Crónica de una quiebra anunciada

* “Desde el 1 de febrero de 1995, el ahora septuagenario Flores engalana una deshonrosa galería de dirigentes que se arrebujan en los vicios del sindicalismo, las componendas internas de los partidos políticos o el desaliño de los puestos públicos, y en la que destacan como actores principales Joaquín Hernández Galicia, Jorge Peralta Vargas, Eduardo Rivas Aguilar, Miguel Ángel Yudico Colín, Francisco Vega Hernández, Gilberto Muñoz Mosqueda y Antonio Reyes”, escribe el periodista Francisco Cruz Jiménez en el libro Los Amos de la Mafia Sindical, editado por Planeta en el 2013.

 

Francisco Cruz
Ajustado a los intereses del charrismo sindical y a la desproporcionada repartición de la riqueza —a manos llenas para líderes, y mendrugos para el trabajador—, el nombre de Víctor Flores está rodeado por secretos a voces, referencias de abuso, insinuaciones sobre crímenes, denuncias públicas de corrupción, compra de periodistas y gansterismo. Su imagen como líder del sindicato ferrocarrilero ha quedado detenida en los vericuetos del poder y una maraña de complicidades; en términos rieleros, sortea el camino de tierra fangosa, cascajo, durmientes apolillados y residuos de cualquier abandonado taller de trenes. Muchos desean acabar con el reinado de este viejo bailarín, maestro de vals, que forjó su ascenso al más puro estilo priista y lo robusteció durante el gobierno de los panistas Vicente Fox Quesada y Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, pero nadie se atreve a hacerlo.
Desde el 1 de febrero de 1995, el ahora septuagenario Flores engalana una deshonrosa galería de dirigentes que se arrebujan en los vicios del sindicalismo, las componendas internas de los partidos políticos o el desaliño de los puestos públicos, y en la que destacan como actores principales Joaquín Hernández Galicia, Jorge Peralta Vargas, Eduardo Rivas Aguilar, Miguel Ángel Yudico Colín, Francisco Vega Hernández, Gilberto Muñoz Mosqueda y Antonio Reyes; además de los histriónicos y desaparecidos Fidel Velázquez Sánchez, Leonardo La Güera Rodríguez Alcaine, Napoleón Gómez Sada, Nezahualcóyotl de la Vega García, Sebastián Guzmán Cabrera, Salvador Barragán Camacho, Luis Gómez Zepeda y el folclórico Jesús Díaz de León.
De estatura baja, moreno, bravucón, despótico, de figura desaliñada —cuyo rostro picado, como de piña, y apariencia corporal distan mucho de los jóvenes bonitos, telegénicos, del nuevo PRI— y vestir a veces disparatado por sus particulares combinaciones de camisas de seda, Flores ha dado mucho de qué hablar. Confeccionando, cual si fuera sastre, su liderazgo a la medida del presidente en turno, como una sombra lo persiguen cientos de denuncias —los números han llegado hasta 15 mil— presentadas por ferrocarrileros, quienes lo involucran en desvíos multimillonarios de los fondos de liquidación de Ferrocarriles Nacionales. Su credibilidad está en duda desde antes de ascender a la Secretaría Nacional. A partir de entonces enfrenta acusaciones por malversación y enriquecimiento ilícito.
Nadie en su sano juicio le pediría una rendición de cuentas ni sostendría una discusión teórica sobre lo que ha pasado en su sindicato en los últimos 30 años. Y nada parece exagerado cuando se habla de él, se le cuestiona o se le critica. No ha tenido reparos para lucir en la muñeca del brazo derecho, por ejemplo, relojes costosísimos. Una de tantas anécdotas —plasmada para la historia en fotografías de algunos diarios— narra cómo, durante la ratificación de Joaquín Gamboa Pascoe como presidente del Congreso del Trabajo, en 2009, Flores lució uno de la prestigiosa marca Vacheron Constantin con correa de piel, bisel y caja en oro amarillo, máscara de turquesa, valuado en 50 mil dólares. A pesar del hermetismo judicial, se sabe que al menos se han presentados dos denuncias legales por malversación de fondos.
Y ferrocarrileros jubilados le han documentado, en diversas épocas y al mismo tiempo, la propiedad de seis automóviles para uso personal: de Mercedes-Benz a Jaguar, camionetas Lincoln, Land Rover, Ford Expedition y Suburban.
Hasta el cuestionado dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia, prófugo de la justicia y autoexiliado en Canadá, y Francisco Hernández Juárez, virrey de los telefonistas, lo han cuestionado. Jesús Ortega Martínez, ex presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), demandó a Flores en mayo de 2003 por desviar 600 millones de pesos de las pensiones de los obreros para la campaña presidencial de Ernesto Zedillo en 1995; y los trabajadores lo denunciaron públicamente por el mismo delito, pero para la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa en 2000. También se le ha acusado por los delitos de fraude, abuso de confianza, discriminación relacionada con derechos laborales y amenazas.
