Por los caminos del sur

* Si las hubo, una a una las estrategias públicas de gobierno mexiquense fallaron. Cambios de funcionarios, reajueste de personal, pruebas de confiabilidad, ayuda del ejército, declaraciones y números desde la oficialidad no pudieron ni siquiera crear una percepción mejor. Entre el 20 y 23 de julio hubo más de 8 muertos, 4 de ellos en el valle de Toluca, al menos la mitad ejecutados. Luego de la masacre en Tlatlaya, donde militares mataron a 22 personas en condiciones todavía no aclaradas, el gobierno del Edomex anunció un programa de recompensas para quienes entreguen información que pueda llevar a capturar delincuentes. El paquete es tentador pero igualmente peligroso. No se especifica una garantía de salvaguarda y bajo la óptica de la ciudadanía, gobierno y delincuentes son, en muchos casos, los mismos.

 

Miguel Alvarado

El Estado de México es uno de los territorios clave para entender la violencia generalizada del país. Aquí, en una entidad de 15 millones de habitantes, conviven todos los poderes. Es sede del grupo político al que pertenece el presidente Enrique Peña, y siempre ha sido gobernado por el PRI, que en suelo mexiquense representa una organización familiar basada en alianzas comerciales, políticas y religiosas. Los otros poderes, los fácticos, no tienen problemas por compartir. El narcotráfico, por ejemplo, ha tomado desde hace 25 años el sur mexiquense y ha integrado un pequeño país con menos de diez municipios, 254 en total si se toman los de Gueerero y Michoacán. Ubicados todos en las fronteras con esas entidades, son zonas depauperadas castigadas por la pobreza, marginación y la desigualdad social. Sin embargo, sus tierras representas ricas áreas de cultivo y cuentan con todos los recursos naturales, inexplotados o desaprovechados todavía, ahora que los cárteles encontraron allí un paraíso que les permitió siembra, trasiego y protección para su negocio, todo en un solo lugar.

Desde allí, Pelones, Zetas, Familia Michoacana y en el 2014 Caballeros Templarios y Guerreros Unidos ha peleado por el control, que incluye la sierra de Nanchititla como ruta de escape y municipios de los otros dos estados, pero además el camino para entrar a la capital, Toluca, paso geográfico obligado rumbo a la ciudad de México y la zona metropolitana, que alberga un mercado potencial de 23 millones de habitantes, casi la quinta parte de la población nacional. También pudieron negociar con autoridades locales y policiacas protección y participación, consiguiendo extensos periodos de tranquilidad, rotos luego por la llegada de un mejor postor o por intereses de la Federación. A pesar de dos bases militares en la zona, una en Luvianos, de la Marina y otra en Tejupilco, del ejército, las intervenciones de los uniformados son esporádicas y sólo obedecen a objetivos específicos. Cumplidos éstos, vuelven al patrullaje solapado.

En Michoacán la supuesta guerra contra los cárteles de La Familia y Templarios significó un reacomodo para el Estado de México. El mapa del narcotráfico no ha variado un ápice, aunque los administradores o ejecutores sean otros. El mexiquense Alfredo Castillo, comisionado para la Paz en Michoacán, detuvo a todos excepto a Servando Gómez, La Tuta, última cabeza de los Templarios, luego de abatir al resto de los cabecillas. La guerra michoacana se parecía más a una limpia interna que a un verdadero combate contra los cárteles. Gómez sigue libre y Castillo no sabe dónde está o no quiere apresarlo. La Familia Michoacana fue perseguida y obligada a refugiarse en el lado mexiquense, donde también llegaron los Templarios, fortalecidos por una expansión que todos observan excepto el gobierno, y reclama el Triángulo de la Brecha. Los Templarios han llegado a Toluca y, guardando bajo perfil, se han hecho cargo de rutas y negocios administrados anteriormente por La Familia. Pero el narco no puede pasar desapercibido tan fácilmente. Cinco homicidios diarios en el Edomex convierten a la entidad en la más violenta del país hasta el 2013, a pesar de que el gobernador Eruviel Ávila y el propio Peña confirmen estadísticas a la baja. La realidad inmediata, la del ciudadano de a pie, indica otra cosa. De esos cinco muertos, al menos uno está relacionado con el narcotráfico.

