El virrey

* Alfredo Castillo es uno de los representantes más autorizados del presidente Peña Nieto y su equipo de patrocinadores. Eficaz como operador político, tuvo que elegir cuando le presentaron la disyuntiva. Hasta ahora lo ha hecho bien y ha demostrado que la obediencia es un punto clave para conseguir objetivos políticos de grandes repercusiones. Y es que no se entiende que alguien acepte una operación como la de Huixquilucan y después la de Michoacán si no tiene aspiraciones políticas de primer nivel. Alfredo Castillo, se sabe desde Michoacán, será la primera opción de Peña Nieto para la gubernatura del Estado de México después del sexenio de Eruviel Ávila.

Miguel Alvarado
“El MP me pidió bajar un cadáver y sostenerle la cabeza para una foto”, dijo José Manuel Mireles, el depuesto líder de las Autodefensas en Michoacán y quien advierte que el verdadero narcotráfico es el que encabeza el llamado Papá Pitufo, Estanislao Beltrán, quien ha pactado con Alfredo Castillo Cervantes, Comisionado para la Paz en Michoacán, el reparto de la tierra purépecha.
No queda claro a quiénes combaten Alfredo Castillo y la Federación. El primero, un ex procurador de Justicia mexiquense en tiempos de Enrique Peña y que decidió que la niña Paulette Gebara estaba perdida debajo del colchón de su propia cama, con tres días de muerta en el 2010. El mapa político del país no es el mismo para el narcotráfico. En este último se ubica al Estado de México, Michoacán y Guerrero en una sola región. Cuando se habla de alguna de estas tres entidades en cuestión de narcotráfico es necesario pensarlas como una sola.
Castillo, con el poder militar y económico que otorga un presupuesto nacional dejó primero, a principios de este año, que los grupos de autodefensas pelearan y ganaran una guerra que no les correspondía. Luego los deshabilitó y dividió. Si bien los informes oficiales dicen que el equipo al mando de Castillo mató a dos líderes de los Caballeros Templarios, Enrique Plancarte y Nazario Moreno –a éste último por segunda vez- todavía no se sabe por qué no se ha podido capturar a último de ellos y más poderoso, Servando Gómez Martínez, La Tuta, de quien los autodefensas escindidos y ahora simpatizantes del ex vocero de aquella agrupación, José Manuel Mireles, ubican como el hombre que entregó a los presidentes municipales encarcelados por nexos con el narco y filtró un video en una reunión con el ex gobernador interino de Michoacán, Jesús Reyna. Todos están presos menos el capo, a quien en redes sociales se ubicaba a través de cuentas de los propios Autodefensas, cuando todavía formaban un solo frente.
Castillo ha despresurizado la acción militar en Michoacán y su trabajo representa uno de los frentes más difíciles en la administración de Peña Nieto, urgida de resultados inmediatos luego de promover un sinfín de reformas, casi todas privatizadoras y de control fiscal. Una nota del diario Unión de Guanajuato afirma que el salario de Castillo para la operación michoacana es de 23 mil 667 pesos como sueldo base, pero percibe una compensación por 171 mil 41 pesos mensuales, lo que da un salario bruto de 194 mil 708 pesos. “Si Alfredo Castillo Cervantes fuera gobernador sería el segundo mejor pagado, sólo detrás de Eruviel Ávila Villegas, del Estado de México. El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, tiene percepciones por 107 mil 282 pesos mensuales”, apunta ese diario.
Mientras La Tuta evade milagrosamente la acción militar y se hace humo, el grupo delictivo que en realidad ha sido desintegrado es La Familia. Oficialmente, la Federación la “desapareció” el 21 de junio de 2011, con la detención en Aguascalientes de Jesús Méndez Vargas, alias “El Chango”. En realidad se trataba de un efecto mediático. Incluso en Wikipedia, la enciclopedia electrónica más popular del mundo pero no la mejor fuente de información, se da a conocer que en el Estado de México ese cártel está desaparecido. Colocar esa información allí no es casualidad. Pero mientras eso se propaga la realidad es otra para la entidad mexiquense, donde en el Triángulo de la Brecha se libra una guerra por el control de la región entre Templarios, La Familia y hasta los Zetas, que ha dejado más de 50 muertos no reconocidos por el gobierno en los últimos meses. La Tuta, por ejemplo, es ubicado en el municipio de Arteaga “en su casa bien a gusto”, según el propio Mireles.
En Michoacán los Templarios no fueron combatidos como lo dijo el comisionado Castillo. El grupo de Mireles lo acusa de proteger a ese cártel y llegar a acuerdos para gestar un nuevo orden en el narcotráfico. La Familia, desplazada, no se ha desintegrado como también lo dice la Federación y en este campo de simulaciones se orquesta una nueva operación que elimina intermediarios y garantiza que la producción de droga se mantenga. Porque si bien han caído Plancarte y Moreno, no se ha detenido la entrega de estupefaciente en el país y el extranjero.
