La cifra negra

* “Un análisis elaborado en mayo de 2005 con estadísticas de la Procuraduría estatal sorprendió al propio gobierno de Montiel porque encontró que de 2000 a ese 2005 se habían cometido más de un millón 220 mil 142 delitos, o unos 637 por día, un crimen cada dos minutos. Las proyecciones más confiables estiman que el Estado de México tuvo en 2005 un subregistro de 2 millones de delitos. La cifra negra o delitos no denunciados se ubica desde entonces en 85 por ciento”, dice el periodista Francisco Cruz. El siguiente texto es la ponencia presentada por el autor de Negocios de Familia y Los Amos d la Mafia Sindical durante el foro “Inseguridad y Violencia en el Estado de México.

 

Francisco Cruz Jiménez

Con 15 millones de habitantes, el Estado de México es la entidad más poblada del país. Su presupuesto cercano a 200 mil millones de pesos anuales y el asentamiento de dos de las tres zonas industriales más importantes de la nación la hacen la más acaudalada; y esas condiciones la han convertido en un atractivo botín político y empresarial, pero su riqueza, su ubicación geográfica y su colindancia con Guerrero, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Querétaro y la Ciudad de México la hicieron también uno de los estados más inseguros y un refugio para los grandes cabecillas del crimen organizado.

Crímenes como la ejecución de 24 humildes albañiles el viernes 12 de septiembre de 2008, la primera gran matanza masiva en el país a partir del 1 de diciembre de 2006, así como la primera ejecución del alcalde de un municipio mayor —Salvador Vergara Cruz, de Ixtapan de la Sal, el 4 de octubre de 2008— exhiben desde entonces a una entidad en la que coexisten todos los tipos de violencia a través de pandillas o cárteles que movilizan fuentes inagotables de recursos ilícitos.

La penetración de la violencia ha puesto en peligro a las familias y su patrimonio. Y desde la economía hay lecturas provocadoras, el crimen en sus dos modalidades —federal y del fuero común— afecta desde hace mucho a las pequeñas empresas y comercios, ya no se diga la agricultura y la ganadería; la inseguridad se manifiesta abiertamente en las calles y pone en peligro la integridad en las escuelas.

Ciertamente, los actuales niveles de violencia nunca se habían visto, pero, valga decir, esa violencia se fue gestando a través de varios gobiernos omisos y tolerantes, de gobernantes y políticos incapaces, preocupados solamente por conservar sus privilegios, promocionar su imagen y ascender en la escalera del poder, hasta llegar al actual estado de descomposición en el que es necesaria la intervención de las Fuerzas Armadas para tratar de contener el fenómeno. Y eso de contener es un decir porque ahora la población quedó entre la espada de los matones de los grupos criminales y la espada de los militares y la policía. Los tres, igualmente peligrosos.

Un informe de la Policía Federal del 17 de febrero de 2011, cuando el gobernador Enrique Peña Nieto estaba en la cúspide de su poder local, enlistaba 38 municipios donde tenían presencia de una a cinco organizaciones que traficaban, distribuían y vendían droga; secuestraban y asesinaban, controlaban la prostitución, la extorsión o venta de seguridad, la trata de blancas y el tráfico de personas. Esas demarcaciones representaban y representan la tercera parte de los 125 ayuntamientos que conforman el Estado de México, allí viven 11 millones 578 mil personas.

Pero el crimen organizado se asentó también en pequeñas poblaciones como Tejupilco, Tlatlaya y Luvianos; Ixtapan de la Sal, Valle de Bravo, Coacalco y Atizapán de Zaragoza en el valle de México, o Metepec en el valle de Toluca, que primero sirvió de refugio a familiares, abogados, operadores, pistoleros y contadores de los capos históricos del narcotráfico y luego a La Familia Michoacana.

Si bien el gobierno de Eruviel Ávila carga con sus culpas, muchas por cierto, y no tiene defensa porque sus políticas, si las hay, para contener el crimen han sido ineficaces en el mejor de los casos o desastrosas, vale decir que igual de culpables son Peña Nieto, Arturo Montiel Rojas, César Camacho Quiroz y Emilio Chuayffet Chemor.