Los datos, proporcionados por el INEGI evidencian un crecimiento constante desde el 2007 y hasta el 2013 para el Estado de México. Hace seis años, la entidad registraba mil 238 homicidios, y ocupaba el primer lugar nacional, que perdió al año siguiente porque Chihuahua presentó 2 mil 601. De todas formas el Edomex era segundo lugar. Para el 2009 las cifras nacionales comenzaron a dispararse y la mexiquense indicó mil 860, un nuevo aumento, ya emparejado con Guerrero, Sinaloa y Baja California y superado al doble por Chihuahua. De cualquier manera seguía ocupando el segundo lugar nacional. En el 2010 la cifra mexiquense subió a 2 mil 111 asesinatos, suficiente para ubicarla en el tercer lugar, por debajo de Chihuahua, que registraba más de 6 mil muertos, y de Sinaloa, con 2 mil 400. Para ese año, la cifra de homicidios en todo el país fue de 25 mil 757. Al año siguiente la entidad cambiaba de gobierno. Enrique Peña terminaba su sexenio y se lanzaba a una campaña nacional que terminaría por ubicarlo en Los Pinos y en Toluca se elegía a Eruviel Ávila, actual gobernador. El número de asesinados en el Edomex fue de 2 mil 623, la más alta en su historia, pero que inclusive así la ubicaba por debajo de Chihuahua, aunque ya recuperaba el segundo lugar nacional. Los muertos en el país ascendieron a 27 mil 213. En el 2012 la entidad superó su propia marca y obtuvo 2 mil 907 asesinatos y ahora sí desbancaba a Chihuahua. Colocada ya en el primer lugar nacional, para el 2013 registró 3 mil 280, unas mil muertes más que Chihuahua. La cantidad nacional fue de 22 mil 732. Así, el Edomex, por cada 100 mil habitantes, tenía 20 asesinados hasta el año pasado.

Si las hubo, una a una las estrategias públicas de gobierno mexiquense fallaron. Cambios de funcionarios, reajueste de personal, pruebas de confiabilidad, ayuda del ejército, declaraciones y números desde la oficialidad no pudieron ni siquiera crear una percepción mejor. Entre el 20 y 23 de julio hubo más de 8 muertos, 4 de ellos en el valle de Toluca, al menos la mitad ejecutados. Luego de la masacre en Tlatlaya, donde militares mataron a 22 personas en condiciones todavía no aclaradas, el gobierno del Edomex anunció un programa de recompensas para quienes entreguen información que pueda llevar a capturar delincuentes. El paquete es tentador pero igualmente peligroso. No se especifica una garantía de salvaguarda y bajo la óptica de la ciudadanía, gobierno y delincuentes son, en muchos casos, los mismos.

La táctica no es nueva para el Edomex. En octubre del 2012 la PGJEM ya había ofrecido recompensas desde 100 mil pesos y hasta un millón, anunciaba Miguel Ángel Contreras, en ese entonces procurador estatal. Colocadas en perspectiva, las recompensas palidecen cuando Peña Nieto ha pagado al actor norteamericano Kevin Spacey 6 millones y medio de pesos por una foto “selfie” con él y por una visita relámpago a Cancún, en mayo del 2014.

Pero esta vez, el 22 de julio, Eruviel colocó seis narcotraficantes en la lista de los premios, y promocionó otro paquete, por 10 delincuentes comunes. Ante los micrófonos, Ávila tuvo que comprometerse por enésima vez. La inseguridad fue uno de los temas torales en su campaña y cuatro años después es evidente el fracaso, como lo ha sido el de sus antecesores. “Se los digo muy claro: ¡vamos por ellos, vamos tras ellos, vamos por ustedes! El Estado de México es nuestro, es de nuestras familias y nuestros niños, es de nuestros hombres, de nuestras mujeres trabajadoras, de los jóvenes, quienes día a día ponen sudor y esfuerzo en ganar honradamente su sustento y el de sus familias. El Estado de México es de los mexiquenses y aquí los delincuentes no tienen cabida”, diría luego.

El anuncio de Ávila no es cosa menor. Reveló a un grupo de narcotraficantes de primera línea que se mueven en el Estado de México desde hace años en total impunidad o al menos la inteligencia policiaca encontró en ellos un límite. Son jefes regionales relacionados con asesinatos y secuestros de políticos locales y hasta Diego Fernández de Cevallos padeció el cautiverio a manos de alguno de ellos.

