Guerras invisibles

* El miércoles 7 de mayo a las 10 de la mañana las 31 organizaciones que operan en Toluca habían citado a sus miembros en la zona de la Terminal para marchar al centro de la ciudad y exigir la destitución de César Coronel, director de la Unidad de Verificación Administrativa. Según él, “ya existen suficientes áreas donde se permite desarrollar esa actividad, como son los 23 tianguis, siete mercados, además las áreas de tolerancia como escuelas e iglesias”, y los comerciantes sin permiso se deben retirar por cuestiones de orden.

 

Miguel Alvarado
“Mi abuelo también fue comerciante y conozco cuál es la vida que llevan quienes se enfocan a este trabajo porque parte de mi infancia la pasé en un mercado”, decía Martha Hilda González Calderón en el 2012, en plena campaña electoral que la llevaría a ocupar la presidencia municipal de la capital del Estado de México.
Pero eso ha quedado atrás. González no es mercader ni tampoco ambulante. Y si es verdad lo que dice, las lecciones recibidas fueron otras. La policía municipal patrulla Valle Verde, el área de la Terminal de Toluca. Pero no busca criminales o narcotiendas, ni siquiera auxiliar a alguien en apuros. La orden del día es vigilar que los comerciantes ambulantes no instalen sus puestos en ninguna de las calles aledañas. Para eso implementó un operativo policiaco que cerró calles y pasajes desde el 6 de mayo. El gobierno municipal de Toluca, capital del Estado de México decidió esta administración que el ambulantaje estaría prohibido en el primer cuadro de la ciudad y algunas zonas con gran afluencia. Fuera del primer cuadro las ventas en la calle no representan prácticamente nada. Para los comerciantes populares, el año y medio de gobierno de González Calderón lo traducen con una sola palabra: represión.
El miércoles 7 de mayo a las 10 de la mañana las 31 organizaciones que operan en Toluca habían citado a sus miembros en la zona de la Terminal para marchar al centro de la ciudad y exigir la destitución de César Coronel, director de la Unidad de Verificación Administrativa. Según él, “ya existen suficientes áreas donde se permite desarrollar esa actividad, como son los 23 tianguis, siete mercados, además las áreas de tolerancia como escuelas e iglesias”, y los comerciantes sin permiso se deben retirar por cuestiones de orden. Según él y la alcaldesa, que el comercio impida caminar por aceras y obligue a hacerlo por el arroyo vehicular puede causar desastres inimaginables. Acepta sin embargo que la cantidad de comerciantes en las calles es incuantificable. Pero esa es la postura pública y la explicación tan endeble como duros los operativos. Detrás del desalojo se encuentran intereses por millones de pesos pero además un botín político a la venta y que siempre ha sido determinante en tiempos electorales. Las próximas elecciones en el Edomex serán en el 2015 y ya se prepara al votante cautivo, entre ellos el del comercio callejero.
No es tan fácil negociar cuando el personal de Coronel se excede en su trabajo. Es verdad que decomisan mercancía, pero también es cierto que cuando el afectado va a reclamarla, le entregan el 25 por ciento del total requisado. Han golpeado a los ambulantes y los líderes tampoco se han salvado de la persecución. A estas alturas las organizaciones están prácticamente cercadas en lo económico, pues no hay dinero que alcance para poder sobrevivir. Para ellos las cuentas son muy simples. De cada cinco pesos, uno es para el policía, otro para el inspector, uno para el vendedor y dos para el que provee la mercancía. El problema es que hay que vender.
El comercio en las calles deja dividendos millonarios. Solamente las cuotas en el mercado Juárez generan 3.2 millones de pesos al mes. Coronel considera que este tipo de comercio tiene apenas 30 ó 40 años pero olvida que la práctica existe desde la primera sociedad organizada. Es el elemental trueque ahora con dinero e intereses políticos en medio. Los ambulantes de Toluca saben que los inspectores, a quienes señalan como “ése de la chamarra roja y los dos que están junto a él”, se ensañan. Hay otro, cuentan, que se mete a los baños a sacar a las indígenas, que se refugian en ellos cuando hay operativos. “Él mismo las arrastra afuera”.
