Inocencia avasallada

* La sentencia del juez especializado contradice las afirmaciones del secretario de Educación respecto de que los problemas entre estudiantes no deben judicializarse en este lamentable caso. Qué propone el funcionario: desde nuestra postura queda claro que no existe el marco jurídico que proteja al maestro en situaciones como la acontecida, lo cual deja al profesorado en estado de indefensión y vulnera a personas inocentes.

 

Luis Zamora Calzada

 

La inocencia avasallada de la maestra de grupo de la escuela secundaria “Gustavo Baz Prada”, ubicada en el municipio de Atizapán, quien mientras desempeñaba sus labores en el salón de clases tuvo la mala suerte de que el pasado seis de mayo del año en curso, Édgar sacara una pistola y le disparara a Ricardo.

El jueves diecinueve de junio, Édgar fue condenado a ocho años de permanencia en la Escuela de Reintegración Social para Adolecentes, Quinta del Bosque, ubicada en Zinacantepec, Estado de México, sentencia que han apelado los familiares de la víctima, solicitando la pena máxima de diez años.

Esta determinación judicial es una muestra clara de que los administradores educativos cometieron injusticias en contra de la maestra al pretender inculparla de hechos donde es totalmente ajena.

Las narraciones y divulgación de juicios, afirmaciones, fotografías y opiniones infundadas relatadas hacia su persona constituye la comisión de conductas ilícitas civiles generadoras de un daño moral en su contra, que no está obligada a soportar, de donde es innegable el daño causado a sus derechos de la personalidad, resaltando de manera relevante la dignidad humana, el honor y reputación, aspectos jurídicos que protege y sanciona el Código Civil.

Una disculpa no es suficiente, tampoco lo es el hecho de que, vía oficio, le hayan asignado una comisión temporal en la Subdirección de Educación Básica del Municipio de Naucalpan, en lo que pasa el tiempo y se calman las aguas, según mencionaron, lo que no podrá resarcir el menosprecio y etiquetación de presunta culpable en los acontecimientos.

La sentencia del juez especializado contradice las afirmaciones del secretario de Educación respecto de que los problemas entre estudiantes no deben judicializarse en este lamentable caso. Qué propone el funcionario: desde nuestra postura queda claro que no existe el marco jurídico que proteja al maestro en situaciones como la acontecida, lo cual deja al profesorado en estado de indefensión y vulnera a personas inocentes.

 

Educación para la paz

 

Contrario a las manifestaciones de no tener rencor, educar en valores que ha afirmado el secretario del ramo educativo estatal en los últimos días, en sus actuaciones es contradictorio.

Como es de conocimiento público, quien esto escribe fue reinstalado de un primer aviso de rescisión en fecha 21 de marzo del 2014, posterior a diversos actos de agravios y por una supuesta orden girada por el funcionario que se cita, su subsecretario de Planeación y Administración giró otra rescisión notificada el 11 de abril, emitida un día anterior, señalando lo siguiente:

“…aprovecharse del servicio para asuntos particulares y ajenos a los oficiales de su área de adscripción, en virtud de dedicar la mayor parte de su jornada laboral en la atención a asuntos ajenos a los oficiales a su área de adscripción; omisión en la entrega de los temas prioritarios y el catálogo de educación continua, solicitando su revisión, actualización y propuesta de sus temáticas, y que a la fecha no lo ha entregado, así como su currículum vitae y documentos probatorios de su profesión”.

Ante tal injusticia y falsedades propias de rencores acumulados (se desconoce la razón y de parte de quién), para combatirlos se promovió amparo ante la justicia federal, que se resuelve en el Juzgado Primero de Distrito y que requirió a ambos funcionarios el expediente o las constancias que dieron origen a su escrito de rescisión.

Lo incongruente, contradictorio y poco creíble, mediante oficio 205002000/4340/2014: manifiestan al juez federal que no existe expediente o constancia alguna al respecto cuando éstas son la base para generar el despido y deben estar en poder de las autoridades para que les permita sustentar la emisión del acto de autoridad. En caso contrario o de alegar la inexistencia del expediente como ocurre, se tiene ante sí y se confirma la violación a derechos constitucionales que hacen prueba fehaciente de problemas de hígado y de enojos.

Cabe señalar que los titulares del Instituto Superior de Ciencias de la Educación, en donde se realizó la reinstalación también han negado constancia o expediente alguno que pruebe las falsas causales de rescisión. No conformes, se han extralimitado incluso en negar el despido, cuando sus superiores jerárquicos aceptaron el hecho al ingresar el ilegal documento en su informe con justificación ante el juzgado federal.

No omito señalar que la instancia federal concedió la suspensión del acto reclamado, que tiene a este aprendiz de tecleador continuando con sus labores en el citado Instituto, sin el pago correspondiente, ante la actuación contraria a derecho de sus titulares, que pretenden colocar una etiqueta de enemigo desde su individual imaginario y sin una mínima muestra de educación para la paz que se pregona.

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