Oswaldo, el niño de Jilotepec

* Una carta abierta circula en redes sociales y en ella la familia Correa Romera relata y denuncia la muerte del niño Oswaldo Joaquín Correa Romero, estudiante de primaria en la escuela Isidro Fabela, de Jilotepec, Estado de México. La carta denuncia que las autoridades educativas y judiciales, además del gobernador Eruviel Ávila, “se hacen cómplices de los responsables del crimen de Oswaldo Joaquín Correa Romero ocultando, con todo el poder del Estado, los hechos que llevaron a nuestro hijo a la muerte”. La misiva se puede leer también en el muro de facebook https://www.facebook.com/OswaldoCorreaRomero?notif_t=fbpage_fan_invite.

 

La opinión pública de México se ha visto profundamente conmovida por los tristes hechos ocurridos en Cd. Victoria, Tamaulipas, que la prensa (TV, periódicos y radioemisoras) han difundido profusamente.

Todo parece indicar que las autoridades educativas y el propio gobierno del estado de Tamaulipas han reaccionado con responsabilidad y sensibilidad para investigar este caso claro de bullying en una de sus escuelas.

En el Estado de México el gobernador, dr. Eruviel Ávila Villegas y las autoridades educativas proceden de forma muy distinta, se hacen cómplices de los responsables del crimen de Oswaldo Joaquín Correa Romero ocultando, con todo el poder del Estado, los hechos que llevaron a nuestro hijo a la muerte.

Hace casi un año y ocho meses ocurrió un asesinato en el interior de la escuela primaria “Lic. Isidro Fabela” del municipio de Jilotepec, Estado de México. Fue exactamente el 27 de agosto de 2012 en que nuestro hijo, Oswaldo Joaquín Correa Romero de 11 años de edad fue asesinado por sus compañeros en el baño de la escuela que dirige la profesora Angélica Teresa Barrales Polo, pagando un terrible precio por simplemente ser de reciente ingreso en ese centro educativo.

¿Cómo ocurrieron los hechos? Aparentemente de una manera muy sencilla, según la opinión de una maestra que se atrevió a hablar con nuestra familia: uno o varios niños sofocan a Oswaldo en el interior del pequeño baño de la escuela, quien luchó desesperadamente por su vida y logró gritar pidiendo auxilio, gritos que oyen varias niñas que estaban en el baño de al lado, según relataron inmediatamente antes de recibir “indicaciones” de qué deberían declarar. Allí queda Oswaldo tirado en el baño escolar, ya sin vida.

Después vienen los acomodos, los testimonios “a modo”, las maniobras de ocultamiento, la corrupción a todo nivel, ya no de niños sino de adultos, para “tapar con tierra” un crimen vergonzoso.

La primera versión escolar la dio el promotor de Educación Física, profesor Habacuc Trejo Maldonado, quien argumentó que Oswaldo pidió permiso para ir al baño en medio de la clase de Educación Física y que “un niño gordito” (que no puede identificar) le avisó que estaba desmayado. Su primer testimonio de dudosa veracidad se contradice totalmente con el primer testimonio (también dudoso), de la maestra del grupo de Oswaldo, Norma Montiel, que mencionó que ella misma había acompañado al niño hasta el baño y que lo esperó “10 minutos en la puerta”… Que lo acompañó… uhm… y ¿no oyó nada la profesora?

Desesperados ante el crimen y ya muerto Oswaldo, lo sacan del baño y lo llevan a una farmacia, exactamente a un lado de la escuela donde una doctora lo revisó y días después declaró al Ministerio Público que en ese momento nuestro hijo ya no tenía pulso, sus pupilas estaban dilatadas y su cuerpo había perdido temperatura y le dijo a la directora de la escuela que ya nada se podía hacer; en pocas palabras, ya estaba muerto… aún así subieron el cuerpo de nuestro pequeño en una camioneta de color rojo que pasaba por ahí y lo llevaron a la clínica del ISSEMyM de Jilotepec. Los médicos que lo reciben ven que está desde hace muchos minutos muerto y comentan que murió por asfixia, al ver el color azul de la cianosis en su cara. Todo esto ocurrió en nuestra ausencia porque mi esposo se enteró del fallecimiento de nuestro hijo y corrió desesperado a la escuela, viendo al llegar cómo la camioneta roja partía con rumo al ISSEMyM donde él los alcanzó

Por cierto, la maquinaria gubernamental y sindical echada a andar para ocultar el crimen se encargaría posteriormente de presionar a los médicos de la clínica, que ya no opinarían sobre la cianosis.

La directora de la escuela no perdió tiempo e inmediatamente reunió a los maestros y empleados de la escuela para hacerles saber que las cosas se podrían complicar si se hacía una investigación y los instó a juntar dinero (“hagamos una tanda”) para entregárselos a los policías judiciales de Jilotepec para que ellos “arreglaran” la situación y no inculparan a los responsables de la primaria. Al otro día, a las 8 de la mañana, cuando aún no habíamos enterrado a Oswaldo, ya tenían el dinero reunido.

Llegan los policías judiciales de Jilotepec y reciben el dinero, como nos lo confirmó el Comisario de la Policía Ministerial en el Estado de México, dependiente de la Procuraduría de Justicia del Estado, que envió nuevos policías judiciales (por todo el “manoseo” que ya habían hecho las autoridades de la escuela primaria, nos dijeron) y éstos son recibidos airadamente por la directora que les reclama “ya les dimos dinero para que nos dejen en paz y ustedes, ¿otra vez aquí?”. La directora confundió a los policías judiciales de la Procuraduría del Estado con los de Jilotepec.

Cuando vimos que se empezaba a complicar todo, fuimos a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México a presentar una carta con la descripción de los hechos ocurridos que llevaron a la muerte de nuestro hijo. Allí nos atendió un abogado que recibió nuestra carta y nos comentó que apenas hacía dos meses habían ido los padres de una niña de sexto año que había sido asesinada en una escuela primaria del municipio de San Mateo Atenco por otra niña que le clavó un lápiz en la yugular. Caso éste que también quedó “enterrado” por la eficiencia de la Procuraduría de Justicia del Estado de México.

¿Y las autoridades del Estado de México qué hicieron cuando tomaron conocimiento de la muerte violenta de nuestro hijo?

Enterados el secretario de Educación, licenciado Raymundo Martínez Carbajal, y el gobernador del Estado de México, doctor Eruviel Ávila Villegas inicialmente por cartas enviadas por nosotros, y luego por entrevistas personales que sostuvimos con ellos, nada hicieron para apoyar la investigación. Apostaron a ocultar, a que nadie diga que en el Estado de México ocurren muertes de niños a causa del bullying. Por ello dieron indicaciones al Ministerio Público mexiquense que en lugar de asumir la defensa de nosotros, los padres del niño, defendieran a los maestros y detuvieran totalmente la investigación destruyendo pruebas (incineraron el corazón de Oswaldo para que no quedaran evidencias, siendo la pieza principal de la investigación) para hacer lugar a la acusación infundada de los maestros corruptos apoyada por los supervisores, subdirectores y directores educativos que sostienen que el niño murió de un infarto cardíaco.

Hasta el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) se ensucia en este crimen con tal de proteger a sus maestros y envía –a través del Mtro. Luis Ángel Jiménez Huerta, director general de Educación Básica del Estado, que se enteró al mismo tiempo que yo del asesinato– prestamente a un par de abogados que en la clínica del ISSEMyM preguntan si allí está un niño muerto en una escuela pública. Un familiar nuestro les dice que sí, que la madre del niño “es esa señora” (yo también soy maestra estatal) y sentí el alivio de saberme apoyada por mi sindicato. Poco me duró el alivio porque los abogados dijeron: “ah… no. Nosotros venimos a defender a los maestros de la escuela”.

Sin saber qué había pasado con mi hijo, el SMSEM ya había juzgado el caso y se disponía a defender a la directora de la escuela y sus maestros sin el menor pudor. Situación totalmente diferente ocurrió ahora en Tamaulipas, donde el sindicato de maestros reaccionó con decencia y anunció que no defenderían a los maestros implicados en el crimen del niño de Cd. Victoria. Al ver esto, tristemente me quedo con la sensación de que el Estado de México y el de Tamaulipas, pertenecen a países distintos.

Aquí en el Estado de México nuestro gobernantes no quieren reconocer el grave problema social que es el acoso escolar (llamado bullying), prefieren ocultarlo y burlar a la justicia, por ello el Ministerio Público, cómplice del gobernador, no quiere que la investigación llegue al juez calificador porque no han podido torcer a un médico honesto que con su diagnóstico de asfixia mecánica hace insostenible la tesis de la muerte por infarto de Oswaldo.

Entonces, ¿a qué recurren? A estirar indefinidamente las averiguaciones, a cansarnos, a fastidiarnos para que olvidemos a nuestro hijo asesinado. ¡Están locos si creen que el tiempo hará olvidar a nuestro Oswaldo!

Tenemos pruebas irrefutables proporcionadas por una persona decente que tuvo conocimiento de estos correos electrónicos donde las autoridades dan instrucciones precisas de cuáles son los resultados que se deben difundir como “oficiales” y desacreditar a los médicos que con honestidad indican que la muerte de nuestro hijo fue por asfixia mecánica. (Vean los documentos insertos al final de este mensaje).

Así están las cosas en el Estado de México. Muy lejos de lo que ocurre en Cd. Victoria, Tamaulipas, donde gobierno, autoridades educativas y sindicato buscan esclarecer con transparencia los hechos y hacer justicia, esa justicia que sería un magro consuelo, pero consuelo al fin, que nos han negado para aumentar así nuestro dolor.

Lejos de que la Procuraduría de Justicia “trabaje en grande” como dice el eslogan del inepto e insensible gobernador, trabaja en pequeño, tuerce los hechos, deja en el olvido la investigación, no permite que llegue al juez calificador para que prospere un juicio oral transparente al que nosotros, los padres de Oswaldo, y la sociedad entera tenemos derecho.

Sépalo, sr. gobernador: no cejaremos en nuestra lucha por la justicia y castigo a los responsables porque así contribuiremos a que no haya más casos como los de Oswaldo.

Una pregunta final, sin ningún tinte político: ¿estos hechos no son suficientemente graves como para que renuncie el gobernador del Estado de México, dr. Eruviel Ávila Villegas y su amigo, el secretario de Educación, lic. Raymundo Martínez Carbajal?

Juego sucio

* “El 3 de febrero de 1992, en el salón Adolfo López Mateos de Los Pinos, Carlos Salinas de Gortari le dio posesión a Praxedis Fraustro Esquivel como nuevo secretario nacional del Sindicato Ferrocarrilero. Caso, Peralta y el resto de la planilla Héroe de Nacozari guardaron silencio. Ninguno habría osado ir contra una decisión presidencial. Por primera vez, después de casi cinco décadas, al Sindicato Ferrocarrilero llegaba un candidato marginado por el grupo de Gómez Zepeda. Tal “insolencia” quedó registrada puntualmente”, escribe el periodista Francisco Cruz en el libro Los Amos de la Mafia Sindical, editado por Planeta en el 2013.

