Para la necedad, paciencia

* El secretario general del TECA, al comunicar que se suspendía la reinstalación del trabajador, causado por una incidental interpuesta por la contraparte, con una sonrisita que no se puede describir, decía…

 

Luis Zamora Calzada

¿Qué pretende el secretario de Educación estatal al ordenar a su unidad jurídica prolongar y dilatar la justicia pronta que rige la actividad, con el único propósito de obstaculizar una reinstalación dictada en un juicio laboral, el 550/2008, denotando una actuación dolosa y de mala fe por parte de dicha instancia gubernativa? ¿Acaso desea mostrar con esta actuación que no respeta la ley en una entidad en donde supuestamente priva el Estado de Derecho?

Será posible que el ejercicio de un derecho constitucional consagrado en nuestra Carta Magna, respecto a la creación de un sindicato independiente que ya cuenta con registro, el RS 2/2007 y la toma de nota correspondiente, les genere tanto enojo, que los induzca al extremo de violentar la Ley del Trabajo local y federal en perjuicio del trabajador, llegando a implementar una promoción que llaman “incidental de no acatamiento al laudo” que no contemplan las leyes laborales, las que determinan únicamente cinco tipos de incidentes: nulidad; competencia; personalidad; acumulación y excusa? En ningún artículo, ni en ninguna parte de la ley aparece la incidental ordenada por el secretario del ramo educativo, quien muestra una actuación autoritaria y no la que pregona este gobierno, pretendiendo sus propias formas de resolver los conflictos laborales que ellos mismos han generado.

El quinto pedimento de su escrito de promoción probablemente refleja un sentir enfermizo al pedir textualmente que “se dé por terminada la relación laboral que el actor (el trabajador) en el principal tenía con la promovente (Secretaría de Educación) y se ordene se corten los salarios caídos a partir de esta fecha en virtud de la declaración de negativa de reinstalar al actor”, interrogante que un especialista en psicología puede despejar.

Es claro que ante la necia actuación infundada del jurídico de dicha instancia gubernamental hay medios de defensa, se requiere de tiempo y de mucha paciencia para revertir la ilegalidad que pretenden; actuación que no vulnera en lo absoluto el ferviente deseo de libertad e independencia sindical ni la búsqueda de justicia laboral de un magisterio agraviado y en estado de indefensión.

 

 

Lo inconcebible

 

 

Suponiendo que en el jurídico de la Secretaría de Educación estatal haya desconocimiento respecto a los incidentes que establecen las leyes en materia laboral, lo inconcebible es que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) haya admitido y dé trámite a una “incidental de no acatamiento al laudo”, que no establece su propia ley. Con este tipo de actuaciones dan el claro mensaje  de estar en contra del trabajador.

Señala en su acuerdo, del 9 de enero del 2014, en su proveído II, en la parte que interesa lo siguiente: “…en atención a lo solicitado, se suspende la diligencia de reinstalación ordenada en autos y se señalan las TRECE HORAS DEL DÍA DIECISEIS DE ENERO DE DOS MIL CATORCE para que tenga verificativo una AUDIENCIA INCIDENTAL DE NO ACATAMIENTO AL LAUDO, por las razones que aduce la parte demandada en su escrito incidental; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 761 y 765 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria…”. No importa que el primer artículo que cita no contemple la incidental que admite y que el segundo artículo esté derogado, al fin y al cabo son la autoridad.

El secretario general del TECA, al comunicar que se suspendía la reinstalación del trabajador, causado por una incidental interpuesta por la contraparte, con una sonrisita que no se puede describir, decía: “…si se declara procedente la incidental, como muchos mencionan suponiendo sin conceder, ¿eh?, se le dará su liquidación, ¿eh?, se le pagarán los días por año que haya trabajado, ¿eh?, y bueno, pues ya no habrá relación laboral, ¿eh?, entonces no debe preocuparse, ¿eh?, ahorita pase con el notificador, le voy a pedir que le entreguen el acuerdo, ¿eh?, y pues ya no le va acompañar para reinstalarlo, ¿eh?…”.

Ante este probable contubernio un camino seguro es la Ley de Amparo, y uno simultáneo, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Claro, una vez agotado el principio de definitividad, porque no es tolerable en una institución impartidora de justicia este tipo de perfiles, ¿eh?

Perdón, al parecer se pega.

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