Un pedazo de pastel

* La matanza de Tlachaloya no acaba con los 22 muertos. Su desarrollo ha tomado rumbos sospechados por el menos despierto y era cuestión de tiempo para que la versión más verosímil tomara forma. Ésta tiene sus fundamentos en la historia reciente de balas y sogas. El 3 de julio del 2012 otras 10 personas eran abatidas en el municipio de Zacazonapan. Una más, pero esta vez el nombre de los Templarios se mencionaba con insistencia. Que estaban en guerra con La Familia y que peleaban por el territorio. Ese oficio de matar deberá incluir una mesa de negociaciones en niveles que los michoacanos, si consiguieron, no pudieron afianzar.

 

Miguel Alvarado

En Gaza, Palestina, los últimos ataques militares israelíes han dejado, hasta el 16 de julio del 2014, un total de 216 civiles muertos, entre ellos 45 niños y más de mil 500 heridos, en respuesta al secuestro y homicidios de tres jóvenes hebreos, supuestamente plagiados para intercambiar por prisioneros pertenecientes a las milicias palestinas. Esa respuesta, justificada por el Estado judío como un castigo para un país que “venera la muerte, el homicidio y el terrorismo” ha sido planeada dentro del operativo Margen Protector, que hasta este momento lleva nueve días activado. La condena mundial es absoluta pero ningún tipo de protestas o intermediación han surtido efecto. Los autollamados defensores de la libertada, Estados Unidos y la ONU guardan silencio cómodo, práctica histórica cuando se involucra a Israel como atacante.

Los 205 civiles muertos, entendidos en el esquema de una guerra histórica y milenaria y las escenas de los ataques difundidos por redes sociales tienen un símil menos espectacular pero igualmente sangriento, inexplicable todavía, en el sur del Estado de México. Allí, en ese sur, no hay una guerra formal aunque siempre ha sido un frente de batalla los últimos 20 ó 25 años por el control de la Tierra Caliente o el Triángulo de la Brecha, entre los cárteles de Los Zetas, La Familia Michoacana, los Templarios y Guerreros Unidos, entre otros.

A pesar de que una base de la Marina está instalada en el pequeño municipio de Luvianos, los enfrentamientos no encuentran tregua. No la hay para quienes se dedican a un negocio que en México genera los mismos ingresos que el petróleo anualmente, 40 mil millones de dólares, que tiene al menos tres estados gobernados por una alianza entre el gobierno y los cárteles y que por lo menos sostiene un tercio de la economía nacional. Los involucrados no se perderán la oportunidad de sus vidas, a pesar de los costos sociales incuantificables, de los 80 mil muertos oficialmente aceptados en la guerra contra las drogas en todo el país, en los últimos 8 años y que apenas significan la cuarta parte de los datos reales; de los 160 mil desplazados, de los cuales 140 mil se relacionan con el narco, según el Centro de Vigilancia del Desplazamiento Interno (Internal Displacement Monitoring Centre, IDMC), hasta el 2012, y el resto por la violencia interna, cifra que la London School of Economics eleva hasta un millón y medio de personas en un estudio realizado en el 2014. Además hay 9 mil 396 refugiados en otros países. La cantidad es inferior a los desplazados por las mismas razones en países como Colombia, que el mismo IDMC ubica en 5.5 millones, o el Congo o Sudán, que registran 27 y 2.2 millones de movilizados. En México, ese millón y medio que asegura existe la London School, ha crecido en forma exponencial en menos de 7 años. El estudio que hace para México la IDMC identifica a los Caballeros Templarios y a la Familia Michoacana como los causantes de desplazamientos masivos en pequeños poblados de Michoacán, como Pizándaro, Vicente Guerrero, Purépero y Paredes y efectivamente ubica a Michoacán y el estado de Guerrero como dos de los más afectados por el fenómeno. Estas dos entidades comparten con el Estado de México la mencionada Tierra Caliente mexiquense, el Triángulo de la Brecha, donde se localizan Luvianos y la misma Tlatlaya. Esos dos y al menos otros 7 municipios forman parte de un territorio “independiente” dentro del Estado de México, gobernado por el narcotráfico y las autoridades locales, en acuerdo con los grupos criminales por propia conveniencia u obligados. Las propias leyes que han impuestos los narcos incluyen las elecciones locales, horarios para transitar rumbos, permisos para construcción, organización de ferias y festivales, control de ingreso a los municipios, seguridad pública y privada y hasta pago de nóminas correspondientes a los ayuntamientos. La presencia de militares en la región resulta mera pantomima. Pareciera que están allí para cuidar intereses del narco y no para ayudar a la población, acostumbrada sin remedio a los nuevos usos y costumbres que dicta el negocio de la droga. Sólo pocas veces entran en acción para detener o repelen algún ataque, como el que sucedió el 30 de junio del 2014, cuando una patrulla del ejército se enfrentó a un grupo armado que custodiaba una bodega y que abrió fuego contra ellos. En ese operativo murieron 22 personas, identificadas como criminales por las autoridades, quienes además aseguraron que se había rescatado a 3 mujeres, presuntamente secuestradas.