 

Francisco Cruz

Fue algo inusual o el auténtico símbolo del cinismo y del poder, porque ese 17 de julio personeros del charrismo se reunieron casi clandestinamente con el jubilado Antonio Castellanos Tovar para comunicarle que —como títere de un teatro guiñol— cubriría, a partir de ese día, y hasta febrero de 1995, el interinato en la Secretaría Nacional. Y así sucedió: en febrero de 1995 Flores tomó el lugar de Praxedis. Todos los obreros, al menos los que podían decir algo, olvidaron que, por su condición de jubilado, el octogenario Castellanos estaba impedido para ocupar la Secretaría Nacional.

Entre conjeturas y suposiciones, aquel julio de 1993 la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal detuvo y consignó a seis personas. Pero se centró en Efraín García Torres y Vicente Valencia Saavedra —secretario particular el primero; maquinista y cercano colaborador de Praxedis el segundo—, enviados al Reclusorio Preventivo Norte como responsables intelectuales del atentado.

Las autoridades no dieron tiempo para pensar en las causas, conocer a los protagonistas ni analizar consecuencias. Por eso, ni los familiares, ni el abogado de Praxedis y, mucho menos, el gremio creyeron tales versiones. Ninguno de los dos se beneficiaba con la ejecución de su líder. Ambos saldrían políticamente muertos. El encono en el sindicato iba mucho más allá de ellos, eran dos peones en una batalla de gigantes: Praxedis, un delincuente encarcelado por agresión, pandillerismo y allanamiento, pero, según se supo en ese momento, apuntalado por familiares del presidente Carlos Salinas; y el ex convicto Peralta, quien contaba con el apoyo incondicional de Caso, así como del grupo Héroe de Nacozari y su primo Mario Vargas Saldaña, uno de los sabios de la política nacional priista, quien, por cierto, lo había rescatado de la cárcel.

En el camino, o más bien en las investigaciones por el crimen, también se involucró a un ejecutivo del Banco Mexicano Somex, y luego a otros del Banco Obrero, quienes, en aparente complicidad, permitían a Praxedis hacer jugosos retiros de las arcas sindicales falsificando firmas. García y Valencia fueron liberados un año más tarde. Estatutariamente, a quien le correspondía ocupar la Secretaría Nacional era a León Guerrero Cholula, suplente de Praxedis y en ese momento Tesorero de Previsión Obrera, además de, ya se descubriría, viejo amigo de Peralta y Flores. Nunca se atrevió a reclamar el puesto.

Con muchas interrogantes que persisten y presunciones jamás atendidas sobre una conspiración de alto nivel, de la historia sobre las extrañas circunstancias en las que “se mató” Lorenzo Duarte García y la ejecución de Praxedis Fraustro no volvió a saberse mayor cosa, aunque, en menos de un mes, dejaron un boquete en Ferrocarriles. Al deshacerse por completo la planilla Solidaridad, los pocos colaboradores y amigos de Fraustro fueron marginados, enviados a trabajar.

Aunque no hay comparación ninguna entre ellos, después del encarcelamiento de Vallejo, éste fue el más duro golpe al sindicalismo ferrocarrilero. Olfateando lo que podría venir, Fernando Miranda intentó responder quién era Praxedis. Y, al hacerlo, se adelantó, sin querer, a la historia porque hurgó en el pasado y delineó el primer perfil de Víctor Flores, el viejo bailarín y maestro de vals en el puerto de Veracruz. Si bien quedó marcado al escribir por encargo La otra cara del líder. Otro delincuente en el sindicato; Caso Lombardo es homosexual, Fernando aceptó compartir su historia para Los amos de la mafia sindical.

“Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1991 y enero de 1992 tuvo lugar un proceso muy controvertido y particular, decidido en una segunda vuelta, en el sindicato: dos ex convictos se disputaban la Secretaría Nacional. Peralta, quien había ocupado ese cargo en el trienio 1986-1989; y Praxedis, dirigente de la Sección 19, en Monterrey, Nuevo León. El primero, convicto por el asesinato del atleta Carlos Serdán Reyes, en el puerto de Veracruz; el segundo, ex interno en un penal de Monterrey por el delito de lesiones y daños en propiedad ajena. Dos pájaros de cuenta. El primero, candidato del oficialismo empresarial o gobiernista; y el segundo, aspirante independiente a través de la planilla Solidaridad o Comisión Nacional Ferrocarrilera”, y del secretario nacional saliente Lorenzo Duarte García.

Y eso de independiente es un decir porque, en 1980, Fraustro se hizo enemigo gratuito del grupo Héroe de Nacozari, con todo y Gómez Zepeda, tras no darle su apoyo para ganar una regiduría en Monterrey. Desde luego, Gómez Zepeda lo marginó en su primer intento por llegar a la Secretaría General de la sección ferrocarrilera en la misma ciudad. En venganza, Fraustro formó un grupo de choque, sembró terror y desde allí se catapultó a la dirigencia de los rieleros de Nuevo León.

No puede negarse que la primera parte de la elección en febrero de 1992 la ganó Peralta. Empero, Lorenzo Duarte García no se durmió. Nadie pudo explicarse por qué, pero tomó como cruzada personal la defensa electoral de Praxedis e hizo lo que pocos pensaban: en algunas reuniones dramáticas para dirimir controversias, intercambiar acusaciones, contraacusaciones y lavar el cochinero, sacó a la luz pública episodios oscuros —guardados celosamente en su memoria— del pasado de Peralta. Y los utilizó bien porque documentó y demostró un enorme fraude electoral coordinado por el grupo Héroe de Nacozari, por personajes allegados a Caso Lombardo y los peraltistas, quienes recibieron asesoría del PRI. Sintiéndose traicionados, Peralta, Caso y los cabecillas de Héroe de Nacozari sacaron las uñas. Acorralado, el coahuilense Duarte se moría de la risa.

Con mucha habilidad, libró amenazas de muerte que le llegaban casi a diario, capoteó discusiones violentísimas, no aceptó tratos despectivos, que para eso era dirigente nacional, y, por abajo del agua, montó un operativo especial para repetir los comicios. Y en esa segunda vuelta haría ganar a Praxedis. Duarte demostró que los gomezetistas eran muy vulnerables, pero, por su pasado, Jorge Peralta Vargas era todavía más débil. El 3 de febrero de 1992, en el salón Adolfo López Mateos de Los Pinos, Carlos Salinas de Gortari le dio posesión a Praxedis Fraustro Esquivel como nuevo secretario nacional del Sindicato Ferrocarrilero. Caso, Peralta y el resto de la planilla Héroe de Nacozari guardaron silencio. Ninguno habría osado ir contra una decisión presidencial. Por primera vez, después de casi cinco décadas, al Sindicato Ferrocarrilero llegaba un candidato marginado por el grupo de Gómez Zepeda. Tal “insolencia” quedó registrada puntualmente.

Duarte, quien conocía muy bien a Jorge Peralta Vargas porque durante la dirigencia de éste entre 1986 y 1989 fungió como presidente de la Comisión Nacional de Vigilancia y Fiscalización, había tomado una decisión socarrona: enfrentar a Peralta —a pesar de que lo consideraba un matón de la más baja calaña o criminal callejero— y Caso para tratar de quedar bien con la familia del presidente de la República. Eso sería más provechoso para su futuro político en el PRI. Dio, pues, pasó con guarache.

Cuándo y cómo recibió llamados de familiares del presidente Salinas, y quiénes eran éstos, sólo él lo supo y, literalmente, se llevó su secreto a la tumba. Pero, salvo en la peor de las circunstancias, no permitiría la segunda llegada de Jorge Peralta a la Secretaría Nacional del sindicato. Veinte años después, muertos los dos principales protagonistas, la reconstrucción de algunos episodios se complica; hay una disparidad en las narraciones que ocultan un fin premeditado, pero, en las negociaciones postelectorales y el recuento de votos de la segunda vuelta de los comicios internos de febrero de 1992, Duarte y Praxedis no se percataron de sus errores cuando cedieron a Peralta, Caso y Gómez Zepeda casi todas las restantes secretarías del Comité Ejecutivo. Praxedis se sentía satisfecho; confiaba en que, una vez sentado en la Secretaría Nacional, tendría fuerza para deshacerse de todos sus enemigos.

Creía que algunos otros se convertirían en sus marionetas. Por eso, entre otras, tomó la decisión de ceder el resto del Comité Nacional. Pero la más importante, por los recursos que manejaba, fue la Secretaría del Tesoro sindical, que quedó en manos de Víctor Flores, el paisano y hombre de confianza de Peralta, quizás el único peraltista de cepa. Como premio a su ingenuidad, además de la Secretaría Nacional, a Praxedis le cedieron el manejo de Previsión Obrera, en la que colocó a su gran amigo incondicional Juan José Pulido Rodríguez. También le dejaron imponer a su suplente en las elecciones, León Guerrero Cholula, como tesorero de esa mutualista rielera. No les soltaron nada más. Sin llegar de nueva cuenta a la Secretaría Nacional, Peralta proclamó su victoria. Acotado, Praxedis llegó al poder absoluto sin la posibilidad real de ejercer todo el poder.

Buenas intenciones

* El secuestro del ex alcalde Luvianos, Zeferino Cabrera, sucede en el marco de una serie de cambios en el gabinete del gobernador Eruviel Ávila, quien recibe como nuevo secretario de Gobernación a José Manzur, y que representa el movimiento más importante. Para el nuevo funcionario, coleccionista de autos clásicos y poseedor de 99 de ellos, lo más importante para su secretaría es replantear el tema de la seguridad.

 

Miguel Alvarado

Santos Cabrera era un hombre afortunado. De pronto la suerte política comenzó a sonreírle. Alcalde del municipio de Otzoloapan, uno de los más pobres del Estado de México pero enclavado en el corazón de la zona mexiquense, controlada por el narcotráfico desde hace dos décadas por lo menos, decidió que aliarse a ellos significaba dos cosas, la primera era salvar la vida y la segunda disfrutar de los supuestos beneficios que el crimen organizado reporta. Presidente municipal en el año 2000, había repetido en el cargo para el trienio 2009-2012. Santos Cabrera, de filia priista, había sustituido en el año 2000 a un perredista, Zeferino Cabrera Mondragón, un político del PRD que años después sería alcalde de Luvianos, una de las capitales del narcotráfico en el Estado de México y el país, por su ubicación geográfica. La anécdota de aquella sucesión no debería ser sino curiosa si no fuera porque en el 2014 los dos ex alcaldes serían secuestrados o levantados por quienes se supone fueron sus aliados en algún momento.

Los dos tienen historia. San Martín Otzoloapan es un municipio rural de apenas 4 mil 864 habitantes, según el último censo del INEGI en el 2010, ubicados en 160 kilómetros cuadrados. Es pequeño pero eso no ha impedido que sea presa del cacicazgo y el control del narco, primero de los Zetas y después de La Familia. A Santos tal vez no le quedó de otra que acatar las órdenes de los que en esa región se hacen llamar “las verdaderas autoridades” y pronto se adaptó a ellos. Incluso participaba de manera activa en las extorsiones contra habitantes de su municipio o enemigos. También hizo negocios de construcción para obra pública con los alcaldes vecinos, como el de San Simón de Guerrero, un municipio prácticamente invisible y con presupuesto mínimo, pero capaz de alguna obra pública.