En 2005, el líder del STFRM fue acusado de aprovechar el proceso de liquidación de Ferrocarriles para despojar a los jubilados de más de 30 mil millones de pesos y saquear los fondos que tenían ahorrados desde 1936 en la sociedad mutualista Previsión Obrera que desapareció, quebrada, en 1998. Valga decir que fue ésta la crónica de una quiebra anunciada con mucha anticipación. Una revisión que llevó a cabo la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) durante la primera semana de octubre de 1986 encontró que había un faltante preliminar superior a 32 mil millones de pesos en las reservas técnicas.
El manejo de los recursos fue siempre un caos. Flores y sus antecesores no supieron cómo administrarlos o, de plano, se dedicaron a utilizarlos para otros fines. Se calcula, por ejemplo, que el sindicato se lleva unos 40 millones de pesos al año —unos 19 millones de pesos por cuotas y otra cantidad similar en honorarios del Fideicomiso
Ferronalesjub, una figura fiduciaria creada con dinero de los ferrocarrileros—. Si ha de confiarse en los números oficiales, el STFRM tiene unos 81 mil afiliados, de los cuales sólo poco más de 23 mil están en activo y 57 mil jubilados. Hasta 1992, antes de que empezaran los programas de retiro voluntario, el sindicato contaba con 120 mil trabajadores. Y en menos de dos sexenios —Carlos Salinas y Ernesto Zedillo—, la planta laboral se redujo de 100 mil trabajadores a 15 mil —algunos ponen el número en 30 mil, pero sin las prestaciones ni la seguridad que tenían hasta antes de 1995—. El contrato colectivo de más de 2 mil páginas se cortó a menos de 100, mientras el número de cláusulas pasó de 3 mil 35 a sólo 208 en 1996 y, una década más tarde, bajó a 38. Aunque los socios jubilados cuentan con un representante nacional y pueden participar en las asambleas, y a pesar de que son mayoría y pagan sus cuotas sindicales puntualmente, no tienen derecho a voto. Por eso, Flores y su equipo tienen asegurada, hasta 2018, su injerencia en el fondo de pensiones.
La CNSF levantó un acta en la cual se hace constar que hasta diciembre de 1995 el sindicato había sacado de la sociedad mutualista más de 22 mil millones de pesos mediante préstamos, algunos dedicados a apoyar campañas priistas. Así, en agosto de 1994, siendo Flores tesorero del sindicato, recibió 900 mil pesos para “promoción del voto ciudadano” con motivo de las elecciones federales de ese año. Cada vez que el entonces presidente Zedillo visitaba el sindicato se sacaban recursos del fondo mutualista para organizar la bienvenida a su “jefe”, el Ejecutivo en turno, y otros encuentros similares, advirtieron Fabiola Martínez y Andrea Becerril, en un amplio reportaje que publicaron en la edición del 4 de octubre en el periódico La Jornada.
La marca distintiva de Ferrocarriles Nacionales es y ha sido el escándalo. Pero en septiembre de 2010 los jubilados enfrentaron, quizás, su momento más dramático cuando se enteraron de que los líderes del sindicato se habían acabado el dinero para el pago vitalicio de pensiones y jubilaciones de los trabajadores, depositado en el llamado Fideicomiso Ferronalesjub 5012-6, proyectado para cubrir pagos hasta 2032 y que contaba con un monto de 19 mil 568 millones 961 mil 329 pesos. En otras palabras, estaba a un paso de la bancarrota y necesitaba, de emergencia, fondos gubernamentales. Por extrañas razones —mucho se atribuyó al agradecimiento del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa porque Flores le mantuvo a raya a los ferrocarrileros—, las secretarías de Hacienda y Comunicaciones aceptaron cubrir el déficit de 15 mil 699 millones de pesos.
El periódico Reforma dio a conocer en su edición del 20 de septiembre de aquel año que “según una auditoría practicada a dicho fondo, creado en 1997, sólo se han destinado 4 millones de pesos mensuales al pago de pensiones y jubilaciones. […] Unos 220 millones de pesos mensuales han sido utilizados en prestaciones de los fideicomisarios, gastos de administración, honorarios e impuestos. También se ha detectado el pago a ferrocarrileros ya muertos. […] Los jubilados han denunciado a la dirigencia por fraude y desvío del fideicomiso. En un oficio enviado a Hacienda el 28 de julio de 2010, legisladores solicitan que se atiendan las recomendaciones que formuló la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dentro de las revisiones a las Cuentas Públicas de 2004 y 2007, respecto al fideicomiso. […] La ASF detectó en 2004 que no se acreditó el pago de pensiones del orden de 17.1 millones de pesos por 111 jubilados con edad mayor a 98 años. […] En el análisis de 2007, la ASF observó un déficit de 13 mil 817 millones 800 mil pesos”.