“Podemos ver que el ejército mexicano actúa con firmeza con acciones concretas y el gobierno del Estado de México le reconoce su participación y le agradece la acción decidida y contundente del día de ayer”, diría el gobernador del Edomex, Eruviel Ávila un día después, durante un acto público.

El enfrentamiento, desde el punto de vista gubernamental, resultó un éxito que además corroboraba la buena disposición de las autoridades mexiquenses para colaborar con la Federación, que en menos de dos meses le impuso al gobernador un gabinete que controlará el sensible tema de la seguridad y le daría estabilidad política al priismo, que ha profundizado las cifras criminales sin explicación alguna. José Sergio Manzur Quiroga es ahora secretario general de Gobierno, una responsabilidad que no desconoce por ocupar en el sexenio de Enrique Peña la subsecretaría de Gobierno. En la Procuraduría estatal se ubicó a Alejandro Jaime Gómez Sánchez, anteriormente consejero adjunto de la Presidencia mexicana. En la Secretaría de Seguridad Ciudadana se ubicó a Damián Canales Mena, ex director de la Policía Judicial del Distrito Federal y ex subsecretario de Seguridad Pública en Hidalgo. La triada, sin embargo, no ha comenzado a funcionar y la escalada del narcotráfico se ha visto impulsada por los operativos en Michoacán, donde otro mexiquense, Alfredo Castillo, ex procurador de Justicia con el propio Peña es, de facto, un gobernador con poderes especiales encargado de combatir al narco. Castillo, dice él mismo, eliminó al cártel de La Familia y también a los Templarios, pese a no poder capturar al máximo líder de ese grupo, Servando Gómez Martínez, La Tuta. Desarmó a los autodefensas afines al doctor José Manuel Mireles, a quien incluso encarceló, y dio de alta como policías al grupo de Estanislao Beltrán, a quien una parte de la población michoacana acusa de narcotraficante.

El reacomodo michoacano, poco transparente pero mortal de todas maneras, arrojó un promedio de 87 ejecutados al mes en lo que va del año y no ha podido detener la actividad narcotraficante. Los esquemas de producción y distribución las manejan otros. La operación por la paz michoacana ha resultado un fraude que, sin embargo, ha tenido repercusiones hasta territoriales. Los narcos y sicarios perseguidos solamente cruzaron la frontera mexiquense, pero no sólo ellos llegaron a nuevo territorio, también los Templario, cártel que combate Alfredo Castillo, lo hicieron.

Tlatlaya, 30 de junio del 2014. Por la madrugada vecinos refieren haber escuchado tiros en las afueras del pueblo de Ancón de los Curieles. A las seis de la mañana la versión que quedaría como oficial se había ya regado. Militares emboscados habían respondido al fuego de un grupo criminal, matando a 22 personas. Eso era todo. Ancón de los Curieles apenas tiene 248 habitantes, es un caserío donde hay una sola computadora, que como anécdota no refiere por qué en las afueras hay una bodega construida con ladrillo gris. Las fotos de la AFP son elocuentes. Una de las bardas sirvió como receptáculo para los disparos del ejército, pero apenas tres orificios, rodeados por manchas de sangre, se aprecian allí. Al pie de esa barda, restos de mantas y bolsas de plástico hacen las veces de cadáveres, levantados horas antes. No hay más señales de un combate como el que, dicen, sostuvieron los militares. Otra toma muestra una camioneta blanca izada sobre un remolque y custodiada por un soldado. Se trata de una Cheyenne LTZ llena de lodo, de la cual sobresale de su caja una colchoneta roja con estampados. Tiene dos impactos de bala, en la parte posterior, del lado del conductor, que atravesaron el vidrio trasero. También el espejo retrovisor izquierdo está roto.