Santos era respetado pero infundía miedo. Y era cuestión de tiempo para que el poder público cambiara de manos. Intocables aparentemente, los ex alcaldes seguían viviendo en la región y aprovechaban su capital para optar por otros cargos públicos, como las diputaciones estatales.

A pesar de autodefinirse como amigo personal del ex gobernador mexiquense Arturo Montiel y de ayudarlo a pagar sus campañas políticas y la de otros, a Santos se le acabó la suerte. A mediados de febrero del 2014 el ex alcalde fue secuestrado y la exigencia del rescate ascendía a más de un millón de pesos. Algunos pobladores señalan que fue el mismo Santos el encargado de reunir el dinero, pues lo liberaron para que pudiera pedir ayuda a sus amigos o deudores, que para él eran lo mismo, y así reunir el monto de su propia salvación. De Santos no volvió a saberse nada. Sus sueños de optar por una diputación se habían esfumado dos años antes y en los próximos comicios no estaba considerado para ninguna campaña. Tenía, sin embargo, la intención de financiar algunas candidaturas y conservar su poder y capital político en la región pero luego del secuestro ha guardado silencio.

Otro Cabrera metido en dificultades es Zeferino, también ex alcalde de Otzoloapan entre 1997 y el 2000, pero también presidente municipal de Luvianos hasta el 2012. De extracción perredista, aseguraba en el 2009 que había recibido amenazas de extorsión por parte de grupos criminales. “No requerimos más seguridad, con los elementos que están es más que suficiente para lo que compete a mi ámbito municipal como gobierno”, afirmaba en entrevista para el portal Poder Edomex.

Para él, la siembra de mariguana en su municipio era poco menos que una leyenda, como declaraba al mismo medio. “Yo creo que sí es un mito porque no nos damos por enterados de eso”. Sin embargo, regidores de su ayuntamiento se encargaban de llevar alimentos a los narcos cuando tenían que esconderse en la sierra para evadir operativos militares de la marina y el ejército.

La noticia de su secuestro fue difundida por familiares, primero en el PRD y luego a la opinión pública. Su partido no ha tomado una determinación todavía y mantiene silencio sobre el caso, que sucedió el viernes 23 de mayo al mediodía, cuando Zeferino estaba en su rancho, acompañado por su esposa, Camelia Aguirre, reporta la agencia Quadratín.

El apellido Cabrera ha estado ligado los últimos diez años a este tipo de eventos. Otro con el mismo apellido, José López Cabrera, ex alcalde Zacazonapan, fue asesinado en el 2007, según la misma Quadratín, aunque no existe otra información al respecto.

El secuestro de Zeferino sucede en el marco de una serie de cambios en el gabinete del gobernador Eruviel Ávila, quien recibe como nuevo secretario de Gobernación a José Manzur, y que representa el movimiento más importante. Para el nuevo funcionario, coleccionista de autos clásicos y poseedor de 99 de ellos, lo más importante para su secretaría es replantear el tema de la seguridad. Las buenas intenciones al menos se hacen públicas, pero mientras se cristalizan, en Atlautla, también municipio mexiquense, cinco policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron retenidos por la población mientras realizaban un operativo contra talamontes, el 26 de mayo. Los policías dispararon contra supuestos talamontes matando a uno e hiriendo a otro. Los pobladores cercaron a los agentes y los llevaron al pueblo de Tlalamac, donde sucedían las cosas. Allí fueron golpeados severamente mientras la policía estatal implementaba un operativo para rescatarlos, ocupando hasta 150 efectivos. Pero el operativo falló pues dos policías fallecieron a consecuencia de golpes, prácticamente linchados. Atlautla es sólo el reflejo del hartazgo social, la pobreza, el abuso y la impunidad en el que se encuentra sumido el Estado de México.

Mientras, el presidente Enrique Peña se tomaba la foto y abanderaba a la selección de futbol que participará en la Copa del Mundo de Brasil, y les pedía que trajeran el campeonato para México. Su entidad, la que gobernó por seis años, espera mientras tanto una explicación.

Eruviel Ávila ha sido inquirido sobre el alarmante número de feminicidios en la entidad, peor su gobierno respondió al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), que “hay cosas más graves que atender”. Según esa organización, las mujeres asesinadas entre 2007 y 2013 son más de mil 500, además de 600 menores de 20 años que han desaparecido en lo que va de la actual administración.

Pa’ naderías

* Mientras la revista Caras publica fotos logradísimas de Alejandro Fernández, un cantante a quien han bautizado como El Potrillo y anuncia que Alex Peña, nada menos que el hijo del presidente mexicano Peña Nieto es el fan número uno, se entienden las imágenes de Montiel Klint, aunque nunca tendrá foro en la revista del corazón más importante de México, a menos que se despose con una de las hijas de doña Angélica Rivera.

 

Miguel Alvarado

Un hombre sostiene en su cabeza una cubeta de lata mientras un ventilador, fuera de cámara, le sopla el pelo. Viste una chamarra y su cara nunca se ve porque está cubierta por el mismo cabello. Luego, un anuncio aparece y dice: próximamente. Todo es amarillo, ya por un filtro o por luz directa.

Otro video. Un hombre palea en un paraje semidesértico mientras otro lo observa. Lo hace por 52 segundos.

Uno más. Un burro pasta frente a una iglesia rural, amarrado. Se mueve inquieto mientras la cámara registra una especie de fotografía donde algo se mueve. Lo mismo pasa en otro, donde una mujer en Comitán, Chiapas, sitio de moda para los artistas desde hace años, observa una avioneta y banderitas de plástico restallan en el viento, mientras cuelgan.

Los microvideos son obra de Fernando Montiel Klint, un joven fotógrafo mexicano nacido en 1978 que experimenta con este tipo de escenas, fotos en movimiento con sus nubes y sus pastos bien verdes y toda la cosa. Son buenos y también son malos. Dejan con ganas de más pero también con una serie de preguntas que no obtienen respuesta. Montiel hace lo que quiere, aunque éste Montiel lo hace con la foto y trasmite algo, a diferencia de otros montieles de Atlacomulco, menos fotógrafos pero también artistas consumados de rancios robos.

No hay mucho por decir. Vendrían las razones del fotógrafo, a quien se entiende de antemano. Lo hace porque le gusta y su trabajo no debe ser necesariamente útil. Logra trasmitir al menos sensaciones y a nadie le hace daño, que a estas alturas, dicen unos, es lo importante. No es arte, sólo son fotos, un estilo de hacer foto y que está muy bien.

La etapa en la que todos se vigilan, unos a otros se delatan, registran lo imposible y lo aberrante, que por lo mismo es maravilloso y repulsivo es preludio nada más de la banalización de la intimidad. Todos tienen al menos un celular que toma imágenes, no importa la intención ni la técnica, ni siquiera que se distingan caras o se haga una identificación más o menos de la locación. Lo terrible por tenebroso ya ni asombra porque hoy, hoy, hoy, todos esperan que esté en video o en una de esas malísimas imágenes digitales que recorren en segundos la red social del agrado de cada uno. Así, hasta una superestrella del asesinato, un in cold blood-star, por decirlo como los diccionarios hiperhipsters y que creen que la mota es la neta, produce imágenes. Ahí está el Broly Banderas, convertido en una especie de guerrero maloso de culto dentro del Facebook y que aprovecha que la dirección de su fon está protegida por un plan prepagado en Movistar o Telmex para salir embarrado de sangre y cargando las armas que hicieron famoso a Rambo y señalar que nunca antes tuvo tanto pegue con las mujeres. Porque la vida vale para pura verga.

Mientras la revista Caras publica fotos logradísimas de Alejandro Fernández, un cantante a quien han bautizado como El Potrillo y anuncia que Alex Peña, nada menos que el hijo del presidente mexicano Peña Nieto es el fan número uno, se entienden las imágenes de Montiel Klint, aunque nunca tendrá foro en la revista del corazón más importante de México, a menos que se despose con una de las hijas de doña Angélica Rivera.

Pero, a poco no, El Potrillo da para unas fotos bien chidas con todo y que a veces no se le consigue encontrar el ángulo Televisa o su hermoso rostro amorenado, que presentó una y otra vez en las secuencias de su película sobre Emiliano Zapata, un aborto que debió quedarse en el regazo de su madre, el señor Emilio Azcárraga. Fernández no tiene la culpa de ser quien es ni de que le guste al hijo de Peña Nieto. Y Montiel Klint tampoco tiene la culpa de que sólo quiera tomar fotos o escenas de burros pastando frente a cándidas iglesias y vivir de ellos, ascender en planos tan holandeses como su segundo apellido -¿será holandés? y, tal vez, llamarlo arte o codearse con esos artistas a los que nadie entiende, ni siquiera cuando se les otorgan becas. Porque, pues un burro comiendo pasto está chido pero no deja de ser un asno con hambre, por mucho encuadre y sensaciones que trasmita. Y nadie tiene la culpa de ser quien es. Hay que encontrar un chivo expiatorio.

Pero esa imagen que cualquiera atrapa con sus celulares hasta de 249 pesos en el infamante Oxxo, también es trasmitida por el sicario, que más o menos sabe de estéticas sanguinarias, copiadas ya de una película o truculenciadas en reuniones de altísimo nivel en ese bajo mundo sanguinario pero fashionista, que si pudiera tendría su “narco-channel” para trasmisiones en directo de sus andanzas, como a veces sucede en el Yutub.

Al trabajo de Montiel y de todos los demás les ha tocado la mejor de las épocas. Todo es imagen y se procesa en nanosegundos. Nadie compite con nadie, excepto por estar allí y postear primero que todos. Se vale de todo, suicidios en tiempo real o los conciertos ultrachafas de Gloria Trevi, Lupita D’Alessio y la jarochísima Yuri, quienes por mucho que se entonen son pregoneras del lugar común, el reclamo como arma de ventas y la impostura de la salsa por tele o lo que dicen que es aquello. Y es que el Broly Banderas al menos no engaña. ¿O sí?

Montiel Klint es chingón. No es un fotógrafo improvisado aunque tampoco es documentalista, mucho menos fotorreportero. Hace lo que cree que está bien y al menos expresa. Y al parecer vive de ello, otra lección que nos da el arte y la mercadotecnia. México, sumido en la crisis más severa desde Carlos Salinas y con Luis Videgaray orquestando el ingreso al infierno definitivo, puede todavía dar de comer. Valiente conclusión para los 57 millones de pobres que observan al Grupo Atlacomulco atragantarse de patria, hacerla caca.

Otra vez la revista Caras se pasa de buena onda y señala que el restorán preferido de Peña Nieto se llama Morton´s, así como suena, y que está enclavado “en Paseo de las Palmas, Lomas de Chapultepec, su especialidad es la carne, la cual es importada de Estados Unidos y es de la más alta calidad. El estilo es clásico con ambiente formal y cuenta con una terraza para cenas románticas o privadas. Los precios oscilan entre los 700 y 800 pesos por persona, en promedio”.