Sólo se cumple con el Bando. Las órdenes están impresas. Pero los comerciantes cada vez obtienen menos ingresos. Según ellos, de todas maneras deben pagar impuestos ante Hacienda, requisito indispensable, además, para ser credencializados y obtener un espacio de venta. El error de Martha Hilda González fue prometer mucho a un sector cuya actividad pública puede reventar una ciudad como Toluca. González es una política a la vieja usanza. Con poco tacto, recurre a la técnica y mientras soslaya los principales problemas de la ciudad, la inseguridad y el desempleo, por otro lado construye una especie de utopía al nombrar Toluca “municipio educador” y pretender construir edificios innecesarios si se comparan con lo esencial. La postura del municipio es clara. No hay espacios para ambulantes en los lugares donde la venta tradicionalmente está garantizada. Y esta postura durará hasta el momento de elegir bando electoral.
Por lo pronto 26 de las 31 organizaciones marcharon el 8 de mayo. La llegada de estudiantes de Tenería los reforzaría pero esta manifestación, abierta confrontación con Martha Hilda González, los pondría cara a cara con la fuerza policiaca. Una guerra de baja intensidad se libra en México. Toluca no es la excepción. Los más desprotegidos, los pobres, son el blanco de una especie de batalla racial contra los estratos “invisibles”, la pobreza. Pareciera que la mejor forma de acabar con ella es exterminar a los pobres. La intención de meter orden económico, legalizar de alguna manera ingresos adquiere brutalidad en el camino. No hay violencia contra las empresas multinacionales o el trust mexicano de la telecomunicación, por ejemplo. Las prácticas en la cúpula incuban la corrupción, que corre hacia abajo por sus propios caminos. Las tácticas de intimidación están ligadas a los sistemas de producción y los grandes capitales, propiedad o sociedad de políticos. El ciudadano en México es un moderno esclavo que trabaja para unos cuantos y garantiza su propia sobrevivencia sólo por unos días. El trabajo se coinvierte en una condena y la lucha por espacios, dinero y comida en una guerra entre los propios trabajadores, legalizados o no.
El contingente ambulante reunió 400 personas, unos 50 niños entre ellas. Allí mismo prepararon mantas y cartulinas, organizaron a los participantes, dieron orden a las consignas, arengaron. Todo eso debajo de un módulo de policía y junto a un enorme Mando Municipal. Marchas como éstas tienen diversos objetivos. Los comerciantes los tuvieron claros desde el principio. Uno, el oficial, era exigir la destitución del director César Coronel, pero los reales, los posibles eran otros.
“Mira, la cosa es que las pinches autoridades nunca nos van a hacer caso si no les conviene. Eso es una ley que hemos aprendido a base de putazos y hasta de cárcel. Muchos líderes hemos sido encarcelados y otros que andan por aquí con nosotros tienen demandas hasta por secuestro, todas inventadas o acomodadas por las autoridades para tener una excusa y chingarnos. La cosa es que las marchas no sirven de nada. ¿A poco crees que Eruviel Ávila nos va a recibir nada más porque hacemos una pinche marcha? Tampoco Martha Hilda lo va a hacer. Tampoco van a destituir a nadie. ¿Entonces? La hacemos porque de pronto hay que recordarles, y que les tiemblen los güevos aunque sea poquito, pero la razón fundamental es la venta”, dice una de las líderes mientras camina al frente de sus comerciantes.
Casi todos los participantes llevan mercancía. Ya saben qué hacer cuando se llegue al centro de la ciudad. Mientras unos gritan las consignas y exigen recepción, los otros se esparcirán por las calles aledañas y harán el tendido. Los carros de las papas van delante, acompañados de los fruteros. Luego, los que venden en el suelo. Por ahí, los eloteros, los dulceros y niñas con cajas de cigarros. El camino es también propicio. La venta se produce y hasta entre ellos se compran.
