimera, como señala Tomás Borges —autor de Diario de un agente encubierto y Maquiavelo para narcos—, los agentes de inteligencia y de investigación retomaron, perfeccionaron y patentaron los métodos de la Santa Inquisición.

Y según se ve, sólo cambiaron el nombre de las torturas. El pocito, fue llamado por los inquisidores la ley del embudo; el garrote vil es ahora la infame ley de la tabla o el bate de beisbol, mientras la detención arbitraria de personas tomó forma en las palabras levantones y secuestro. Ciertamente hay algunas diferencias fundamentales: con la Santa Inquisición se sabía dónde estaba una persona, pero hoy se puede buscar en las 33 procuradurías y nadie sabe dar razón de los detenidos. Las víctimas de hoy se volvieron magos escapistas: jamás se vuelve a saber nada de ellas.

La investigación por consigna y la tortura son una constante. Del pocito, golpes en las plantas de los pies, ojos vendados, toques eléctricos, la picana, el bate de beisbol, así como el tehuacanazo, los nuevos agentes se refinaron para dar paso a la investigación científica a través de la tortura sicológica, la cabeza cubierta con una bolsa de plástico con amoniaco, vejaciones, violación tumultuaria, intimidación a familiares, el control del secuestro y el montaje televisado para inventar delitos o justificar el asesinato.

La situación ha dejado enormes ganancias para unos cuantos, y destrucción y tristeza para los más. Los ciudadanos comunes y corrientes seguimos en la indefensión absoluta, a merced de agentes investigadores sin escrúpulos y periodistas que se adaptan a los intereses del Poder en turno.

Nadie está a salvo ni es inmune a la violencia. La crueldad de los cuerpos gubernamentales responsables de investigar está documentada. Ninguna región ni clase social se salva. Si antes los presuntos herejes eran recluidos en mazmorras que controlaba el tribunal de la Santa Inquisición y de allí eran enviados a la pira, hoy los presuntos delincuentes son enviados a los centros de reclusión de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada o galeras de cualquiera de las procuradurías estatales.

Otra gran diferencia es que, con la primera, uno sabía dónde terminaban los acusados: quemados con leña verde, mientras que con la subprocuraduría o Santa Inquisición moderna, el presunto delincuente aparece en un reclusorio o en una fosa común, si bien le va a sus familiares; muchos jamás aparecen porque los llamados pozoleros los queman en tambos, o se deshacen de los cuerpos en fosas clandestinas.

Hoy, el poder organizado puede inventarle al procesado uno o varios delitos porque todavía la averiguación previa se inicia en forma secreta, sólo es necesario una denuncia anónima y puede privarse de la libertad a una persona por 90 días, o más, si es necesario. Esa persona puede ser enjuiciada con testigos anónimos, a modo, pagados por el gobierno, con pruebas muy valorativas a juicio de un juez que, para variar, también está al servicio del poder.

Y la policía investigadora es más teórica, de fuerza, que desconoce cómo actúa la delincuencia profesional, se asocia a ella o, de plano, la controla desde las altas esferas policiales y gubernamentales. En otras palabras, los malos actos de gobierno muy pocas veces son investigados y, menos todavía, castigados.

La ciudadanía, pues, ha quedado atrapada entre la espada violenta de estos investigadores desalmados y corruptos, y las armas de fuego de los criminales. Unos y otros representan una amenaza real. En otras palabras, la ciudadanía quedó atrapada bajo fuego cruzado.

Con toda certeza, me habría gustado llegar con ustedes a dialogar sobre los marcos teóricos de la criminología y la criminalística, o para hacer un diagnóstico sobre cómo ambas son clave para frenar la violencia y encarcelar a los verdaderos criminales. Sin embargo, estoy aquí hablando de un panorama desalentador que parece salido de una novela policiaca, donde la interrogante es quién llevó al país a este extremo de violencia e inseguridad, y por qué la investigación criminal se ha convertido en una práctica de bandolerismo.

No es novedoso decir que las investigaciones delictivas y criminales son asunto exclusivo del ministerio público o la policía correspondiente, así como tampoco lo es señalar que son ellos los responsables de delinear esos paisajes de desgarramientos humanos que ocultan mucho más de las, al menos, 130 mil muertes violentas que se reportaron en México del 1 diciembre de 2006 al 1 de septiembre de 2013 y que incluyen a las 15 mil víctimas que aún no han sido identificadas, 27 mil desaparecidos y 1.5 millones de desplazados de sus lugares de origen.

Desafortunadamente en la frase “nada de novedad” se devela una aparente actitud de costumbre y resignación ante ciertos comportamientos, manifestaciones y actitudes ilegales, como si los excesos y corruptelas de las autoridades responsables de investigar fueran más que lo común, lo normal.

Y no es para más, el mismo sistema y los medios de comunicación nos han sometido a una intrincada espiral de información que nos exige ser sólo espectadores, ver un hecho repetido cualquier cantidad de veces hasta que termine por ser común, sin importancia, sin novedad.

Es así como a pesar de tener la certera sospecha de que desde las entrañas de las corporaciones responsables de la investigación, parece haber una conspiración para controlar a las organizaciones criminales, validamos un discurso de investigación científica que no existe, porque el investigador oficial se limita a seguir órdenes y cumplir con protocolos delineados por funcionarios inmersos en amplias redes de corrupción y complicidades criminales.

Aunque se pudiera pensar que esta circunstancia es nueva, la realidad y las notas periodísticas de otras épocas lo desmienten, tanto la manera de ejercer la investigación criminalística como las condiciones en que se lleva acabo mantienen a la violencia y el abuso como sus dos grandes pilares, sólo han evolucionado los métodos. Las pruebas abundan.

Como ven, qué olvidados siguen aquellos preceptos de ley que en todo el mundo dictan que toda persona es inocente, hasta que se demuestre lo contrario, o que ley es ley, ya que en México persiste la vieja máxima de que todo el mundo es culpable hasta que se demuestre lo contrario, y ley es dinero o justicia al mejor postor.

Anuncios

Deja un comentario

Aún no hay comentarios.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s