Que Peña se llene con 800 pesos diarios no tiene precio. Los de Caras exageran el lado amable de la nota rosa y se convierten en los cronistas más críticos de los habitantes de Los Pinos. Y logran todo eso cobrando además un convenio con la familia presidencial. Nadie sabe cómo saldrían las fotos de las comidas si las tomara Banderas. O Montiel Klint. “El pan que aquí horneamos lo probó una vez el presidente Enrique Peña Nieto. Al cabo de los días llamaron de Los Pinos pidiendo la receta. Para Morton´s, algunas de nuestras recetas son secretas. Les tuvimos que decir a Los Pinos que no les daríamos la receta del pan”.

Y así, un burro prueba pan recién horneados, frente a una iglesia azul en el campo mientras alguien le toma un video y lo sube a las redes sociales.

La cifra negra

* “Un análisis elaborado en mayo de 2005 con estadísticas de la Procuraduría estatal sorprendió al propio gobierno de Montiel porque encontró que de 2000 a ese 2005 se habían cometido más de un millón 220 mil 142 delitos, o unos 637 por día, un crimen cada dos minutos. Las proyecciones más confiables estiman que el Estado de México tuvo en 2005 un subregistro de 2 millones de delitos. La cifra negra o delitos no denunciados se ubica desde entonces en 85 por ciento”, dice el periodista Francisco Cruz. El siguiente texto es la ponencia presentada por el autor de Negocios de Familia y Los Amos d la Mafia Sindical durante el foro “Inseguridad y Violencia en el Estado de México.

 

Francisco Cruz Jiménez

Con 15 millones de habitantes, el Estado de México es la entidad más poblada del país. Su presupuesto cercano a 200 mil millones de pesos anuales y el asentamiento de dos de las tres zonas industriales más importantes de la nación la hacen la más acaudalada; y esas condiciones la han convertido en un atractivo botín político y empresarial, pero su riqueza, su ubicación geográfica y su colindancia con Guerrero, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Querétaro y la Ciudad de México la hicieron también uno de los estados más inseguros y un refugio para los grandes cabecillas del crimen organizado.

Crímenes como la ejecución de 24 humildes albañiles el viernes 12 de septiembre de 2008, la primera gran matanza masiva en el país a partir del 1 de diciembre de 2006, así como la primera ejecución del alcalde de un municipio mayor —Salvador Vergara Cruz, de Ixtapan de la Sal, el 4 de octubre de 2008— exhiben desde entonces a una entidad en la que coexisten todos los tipos de violencia a través de pandillas o cárteles que movilizan fuentes inagotables de recursos ilícitos.

La penetración de la violencia ha puesto en peligro a las familias y su patrimonio. Y desde la economía hay lecturas provocadoras, el crimen en sus dos modalidades —federal y del fuero común— afecta desde hace mucho a las pequeñas empresas y comercios, ya no se diga la agricultura y la ganadería; la inseguridad se manifiesta abiertamente en las calles y pone en peligro la integridad en las escuelas.

Ciertamente, los actuales niveles de violencia nunca se habían visto, pero, valga decir, esa violencia se fue gestando a través de varios gobiernos omisos y tolerantes, de gobernantes y políticos incapaces, preocupados solamente por conservar sus privilegios, promocionar su imagen y ascender en la escalera del poder, hasta llegar al actual estado de descomposición en el que es necesaria la intervención de las Fuerzas Armadas para tratar de contener el fenómeno. Y eso de contener es un decir porque ahora la población quedó entre la espada de los matones de los grupos criminales y la espada de los militares y la policía. Los tres, igualmente peligrosos.

Un informe de la Policía Federal del 17 de febrero de 2011, cuando el gobernador Enrique Peña Nieto estaba en la cúspide de su poder local, enlistaba 38 municipios donde tenían presencia de una a cinco organizaciones que traficaban, distribuían y vendían droga; secuestraban y asesinaban, controlaban la prostitución, la extorsión o venta de seguridad, la trata de blancas y el tráfico de personas. Esas demarcaciones representaban y representan la tercera parte de los 125 ayuntamientos que conforman el Estado de México, allí viven 11 millones 578 mil personas.

Pero el crimen organizado se asentó también en pequeñas poblaciones como Tejupilco, Tlatlaya y Luvianos; Ixtapan de la Sal, Valle de Bravo, Coacalco y Atizapán de Zaragoza en el valle de México, o Metepec en el valle de Toluca, que primero sirvió de refugio a familiares, abogados, operadores, pistoleros y contadores de los capos históricos del narcotráfico y luego a La Familia Michoacana.

Si bien el gobierno de Eruviel Ávila carga con sus culpas, muchas por cierto, y no tiene defensa porque sus políticas, si las hay, para contener el crimen han sido ineficaces en el mejor de los casos o desastrosas, vale decir que igual de culpables son Peña Nieto, Arturo Montiel Rojas, César Camacho Quiroz y Emilio Chuayffet Chemor.

El primero, Peña, porque su administración a través de personajes de apellidos de abolengo permitió que el Estado de México se convirtiera en refugio de los grandes capos del narcotráfico; mientras Montiel, Camacho y Chuayffet ignoraron deliberadamente las señales, se dedicaron a la promoción personal para posicionarse en la candidatura presidencial, dejaron crecer la violencia e hicieron oídos sordos cuando se habló de crimen organizado.

Estadísticas de las procuradurías General de la República y estatal sobre asesinatos con características de ejecución o ligados al crimen organizado —cuerpos con señales de tortura, maniatados, mutilados, con los ojos vendados y con el tiro de gracia— arrojan que en el estado de México las muertes violentas por arma de fuego aumentaron de 111 en 2007 a 623, en 2010.

Pero se puede caminar un poco más hacia atrás y recordar, por ejemplo, que Carlos Hank González y Jorge Jiménez Cantú fomentaron y protegieron al Batallón de Radio-patrullas del Estado de México, el temido Barapem, la mayor organización criminal que, hasta entonces, hubiera conocido la entidad. Ya luego se conocería el talante de Hank, cuando protegió al criminal Arturo “El Negro” Durazo.

Un análisis elaborado en mayo de 2005 con estadísticas de la Procuraduría estatal sorprendió al propio gobierno de Montiel porque encontró que de 2000 a ese 2005 se habían cometido más de un millón 220 mil 142 delitos, o unos 637 por día, un crimen cada dos minutos.

Las proyecciones más confiables estiman que el Estado de México tuvo en 2005 un subregistro de 2 millones de delitos. La cifra negra o delitos no denunciados se ubica desde entonces en 85 por ciento.

Encuestas del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre Inseguridad (ICESI) destacan que el Estado de México tiene el peor desempeño en averiguaciones sobre homicidios. Mientras a nivel nacional la eficiencia es de 21 sentencias condenatorias por cada 100 homicidios denunciados, en la entidad sólo se castigan ocho de cada 100.

En 2010, Gobernación publicó una lista con los 206 municipios de mayor peligrosidad en el país por su nivel de violencia. Incluyó a 22 mexiquenses entre los que destacaron Metepec, Huixquilucan y Coacalco, Toluca y Ecatepec.

Ello ratificó una situación que se presentó dos años atrás: el miércoles 16 de enero de 2008, el Diario Oficial dio a conocer que, por primera vez en la historia de los ayuntamientos, el gobierno federal destinaría 3 mil 589 millones de pesos para distribuir a los 150 municipios más violentos, tomando en cuenta la población penitenciaria, el número de habitantes y el índice de criminalidad. Del Estado de México se incluyeron 18 —o 12 por ciento—, entre ellos Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Toluca, Tlalnepantla, Tultitlán, Texcoco, Huixquilucan, Coacalco y Atizapán.

Hay evidencias sólidas de que en su último informe de gobierno, Peña manipuló la metodología para bajar el número de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes pasando de 16.5 en 2005 a 7.6 en 2010, cuando en realidad aumentó de 10.6 a 21.9.

En medio de un panorama tan poco alentador, en esta entidad poco a poco se define gran parte del destino del narcotráfico. Además, aquí operan oficialmente seis bandas de secuestradores, aunque en los sub-registros contabilizan al menos 100. Y en el estado de México se encuentran cinco de los 15 municipios más peligrosos del país: Ciudad Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Naucalpan, Cuautitlán y Ecatepec.

Por eso no es una casualidad que el estado se encuentre entre los primeros lugares de inseguridad, y que entre septiembre de 2011, cuando Eruviel tomó posesión y febrero de 2014, se hayan reportado diez mil 868 homicidios; 438 secuestros; 305 mil 465 robos; siete mil 938 delitos sexuales, no otro sino el de violación, y 61 mil 69 delitos patrimoniales.

Los Caballeros Templarios

* Toluca. Veinte de mayo del 2014. 12:09. “¡Ya te cargó la chingada!”, le dice un empistolado a un hombre que acaba de bajar de su auto. Lo somete fácilmente, a las 12 del día, y todo sucede a la vista de decenas de transeúntes que buscan refugio en los comercios cercanos o emprenden una rápida retirada. El analista e investigador económico Marco Antonio Durán ofrece un panorama desolador, el de las cifras, y advierte que apenas el 15 por ciento de los delitos en el Estado de México son denunciados. El otro 85 por ciento no llega al conocimiento oficial de las autoridades, pues si bien saben que los delitos suceden, no actuarán si no hay una denuncia de por medio.

 

Miguel Alvarado

Toluca. Veinte de mayo del 2014. 12:05. Un hombre se estaciona en la calle de Horacio Zúñiga, en la colonia Morelos, atrás del popular mercado del mismo nombre. Zona residencial de clase media y repleto de escuelas, los últimos años ha sido blanco de la delincuencia. Allí lo mismo suceden secuestros a pleno día que asesinatos o desvalijan casas frente a patrullas que recorren la zona. Una reunión de colonos con la alcaldesa de Toluca, la priista Martha Hilda Calderón hace dos meses expuso la ineficacia de la policía en esa colonia y en las aledañas, Granjas y Federal. La reunión, en un café que había sido asaltado tres veces, fue ríspida y llena de reclamos. La alcaldesa prometió mayor vigilancia y cumplió hasta donde pudo. Dos semanas de constante patrullaje calmaron las cosas, pero luego los rondines se hicieron cada vez más esporádicos y volvió la violencia cuando un hombre fue levantado a las 12 del día en la esquina de Eulalia Peñaloza y Felipe Villanueva. Encabezaba una asociación de colonos que buscaba representación ante el ayuntamiento y abogaba por mayor seguridad. Su grupo había colocado una manta en la esquina de Juan Rodríguez y Villanueva donde se pedía denunciar actos criminales. Cuadras más adelante, en Esteban Plata, hace dos años una casa de seguridad fue descubierta y allanada por la policía, que rescató a plagiados que esperaban por un rescate o un milagro. Los secuestradores, jóvenes de Metepec, estuvieron 24 meses en prisión y acaban de obtener su libertad. Dicen tener protección de cuerpos policiacos y, aún más, trabajar por órdenes de ellos.