Clases de geometría

* Ávila ha conformado un estrecho círculo que por lo pronto lo apuntala. Sabe de la incapacidad general de su equipo de secretarios aunque apela al desmantelamiento que sufrió su estructura luego del triunfo de Peña en las elecciones presidenciales. Y también que, eventualmente, deberá dejar el poder al grupo que lo colocó en su actual posición. Sus aliados más queridos tampoco son tan poderosos. En todo caso, algunos apenas descollan y otros hacen trabajo de escritorio, velado.

 

Miguel Alvarado

Toluca aparece en el noveno lugar nacional entre los municipios con más lesiones dolosas y en el número 42 por el delito de secuestros y junto con Metepec y Zinacantepec traza un mapa de delincuencia nunca antes visto. Metepec, municipio conurbado y pueblo mágico, ha invertido en imagen y desarrollo económico y apuntaló sus asentamientos habitacionales gracias a fraccionamientos más o menos exclusivos que encontraron sus primeros clientes en los familiares de los narcotraficantes presos en el penal federal del Altiplano, hace más de 20 años.

El crecimiento de la zona industrial, compartida con Toluca y Lerma, transformó a Metepec. Desde hace 40 años viviendas de interés social se construyeron en la periferia y desde entonces no han dejado de crecer. Originalmente destinadas a obreros y sus familias, pronto se convirtieron en una opción universal debido a sus costos y a que están enclavadas en un municipio rico, abundante en servicios y ofertas sociales. Sin embargo, apenas este año solamente en Infonavit San Francisco los propios vecinos han detectado más de 25 casas de seguridad, usadas para retener secuestrados. Cada semana, al menos un plagiario es detenido, según los habitantes, y un local o puesto de mercancía pirata nuevo es abierto cada 8 días. Paradójicamente, la piratería es uno de los negocios más boyantes en el municipio, controlado por cárteles y grupos policiacos que se encargan de surtir pero también de vender protección. La escalada ha llegado tan lejos que desde hace tiempo desplaza, sustituye a las artesanías de barro realizadas en el municipio por artefactos chinos y objetos de bajo costo, que se venden mejor.

El valle de Toluca apuesta por una mejora sustancial en los servicios. Pero todavía no se ha llegado a ese punto. La clase política sigue invirtiendo el dinero público en imagen y obras que hace decenios debieron resolverse, como resulta con el teatro proyectado por la alcaldesa Martha Hilda González. La capital del Edomex cuenta con uno, el Morelos, que fue utilizado para ceremonias políticas y actividades escolares, un lujo que pocos gobiernos pueden permitirse. Pronto, informes y entregas de reconocimientos desplazaron el original uso del Morelos. Toluca quedó sin teatro porque además a la mayoría no le interesa esa actividad, poco lucrativa y deslucida en el contexto. Las propuestas de González Calderón se centraron entonces en promover cambios, al menos de percepción, en un municipio al que calificó de “educador” con la excusa de la matrícula de alumnos. El teatro caería como anillo al dedo y se  consideró para construirlo un terreno, propiedad de la Legislatura estatal, entre las calles de Hidalgo y Lerdo, a la altura del estadio de futbol de la Bombonera. Allí se haría originalmente la nueva sede de los diputados, pero ese proyecto fue rechazado porque la bóveda del río Verdiguel pasa por debajo. Para el proyecto del teatro estaba bien pero el gobierno del Edomex no dio el permiso y Toluca debió buscar otro lugar en el que invertirá 250 millones de pesos. La inseguridad, cuestión de percepción para los ediles al menos en el 2013, recibe menos atención que las puestas en escena.