Los habitantes de Ancón sostienen que los balazos duraron cerca de media hora y que un helicóptero del ejército sobrevoló el lugar. A partir de este punto las versiones son confusas, pero el hilo de la historia indica que los 22 llegaron desde San Pedro Limón, provenientes de Arcelia, Guerrero y que pasaron por el poblado a las dos de la mañana. A las seis ya todo había concluido. Los cuerpos de algunos abatidos se observaban dentro de la bodega y otros en camionetas militares. La versión de los habitantes es contradicha por la Secretaría de la Defensa Nacional cuando se menciona a varios militares muertos antes de la refriega en Ancona. Esa primera batalla arrojaría al menos tres muertos por parte de los soldados. Desde ese momento el escenario de un fusilamiento se implantó en la región. Los habitantes conocen a los de La Familia, saben quiénes son, dónde hacen sus rutas y hasta dónde viven. Sobre los 22 ejecutados, nadie los pudo identificar, pero sí señalan que son “mandaderos”, apunta el diario Reforma.

Si no hay una guerra en el sur, mucho se le parece lo que sucede allá. Tras un periodo de relativa paz, el cambio presidencial ha agitado aquellas aguas, pacificadas a la mala por pactos entre autoridades policiacas y los propios criminales, como señala el periodista Francisco Cruz en el libro Tierra Narca (2010). Allí narra la llegada de los cárteles de La Familia y los Zetas al sur mexiquense y los contratos que se hicieron con la delegación de la PGR en el Estado de México, entre otras instancias, y que negoció dos veces la misma plaza, en reuniones separadas con La Familia y los Zetas. Al darse cuenta, días después, del engaño, una guerra socavada se desató entre las tres corporaciones, que sólo encontró una tregua cuando se destituyó al delegado de la PGR, quien por coincidencia era hermano del actual secretario de Gobierno mexiquense. Este familiar incómodo, José Manzur Ocaña, resultó clave para entender la formación de cárteles y sus desplazamientos por el Estado de México desde una lógica de proteccionismo y participación de las autoridades, lo que ahora se clasifica como crimen organizado, y que explica una buena parte de la impunidad asesina.

Tlatlaya no es una isla en aquel sur violentado por la pobreza, la marginación y la migración, Condenados para siempre a la miseria, los hombres se van, dejando a las mujeres como referencia familiar en espera de que suceda el milagro norteamericano. Vuelven, pero sólo para preñar de nuevo a las esposas y se vuelven a ir. Eso era lo que sucedía en esos municipios hasta que el narco irrumpió y ofreció una mejora sustancial, ganancias inmediatas a cambio de sacrificar la vida, si era necesario. Los primeros sicarios eran fuereños, maestros sin embargo de quienes quisieron seguir sus ejemplos violentos pero dizque varoniles, rebeldes al fin y al cabo, de una manera grotesca y torcida, representaban una puerta de esperanza aunque casi siempre manchada de sangre. Eran empresarios, de los buenos. Si al principio tuvieron que matar, entendieron luego que la clave del éxito radica en las alianzas y si se hacen con las autoridades legales, resultan más poderosas.

Ni siquiera enfrentamientos mortales como los registrados en Caja del Agua entre el 2009 y el 2010 los desarraigan. Primero, el uno del julio del 2009, Pelones y Familia chocaban entre sí en aquella comunidad, paso obligado de la droga hacia Guerrero y Michoacán. Siete sicarios detenidos, camionetas de lujo, motos y hasta 25 armas largas decomisó la antigua policía mexiquense, ASE, que intervino en plena balacera. Una versión señala 12 narcos muertos y dos policías heridos en una yerta que busca ejecutar al líder criminal Osiel Jaramillo.

