Penúltimo día

* La sonrisa no le cabía en la cara y caminaba de un lugar a otro. Las remodelaciones de la primera planta del edificio eran el motivo de su alegría, todo era movimiento ese viernes veinticinco de abril. Los trabajadores, en su mayoría abogados, se encontraban desempacando los expedientes a su cargo, y aunque la distribución de los espacios había dejado a muchos muy contentos, a otros no tanto.

 

Luis Zamora Calzada

En pláticas informales con maestros, muchos mostraron preocupación por los puentes y las suspensiones del mes de mayo. Inician el jueves primero, continúan el lunes cinco y posteriormente el jueves quince. No faltó quien, de manera irónica, manifestara su alegría por la gestión del diez de mayo otorgada por el  gobernador, quizá por las circunstancias actuales, se asegura, lo concedió sin tomar en cuenta que la fecha es en sábado o tal vez lo canjeará por un día hábil, aseguraron.

El gran tema ausente en estas conversaciones es el referente a las nuevas causales de rescisión que instrumentó este gobierno al agregar el artículo 93 bis a la Ley del Trabajo local, que fue aprobado por sus diputados el once de marzo y se publicó esa misma noche en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, comúnmente conocido como “Gaceta del Gobierno”, entrando en vigor al día siguiente de su publicación, el doce del mismo mes.

Recordemos que el artículo 93 de dicha ley establece las causas para despedir a cualquier trabajador al servicio del Estado o de los municipios, sin embargo faltaban las adiciones con dedicatoria especial a los profesores que se consideraban consentidos del sistema. Lo anterior es fácil de deducir después de tantos discursos de momento, aún cuando el contenido del citado artículo 93 bis diga lo contrario, sin importar que se violen derechos adquiridos y garantizados incluso por la propia Carta Magna.

En la parte que interesa, dice: “…además de las causas señaladas en el artículo anterior, serán motivo de rescisión laboral para los servidores públicos docentes, sin responsabilidad para las autoridades educativas”, faltando notoriamente un agregado de “con todo cariño y afecto a los profesores”.

Para dar un mayor sentido a su texto, que se expresa con un sinónimo en el mundo de significados, en su fracción VII,  señalan que se terminará la relación laboral de los maestros que no alcancen resultados suficientes en la tercera evaluación que se les practique para la permanencia en el servicio, de conformidad con la Ley General del Servicio Profesional Docente.

El último día para promover un amparo ante la justicia federal, requiriendo la inconstitucionalidad del artículo 93 bis concluyó el pasado viernes veinticinco de abril; todo estaría consumado, como narra el pasaje bíblico, a no ser por los amparos interpuestos el penúltimo día del término en oficialía de partes de los juzgados federales. El proceso de lucha legal ha iniciado.

 

Remodelación

 

La sonrisa no le cabía en la cara y caminaba de un lugar a otro. Las remodelaciones de la primera planta del edificio eran el motivo de su alegría, todo era movimiento ese viernes veinticinco de abril. Los trabajadores, en su mayoría abogados, se encontraban desempacando los expedientes a su cargo, y aunque la distribución de los espacios había dejado a muchos muy contentos, a otros no tanto.

Era el presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) en turno, quien miraba de un lugar a otro como queriendo encontrar a alguien que no aparecía por ningún lado. Paseando entre los usuarios, esperaba un saludo que no llegaba, porque no lo identifican a pesar del tiempo que lleva en la responsabilidad. Y es que de ubicarlo, tal vez le lloverían los reclamos.

“Se ve que le dieron buen presupuesto, licenciado”, le dice una voz, cortesía que contesta con una sonrisa nerviosa, sabedor de que sus actuaciones, en un gran número, son contrarias a derecho, perjudicando a los trabajadores, retardando sus procesos, colocando en tela de juicio la supuesta “impartición de justicia” laboral en la entidad, violentando derechos constitucionales que construye no en el imaginario, sí en la realidad, de que el peor enemigo del trabajador en estos procesos es el TECA, que suele favorecer siempre al patrón.

Lo anterior se corrobora al acceder a los acuerdos que determinan en los expedientes para conocer la gran cantidad de amparos que se tramitan ante los jueces y magistrados federales para revertirlos. De tener una actuación apegada a la ley, esto no ocurriría.

Tan grave es el problema que inclusive algunos usuarios consideran necesario actuar desde la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos e iniciar los procesos para que se sanciones las faltas en que incurran, establecidas en el artículo 42 de la citada ley.

No es suficiente la remodelación, hace falta una actuación imparcial y aprender a sumar. La aritmética elemental no es su materia, como lo demuestran en resolutivos de incidentales recientes donde no se exige un pensamiento lógico matemático. Es difícil, lo sabemos, pero al menos abóquense a la jurisprudencia de la décima época. La de la sexta, que pretenden aplicar, ha quedado desfasada y conste que firma el presidente del TECA.

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