Miedos guardados en una caja de cartón

* Existen 113 mil 269 docentes que cobran y no son localizables en sus centros laborales. Hay 30 mil 695 identificados como comisionados sindicales, que también reciben su salario sin que se especifique si todos constan en una toma de nota emitida por la autoridad registradora, docentes “desaparecidos” son 39 mil 222 y entre jubilados, retirados y fallecidos suman 114 mil 998.

Luis Zamora Calzada
La realidad puede llegar a ser más cruda que cualquier relato de terror ficticio. Estuve involuntariamente alejado del ejercicio escolar, por cierto concluido el pasado 21 de marzo por mandato irrevocable del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, ya tenía conocimiento cercano de las carencias de recursos para la práctica docente, pero con mi reincorporación he podido constatarlos.
Afortunadamente y por los buenos oficios de la Coordinación Administrativa del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, mi centro laboral, sólo tuve que estar en condición de “ambulantaje académico” un par de semanas, lo que concluyó el pasado primero de abril, cuando por fin fue posible un espacio para ubicarme. Confieso que no tenía idea de este grave problema de disponibilidad de espacios.
Desgraciadamente no es toda la problemática. La Coordinación Administrativa, supongo en un esfuerzo sobrehumano, pudo dotarme de un mobiliario consistente en una tabla ancha como mesa de trabajo, una silla que me dio cierto temor usarla ya que por su antigüedad tal vez sea parte del patrimonio histórico, con notoria necesidad de restauración, y como archivero una magnífica y sólida caja de cartón.
Cualquier mentalidad insidiosa y malpensada, ajena y desconocedora de esta realidad, seguramente pensaría que esto es un trato discriminatorio para “someter y meter en cintura, para que entienda” alguien que regresa de una recisión laboral, lo cual constituiría una violación a lo dispuesto en el ordinal cuarto del artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y en particular al artículo 98, fracción VII de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
Son comprensibles las terribles presiones a las que debe estar sometida la titular de la Coordinación Administrativa para soslayar las carencias de recursos materiales. Esfuerzos que seguramente son causa de sus frecuentes alteraciones que la hacen comportarse en ocasiones con acciones y conductas que podrían confundirse fácilmente con prepotencia e intimidación.
En espera del momento para disponer de mejores medios de trabajo, manifiesto mi compromiso para seguir aportando todo mi empeño y esfuerzo para contribuir a la mejora del Sistema Educativo estatal, desde el terreno de la legalidad, que no cabe en una caja de cartón, en donde sólo guardo los miedos crecientes de terceras personas del plantel, quienes aseguran agravios pendientes de la justicia que garantiza la ley.

Asunto de corresponsabilidad

Indudablemente que el “sistema” es responsable por propiciar la corrupción en el profesorado por propósitos y temores políticos, pero también es cierto que hay corresponsables carentes de ética y profesionalismo que al ser beneficiarios directos dañan la imagen de los docentes.
Los datos publicados del censo de INEGI, sin contemplar información de Chiapas, Oaxaca y Michoacán por la oposición de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), aportan información para el análisis en los que destaca el número de trabajadores de la educación detectados, que asciende a 2 millones 247 mil 279, de los que sólo 978 mil 118 son profesores de grupo.
Existen 113 mil 269 docentes que cobran y no son localizables en sus centros laborales. Hay 30 mil 695 identificados como comisionados sindicales, que también reciben su salario sin que se especifique si todos constan en una toma de nota emitida por la autoridad registradora, docentes “desaparecidos” son 39 mil 222 y entre jubilados, retirados y fallecidos suman 114 mil 998.
En cuentas de la ONG “Mexicanos Primero”, cúpula empresarial empeñada en dañar la imagen del docente y de la escuela pública, aseguran que el costo de docentes no localizables en sus centros laborales, “desaparecidos” y jubilados, retirados y fallecidos, asciende entre 20 y 30 mil millones anuales.
Es de conocimiento público que para la liberación de un salario entre los maestros en el Estado de México, es requisito indispensable la famosa FUM, Formato Único de Movimientos, que procede cuando contiene las firmas autorizadas, las que suelen ser del titular en turno. Caso contrario, no se eroga recurso alguno. Los aviadores, los comisionados y demás clasificación no se autogeneran, su existencia tiene corresponsables.
Los que viven y medran directamente de esta corrupción, los que no la denuncian y los que la aceptan y pudiendo combatirla no la combaten, son corresponsables, lo que es sancionable desde la Ley de Responsabilidades, que establece la obligación de abstenerse de causar daños y perjuicios a la Hacienda Pública Estatal o Municipal, sea por el manejo irregular de fondos y valores estatales o municipales, o por irregularidades en el ejercicio o pago de recursos presupuestales del Estado o municipios, o de los concertados o convenidos por el Estado con la Federación o sus municipios.
Es más claro que el agua, basta de echarle la culpa al maestro. Tanto peca el que mata la vaca como el que le detiene la pata. No podemos ser omisos en las reflexiones.

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