En la lista de narcotraficantes destaca Johnny Hurtado Olascoaga, alias El “Mojarro”, a quien se le ubica en el sur del Edomex como jefe de plaza de La Familia, pero también se cree que ha participado en las últimas refriegas contra el ejército en Tlatlaya y algunos municipios de Guerrero. En el 2013 creían haberlo detenido luego de un enfrentamiento en Temascaltepec que dejó 10 muertos y un militar herido en el poblado de San Pedro Tenayac. Luego lo ubicaron en Arcelia, Guerrero, donde su suegro, en ese tiempo director de Tránsito municipal, Mario Uriostegui Pérez, “La Mona”, le ayudaba. El suegro fue abatido junto con otros cuatro funcionarios, relacionados todos con La Familia, cuando el batallón 102 del ejército en Tejupilco les hizo frente. El “Mojarro” era brazo derecho de Leobigildo Arellano Pérez, antiguo jefe de La Familia y a quien se le atribuye la organización de laboratorios en Michoacán y el Estado de México. Detenido en Pénjamo, Guanajuato, a principios de julio del 2014, dejó su cargo al “Mojarro”, a quien se ubica como el nuevo gerente. Las fuerzas federales, incluidos marina y ejército, lo buscan desde el 2012, y saben que es protegido por las autoridades locales, a las que se les investiga en 15 alcaldías. La caza del “Mojarro” se desarrolla en Amatepec y Tlatlaya en el Edomex, y Teloloapan, Apaxtla, Arcelia, Ixcapuzalco y Acapetlahuaya en Guerrero. Los enfrentamientos entre narcos y marina se agudizaron cuando asesinaron al teniente de corbeta, Arturo Uriel Acosta Martínez, en Liberaltepec, Apaxtla. La revista Proceso reporta 400 desplazados en esa región por la violencia.

El “Pony” y el “Mojarro” tenían alianza con otro narco, Rodolfo Paredes Cárdenas, “El Bofo”, quien en el 2011 les dio la espalda y fundó, junto con Mario Casarrubias, ya detenido, en Tierra Caliente, una ramificación de los Guerreros Unidos, quienes hasta la fecha pelean el control del territorio.

Al “Pony” se le ubica como uno de los extorsionadores de los ayuntamientos de Luvianos, principalmente, donde cobraba hasta 500 mil pesos mensuales, según reportes de los propios ciudadanos, durante dos trienios al menos.

El “Mojarro” es temido en la zona sur pero también es admirado pues pobladores de Arcelia, por ejemplo, señalan que ha llevado dinero al municipio y “le ha dado progreso”. La historia del “Mojarro” está llena de contrastes y las batallas contra los Guerreros Unidos lo han ubicado como un anti-héroe, ejemplo de bravura para muchos. Las redes sociales le construyen castillos y ciénegas, aunque ambas contribuyen al peso de su fama. Incluso un corrido cantado por el alcalde de Acapetlahuaya, en Guerrero, Eleuterio Aranda Salgado, los describe: “La Familia Michoacana es la banda más famosa/no le tienen miedo a nada, pura gente poderosa/Sus integrantes que tiene, saben hacer bien las cosas. Sus contrarios los envidian/a esa banda tan pesada, su gente bien decidida, para todo organizada/siempre que se han enfrentado, nunca les han hecho nada”.

Otro narco por el que se ofrece 500 mil pesos es José Alfredo Hurtado Olascoaga, “El Fresa”, y pariente del “Mojarro” y de Osvaldo, hermano de éste último, y quien la semana pasado tomó el poblado de La Goleta en Amatepec, para atender a un grupo de heridos, perseguidos presuntamente por militares.

Armando Hernández Hernández, “El Player”, también de La Familia, es uno más en esa lista. La Procuraduría estatal y el gobierno federal lo ubican como uno de los probables participantes en el asesinato del ex alcalde de Zacualpan, José Eduviges Nava Altamirano, a quien levantaron desconocidos y mataron en el 2011. El ex alcalde fue encontrado en el municipio de Ixcapuzalco, Guerrero, golpeado y torturado. En ese homicidio se involucra al “Mojarro”, a quien ya se habría capturado cuando el 102 Batallón, estacionado en San Miguel Ixtapan y el destacamento de San Antonio del Rosario pero lo dejaron ir a cambio de la compra de protección, en el 2012, narran vecinos de aquel lugar, que se organizan por medio de redes sociales en un trabajo solitario equivalente al de las autodefensas michoacanas. Paraderos, nombres de funcionarios, estructuras completas acerca del narco tienen años colgados de muros en blogs anónimos que aprovechan ese espacio para escribir la historia no contada ni aceptada oficialmente del sur mexiquense.

Carlo Alessandre Ricardo Barosio, alias “El Ricarde”, es un operador de La Mano con Ojos, en el valle de México, y opera entre Naucalpan y Huixquilucan. Fue señalado por Óscar Oswaldo García, el líder de la Mano, de participar en el secuestro del político Diego Fernández de Cevallos, en el 2010. Este hombre fue ex policía en Huixquilucan.

De Medardo Hernández Vera, “Lalo Mantecas” sólo se sabe que tiene vínculos con la Mano con Ojos, y lo mismo pasa con Francisco Javier Resillas Ríos, “El Víbora”, del cártel de Sinaloa.

Anuncios

Deja un comentario

Aún no hay comentarios.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s