Autodefensas: juegos de guerra en el Edomex

* Los nuevos vigilantes o paramilitares comunitarios mexiquenses están lejos de aquellas policías comunitarias guerrerenses creadas hace casi dos décadas. Los riesgos del oficio de imponer justicia han sido insuficientes para evitar la ola expansiva michoacana: entre junio y agosto de 2013, choferes y líderes transportistas de la zona oriente del Estado de México, pero en especial de Chalco y Chalco Solidaridad, decidieron organizarse para hacer frente a la delincuencia. Y Luvianos espera, sea guerra civil o levantamiento. La amenaza está a la vuelta de la esquina.

 

Francisco Cruz Jiménez

La mañana del viernes 20 de diciembre de 2013, mis amigos en Luvianos, municipio mexiquense de Tierra Caliente, colindante con Michoacán, me esperaban. Apenas bajé del colectivo, me hicieron partícipe de su desasosiego: en pleno centro de la cabecera municipal, allí donde cada año se realiza —o realizaba— la feria ganadera anual, se había “levantado” el cuartel “permanente” de la Marina, equipado con dos helicópteros artillados y un sinnúmero de vehículos, artillados también.

Desde ese mes de junio, otro destacamento de marines hacía sentir su presencia en los pueblos de Cañadas de Nanchititla y Caja de Agua. Una movilización de tal naturaleza puso nerviosos a los habitantes y, por supuesto, a los destacamentos del Ejército y de la Procuraduría General de la República enviados a esa zona limítrofe con los estados de Michoacán y Guerrero. Al poniente con el primero y al sur con el segundo.

Entre improvisaciones y una evidente desorganización porque la Marina, la PGR y el Ejército “trabajaba” cada una por su lado, con objetivos distintos, los abusos constantes de los marines —levantones, detenciones arbitrarias, golpes y torturas— propiciaron una serie de protestas públicas, con al menos dos bloqueos a la carretera Toluca-Ciudad Altamirano y un plantón el 9 de julio. Nada cambió para los atribulados luvianenses. A las amenazas que representan Los Zetas, Los Templarios, La Familia Michoacana, agentes judiciales y los soldados se sumaron los marines.

Hasta el sábado 3 de agosto se justificó la presencia de estos últimos y, por si hiciera falta, se mostró la incapacidad, poquísima efectividad o complicidad de soldados y judiciales —federales y estatales— con los jefes del crimen organizado: poco antes del mediodía fue abatido, en un paraje de la comunidad de Ojo de Agua, La Marrana, Pablo Jaimes Castrejón, jefe de  operaciones de La Familia Michoacana en Luvianos.

Además de confirmar hora, lugar y número de muertos —cuatro—, el reporte de seguridad compartido por autoridades castrenses, así como las judiciales federales y estatales, establece además que se produjo un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y los presuntos delincuentes caídos.

La información debía calmar los nervios de los afligidos luvianenses, pero en realidad disparó las alarmas de poblaciones circunvecinas —Arcelia, Altamirano, Coyuca de Catalán, Tlatlaya, Amatepec, Ixtapan del Oro, Valle de Bravo, Temascaltepec, Zacazonapan, San Simón de Guerrero, Colorines y Tejupilco—: esa era la segunda vez que se informaba oficialmente sobre la muerte de La Marrana. Así que, sigilosos, levantaron interrogantes.

Acostumbradas desde la década de 1990 a las visitas regulares de los jefes que controlan la delincuencia organizada en el país, a los abusos de militares y policías, así como al desdén del gobierno estatal cuya mira se centra en el vecino Tejupilco, las 250 comunidades, caseríos y rancherías asentadas en las cinco regiones que dan vida al municipio de Luvianos, ocultan secretos que llegan desde lejos, y eso significa los poblados de Guerrero y Michoacán.

Las respuestas les llegaron desde allá. La presencia cada vez más numerosa de soldados y judiciales a la que se sumaba la de marines, se utilizó para desviar la atención de lo que pasaba en otros municipios cercanos: el reclutamiento, formación y consolidación de grupos de autodefensa o “policías”, “guardias”, “comunitarios en el Estado de México cuyo significado real es el de preparación de cuerpos paramilitares para enfrentar al crimen organizado y desmantelar el “orden”, cualquiera que este sea, establecido por los criminales.

Grupos al servicio privado operaban ya en Tlatlaya y Tejupilco —municipios también mexiquenses, enclavados en el Triángulo de la Brecha o Tierra Caliente, región donde se creó la mayor industria regional para elaborar drogas sintéticas y heroína, con amplias zona de tierra fértil para producir la mejor marihuana del mundo—. Operativos de hombres armados ajenos a los cárteles de la zona y a otros delincuentes insertos en el crimen organizado habían sido detectados desde el 2 de febrero de 2012.

