Los intereses de Salinas

* “Los primeros 12 meses de Chuayffet en Gobernación tenían huellas claras de sobrada insolvencia e ingenuidad. El 28 de junio de 1996, bajo la proclama: ‘El gobierno se ha negado a satisfacer los reclamos de justicia, libertad y democracia del pueblo, y ha demostrado que jamás va a ceder, por lo que hemos decidido conquistarlos con la fuerza de las armas’. Esta arenga formaba parte del manifiesto que hacía público el Ejército Popular Revolucionario (EPR), durante la conmemoración del primer aniversario luctuoso de la masacre en Aguas Blancas, Guerrero”, escribe el periodista Francisco Cruz en el libro Los Golden Boy’s, publicado por Planeta en el 2012.

 

Francisco Cruz Jiménez

Desde el principio, no hubo confianza en la lealtad de Chuayffet. Las elecciones federales de 1988 se convirtieron en una miniguerra de espionaje interno porque el pequeño grupo cercano al gobernador tenía la certeza de que el secretario general de Gobierno y titular de la Comisión Estatal Electoral tejía en secreto sus redes para sustituir a Beteta, y lo hacía en forma directa a través de allegados al candidato presidencial priista Carlos Salinas. Al otro día de los comicios federales de julio de 1988, el PRI mexiquense recurrió a la manipulación de sufragios para sostener a sus candidatos a senadores y diputados, pero no puso igual empeño con los votos del candidato presidencial.

Había fuertes rumores sobre el inminente despido de Beteta, que ya había librado la crisis generada por los ataques a Pemex —empresa de la que había sido director general—, cuya engañosa culminación fue el encarcelamiento del líder Joaquín Hernández Galicia, ‘La Quina’. Los aduladores de Beteta lo aislaron, le hablaron bonito y él creyó que la gubernatura sería eterna. Todos lo alentaban, incluidos los seguidores de Chuayffet, que veían a éste como su sustituto. Chuayffet lo sabía y no hizo nada para frenar los rumores sobre la destitución.

Las elecciones presidenciales de 1988 se convirtieron en una pesadilla para el PRI en todo el país, particularmente en los estados de México, Michoacán y Baja California, donde el candidato del Frente Democrático Nacional (FDN), Cuauhtémoc Cárdenas, lo arrolló. El gobernante michoacano, Luis Martínez Villicaña, y el bajacaliforniano, Xicoténcatl Leyva Mortera, también fueron cesados de inmediato.

Al primero, se le degradó a la dirección general de Caminos y Puentes Federales; y el segundo, se marchó desterrado a Washington como representante de Nafinsa. Al gobernador “mexiquense” —más bien, al capitalino impuesto a los mexiquenses por capricho de Miguel de la Madrid—, lo toleraron un poco más. La debacle priista y la desgracia de Beteta debieron ser responsabilidad de Chuayffet, como titular de la Secretaría General de Gobierno y garante de la Comisión Estatal Electoral, en su calidad de operador político de un gobernador foráneo. Él debía tener el control de los hilos partidistas, así como de las tendencias del voto. Todo le salió mal o lo manejó a su favor. No hubo visión para prevenir el desastre.

Como trasfondo del despido de Beteta está la venganza de Carlos Salinas, quien cobraba al gobernador mexiquense, no sólo por llegar a su cargo desde la dirección de Pemex, sin vivir un solo día en la entidad; sino porque nunca hizo nada por la campaña presidencial cuando Salinas era candidato. Chuayffet lo secundó, dejó correr las aguas, pero no tomó ninguna precaución. Talentoso como parecía e inteligente como lo calificaban los priistas mexiquenses, debió haber previsto la catástrofe. Todas las “virtudes” del secretario general de Gobierno quedaron expuestas en su borrascosa indolencia o manifiesta incapacidad para dominar una entidad que estaba obligado a conocer como la palma de su mano.

