Ayuda colateral

* Desde las actuaciones de muchos de sus funcionarios es demostrable que a la actual administración le es indiferente todo tipo de manifestación, cierre de calles o lo que se diga en las redes sociales. Se niegan al diálogo, hay cerrazón, autoritarismo y actuaciones contrarias a derecho. La supuesta izquierda en la Cámara de Diputados es minoría, no les hacen caso, la administración estatal tienen su propia lógica centrada en guaruras, escenarios montados para la foto y el aplauso fácil.

 

Luis Zamora Calzada

El retiro por tiempo indefinido de la iniciativa del gobernador para reformar la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales, con los que se pretendía cesar y encarcelar a los maestros estatales que abandonaran los salones para salir a protestar, no fue ocasionado, como se aseguró, por las “fuertes presiones que se presentaron en las redes sociales” o las amenazas de movilizaciones de docentes indignados, mucho menos la participación de un diputado de cuyo partido “no recuerdo”, que se manifestó en contra del “fascismo en materia laboral”, en el pleno de la Comisión Permanente.

Desde las actuaciones de muchos de sus funcionarios es demostrable que a la actual administración le es indiferente todo tipo de manifestación, cierre de calles o lo que se diga en las redes sociales. Se niegan al diálogo, hay cerrazón, autoritarismo y actuaciones contrarias a derecho. La supuesta izquierda en la Cámara de Diputados es minoría, no les hacen caso, la administración estatal tienen su propia lógica centrada en guaruras, escenarios montados para la foto y el aplauso fácil, propaganda y comerciales distantes de la realidad, por cierto.

Según comentarios extraoficiales, la orden de retirada vino directamente del poder federal, de la capital del país, con fuertes llamadas de atención, según se dice, en contra de los promotores del disparate que se aprobaría el jueves 16 de enero por los diputados de conocidos partidos, especializados en levantar el dedo o en su versión actual, apretar el botón en perjuicio del pueblo, en el caso particular en contra de los maestros.

Se asegura que el regaño se centró en que no pensaban en la Cumbre de Líderes de América del Norte, a la que asistirán el presidente de Estado Unidos, Barack Obama y el primer ministro de Canadá, Stephen Harper, el 19 de febrero del año en curso, que la “tonta iniciativa provocaría reacciones”, estando a escasas tres semanas de tan importante evento internacional. Ese día no se quiere que ni una mosca vuele.

De resultar verdadero este dicho, los docentes estatales hemos recibido de manera colateral una ayuda del extranjero. Seguramente el deseo de sancionar y castigar revivirá a partir del 20 de febrero. No se crea lo dicho en la retirada de la iniciativa, es mejor conocerla (ya circula en internet) para saber a ciencia cierta los verdaderos retrocesos que plantea.

 

 

Deseo frustrado

 

“Ahorita nos vamos a chingar a tu maestrito”, dijo uno de los cuatro licenciados y un acompañante del Jurídico de la Secretaría de Educación que comparecieron en la Audiencia de Incidental de No Acatamiento al Laudo, que promovió dicha instancia educativa en contra de quien esto escribe, como consta en el acta del 16 de enero del 2014, del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA).

La pretensión de la Secretaría de Educación que giró el ilegal aviso de rescisión laboral el primero de julio del 2008, era alargar la fecha para la reinstalación ordenada en la sentencia (laudo, el expediente 550/2008 cuenta con cinco), que dictó el Tribunal local por mandato de los tribunales colegiados federales que conocieron del asunto, después de 5 años y 6 meses de revertir actuaciones del TECA en contra de la ley laboral, que intentó a toda costa quitar la plaza al trabajador, por el solo hecho de haber ejercido el derecho constitucional de promover la fundación del Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México (SUMAEM), hoy en crecimiento sostenido y en defensa de los derechos de los trabajadores establecidos en la ley.

La reinstalación, que se programa por tercera ocasión (8 de noviembre del 2013, 10 de enero del presente año) se volvió a programar para el 22 de este mes, pero no por la libre determinación del Tribunal, sino por el mandato del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México.

El acatamiento al mandato federal, para evitar la imposición de multa de hasta mil días de salario al presidente del Tribunal y determinar probable desacato, frustró el deseo del mencionado trabajador del jurídico de la Secretaría de Educación y de no existir otra “chicanada”, como llaman al tipo de actuaciones legaloides, la reinstalación ya no tendrá ningún impedimento. Eso esperamos en el SUMAEM.

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