Mientras, una compañía de la policía montada pasa ominosa junto a los comerciantes. Nadie dice nada. Todos callan para verlos. Los policías tampoco dicen nada. Los radios apagados, sólo se escucha el tráfico y el trote de los animales sobre el cemento. Una policía toma fotos con un celular a las mantas que ya se han desplegado. Algunos se burlan de ella y piden a los presentes posar “pal feis”. Ella corre rápidamente al refugio de una patrulla, estacionada cerca del sitio de reunión.
El contingente espera la señal de los líderes, quienes esperan la última pieza en el rompecabezas, la llegada de los estudiantes de Tenería, que apenas llegan en número de 20. Hay más camiones en camino, pero tardan demasiado. La marcha se pone en movimiento.

La crisis de Palmillas

Las explicaciones sobre las prohibiciones para vender en la calle son endebles. También lo son los paliativos implementados por el gobierno municipal. Pequeñas plazas comerciales con minilocales para una cantidad incuantificable de vendedores es descabellada. “Nos toca usarla una hora cada uno”, dice una de las líderes, “pero además no nos ayudaron con la renta como dijeron y no se vende nada desde allí”.
También los comerciantes establecidos del primer cuadro están enojados con el gobierno porque ha puesto trabas a sus operaciones. Si una licencia falta, la clausura es inmediata, lo cual significa una aplicación ciega de la ley. Pero ya aplicada, las condiciones para adquirir los permisos son imposibles. La burocracia no permite que se reabra, al menos no de inmediato. Las pérdidas debido a protocolos innecesarios las pérdidas son cuantiosas. La llegada de ambulantes al primer cuadro, en la marcha, confronta a los negocios con la autoridad, a la que recuerdan que es mejor un espacio para todos y no una invasión de este tipo.
Pero los espacios existen. El reclamado director Coronel tiene razón en cuanto al número de tianguis y mercados, pero su información es parcial. En el 2006 uno de los tianguis más grandes del país fue desalojado por el alcalde panista Juan Rodolfo Sánchez Gómez. Ese tianguis tenía éxito porque estaba junto a la terminal camionera y era accesible en todos los sentidos de transporte. Ocasionaba un enorme congestionamiento pero la derrama económica era importante.
Cerrada la explanada y transformada luego en una especie de parque que hasta la fecha sigue en construcción, a los comerciantes se les reubicó en Palmillas, a unos 15 kilómetros. Allí se otorgaron espacios y se repartió la superficie, pero no a todos les tocó un lugar.
Ese predio fue vendido al ayuntamiento por Mayolo del Mazo Alcántara, de cuyos apellidos se desprende toda una red de “negocios de familia” y que revela cómo la línea sanguínea del presidente Enrique Peña Nieto ha gobernado el Edomex por más de 8 décadas.
El apellido Monroy tiene un peso especial en el Estado de México. Originarios de Atlacomulco, los integrantes de esa familia han trabajado por años en los círculos cercanos del poder estatal. El padre de Carolina Monroy, por ejemplo, era hermano de Juan Monroy, el principal socio y patrocinador de Arturo Montiel hace años. A Juan se le mencionaba en su tiempo como el principal sucesor del ex gobernador Jorge Jiménez Cantú, en su tiempo, quien a su vez era protegido y aliado del profesor Carlos Hank González. La madre de Carolina Monroy, Ofelia del Mazo Alcántara, es hermana de Mayolo de Mazo Alcántara, empresario y político mexiquense que trabaja en el sector del transporte y es copropietario de agencias de automóviles pero también de líneas camioneras. El apellido Del Mazo en la rama de los Monroy se liga al de los ex gobernadores Alfredo del Mazo Vélez, Del Mazo González y el del ex alcalde de Huixquilucan, Alfredo del Mazo Maza, actual director de Banobras. Pero también los Alcántara son dueños de la Terminal camionera de Toluca y construyeron además la central de Observatorio. Siempre han ocupado cargos políticos relacionados con el transporte.