La política en México significa trabajar para los intereses de un reducido grupo que no tiene nada que ver con la ciudadanía o con el cumplimiento de la ley o con las mejoras comunes. Es solamente la cooperación acertada y eficaz para que algunos obtengan poder, dinero o algo que, según ellos, es de suma importancia, como el control y trasiego de la droga, que así nomás deja 40 mil millones de dólares al año en ganancias brutas.
Alfredo Castillo es uno de los representantes más autorizados del presidente Peña Nieto y su equipo de patrocinadores. Eficaz como operador político, tuvo que elegir cuando le presentaron la disyuntiva. Hasta ahora lo ha hecho bien y ha demostrado que la obediencia es un punto clave para conseguir objetivos políticos de grandes repercusiones. Y es que no se entiende que alguien acepte una operación como la de Huixquilucan y después la de Michoacán si no tiene aspiraciones políticas de primer nivel. Alfredo Castillo, se sabe desde Michoacán, será la primera opción de Peña Nieto para la gubernatura del Estado de México después del sexenio de Eruviel Ávila.
José Manuel Mireles lo corrobora en una entrevista otorgada a la reportera Sanjuana Martínez: “ya hay negocio con Castillo. Sé que en la casa de la mamá de “La Tuta” cuando entramos a Arteaga, los Viagras, Burro, Pitufo y Cinco, sacaron 30 millones de dólares en un fondo que estaba allí en la cocina. Me dicen que le dieron 5 millones de dólares a Castillo, porque dice que él quiere ser el gobernador del Estado de México y tiene que juntar fondos desde ahorita. No me consta, pero desgraciadamente todo lo que digo desde hace 14 meses, de lo que me cuentan la gente que estuvo allí, sale cierto, como lo de Chucho Reyna que ahora está preso y algunos presidentes municipales que ya están presos y algunos senadores y diputados que todavía no los exhibimos, pero andan detrás de ellos”.
“— ¿Cree que Castillo lo quiere eliminar y que fue el responsable de su destitución?
“— Claro, a mí me habló un contacto que tengo y me dijo: “De la oficina de Castillo están saliendo las actas para destituirte”. Es represalia por lo que le estoy diciendo a Peña Nieto: ‘queremos hablar contigo, porque los interlocutores ya agarraron línea, ya andan en otro lado’. Y como hay muchos miles de millones de pesos, allí están. ¡A huevo!”.
La repercusión de una guerra verdadera pero con los frentes poco claros pega ya en el Estado de México. Comerciantes ambulantes de Toluca denuncian, por ejemplo, que las calles de la ciudad están vigiladas por halcones de los Templarios, quienes les dicen que son el nuevo grupo que controla la ciudad. Si se atiende a la versión oficial sobre el combate a los Templarios, resulta hasta cómico que Castillo, el ex procurador de Peña cuando era gobernador, los eche de Michoacán pero el efecto los encamine precisamente a la capital del Grupo Atlacomulco.
La llegada y el asentamiento de un cártel siempre han tenido que ver con el permiso, el acuerdo de las autoridades, ya presionadas o por conveniencia. La llegada de la Familia a Toluca, luego de controlado el sur mexiquense, sucedió precisamente así, cuando el ayuntamiento local al menos se hizo de la vista gorda en el 2003 y puso a los propios ambulantes en bandeja para ser extorsionados. La colusión de autoridades de primer nivel y mandos policiacos hizo posible el mercado. Sucede lo mismo con los Templarios. El Efecto Cucaracha representa, en todo caso, una puerta abierta para los empresarios de la droga.
Castillo en Michoacán ya es testigo de las primeras denuncias sobre la actividad de sus policías rurales, llamados así cuando los autodefensas afines a él se institucionalizaron. En el municipio de Aquila, los comuneros denuncian extorsiones de los nuevos policías por hasta 700 mil pesos mensuales a cambio de brindar seguridad. El fenómeno es el mismo que con los templarios, y que el ex procurador del Edomex alienta el paramilitarismo y confronta a las comunidades”, reproducía el semanario Proceso el 14 de mayo del 2014.
“Han amenazado a las autoridades comunitarias, dicen que si no les entregamos lo mismo que le dábamos a Los Caballeros Templarios, nos van a levantar y nos van a matar, ya no puedo entrar a mi oficina ni organizar una asamblea porque llegan a exigirme el dinero”, denuncia el presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Aquila, Octavio Villanueva Magaña. Eso sucede en las narices de las fuerzas federales.
Lo mismo pasa en Luvianos, Estado de México, donde un comando de sicarios puede tomar el palacio municipal, levantar a siete policías y asesinar a un funcionario mientras una base militar se establece a cinco minutos, a pie, del edificio.
Pero la guerra en Michoacán está lejos de finiquitarse. José Manuel Mireles, el depuesto vocero autodefensa, afirma que el 70 por ciento de aquel estado está con él y que Castillo no los ha dejado entrar a capitales michoacanas porque protege a los jefes del narco.
Entonces, ¿quiénes son los malos? ¿Qué es el gobierno?
Lo que pasa en Michoacán sucede en el Estado de México.

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