Toluca, 20 de mayo del 2014. 12:07. Un hombre estaciona su auto en la esquina de Horacio Zúñiga y José Luis Álamo, y abre la puerta, justo atrás del mercado Morelos, zona residencial donde en el 2009 el ex alcalde panista Juan Carlos Núñez Armas, en una campaña electoral que perdería rotundamente contra el PRI, llenaba su agenda de reclamos por la inseguridad que prevalecía. No tuvo respuestas para nadie, sólo una cara de contrición y un “ah, caray” fue todo lo que pudo ofrecer. No prometió nada, aunque repartió un manualito para que el ciudadano, en caso de ser asaltado o secuestrado supiera qué hacer. La mayoría lo rechazó. Núñez Armas, el primer alcalde panista de la capital mexiquense sabía que su partido, el PAN, había permitido la entrada del crimen organizado a la ciudad y si no había participado activamente, al menos se había hecho de la vista gorda. María Elena Barrera, priista y ex secretaria particular de Enrique Peña, derrotaría fácilmente a Núñez en una contienda en donde apenas la mitad del electorado quiso votar. Pero Barrera fue audaz, al menos con las palabras y diría que uno de sus principales compromisos era restablecer la seguridad en la ciudad. Otra vez las palabras se comerían el discurso cuando se descubrió que su director de Inteligencia era en realidad El M1, Germán Reyes, jefe de plaza del cártel de La Familia Michoacana, y quien ocupó esa dirección por más de 9 meses, en el 2012. Barrera ofreció depuración en la policía municipal y un plan de profesionalización que hasta la fecha y con otra administración, siguen esperando.

Toluca. Veinte de mayo del 2104. 12:09. Un hombre estaciona su auto en la colonia Morelos. Busca sus papeles y los organiza. Empuja la puerta y baja. En ese momento se empareja una motocicleta con dos ocupantes. Uno de ellos se baja y mete una mano en su chamarra. Es la misma zona donde hace cuatro meses un hombre barría el frente de su casa por la mañana. Como vivía cerca de la escuela Isidro Fabela, en la calle de Quintana Roo, lo hacía temprano para no verse molestado por el tráfico y los estudiantes. Siempre lo había hecho así, pero ese día una camioneta negra se detuvo frente a su casa y lo esperó. Cuatro hombres bajaron y se lo llevaron. Nadie se dio cuenta. Horas después su esposa recibía el menú del rescate: 15 millones de pesos, nada de policía. Al principio los familiares no quisieron involucrar a la autoridad, pues temían que los elementos que les asignaran para investigar estuvieran involucrados. La familia trató de reunir el dinero pero fue imposible. Finalmente la policía fue requerida y casi un mes después el hombre fue liberado, previo pago.

Toluca. Veinte de mayo del 2014. 12:09. El hombre baja de su auto y antes de cerrar la portezuela, uno de los ocupantes de una moto, que se le ha emparejado sin que él lo percibiera, saca una mano de la chamarra y le apunta con una pistola. “¡Ya te cargó la chingada, cabrón!”, le dice al hombre, mientras le hace una seña para que se suba a la banqueta. Esta es la misma Toluca que el 19 de febrero del 2014 recibió al presidente norteamericano Barak Obama, y a la que se le inyectaron 100 millones de pesos en un semana nada más para que aquel mandatario pasara, raudo, subido en su auto presidencial. No vio Barak las nuevas flores que adornaron los jardines centrales de la ciudad ni tampoco se dio cuenta de que las obras públicas desaparecieron por completo, que los baches fueron reparados y que la ciudad, en los puntos estratégicos, era otra, esta vez no muy diferente a la prometida en campañas políticas. Menos de 12 horas estuvo el visitante. Al otro día la ciudad lucía como todos los días y tres asesinatos se registraban en diferentes puntos del Estado de México.

Toluca. Veinte de mayo del 2014. 12:09. “¡Ya te cargó la chingada!”, le dice un empistolado a un hombre que acaba de bajar de su auto. Lo somete fácilmente, a las 12 del día, y todo sucede a la vista de decenas de transeúntes que buscan refugio en los comercios cercanos o emprenden una rápida retirada. El analista e investigador económico Marco Antonio Durán ofrece un panorama desolador, el de las cifras, y advierte que apenas el 15 por ciento de los delitos en el Estado de México son denunciados. El otro 85 por ciento no llega al conocimiento oficial de las autoridades, pues si bien saben que los delitos suceden, no actuarán si no hay una denuncia de por medio. Marco Antonio Durán seccionó datos del INEGI, de la Secretario de Gobernación y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y consiguió una tabla que las autoridades en el Estado de México niegan o de la cual hablan poco o nada. Eruviel Ávila, gobernador mexiquense, sabe que su administración registra poco más de medio millón de delitos, de aquel 15 por cierto denunciado, desde el 2011, divididos en robos, lesiones, homicidios, secuestros, violaciones y delitos patrimoniales. Y Eruviel Ávila lo sabe porque estos documentos se los hicieron llegar el 18 de mayo. “Vamos a revisarlos”, fue la respuesta.

Toluca. Veinte de mayo del 2014. 12:10. El hombre encañonado debe subirse a la banqueta, recargarse en un poste y allí, hincarse, con las manos en alto. El pistolero lo insulta y amedrenta. Pero para el asaltado es su día de suerte. Lo único que quieren es robarle. Le han seguido por la ciudad y saben que lleva dinero y alhajas. Eso es lo que se llevan. El robo, uno más, no impedirá que la alcaldesa de Toluca viaje el 22 de mayo a Buenos Aires, Argentina, a una reunión internacional de presidentes municipales y que platique acerca de sus experiencias sobre seguridad. Martha Hilda González Calderón será premiada a nivel internacional por los resultados de su administración y que los ciudadanos o la mayoría de ellos desconocen o reprueban porque escenas como las del hombre hincado junto a un poste, con una pistola en la cabeza a las 12 del día dicen otra cosa. No es un solo caso, como demuestra el analista Durán, quien con datos oficiales señala que Toluca, para empezar, registra 23 mil 578 robos en mil 140 días, para un promedio de 20.7 asaltos diarios. La capital mexiquense está sólo detrás de Ecatepec, en primer lugar y tierra del gobernador Ávila Villegas, que marca 48.2 robos diarios; de Neza, con 28 casos denunciados cada 24 horas y de Naucalpan, con 21.2. Martha Hilda González Calderón ha sido discreta con su viaje. Lo sabe su administración pero no es una información pública. La acompaña en el periplo pampero otro alcalde, éste con raíces profundamente doradas, Carlos Iriarte Mercado, quien gobierna Huixquilucan, municipio asolado por el narcotráfico y la desigualdad social más lacerante y visible de la entidad. No es casualidad que Toluca y “Huixqui” sean los municipios elegidos para brillar en el extranjero. El periodista Humberto Padgett León, autor del libro “Las Muertas del Estado”, que habla sobre los feminicidios en el Estado de México, señala que en la entidad hay 10 veces más mujeres asesinadas que en otros estados que, se cree, tendrían cifras más elevadas y recordó que el Edomex ha tenido desde el mandatario Ignacio Pichardo Pagaza (1989-1993) el primer lugar nacional. “Lo tuvo Pichardo, lo tuvo Emilio Chuayffet, lo tuvo César Camacho, lo tuvo Arturo Montiel, lo tuvo Enrique Peña en distintos años, lo tiene Eruviel Ávila”. Recordó que todos estos ex gobernadores tienen cargos políticos o colaboran con los gobiernos de alguna manera o que han sido ayudados para que no se ejerciera la ley sobre ellos. Emilio Chuayffet es secretario federal de Educación, Camacho es líder nacional del PRI, Montiel fue exonerado en el gobierno de Enrique Peña y éste último es ahora presidente de México. Padget participó en el foro “Inseguridad y Violencia en el Estado de México”, junto al periodista Francisco Cruz, al investigador Sergio Aguayo y a María Elena Morera.

Toluca. Veinte de mayo del 2014. 12:13. Hincado, el hombre suplica por su vida y no tiene más remedio que dejar que lo despojen, en la esquina de Horacio Zúñiga y José Luis Álamo, justo atrás del mercado Morelos. Los ladrones escapan en una moto, que siempre estuvo encendida y esperando lista. Por supuesto, nadie vio nada y aunque alguien llamó a la policía, no aparecerá nunca, al menos en la siguiente media hora. Para un asalto así, la diferencia entre nunca y 30 minutos parece no existir. Al otro día, a la misma hora en que se desarrolla el foro de Inseguridad en la Cámara de Diputados local, Eruviel Ávila anunciará cambios en su gabinete que tiene que ver con el tema y que involucra al menos a un viejo conocido de la ciudadanía. El secretario de Gobierno, Efrén Rojas, renuncia en seco, en una conferencia de prensa a la una y media, y el mismo gobernador se encarga de advertir que será José Manzur quien lo releve. También el procurador estatal, Miguel Ángel Contreras Nieto, dice adiós. Dicen que se le oye aliviado, aunque intranquilo. La propuesta de Ávila, que deberá palomear el Congreso lo más pronto posible, es Alejandro Jaime Gómez Sánchez, subprocurador jurídico de la PGJ cuando Alfredo Castillo, actual comisionado para Michoacán, era procurador mexiquense. Castillo es el caballo negro en la sucesión para la gubernatura del Edomex y ha sido denunciado por José Manuel Mireles, ex voceros de los Autodefensas en Michoacán, como protector de los Templarios, cártel al que supuestamente combate, pero además de recibir “donativos”, entre ellos uno por más de 5 millones de dólares que serviría para sus futuras campañas. También sería renunciada Caritina Sáenz, directora estatal del DIFEM y por la noche Elizabeth Vilchis, secretaria de Desarrollo Social, sustituida por Arturo Osornio Sánchez, “ex coordinador de la campaña de Eruviel y subsecretario de Desarrollo Rural en el gobierno federal”, apunta el diario local Alfa.

Toluca. Veintiuno de mayo del 2104. 12:19. Por fin el hombre hincado en la esquina de Zúñiga y Álamo, justo atrás del mercado Morelos se siente fuerte para levantarse. No puede irse porque los maleantes también le han quitado las llaves de su auto. De cualquier manera no podría manejar. Espera algunos minutos pero la policía no aparece. Debe dejar su auto e ir por ayuda. Éste es sólo un caso entre tantos. Las estadísticas obtenidas por Marco Antonio Durán muestran que Toluca es una de las ciudades más peligrosas del Edomex, pero también del país. En el contexto local, la capital del Grupo Atlacomulco, enclave político al que pertenece el presiente Enrique Peña Nieto, ocupa el segundo lugar estatal con 48 mil 487 actos delictivos denunciados en un periodo de mil 140 días, para un promedio de 42.5 delitos diarios. El primer lugar es el emblemático Ecatepec, con 78 mil 826 delitos cometidos en el mismo lapso de tiempo para un promedio de 69.1 por día.

El escenario es todavía más crudo.

Toluca tiene el primer lugar en delitos patrimoniales, con 6 mil 831 en mil 140 días, para un promedio de seis diarios.

En violaciones y delitos sexuales es segundo lugar, detrás otra vez de Ecatepec, con 732 casos para un promedio 0.6 diarios.

En secuestros es otra vez segundo sitio, por debajo de Ecatepec, con 34 plagios para un promedio diario de 0.03.

En lesiones, Toluca es primer lugar con 16 mil 427 denuncias, las cuales promedian 11.4 por día.