Mientras se agudizaban los enfrentamientos en Michoacán, los partidos políticos de oposición mostraban sus carencias o lealtades al gobierno de Enrique Peña Nieto y se dejaban sentir los efectos de una crisis de proporciones sólo imperceptibles para la gran prensa nacional. En el Estado de México se consolidaban grupos comunitarios armados para hacer justicia por mano propia.

Aunque lo han ignorado, apenas a la entrada de San Pablo Autopan, uno de los pueblos de la capital mexiquense, podía leerse muy claro, en una manta: “No entres porque te ponemos en la madre si te agarramos robando”. Sencilla como parece la situación, los rumores boca en boca aplicaban a otras actividades. Ante la ausencia de las autoridades constituidas o a pesar de ellas, cero tolerancia a narcotraficantes y criminales

Aunque se ha documentados que las autodefensas surgieron en febrero de 2013 en Michoacán, principalmente en municipios organizados no indígenas, y la atención se ha centrado en aquella entidad, la lucha por restablecer la seguridad o, mejor, contra la inseguridad, se convirtió una obsesión también en Ecatepec, donde ocho mil transportistas crearon su propia defensa, las “Águilas Vigilantes”, quizás el mejor símil de los grupos paramilitares que se levantaron en Colombia.

Para noviembre se habían unido unos 500 taxistas encabezados por Martín Soto Rosales, de la Organización de Servicios Colectivos Melchor Muzquiz; el 26 de ese mes, los conductores utilizaron sus unidades para hacer pública su decisión, bloqueando las principales avenidas de la zona centro como Insurgentes, avenida Morelos y calles aledañas al palacio municipal.

Los medallones o vidrio traseros de los taxis aclaraban la situación: “Fuera policías municipales de Ecatepec, que protegen más a la delincuencia; no más muertes ni robos”. Los grupos de autodefensa que patrullan las rutas en caravanas de diez automotores se formaron a raíz del asesinato de dos de sus compañeros, además de que diariamente se registran diez asaltos a choferes y semanalmente sufren cuatro hurtos de unidades que brindan el servicio entres los municipios de Ecatapec, Coacalco y Nezahualcóyotl.

Irritados, impacientes y cansados de la ola de inseguridad y la ingobernabilidad, un mes más tarde residentes de la colonia Tolotzin I, en el mismo Ecatepec, tomaron una decisión: crear patrullas de vigilancia para evitar las palabras “grupos de autodefensa”, para cuidar la comunidad y detener a los ladrones que sorprendan en flagrancia. No descartaron el linchamiento ante la incapacidad y complicidad de las autoridades con delincuentes y criminales.

Los riesgos del oficio de imponer justicia han sido insuficientes para evitar la ola expansiva michoacana: entre junio y agosto de 2013, choferes y líderes transportistas de la zona oriente del Estado de México, pero en especial de Chalco y Chalco Solidaridad, decidieron organizarse para hacer frente a la delincuencia.

En Chalco no se escondieron: vecinos de la delegación de San Mateo Tezoquipan Miraflores se organizaron para vigilar, armados, la entrada y salida de la delegación. En el curso de una entrevista de prensa, Emiliano Flores Martínez, líder vecinal y presidente de la Organización Vecinos Cúmplele a México A.C, hizo algunas precisiones: los ciudadanos ya no confían en las autoridades. […] A pesar de las denuncias los índices delictivos no bajan y las peticiones que se envían al alcalde Francisco Osorno Soberón nunca prosperan.

La multiplicación de nuevos grupos se opaca por la información en Michoacán, pero para el 14 de enero en el Edomex se habían reportado brotes de autodefensas, guardias comunitarias y civiles armados, todos alzamientos armados, en los municipios de Melchor Ocampo, Otzolotepec, San José del Rincón —el de mayor marginación y donde los líderes políticos pasean en autos que portan placas fundidas en oro— y Amatepec, dirigidos y subvencionados por ganaderos, empresarios, comerciantes, terratenientes y prósperos agricultores.

Los nuevos vigilantes o paramilitares comunitarios mexiquenses están lejos de aquellas policías comunitarias guerrerenses creadas hace casi dos décadas, controladas a través de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, que van más allá de la autodefensa y se inscriben en un proyecto de desarrollo integral autosustentable y la creación de un sistema de justicia único, porque carecen de líderes; tienen una estructura horizontal e intentan evitar las ligas con el gobierno, se han separado de las organizaciones de guardias comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero.

Llámense como sea, como alertan los especialistas, estos grupos tienen un común denominador, se defienden de la creciente inseguridad, que se traduce en ejecuciones, robos, secuestros, narcotráfico, venta de protección o trata de blancas.

Luvianos espera, sea guerra civil o levantamiento. La amenaza está a la vuelta de la esquina.

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