Catorce días después, otra vez en Caja de Agua, una emboscada arrojaba dos personas ejecutadas y la movilización de 80 policías de la ASE. Era un nuevo enfrentamiento entre quienes peleaban la región pero tampoco en esa ocasión se confirmó la muerte de Jaramillo. Sin embargo, el ataque involucraba granadas de fragmentación. Era cuestión de tiempo para que Osiel cayera abatido y el 23 de octubre de ese mismo año, pero en el centro de Luvianos, aparecía muerto junto con otra persona, con 49 impactos de bala en su cuerpo.

Ejemplos como éstos se inscriben en el surrealismo mexicano del narcotráfico, donde lo inverosímil se ha vuelto cotidiano y hasta ejemplo a seguir. Pero los narcos deben trabajar para mantener las plazas y eso incluye balaceras y masacres. El 3 de julio del 2012, un comandante de Zacazonapan, Joaquín Rosales Salazar fue asesinado en el paraje de El Caballito, cerca de otro municipio dominado por los narcos, San Martín Otzoloapan. La versión oficial narra que a las 10 de la noche, el policía y sus elementos patrullaban la carretera cuando un comando los atacó con granadas de fragmentación y armas de grueso calibre. Rosales era jefe de la Región IX adscrito a Valle de Bravo. Otros cuatro agentes resultaron heridos. Esto, según el reporte de la Procuraduría estatal, sucedió luego de que Caballeros Templarios y La Familia se enfrentaran a balazos, horas antes.

Los pobladores dicen otra cosa. Que La Familia y los Templarios reñían por la posesión del territorio. Que los policías acudieron al llamado de los vecinos, quienes indicaron que allí estaba el jefe regional de La Familia. Que tenían armas de alto poder y chalecos antibalas. Que la policía no llevaba el blindaje adecuado ni armas para combatir. Que la policía no asistió para detener a los delincuentes, sino para apoyar a uno de los grupos, con los que mantienen, a menos, una tregua. Que en un momento de la batalla, había 8 sicarios tirados, todos muertos. Que al final hubo más de 30 y se estableció una especie de tregua para que cada bando recogiera a sus ejecutados. Que la policía favorece a uno de los cárteles, pero tienen la orden de dejar de protegerlos. Que el líder regional de La Familia había sido asesinado. La historia pasó sin pena ni asombro por algunos diarios locales, que consignaron el enfrentamiento como una estadística más, pero nadie supo que la masacre tenía dimensiones mayores y que era normal que algunos choques superaran los 40 muertos. Luego, a finales de agosto, una nueva masacre se registró en Caja del Agua, aquella que desmiente el gobierno pero que habitantes insisten en que sucedió realmente.

El primero de noviembre del 2012, la camioneta en la que viajaba José Benítez Benítez, nuevo alcalde perredista de Luvianos, era baleada en Caja de Agua, el emblemático paraje donde matanzas de proporciones dantescas se perpetran regularmente. Benítez salvó la vida, pero termina por dibujar el escenario que se vive en el sur.

La matanza de Tlachaloya no acaba con los 22 muertos. Su desarrollo ha tomado rumbos sospechados por el menos despierto y era cuestión de tiempo para que la versión más verosímil tomara forma. Ésta tiene sus fundamentos en la historia reciente de balas y sogas. El 3 de julio del 2012 otras 10 personas eran abatidas en el municipio de Zacazonapan. Una más, pero esta vez el nombre de los Templarios se mencionaba con insistencia. Que estaban en guerra con La Familia y que peleaban por el territorio. Ese oficio de matar deberá incluir una mesa de negociaciones en niveles que los michoacanos, si consiguieron, no pudieron afianzar.

Tlatlaya representa la caída de La Familia en el sur mexiquense y la incrustación de los Templarios como grupo dominante. Las versiones de la matanza involucran sin embargo a Guerreros Unidos, pero nunca se confirmaron.