Los 3 mil 503 delitos por cada 100 mil habitantes en el Estado de México no pueden pasar inadvertidos. Un total de 61 mil 69 delitos patrimoniales, 7 mil 938 violaciones, 438 secuestros, 10 mil 868 homicidios, 145 mil 823 denuncias por lesiones y 305 mil 465 robos nada más en la era de Eruviel Ávila dicen algo. Para el investigador Sergio Aguayo, “a partir del 2013 el secuestro aumentó 85 por ciento y las extorsiones 60. La desfragmentación de los cárteles en el país ya está en proceso, sin embargo esto no quiere decir que la violencia va a desaparecer, sino que sólo se transformara en un tiempo de una a dos décadas, pero aún no se ve una estrategia clara, pues no esperemos cambiar la violencia que fue construida por 90 años en una abrir y cerrar de ojos”.

El hombre asaltado en la esquina de Horacio Zúñiga y José Luis Álamo, justo atrás del mercado Morelos, regresa por su auto horas después. Nadie lo ayudó y nadie lo ayudará, ni siquiera si tiene un contacto medianamente bueno en alguna corporación. En el Estado de México ni siquiera “ser alguien” garantiza la aplicación de la ley, mucho menos el entendimiento de “lo justo”. La alcaldesa Martha Hilda dirá en Argentina que Toluca, su ciudad, es sinónimo de éxito y Carlos Iriarte asentirá y a su debido tiempo dirá lo mismo mientras que Martha cabeceará afirmativamente. Eruviel Ávila ve llegado su fin político. José Manzur y los alfiles de Alfredo Castillo y Luis Miranda Nava, el subsecretario de Gobernación consentido de Enrique Peña, destrozarán su coto político en un parpadeo. Al menos en lo público, Ávila tiene el mismo valor que el inútil gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo. Y en las calles de Toluca, dicen los vendedores ambulantes que todavía trabajan, hay un nuevo grupo que cobra los derechos de piso y mercancías.

Los Caballeros Templarios.

El Barco Ebrio

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Algunos consideran que el gobierno federal encabezado por el mexiquense Enrique Peña prepara la legalización de una dictadura donde, para empezar, se criminaliza la protesta callejera. El plan es simple. No se podrá salir a la calle a manifestarse sin permiso del gobierno. Cualquiera que lo haga de otra manera, incurrirá en delitos. El tema lleva sus derivaciones. Así se le concede la razón al gobierno y se ampara legalmente para ejercer lo que todavía se conoce como represión. Esta represión, legalizada, se transforma de facto en la aplicación irrestricta de la ley, como dirían los políticos. Se cree que esta ley alcanzará tarde que temprano las redes sociales, donde sucederá lo mismo pero de manera virtual. Los detalles son lo de menos por ahora, pero ni siquiera los países que los medios masivos describen como represores tienen estas disposiciones. Corea del Norte, Venezuela y todos los ejes del mal, habidos y por haber no le llegan ni a los talones. Y colorín, colorado.

 

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Peo si por un lado la Federación se ocupa en acallar, por otro no escatima en sus propia publicidad. Más allá del increíble gasto que sabemos hace el grupo Atlacolmulco, la última adquisición es una selfie o autorretrato del actor gringo Kevin Spacey junto al mandatario Peña. Lo que primero pasó como una visita de orden social, hasta de “cuates”, se transformó en una de las compras más caras del año, pues esa fotito, hasta mal tomada, propia de un celular por supuesto, costó 8 millones de dólares, unos 90 millones de pesos. Si eso es verdad, todos queremos tomarnos la foto con nuestro presidente.

 

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La reaparición pública de Arturo Montiel no es casualidad ni tampoco se debe a que anda aburrido. Uno de los hacedores de peña, al menos en su primera etapa, siempre ha mantenido fuerte influencia sobre el mandatario mexicano No en balde es su tío. Por allí se ha filtrado que Montiel aspira a regresar a cargos públicos nada más para demostrar su pegada, porque dinero le sobra y, burdo y todo, domina el juego de sombras. No hila como Carlos Salinas, pero ni falta que le hace.

 

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En el Valle de México el gobernador del Edomex, Eruviel Ávila, puede atestiguar una avenida que lleva su nombre. La foto que le tomaron a la denominación, pintada todavía, y que difundió el diario Reforma, “atraviesa cuatro colonias en el municipio de La Paz y que fue renombrada como Avenida Doctor Eruviel Ávila Villegas” y según el alcalde Juan Medina, se trata de una muestra de agradecimiento porque la entidad “piensa en grande” peor además porque a su municipio se la ha dotado de presupuestos y ayudas extraordinarias. La ciudadanía de por allá está intrigada, pues quiere saber dónde pueden pasar a verificar el cumplimiento de programas sociales y su eficacia, así como las obras realidad. Nadie duda del trabajo del alcalde hasta que se demuestre lo contrario y nadie está en contra de que don Eruviel sea referencia de una avenida, aunque si el reconocimiento se lo ganara con trabajo estaría mejor. Lo del alcalde es, pues, pura cachaza, como dirían los antiguos reporteros.

 

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Y ya que se habla de Eruviel, el góber anda muy feliz inaugurando ferias de libros repletas de novedades y dando claquetazos a novelas de Televisa. En esto último fue muy criticado cuando asistió al Cosmovitral a ver el lanzamiento de la nueva obra maestra de Juan Osorio, que salió bueno para encontrar actrices que se caen de buenas y guapas. Mi Corazón es Tuyo, se llama la superproducción, y es encabezada por los excelentes histriones Mayrín Villanueva, Carmen Salinas, René Casados y Pablo Montero, por lo que la novela garantiza, pues qué más. “En el Estado de México nos encanta mostrar nuestra bellezas y estoy seguro que esta novela va a ser un éxito, Juan Osorio es garantía”, dijo sabiamente nuestro gobernador. Pus qué más podría decir. Una novela promedio, sin grandes luminarias como Lucerito –ándale- o William Levy, le cuesta a Televisa unos 650 millones de pesos, que recupera en dos semanas de trasmisiones.

 

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Está bien que las autoridades de Toluca se preocupen por conseguir que el centro de la ciudad se transforme en una atracción turística y organicen en conjunto escenarios como la pasada feria itinerante del libro. Cientos de miles acudieron a la Plaza de los Mártires hicieron posible que vender libros se transformara en negocio para todos. Aplaudido, el municipio consigue congruencia en propósitos y acciones, al menos en lo se refiere en la apuesta “educativa”. Sea como sea, ahí van. Pero lo malo es que, por otra parte, también ha dejado de lado, desde que inició la administración de la priista Martha Hilda González Calderón, el tema de la inseguridad. Tanto así, que hasta los militares patrullaron algunos días las calles de la ciudad. En Metepec elementos de policía federal realizan rondines a todas horas por colonias consideradas como peligrosas, como La Pila y La Pilita. Los resultados no los conocemos pero pronto se sabrán.

 

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Y Toluca, ensimismada en el fervor de la educación, olvida. Apenas el 20 de mayo a las 12 del día, en la calle de Horacio Zúñiga, justo atrás del mercado Morelos, en la colonia del mismo nombre, un hombre estacionaba su auto para hacer alguna diligencia en la zona. Más tardó en abrir su portezuela que en verse de pronto de rodillas, apuntado con una pistola, por dos sujetos que viajaban en motocicleta. Y en plena calle, a las 12 del día, con un montón de gente alrededor, los ladrones despojaron al hombre de todo. Quienes pudieron se refugiaron en los comercios cercanos y quienes no optaron por solamente no meterse. Realizado el atraco, los ladrones huyeron sin ninguna dificultad y media hora después ninguna patrulla había aparecido. Como pudo, el hombre se fue del lugar aunque dejó su vehículo, pues los pillos le quitaron las llaves.

Así ni cómo leer las 50 Sombras de Grey, por acordarnos de algún título novelesco de moda.

El rey de los monstruos

* Para los mexicanos acostumbrados al gran dinosaurio la película no es ninguna revelación. Inevitablemente surge la comparación, malísima por inocente, pero más porque Godzilla se queda corto, contra el régimen político, del partido que sea, que domine la administración pública. La inmensa mole de aquella lagartija se echa encima de todos. Los mata a todos con tal de atacar el mal, que no es otra cosa que una pareja de novios de 250 metros de altura, negros carboníferos y con mala actitud ante las reglas de etiqueta.

