Avance de la libertad sindical

* La amenaza del despido por malos resultados en una tercera evaluación, impuesta en la normatividad reciente en nuestra entidad el 11 de marzo del año en curso para ser precisos, es contrario al derecho de audiencia y de debido proceso que garantiza el artículo 14 Constitucional, elimina el principio de seguridad y certeza jurídica que establecen los artículo 16 y 17 de nuestra Carta Magna en perjuicio de los maestros.
Luis Zamora Calzada
Nuestro agradecimiento a las preguntas y solicitud de aclaraciones en torno a la Libertad Sindical, sobre todo respecto al oficio de pago de cuotas sindicales de la Secretaría de Finanzas del gobierno del Estado de México.
La actuación de la instancia gubernativa es resultado de sentencias de diversos procesos, de los cuales compartimos unos párrafos del dictado por los C. Magistrados Federales del Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Segundo Circuito, quienes resolvieron a favor del SUMAEM un recurso denominado inconformidad 1/2014, en lo que interesa determinaron:
“… de las consideraciones en que se apoya la concesión de amparo, cabe destacar que la sentencia protectora se sustentó medularmente en lo siguiente:
I). Si una vez otorgado el registro del sindicato y de su directiva por parte de los tribunales competentes, produce efectos legales ante todas las autoridades, incluyendo las administrativas, era necesario, que la autoridad citara el precepto legal que la facultara a desconocer derechos que ya le fueron reconocidos al sindicato quejoso.
II). La responsable dejó al gobernado en la incertidumbre de conocer los fundamentos legales y las razones por las que no era procedente otorgar la autorización de pago de cuotas sindicales al Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México, con registro R.S. 2/2007.
III). Por actuar la responsable en ese sentido, se violó en perjuicio del solicitante del amparo, el artículo 16 de la Carta Magna, al no estar satisfechos en el oficio reclamado los requisitos que establece dicho precepto, con lo cual dejó en estado de indefensión al quejoso, pues no dio los fundamentos legales que llevaron a la autoridad a no dar contestación en los términos solicitados en sus peticiones.
Siendo el caso, que la autoridad al emitir su resolución cumplimentadora de la sentencia de amparo, no cumplió con los efectos del amparo, esto es, de fundar su nuevo fallo, dado que no citó e invoco precepto que la facultara a desconocer derechos que ya le fueron reconocidos al sindicato quejoso; además, que tampoco señaló los fundamentos legales que la llevaron a denegar la devolución de las cuotas solicitadas…”.
Para muchos, párrafos fulminantes, para nosotros otro avance de la Libertad Sindical de los maestros en este gobierno estatal que se resiste a cumplir con la Ley en la materia. Seguimos con paso firme.
Obsequio a los maestros
Parafraseando a Sun Tzu, autor de “El arte de la guerra” y respetuosamente con ajustes para el profesorado, se puede asegurar en estos años difíciles que “…si los (maestros) carecen de un severo entrenamiento, estarán inquietos y vacilantes en (la docencia); si carecen de una formación íntegra, se doblegaran frente (a la evaluación)”.
Lo anterior en razón de que el Ejecutivo y legislativos federales y locales olvidaron una máxima de la obra citada, escrita hace más de 2 mil años: “ni recompensas ni sanciones deben atribuirse en exceso”.
La amenaza del despido por malos resultados en una tercera evaluación, impuesta en la normatividad reciente en nuestra entidad el 11 de marzo del año en curso para ser precisos, es contrario al derecho de audiencia y de debido proceso que garantiza el artículo 14 Constitucional, elimina el principio de seguridad y certeza jurídica que establecen los artículo 16 y 17 de nuestra Carta Magna en perjuicio de los maestros, de un plumazo la autoridad elimina los derechos garantizados en el artículo 3 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, que determina son irrenunciables, entre otros el derecho al trabajo y al salario, que son medios de subsistencia del trabador, lo que a todas luces es una sanción en exceso.
La privación del derecho al trabajo y salario en la forma planteada constituye un acto de autoridad que se combate por la vía constitucional al perjudicar al maestro sin aplicar las formalidades esenciales, tal y como la ley lo establece.
Las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite, no tienen la facultad para ir más allá porque lesiona los derechos del trabajador, deja en estado de indefensión al maestro.
Pretender despedir por la simple voluntad o determinación de un sujeto en una responsabilidad administrativa, llámese como se llame, es impedir que se administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que se fijan, tal y como lo establece el artículo 17 Constitucional, donde el funcionario tiene prohibido romper el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre los trabajadores y la patronal.
Como es notorio, los docentes tenemos una asignatura más que aprender, cómo defendernos de las determinaciones de administradores que no les asiste razón legal alguna y sólo pretenden dañar al profesorado. Hay mucho por hacer.
Felicidades compañeras y compañeros maestros en su día, como obsequio la reflexión inherente al texto.

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