Un ejemplo de los planteamientos públicos que el ayuntamiento hace está en “la guerra de los tamales”, protagonizada por la alcaldesa y los comerciantes ambulantes, a quienes se les han restringido las calles. El comercio ambulante, dominado para beneficio político, se encontró de pronto con que no podía vender como antes. Ni un tamal. La prohibición se discutió en el Cabildo, hace un año, pero no se llegó a un acuerdo. El caso, discutido entre vasitos con atole y algunos tamales de chile y dulce invitados por el regidor perredista Mario Medina, sirvió para evidenciar las ataduras de la presidencia o en todo caso la incapacidad para negociar y generar espacios de negociación congruentes. Se implementaron algunos pequeños locales que hasta el momento no han funcionado. Se trató de rentar locales para algunos ambulantes, pero pronto los pagos fueron detenidos. Los ambulantes aún no ejercen presión pública pero señalan que pronto lo harán. También los comerciantes establecidos en el centro de la ciudad se quejan. La imposibilidad para trabajar con este gobierno les quita certezas pues ni siquiera pueden acceder a trámites para obtener papeles que les faltan.

El Cabido toluqueño parece débil y carece de autonomía para ejecutar planes que en el papel prometen, como una propuesta que permitiría construir edificios de más de 12 pisos y que normaría las edificaciones que aparecen de continuo en el centro de la ciudad, como los pertenecientes a la familia Miled Libien. Pero esas regulaciones, incluso estéticas, están fuera del ámbito de la alcaldesa, quien responde ante esos cuestionamientos, con un “pues qué te digo”.  El sometimiento político, apunta el PRD municipal, es total y la obediencia de Toluca hacia el Ejecutivo es absoluta. Eruviel Ávila, a pesar de todo, es un político poderoso que hace su juego y apuntala intereses desde el gobierno mexiquense.

Y es verdad. Ávila, ex presidente municipal de Ecatepec dos veces, padece sin embargo del mismo síndrome. La inseguridad y el narco ponen en evidencias sus carencias políticas o el desinterés acerca de ciertos temas. Sobre otros ni siquiera decide, pero mantiene espacios de poder que ha ido ensanchando. La reciente remoción de Rocío Alonso como secretaria de Seguridad Ciudadana estaba pactada con meses de antelación. El aquella Secretaría todos los empleados sabían que ella se iría eventualmente y sólo la visita del presidente norteamericano Barak Obama, el 19 de febrero, retrasó la decisión. La remoción sin embargo coincide con el balconeo de medios masivos sobre la inseguridad en el Edomex. No es gratuito que Televisa informara sobre asesinatos y el asentamiento del narco en Valle de Bravo y que una edición de la revista Proceso fuera comprada en toda la entidad porque hablaba sobre el fracaso de Eruviel contra el crimen.

Aun así, Ávila ha conformado un estrecho círculo que por lo pronto lo apuntala. Sabe de la incapacidad general de su equipo de secretarios aunque apela al desmantelamiento que sufrió su estructura luego del triunfo de Peña en las elecciones presidenciales. Y también que, eventualmente, deberá dejar el poder al grupo que lo colocó en su actual posición. Sus aliados más queridos tampoco son tan poderosos. En todo caso, algunos apenas descollan y otros hacen trabajo de escritorio, velado. Algunas caras visibles son el secretario de Salud, César Nomar Monge, quien hace campaña anticipada para suceder a Ávila en la gubernatura desde hace meses; Hesiquio López, antiguo perredista, pero antes panista y luego independiente, usa su capital desde la abogacía y su propia forma de ver la política. El más poderoso de los aliados eruvielistas es Isidro Pastor, a quien se ubica como el verdadero jefe de ese grupo. Peleado con Arturo Montiel y Enrique Peña por la gubernatura del 2005, Pastor pasó también por otros partidos y finalmente optó por un bajo perfil, hasta que Ávila le otorgó un cargo en la Secretaría de Desarrollo Metropolitano. Siempre poderoso y operador político impecable, nunca olvidó que en su trabajo no hay amigos o enemigos ni tampoco convicciones. Esa inmensa franja gris le permitió al ex colaborador del montielismo seguir influyendo y ser mencionado ahora como uno de los posibles aspirantes a una diputación local, ocupación que no desconoce y que le permitió hacerse de poder.