Miguel Alvarado

Ahí estaba Eruviel Ávila muy sentado en la inauguración de la Feria Itinerante del Libro, en el centro de Toluca, acompañado, entre otras personalidades, por la alcaldesa de Toluca, Martha Hilda González Calderón. Toda la Plaza de los Mártires, donde los mítines políticos y las dizque protestas de Antorcha Campesina meten hasta 10 mil acarreados, fue dispuesta para tender unas carpas que más parecían tiendas de campaña de reyes cruzados o jeques anticristianos en plena batalla en algún desierto. Todo muy bien, la verdad, decían unos mientras Eruviel se soplaba una actuación bastante desastrosa pero eso sí, muy ridícula, de tres jóvenes disfrazados de Nezahualcóyotl, don Quijote y la infaltable musa de la mercadotecnia cultural mexiquense, Sor Juana Inés de la Cruz. Organizada por Porrúa, sus submarcas y algunos colados, la Feria es en realidad un espacio de ventas inventado por los libreros para tratar de mover un producto que en México al 90 por ciento de la población le vale madres. Han tenido que entrarle desde hace años a la industria de la superación personal y ahora, con brutal enjundia pero muy sonrientes editan toda clase de historias referentes a bellísimos vampiros y hordas zombies que dominan el mundo, hermosamente ilustradas, al menos en la portada, y con letras de hasta 14 puntos para combatir hasta la ceguera. A estas alturas, leer el Libro Vaquero es un acto de heroísmo cuando los compas apenas se apuntan 2 libritos al año, dicen las estadísticas nacionales. Y está bien. De todas maneras los que dicen que leen un poco más de cualquier forma optan por novelas o narrativa que en todo caso tiene la misma función que los denostados best-seller. La evasión ha sido parte fundamental de la industria editorial porque todos tenemos derecho a un rato de esparcimiento. Lo malo es que ahora el futbol sobre todo y el maldito facebook acaparan cualquier tiempo libre pero también ya establecen un estilo de vida del que veremos sus efectos en menos de 15 años. El resto de los libros, la información dura, técnica o al menos los de investigación periodística siguen esperando el tiempo de los justos. Para eso está la etapa escolar, dicen otros. Claro, no es lo mismo que Diego Osorno y sus reportajes sobre narco compitan con Pérez Reverte o Élmer Mendoza y sus crónicas sicarias disfrazadas de ficción. Los dos últimos al menos escriben con todo el rigor de la fantasía. El otro, apenas lo que le dan sus investigaciones y el marco de su propio periodismo, que no le alcanza para ninguna forma literaria pero sí para arriesgar la vida en una de ésas. Y todo por una historia, que bien merece la pena. Pero resulta que el principal reclamo y prioridad de Toluca y el Estado de México es la inseguridad. Al lado de ese tema el problema de no leer es bastante superfluo. Todo estaría bien, incluso con todo y Jorge Bucay, un experto en compartir psicodramas y terapeuta gestáltico e invitado especial del ayuntamiento para esa itinerancia. Ya ni siquiera se les pide a las autoridades que no sean corruptas o no despilfarren los dineros. No lo harán jamás. La inseguridad ha colocado aquí un escenario más peligros que el de Michoacán o Tamaulipas porque en la tierra de Peña Nieto se niega el crimen desde lo oficial. No se acepta que el narco y la delincuencia están fuera de control y que la mayor parte de las veces las autoridades y los pillos están del mismo lado. Leer, estudiar, etcétera no es posible cuando la prioridad es comer y evitar una balacera. Un municipio educador debe… ah, pero ya, porque qué aburrido volver a decir lo mismo. Pero ya lo último, porque un municipio educador educa o provee y mantiene la seguridad. Qué quieren. Es más fácil poner una librería por 8 días que combatir al crimen. Ora que si no nos pareciera, pues también están el cine y sus propuestas, unas más cachondas que las otras. Para la ciudad está bien Godzilla, el Rey de los Monstruos y que en una versión superrecagada escandaliza las salitas del benémerito Cinemex, por cierto la única opción que hay en la ciudad, y que por cierto el ayuntamiento de Toluca le embargó hace unos días una pantalla por quedar a deber algo, no se especifica qué, en el cine ubicado entre la avenida López Portillo y Alfredo del Mazo. La otra opción es la piratería, pero es tan combatida por los televisos que ya hasta pena da mencionarla, aunque esté controlada por el narcotráfico. Unos dicen que también Televisa. Y el gobierno. Y la música. Y así. Pero Godzilla no se fija en pequeñeces. No es broma que mida como 300 metros de alto y tenga un espinazo bien chido del tamaño de Manhattan. Además es bien cuate porque a los destructores y naves norteamericanas que se aprestan para salvar al mundo de otros gigantes pestíferos pero muy, muy malos, casi los acaricia y nada junto a ellos en los mares más peligrosos. Godzilla domesticado, pues, sólo es nos faltaba, que el imperialismo yanqui (aquí van trompetas de guerra, por favor, y la imagen de un águila y Tom Cruise… al fondo un F-16 y la guapa chica en microcalzones esperando por un beso y lo que sigue) terminara con el símbolo cinematográfico de los japoneses vencidos a bombazos en la Segunda Guerra Mundial. Godzilla, vencedor del peludo Kong aunque azote de Tokyo y otros poblados, se somete al encanto de San Francisco y lo destruye felizmente en aras de un bien común. A güevo. La película número 27 de este tiranosaurio le va agarrando el estilo de una narrativa con menos cabos sueltos y a veces, hasta suspenso le incluye. Es increíble cómo una lagartija gorda y testaruda puede conseguirlo todo. Hasta una actriz de primerísima consiguió aquella producción y Juliette Binoche, ya madura y todo lo que eso significa, aparece sus buenos 5 minutos al principio, hasta que la mata una nube radioactiva y un derrumbe la termina de convertir en una caca muy francesa. Para los mexicanos acostumbrados al gran dinosaurio la película no es ninguna revelación. Inevitablemente surge la comparación, malísima por inocente, pero más porque Godzilla se queda corto, contra el régimen político, del partido que sea, que domine la administración pública. La inmensa mole de aquella lagartija se echa encima de todos. Los mata a todos con tal de atacar el mal, que no es otra cosa que una pareja de novios de 250 metros de altura, negros carboníferos y con mala actitud ante las reglas de etiqueta. Ellos sólo querían copular, debemos decir en su descargo. Total que el mexicano verá esta ocasión a Godzilla con un atisbo de copete muy a la Peña Nieto y no podrá tragar sus palomitas tranquilamente. Nada mal para una película de 160 millones de dólares y que en menos de 15 días ya tiene cerca de 200 recaudados. Nada más para cerrar. No vayan a ver Gozdilla a menos que los invite una chica y si está buena, mejor, porque hay tiempo suficiente para acomodarse las manos fuera del pantalón. México produce 330 millones 700 mil libros al año. El 47 por ciento lo hace la IP y el resto el gobierno. El mexicano lee en promedio 2.94 libros al año. El 70 por ciento de la población no lee nada y sin embargo el país ocupa el lugar 24 a nivel mundial en la lista de los países lectores. O sea, cómo. Hasta marzo del 2014 el Estado de México registraba 640 homicidios dolosos y se posicionaba en el primer lugar nacional. Hasta enero de este año era primer lugar nacional en secuestros y extorsión y tiene a once municipios ubicados entre los primeros 20 en el rubro de lesiones dolosas. Hay más, pero Godzilla se acerca disfrazado de funcionario del SAT.

El virrey

* Alfredo Castillo es uno de los representantes más autorizados del presidente Peña Nieto y su equipo de patrocinadores. Eficaz como operador político, tuvo que elegir cuando le presentaron la disyuntiva. Hasta ahora lo ha hecho bien y ha demostrado que la obediencia es un punto clave para conseguir objetivos políticos de grandes repercusiones. Y es que no se entiende que alguien acepte una operación como la de Huixquilucan y después la de Michoacán si no tiene aspiraciones políticas de primer nivel. Alfredo Castillo, se sabe desde Michoacán, será la primera opción de Peña Nieto para la gubernatura del Estado de México después del sexenio de Eruviel Ávila.

Miguel Alvarado
“El MP me pidió bajar un cadáver y sostenerle la cabeza para una foto”, dijo José Manuel Mireles, el depuesto líder de las Autodefensas en Michoacán y quien advierte que el verdadero narcotráfico es el que encabeza el llamado Papá Pitufo, Estanislao Beltrán, quien ha pactado con Alfredo Castillo Cervantes, Comisionado para la Paz en Michoacán, el reparto de la tierra purépecha.
No queda claro a quiénes combaten Alfredo Castillo y la Federación. El primero, un ex procurador de Justicia mexiquense en tiempos de Enrique Peña y que decidió que la niña Paulette Gebara estaba perdida debajo del colchón de su propia cama, con tres días de muerta en el 2010. El mapa político del país no es el mismo para el narcotráfico. En este último se ubica al Estado de México, Michoacán y Guerrero en una sola región. Cuando se habla de alguna de estas tres entidades en cuestión de narcotráfico es necesario pensarlas como una sola.
Castillo, con el poder militar y económico que otorga un presupuesto nacional dejó primero, a principios de este año, que los grupos de autodefensas pelearan y ganaran una guerra que no les correspondía. Luego los deshabilitó y dividió. Si bien los informes oficiales dicen que el equipo al mando de Castillo mató a dos líderes de los Caballeros Templarios, Enrique Plancarte y Nazario Moreno –a éste último por segunda vez- todavía no se sabe por qué no se ha podido capturar a último de ellos y más poderoso, Servando Gómez Martínez, La Tuta, de quien los autodefensas escindidos y ahora simpatizantes del ex vocero de aquella agrupación, José Manuel Mireles, ubican como el hombre que entregó a los presidentes municipales encarcelados por nexos con el narco y filtró un video en una reunión con el ex gobernador interino de Michoacán, Jesús Reyna. Todos están presos menos el capo, a quien en redes sociales se ubicaba a través de cuentas de los propios Autodefensas, cuando todavía formaban un solo frente.
Castillo ha despresurizado la acción militar en Michoacán y su trabajo representa uno de los frentes más difíciles en la administración de Peña Nieto, urgida de resultados inmediatos luego de promover un sinfín de reformas, casi todas privatizadoras y de control fiscal. Una nota del diario Unión de Guanajuato afirma que el salario de Castillo para la operación michoacana es de 23 mil 667 pesos como sueldo base, pero percibe una compensación por 171 mil 41 pesos mensuales, lo que da un salario bruto de 194 mil 708 pesos. “Si Alfredo Castillo Cervantes fuera gobernador sería el segundo mejor pagado, sólo detrás de Eruviel Ávila Villegas, del Estado de México. El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, tiene percepciones por 107 mil 282 pesos mensuales”, apunta ese diario.
Mientras La Tuta evade milagrosamente la acción militar y se hace humo, el grupo delictivo que en realidad ha sido desintegrado es La Familia. Oficialmente, la Federación la “desapareció” el 21 de junio de 2011, con la detención en Aguascalientes de Jesús Méndez Vargas, alias “El Chango”. En realidad se trataba de un efecto mediático. Incluso en Wikipedia, la enciclopedia electrónica más popular del mundo pero no la mejor fuente de información, se da a conocer que en el Estado de México ese cártel está desaparecido. Colocar esa información allí no es casualidad. Pero mientras eso se propaga la realidad es otra para la entidad mexiquense, donde en el Triángulo de la Brecha se libra una guerra por el control de la región entre Templarios, La Familia y hasta los Zetas, que ha dejado más de 50 muertos no reconocidos por el gobierno en los últimos meses. La Tuta, por ejemplo, es ubicado en el municipio de Arteaga “en su casa bien a gusto”, según el propio Mireles.
En Michoacán los Templarios no fueron combatidos como lo dijo el comisionado Castillo. El grupo de Mireles lo acusa de proteger a ese cártel y llegar a acuerdos para gestar un nuevo orden en el narcotráfico. La Familia, desplazada, no se ha desintegrado como también lo dice la Federación y en este campo de simulaciones se orquesta una nueva operación que elimina intermediarios y garantiza que la producción de droga se mantenga. Porque si bien han caído Plancarte y Moreno, no se ha detenido la entrega de estupefaciente en el país y el extranjero.
La política en México significa trabajar para los intereses de un reducido grupo que no tiene nada que ver con la ciudadanía o con el cumplimiento de la ley o con las mejoras comunes. Es solamente la cooperación acertada y eficaz para que algunos obtengan poder, dinero o algo que, según ellos, es de suma importancia, como el control y trasiego de la droga, que así nomás deja 40 mil millones de dólares al año en ganancias brutas.
Alfredo Castillo es uno de los representantes más autorizados del presidente Peña Nieto y su equipo de patrocinadores. Eficaz como operador político, tuvo que elegir cuando le presentaron la disyuntiva. Hasta ahora lo ha hecho bien y ha demostrado que la obediencia es un punto clave para conseguir objetivos políticos de grandes repercusiones. Y es que no se entiende que alguien acepte una operación como la de Huixquilucan y después la de Michoacán si no tiene aspiraciones políticas de primer nivel. Alfredo Castillo, se sabe desde Michoacán, será la primera opción de Peña Nieto para la gubernatura del Estado de México después del sexenio de Eruviel Ávila.
José Manuel Mireles lo corrobora en una entrevista otorgada a la reportera Sanjuana Martínez: “ya hay negocio con Castillo. Sé que en la casa de la mamá de “La Tuta” cuando entramos a Arteaga, los Viagras, Burro, Pitufo y Cinco, sacaron 30 millones de dólares en un fondo que estaba allí en la cocina. Me dicen que le dieron 5 millones de dólares a Castillo, porque dice que él quiere ser el gobernador del Estado de México y tiene que juntar fondos desde ahorita. No me consta, pero desgraciadamente todo lo que digo desde hace 14 meses, de lo que me cuentan la gente que estuvo allí, sale cierto, como lo de Chucho Reyna que ahora está preso y algunos presidentes municipales que ya están presos y algunos senadores y diputados que todavía no los exhibimos, pero andan detrás de ellos”.
“— ¿Cree que Castillo lo quiere eliminar y que fue el responsable de su destitución?
“— Claro, a mí me habló un contacto que tengo y me dijo: “De la oficina de Castillo están saliendo las actas para destituirte”. Es represalia por lo que le estoy diciendo a Peña Nieto: ‘queremos hablar contigo, porque los interlocutores ya agarraron línea, ya andan en otro lado’. Y como hay muchos miles de millones de pesos, allí están. ¡A huevo!”.
La repercusión de una guerra verdadera pero con los frentes poco claros pega ya en el Estado de México. Comerciantes ambulantes de Toluca denuncian, por ejemplo, que las calles de la ciudad están vigiladas por halcones de los Templarios, quienes les dicen que son el nuevo grupo que controla la ciudad. Si se atiende a la versión oficial sobre el combate a los Templarios, resulta hasta cómico que Castillo, el ex procurador de Peña cuando era gobernador, los eche de Michoacán pero el efecto los encamine precisamente a la capital del Grupo Atlacomulco.
La llegada y el asentamiento de un cártel siempre han tenido que ver con el permiso, el acuerdo de las autoridades, ya presionadas o por conveniencia. La llegada de la Familia a Toluca, luego de controlado el sur mexiquense, sucedió precisamente así, cuando el ayuntamiento local al menos se hizo de la vista gorda en el 2003 y puso a los propios ambulantes en bandeja para ser extorsionados. La colusión de autoridades de primer nivel y mandos policiacos hizo posible el mercado. Sucede lo mismo con los Templarios. El Efecto Cucaracha representa, en todo caso, una puerta abierta para los empresarios de la droga.
Castillo en Michoacán ya es testigo de las primeras denuncias sobre la actividad de sus policías rurales, llamados así cuando los autodefensas afines a él se institucionalizaron. En el municipio de Aquila, los comuneros denuncian extorsiones de los nuevos policías por hasta 700 mil pesos mensuales a cambio de brindar seguridad. El fenómeno es el mismo que con los templarios, y que el ex procurador del Edomex alienta el paramilitarismo y confronta a las comunidades”, reproducía el semanario Proceso el 14 de mayo del 2014.
“Han amenazado a las autoridades comunitarias, dicen que si no les entregamos lo mismo que le dábamos a Los Caballeros Templarios, nos van a levantar y nos van a matar, ya no puedo entrar a mi oficina ni organizar una asamblea porque llegan a exigirme el dinero”, denuncia el presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Aquila, Octavio Villanueva Magaña. Eso sucede en las narices de las fuerzas federales.
Lo mismo pasa en Luvianos, Estado de México, donde un comando de sicarios puede tomar el palacio municipal, levantar a siete policías y asesinar a un funcionario mientras una base militar se establece a cinco minutos, a pie, del edificio.
Pero la guerra en Michoacán está lejos de finiquitarse. José Manuel Mireles, el depuesto vocero autodefensa, afirma que el 70 por ciento de aquel estado está con él y que Castillo no los ha dejado entrar a capitales michoacanas porque protege a los jefes del narco.
Entonces, ¿quiénes son los malos? ¿Qué es el gobierno?
Lo que pasa en Michoacán sucede en el Estado de México.