El primero, Peña, porque su administración a través de personajes de apellidos de abolengo permitió que el Estado de México se convirtiera en refugio de los grandes capos del narcotráfico; mientras Montiel, Camacho y Chuayffet ignoraron deliberadamente las señales, se dedicaron a la promoción personal para posicionarse en la candidatura presidencial, dejaron crecer la violencia e hicieron oídos sordos cuando se habló de crimen organizado.

Estadísticas de las procuradurías General de la República y estatal sobre asesinatos con características de ejecución o ligados al crimen organizado —cuerpos con señales de tortura, maniatados, mutilados, con los ojos vendados y con el tiro de gracia— arrojan que en el estado de México las muertes violentas por arma de fuego aumentaron de 111 en 2007 a 623, en 2010.

Pero se puede caminar un poco más hacia atrás y recordar, por ejemplo, que Carlos Hank González y Jorge Jiménez Cantú fomentaron y protegieron al Batallón de Radio-patrullas del Estado de México, el temido Barapem, la mayor organización criminal que, hasta entonces, hubiera conocido la entidad. Ya luego se conocería el talante de Hank, cuando protegió al criminal Arturo “El Negro” Durazo.

Un análisis elaborado en mayo de 2005 con estadísticas de la Procuraduría estatal sorprendió al propio gobierno de Montiel porque encontró que de 2000 a ese 2005 se habían cometido más de un millón 220 mil 142 delitos, o unos 637 por día, un crimen cada dos minutos.

Las proyecciones más confiables estiman que el Estado de México tuvo en 2005 un subregistro de 2 millones de delitos. La cifra negra o delitos no denunciados se ubica desde entonces en 85 por ciento.

Encuestas del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre Inseguridad (ICESI) destacan que el Estado de México tiene el peor desempeño en averiguaciones sobre homicidios. Mientras a nivel nacional la eficiencia es de 21 sentencias condenatorias por cada 100 homicidios denunciados, en la entidad sólo se castigan ocho de cada 100.

En 2010, Gobernación publicó una lista con los 206 municipios de mayor peligrosidad en el país por su nivel de violencia. Incluyó a 22 mexiquenses entre los que destacaron Metepec, Huixquilucan y Coacalco, Toluca y Ecatepec.

Ello ratificó una situación que se presentó dos años atrás: el miércoles 16 de enero de 2008, el Diario Oficial dio a conocer que, por primera vez en la historia de los ayuntamientos, el gobierno federal destinaría 3 mil 589 millones de pesos para distribuir a los 150 municipios más violentos, tomando en cuenta la población penitenciaria, el número de habitantes y el índice de criminalidad. Del Estado de México se incluyeron 18 —o 12 por ciento—, entre ellos Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Toluca, Tlalnepantla, Tultitlán, Texcoco, Huixquilucan, Coacalco y Atizapán.

Hay evidencias sólidas de que en su último informe de gobierno, Peña manipuló la metodología para bajar el número de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes pasando de 16.5 en 2005 a 7.6 en 2010, cuando en realidad aumentó de 10.6 a 21.9.

En medio de un panorama tan poco alentador, en esta entidad poco a poco se define gran parte del destino del narcotráfico. Además, aquí operan oficialmente seis bandas de secuestradores, aunque en los sub-registros contabilizan al menos 100. Y en el estado de México se encuentran cinco de los 15 municipios más peligrosos del país: Ciudad Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Naucalpan, Cuautitlán y Ecatepec.

Por eso no es una casualidad que el estado se encuentre entre los primeros lugares de inseguridad, y que entre septiembre de 2011, cuando Eruviel tomó posesión y febrero de 2014, se hayan reportado diez mil 868 homicidios; 438 secuestros; 305 mil 465 robos; siete mil 938 delitos sexuales, no otro sino el de violación, y 61 mil 69 delitos patrimoniales.

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