El parte militar sobre el enfrentamiento fue puesto en tela de juicio de inmediato y desde el extranjero, por la agencia AP, con sede en Washington y que señala la duda: “las manchas de sangre y los orificios de bala en los muros de hormigón observados por periodistas de The Associated Press tres días después del tiroteo plantean interrogantes acerca de si todos los sospechosos murieron en el enfrentamiento o después de que terminara. La bodega en la que fueron encontrados muchos de los cadáveres no tenía muchas evidencias de que el enfrentamiento fuera prolongado”.

Un poco más adelante, asegura que “dan la impresión de que las personas en el interior estaban de pie frente a la pared y fueron alcanzadas por uno o dos disparos a la altura del pecho”. Luego entraron en escena la ONU y su Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que corroboran escuetos la anterior versión. Su estudio, si lo hacen, será para consumo interno, anuncia de una vez aquel organismo.

Días después, el 3 de julio del 2014, caía uno de los líderes de La Familia en Pénjamo, Guanajuato. Era José María Chávez Magaña, alias El Pony. Era el jefe máximo en el Estado de México y  Morelos, pero en el 2011 se le ubicaba en Ecatepec, la tierra del gobernador mexiquense Eruviel Ávila, como líder del segundo municipio más rico del país y primero en la entidad. Pero sus inicios en el Edomex fueron en el sur.

Para el periodista Salvador Capote, “en los últimos seis años, ocurrieron en México más de 47 mil asesinatos relacionados con el tráfico de drogas. De 2 mil 119 en 2006 aumentaron a cerca de 17 mil en 2011. En 2008, el Departamento de Justicia norteamericano advirtió que las DTOs (Organizaciones de Tráfico de Drogas), vinculadas a cárteles mexicanos, se encontraban activas en todas las regiones de Estados Unidos. En la Florida actúan mafias asociadas con el cártel del Golfo, los Zetas y la Federación de Sinaloa. Miami es uno de los principales centros de recepción y distribución de la droga. Además de los mencionados, otros cárteles, como el de Juárez y el de Tijuana, operan en Estados Unidos”.

Ubicado a unos 85 kilómetros de Toluca, la capital, Tlatlaya es el más lejano rumbo al sur pero también uno de los más depauperados. Tiene 33 mil habitantes distribuidos en 798 kilómetros cuadrados y fue fundado en febrero de 1825. Ser el municipio más antiguo de la entidad no le ha servido de nada. Su vecindad con Amatepec, otro municipio mexiquense, parece restarle méritos hasta para los ojos del narco. El 7 de julio del 2014 se reportaba un enfrentamiento más contra los marinos, en el poblado de La Goleta. Los sicarios, luego de la refriega, escaparon hacia Guerrero y tomaron el pueblo de Alahuixtlán, municipio de Teloloapan. Habilitaron la iglesia como campamento y obligaron a los civiles a curar a los heridos. “El grupo iba encabezado por Osvaldo Olascoaga Hurtado, hermano de Jonhy Olascoaga, El Mojarro, supuesto lugarteniente del líder de La Familia Michoacana, José María Chávez Magaña, El Pony”, apunta el semanario Proceso.

Los cambios suceden aun en el seno de los cárteles. Es evidente que la pérdida de amistades y el resquebrajamiento de pactos resultan mortales para quienes se dedican a la narcoindustria. Tlatlaya es la punta de un hilo que deberá desembocar en el asentamiento definitivo de los Templarios en el sur mexiquense.

Mientras, el presidente Peña Nieto visitaba Toluca, el 16 de julio. Allí se dio tiempo para recordar el Mundial pasado. “Sentimos que la Copa Mundial de Brasil podía ser nuestra. Ahora vamos por la de Rusia 2018”. De plácemes, partió un pastel junto al gobernador Eruviel Ávila, pues el cumpleaños del presidente se celebra el 20 de julio. Hubo fotos y sonrisas y hasta el Ejecutivo mexiquense le entró a la moda de las “selfies”, retratándose junto al sobrino de Arturo Montiel. Ávila dice a organizaciones civiles que le preguntan por los 922 feminicidios en el Estado de México que “hay cosas más importantes que resolver” y no los recibe.

Tal vez necesite un pastel. Y de ese pastel, una tajada a la medida.

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