También ha tenido que ver en la formación de un frente único en el valle de México que encabezan dirigentes perredistas y panistas, en alianza con Ávila, y que pugnan por la participación de aquellos en negocios y funciones dentro del gobierno estatal. Que Ávila deje el gobierno estatal no será fácil pues se lleva con él algunos activos, aunque desde la Federación entienden que todo es renegociable, a pesar del politizado valle de México.

La salida del de Ecatepec se anuncia como segura hace año y medio, aunque sólo ahora destaca a nivel nacional. Ahora hasta Andrés Manuel López Obrador asegura lo anterior y ubica a Luis Miranda Nava, ex subsecretario de Gobierno estatal con Enrique Peña y hoy en un cargo similar en la Federación. La idea le da sentido a los cambios en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En realidad no importa la seguridad sino tener controlada la policía, finalmente brazo armado legal de cualquier Estado. Es lo mismo que sucedió con Michoacán. La llegada de Alfredo Castillo, encargado del caso de la niña Paulette en Huixquilucan, representó de facto la defenestación del gobernador Fausto Vallejo, figurín entre los combatientes por el control del narcotráfico en México. Lo mismo sucede en el Edomex, donde la importancia política y económica va de la mano con la presencia del narco. Miranda es uno de los más leales y efectivos servidores del peñismo, pero no es el único. Otros ubican a Ernesto Nemer, actual subsecretario de Desarrollo Social federal y esposo de Carolina Monroy, alcaldesa de Metepec. Igual se menciona a María Elena Barrera, senadora y ex alcaldesa de Toluca, ex secretaria particular de Peña. Pero los cambios son políticos pero nunca sociales.

Eruviel Ávila culpa a Michoacán por los elevados índices de inseguridad en el Estado de México. Excusa chabacana, sin embargo no está exenta de alguna verdad. El llamado Efecto Cucaracha sucedió en el Estado de México, amistoso vecino de Guerrero y los purépechas, y verdadero centro del poder criminal de la región. Pero no es que los delincuentes huyeran. Para ellos como para los obispados, el mapa de México es otro y se divide de acuerdo a otras características. No escaparon de nadie, sólo se refugiaron en una porción que no está desligada de Michoacán y que controlan de mejor manera.

Lo que sí afectó a esa “desbandada”  fue la ausencia de un líder. El supuesto abatimiento de los jefes templarios y encarcelamiento de encargados de plazas dejó a la soldada temporalmente sin rumbo. En Valle de Bravo llegaron sicarios templarios que ahora se disputan la plaza con La Familia y Guerreros Unidos. Las matanzas continúan. En San Pedro Tenayac, poblado de Temascaltepec y vecino de Valle de Bravo, fuentes oficiales señalan que un enfrentamiento entre sicarios y militares dejó cinco muertos, el 8 de marzo. Peor los vecinos aseguran que los muertos sobrepasaron las 5 decenas.

Los comandos de los cárteles siguen usando la tradicional escapada hacia sierras y montes cuando se ven amenazados, pero ida la autoridad, se pasean por los municipios a la vista de todos.

Eso sucede precisamente en el área del Pinal del Marquesado, zona de producción maderera pero con el mayor potencial turístico de la región. Los dueños de esas tierras han ido cambiando paulatinamente. Recientemente, el presidente Peña Nieto compró una propiedad allí, y lo mismo hicieron estrellas de Televisa, como una de las integrantes del grupo musical Pandora y un miembro de la familia del actor Jaime Camil.

Esa tierra está en venta. Los originales dueños están hartos de las explotaciones a manos de los sicarios y se han decidido a vender. Una fraccionadora compró recientemente cientos de hectáreas donde planea una especie de recinto ecológico privado, rodeado por casas de descanso y un zoológico de mediano tamaño. Operan a través de un hombre llamado Francisco Sanabria, quien ha hecho una oferta a comuneros por cerca de 80 millones de pesos a cambio de poco más de 300 hectáreas. La inseguridad acabará, como sucede casi siempre, cuando las tierras cambien de  manos.