“Ese terreno de Palmillas es ejidal. No sé cómo pudo venderlo Mayolo del Mazo al ayuntamiento. En todo caso hay una irregularidad. Pero ésta continúa porque el municipio cobra a los tianguistas cuando el uso de suelo no ha sido cambiado. Eso es un fraude”, dice otro líder ambulante que participa en la marcha
Tiene razón. Aquel espacio en Palmillas está prácticamente lleno. Sólo hay lugar para unos 400 comerciantes más, pero éstos demandan mil 600, que en las condiciones actuales son imposibles de ubicar. El ayuntamiento de Toluca gasta más en mantener aquel mercado que en lo que gana por cuotas y otras cosas. No le conviene tenerlo pues es una inversión que no genera ganancias para el municipio. La alcaldesa Martha Hilda ha dicho a los ambulantes que habrá un fondo por 30 millones de pesos, proveniente del Ramo 33 y estatal, para generar una estructura física en Palmillas, remodelándolo para tener un verdadero mercado. Pero los ambulantes alertan que no es viable nada porque el dinero nunca es bien administrado.
“Hace un año metieron un millón y medio de pesos pero lo que hicieron, se los comprobamos, no ascendía ni a 250 mil pesos. ¿Dónde está el resto del dinero?”, afirman los líderes, quienes exigen al municipio formar junto con ellos un comité para auditar ese fondo.
El ayuntamiento había entregado permisos para puestos en la parte posterior de Palmillas, en un terreno donde los gobiernos tiraban chatarra y autos inservibles. Pero resultó ser de la familia Manzur, con peso político histórico, y que se opuso a la presencia de los comerciantes. Lo mismo sucedió en otro espacio, éste perteneciente a la familia León, propietarios de grúas.
Las mejoras en el mercado de Palmillas fueron promesa de campaña de González Calderón, quien prometió uno de los más modernos del país para Toluca a cambio del voto ambulante, que en ese tianguis congrega a unos 10 mil comerciantes. González, sin embargo, no debe ignorar que en ese lugar apenas el 10 por ciento de ellos vive en la capital mexiquense.
El mismo proyecto lo han tenido todos los alcaldes en los últimos 25 años, como el mismo Sánchez Gómez, el del desalojo, quien había destinado 150 millones de pesos para habilitar el mercado. Nunca se hizo.
Si un negocio no deja, se cierra. Y esa es la lógica hasta del ayuntamiento. Palmillas, dicen los ambulantes, está destinado a desaparecer más temprano que tarde porque esa zona y hasta el entronque del sistema ferroviario ha sido prometido y vendido a grandes empresas como Liverpool, Walmart o Coppel, que ya inician la construcción de almacenes previendo que allí, además de todo, se edificará la nueva Bombonera, el estadio de futbol para el equipo profesional de la ciudad. La venta de terrenos ha sido confirmada por ejidatarios, quienes todavía viven en sus propiedades pero en calidad de “cuidadores”.
Si levantar un emporio comercial en la zona más pobre de Toluca se concreta, los ambulantes estarán en las mismas. Esta vez no habrá espacio para ellos en ninguna parte, excepto en las afueras del municipio. A ellos se les ha dicho que podrían ser enviados a Colinas del Sol, en los límites con Almoloya de Juárez, a 40 minutos de la ciudad en auto. A nadie le conviene. Pero Palmillas parece condenado al fracaso si no se modifican sus rutinas. Es un tianguis enorme pero que sólo se usa dos veces por semana y que además ha sido invadido por el narcotráfico, que ha visto en los ambulantes al grupo ideal para pagar cuotas de manera permanente.
La marcha del 8 de mayo transcurrió en calma. Y no fue sino hasta entrada la tarde que algunos se enteraron de que los alumnos de Tenería, que llegaron luego, habían causado desórdenes en la Terminal minutos después de que los comerciantes llegaran al centro. Dese Chalma habían secuestrado 22 camiones y dañado 13 unidades. A Toluca llegaron armados de palos y tubos pero la policía les impidió el paso. De todas maneras capturaron otras 23 unidades para regresar a Tenancingo. El saldo fue de cinco detenidos.
– ¿Ya sabe lo que pasó en la terminal?
– Ya, sí. Desde anoche.
– ¿Cómo?
– Pues por eso estamos aquí a salvo, por los de Tenería. Ya, vamos a seguir con esto.

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