Un asesino en el sindicato

* “El pistolero salió corriendo del lugar para abordar un auto que ya lo esperaba, según la declaración de la acompañante quien, después de unos segundos de sorpresa, subió al Grand Marquis, lo encendió y salió para tratar de dar alcance al asesino. No lo logró. En unos minutos, la noticia prendió. En el fuego vivo, las primeras conjeturas apuntaron a una riña con borrachos, un asalto o una venganza pasional. Nada de eso sería verdad. Nadie tampoco lo habría creído”, escribe Francisco Cruz en el libro “Los amos de la mafia sindical”, editado por Planeta en el 2014.

 

Francisco Cruz

Aunque los pormenores en archivos de ferrocarriles eran un caos con documentos reservados, en el mejor de los casos, o perdidos; y a las memorias de gestión administrativa y sindical sólo un puñado de funcionarios tenía acceso, había otras cuestiones que, vistas a la distancia, peraltistas y Gómez Zepeda no podían dejar en manos de sus enemigos porque representaban una mina de oro. Según se supo más adelante, en el gobierno del presidente Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) se gestó un curioso acuerdo que, palabras más, palabras menos, otorgó el estatus de reserva territorial, para beneficio de los hijos de los obreros, a las casas en terrenos de Ferrocarriles Nacionales de México. Ese mismo beneficio recibían los terrenos que no fueran de utilidad para la empresa, por más que ésta —desde que la dirigió Caso Lombardo entre 1986 y 1988 y a través de contratos fantasma— los hubiera puesto a la venta a particulares con el visto bueno del sindicato de Peralta, como establecía el modelo neoliberal que se adoptó en 1982.

Desprotegidos, los obreros poco se enteraron de que, sólo en 1992, se habían regularizado 900 mil metros cuadrados, mientras que otros 610 mil metros estaban en proceso de regularización, dentro del Programa Habitacional Ferrocarrilero. Peña Medina, el vocero de Praxedis, le dijo a la revista Proceso en 1993: “En el Contrato Colectivo de Trabajo se estipuló que cuando los terrenos no sean de utilidad para la empresa, pasaran al patrimonio de los trabajadores. Sin embargo, durante mucho tiempo hubo irregularidades en el procedimiento para beneficiar a las familias ferrocarrileras, por lo que las autoridades habían decidido suspender todo trámite para desafectación del dominio público de Ferrocarriles a favor del sindicato. Pero se creó una comisión para cotejar en su momento todos los predios que ya están decretados […] Y se agilice su regularización”. Poco antes de que se pusiera en marcha el programa para concesionar ferrocarriles, se supo que en el aire estaba el destino de cerca de 70 millones de metros cuadrados de terrenos propiedad de la empresa.

El desbordamiento de pasiones en la guerra por controlar al sindicato ferrocarrilero llegó a los extremos porque la organización era y es vista no sólo como un gran negocio porque los líderes, además del control de las cuotas obreras y el manejo del fondo de los pensionados, tienen sus espacios de operación en el Partido Revolucionario Institucional. Abierta o soterrada la disputa, todas las noticias quedaron sepultadas en los primeros minutos de la madrugada del 17 de julio de 1993, cuando Praxedis Fraustro Esquivel, el secretario general del sindicato y diputado local por un distrito de Nuevo León, fue asesinado de dos balazos por la espalda apenas al llegar al hotel Pontevedra en la zona de Buenavista, casi frente a la estación del ferrocarril en la ciudad de México.

La prensa dio cuenta al día siguiente. Y la facción opositora en el sindicato puso énfasis en las versiones del homicidio del fuero común, producto de un intento de asalto; también se hicieron intentos por esparcir los rumores de crimen pasional. Fernando Miranda se dio a la tarea de reconstruir el atentado: “En el estacionamiento subterráneo del hotel, apenas el líder bajó de su automóvil, un Grand Marquis rosa chiclamino —acompañado por una mujer con quien sostenía relaciones extramaritales—, cuando, de entre la penumbra, surgió un pistolero que se aproximó con un arma de fuego y le dio dos balazos a quemarropa: uno en la nuca y otro en la parte baja de la espalda. Praxedis se hospedaba en una lujosa suite desde que había tomado posesión como secretario nbacional del sindicato. Pero esa madrugada en especial estaba en el hotel porque a las ocho de la mañana participaría en la ceremonia del Día de la Nacionalización de los Ferrocarriles, en la explanada de Buenavista.

“El pistolero salió corriendo del lugar para abordar un auto que ya lo esperaba, según la declaración de la acompañante quien, después de unos segundos de sorpresa, subió al Grand Marquis, lo encendió y salió para tratar de dar alcance al asesino. No lo logró. En unos minutos, la noticia prendió. En el fuego vivo, las primeras conjeturas apuntaron a una riña con borrachos, un asalto o una venganza pasional. Nada de eso sería verdad. Nadie tampoco lo habría creído”. Esa muerte despertó reacciones de dolor y rechazo.

Todos los ferrocarrileros, y esa era una verdad, recordaron que, en la primera semana de febrero de 1992, Praxedis le había ganado la Secretaría Nacional a Peralta, al grupo Héroe de Nacozari de Gómez Zepeda y al incrédulo Caso Lombardo. La Secretaría de Trabajo fue obligada a entregarle la toma de nota o el llamado reconocimiento de gobierno a la nueva dirigencia, lo cual, hoy todavía, no es algo tan sencillo. Hay líderes que luchan años para conseguirla y otros, de plano, nunca la reciben.

De entre lo impensable y los más descabellados chismes —lo que más había, además de la incapacidad de la Policía Judicial del Distrito Federal—, los peores se hicieron realidad: en el proceso de negociaciones por las carteras sindicales que se ocuparían aquel febrero de 1992, los derrotados, Peralta, Gómez y Caso, se apropiaron de la mayoría de los puestos clave. El más importante fue Víctor Flores. Con el fracaso electoral de Peralta, su protector, él se cayó para arriba: de la Secretaría Nacional de Ajuste por Trenes fue nombrado secretario Nacional Tesorero. Con él en esa posición, la empresa intentaría ahorcar financieramente, a Praxedis. Flores que conocía muy bien el manejo de los recursos sindicales desde que en el trienio 1986-1989 su amigo, compadre y jefe Peralta lo nombró primer vocal del Comité Nacional de Vigilancia y Fiscalización.

Si hubo estupor cuando los ferrocarrileros conocieron al equipo de Praxedis, la magnitud de su crimen fue demasiada. Y sí, hubo desconsuelo, desconcierto, desazón y miedo. El escándalo del asesinato impactó en los cimientos del sindicalismo ferrocarrilero, pero nada pasó. Los trabajadores entraron en una etapa de pánico generalizado y de allí pasaron a la inmovilidad porque ejecutaron a Praxedis teniendo a su disposición un séquito de guardaespaldas amparados en las armas. El homicidio los hizo entender, por lo menos así lo siguen sintiendo, que su sindicato tenía dueños desalmados, delincuentes capaces de quién sabe qué cosas, corriendo tras las concesiones políticas, ríos de dinero de las cuotas de los obreros —sino, ¿para qué desaparecer a dos rieleros de renombre: uno ex dirigente y, otro, el dirigente, en menos de un mes?—, así como de los grandes negocios que deja tras de sí el control de los obreros.

El drama siguió su curso; en ese momento se comprobó que hubo una traición porque, al momento del atentado y en una situación tan volátil en el sindicato, Praxedis estaba solito, apenas acompañado por su amante. Los obreros levantaron una pregunta que nadie adentro quiso escuchar y las autoridades no pudieron ni se atrevieron responder: ¿A dónde estaban los guardaespaldas de Praxedis? Muy pocos comprendieron qué estaba pasando y, por temor, otros tampoco buscaron explicaciones. Pese a la irracionalidad del crimen, nadie abrió la boca. Los restos de Praxedis Fraustro Esquivel fueron entregados a su familia y velados.

En el mismo instante en que la familia de Praxedis recibía el pésame y solidaridad por parte de los obreros, con apoyo del secretario Caso Lombardo y de Jorge Peralta, el grupo Héroe de Nacozari retomó sus viejas costumbres caciquiles —no se atrevió a exponerse al ridículo con un riguroso examen a través de elecciones extraordinarias— y maquinó el ascenso del tesorero Víctor Flores, aunque no hacía falta porque éste tenían ya un grupo propio avalado por su maestro Peralta.