De acuerdo con la lógica y los intereses de Salinas de Gortari, si Beteta y Chuayffet hubieran movido los hilos para conseguirle votos en las elecciones de 1988, cuando él era candidato a la presidencia, no se hubiera tenido que recurrir a la costosa “caída del sistema”, una  farsa electoral que sembró graves dudas sobre la legitimidad salinista. Así, en 1988 se diluyó la transición democrática para dar paso a un fraude cibernético entre la maraña de incoherencias oficiales, números irreales, acusaciones y los asesinatos de los cardenistas Francisco Xavier Ovando Hernández y Román Gil Heráldez.

Aquella estafa electoral sepultó al gobernador. Se separó del cargo con el fin de aceptar una asesoría especial con Salinas, así como la dirección general del Banco Mexicano de Comercio Exterior, o la llamada Multibanca Comermex. Sin embargo, para Emilio sólo hubo una despedida, pero por la puerta de atrás, pues el lunes 11 de septiembre fue juramentado  Humberto Lira Mora—protegido de Ignacio Pichardo Pagaza— para ocupar la Secretaría General de Gobierno.

En su destierro, Chuayffet llegó a la Profeco y se tomó tiempo para olvidar, terminó de enjugarse las lágrimas y amarró una negociación política con Fernando Gutiérrez Barrios, secretario de Gobernación salinista. El 16 de septiembre de 1993, Salinas y Gutiérrez Barrios llevaron a Emilio con los brazos en alto a la gubernatura como sucesor de Pichardo Pagaza. Los desmemoriados priistas echaron en saco roto la traición a Beteta y la hecatombe electoral. Todo fue perdonado y sepultado desde el primer minuto del aquél día.

La fuerza del nuevo gobernador se hizo patente, no con la persecución de quienes le disputaron la candidatura, sino con la decisión de adular al poder salinista dividiendo en dos al municipio de Chalco y creando el municipio ciento veintidós: Valle de Chalco Solidaridad, en homenaje al Programa Nacional de Solidaridad de Carlos Salinas—que consistía en dividir los gastos de servicios públicos como agua, drenaje, luz con la comunidad necesitada. Así, el gobierno federal  cooperaba con  un 50 por ciento y el otro porcentaje lo pagaban los interesados—.

Los primeros 12 meses de Chuayffet en Gobernación tenían huellas claras de sobrada insolvencia e ingenuidad. El 28 de junio de 1996, bajo la proclama: ‘El gobierno se ha negado a satisfacer los reclamos de justicia, libertad y democracia del pueblo, y ha demostrado que jamás va a ceder, por lo que hemos decidido conquistarlos con la fuerza de las armas’. Esta arenga formaba parte del manifiesto que hacía público el Ejército Popular Revolucionario (EPR), durante la conmemoración del primer aniversario luctuoso de la masacre en Aguas Blancas, Guerrero, donde, por órdenes del gobernador Rubén Figueroa Alcocer, la policía emboscó a un grupo de campesinos y disparó contra ellos; diecisiete murieron y hubo veinticuatro heridos. Por esa razón, se obligó a Figueroa  a renunciar el 12 de marzo de 1996.

El encumbrado Chuayffet respondió a las proclamas del movimiento armado con arrogancia: “Yo no admito que se le llame guerrilla. Fue una pantomima montada para ganar publicidad.” Ya tendría tiempo de rectificar. Por arriesgadas y por negarse a ver la realidad, las declaraciones del funcionario responsable de mantener la paz interna se volvieron un martirio. El 28 de agosto, el comando central rebelde le envió una respuesta menos teatral. Coordinó nuevos atentados en instalaciones militares y policiacas de cuatro estados. Luego del ataque en Huatulco, el más publicitado de ellos, Chuayffet inició una persecución abierta contra el grupo armado.

Los guerrilleros ampliarían su radio de acción a Guanajuato, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Morelos e, incluso, llegaron a realizar ataques a instalaciones de Pemex. Los oficios de alerta roja militar mostrarían esa ‘ficción’ de 1996 en palabras del presidente Felipe Calderón, cuando el lunes 16 de julio de 2007 señaló que, frente a la acción criminal de los terroristas, “el combate a este mal exige decisión y firmeza. […] Enfrentamos riesgos a la seguridad internacional como lo son el crimen organizado o el terrorismo que actúa en nuestros países.”

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