Aeropuerto: vía libre

* De acuerdo con la iniciativa presentada al Congreso por el propio Ejecutivo estatal, los terrenos destinados para la construcción del aeropuerto de la ciudad de México conformaban el ahora extinto parque natural “Ing. Gerardo Cruickshank García”. Sin más información, el documento simplemente explica “que el Gobierno Federal, por conducto de la Presidenta del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales de la Secretaría de la Función Pública, se ha dirigido al Ejecutivo Estatal a mi cargo solicitando la donación del inmueble señalado con anterioridad, para ser destinado a la Comisión Nacional del Agua, para la conformación de la “Zona de Mitigación del ex Vaso del Lago de Texcoco”.

Jorge Hernández

Sin mayor debate, salvo dos intervenciones en tribuna de dos diputados del PRD, la LVIII Legislatura de la entidad aprobó que el gobierno de Eruviel Ávila desincorpore y done al gobierno federal un terreno de 9 millones 454 mil 92 metros cuadrados (casi mil hectáreas), ubicado en el ex vaso de Texcoco, en la parte que corresponde al municipio de Chimalhuacán, para que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) conforme la “zona de mitigación del ex Vaso del Lago de Texcoco”.

De acuerdo con la iniciativa presentada al Congreso por el propio Ejecutivo estatal, estos terrenos conformaban el ahora extinto parque natural “Ing. Gerardo Cruickshank García”.

Sin más información, el documento simplemente explica “que el Gobierno Federal, por conducto de la Presidenta del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales de la Secretaría de la Función Pública, se ha dirigido al Ejecutivo Estatal a mi cargo solicitando la donación del inmueble señalado con anterioridad, para ser destinado a la Comisión Nacional del Agua, para la conformación de la “Zona de Mitigación del ex Vaso del Lago de Texcoco”.

De acuerdo con los diputados Armando Soto Espino y Octavio Martínez Vargas la donación obedece a las necesidades territoriales generadas por el proyecto de construcción del nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México, anunciado con bombo y platillo por el presidente Enrique Peña durante su segundo informe de gobierno.

Pese al señalamiento, ambos diputados y el PRD en general votaron a favor, pues según ellos de llevarse a cabo el proyecto con una visión de Estado, incluyente y sustentable, podrá generar un impacto económico importante para la población de esa región, que incluye a gran parte de los municipios aún leales al sol azteca.

Martínez Vargas, quien el pasado fin de semana se autodestapó para contender por la presidencia municipal del Ecatepec en 2015, no dejó de criticar la falta de debate y la urgencia para aprobar la iniciativa que, como en temas que le urgen al gobernador o al presidente, fue aprobado sin turno a comisiones.

En la misma sesión, la Legislatura aprobó la convocatoria a elecciones de diputados locales y miembros del ayuntamiento para el año próximo, lo que en los hechos significa que el proceso electoral ya comenzó.

El documento avalado, el cual debe publicarse como máximo este 20 de septiembre para que cobre vigencia, se funda en las disposiciones que al respecto señalan la Constitución Política estatal y otros ordenamientos como el Código Electoral y la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

De acuerdo con la norma, el Pleno conoció también la entrega del Informe de Resultados a la Cuenta Pública del estado y municipios del año 2013 por parte del Auditor Superior, dando por cumplido el trámite e instruyendo al Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) a dar seguimiento a las observaciones que presente.

Tampoco en este punto hubo debate alguno, pese a que desde el PRD, PT y Movimiento Ciudadano algunos diputados han criticado severamente su nula participación legal en este procedimiento, cuando la ley establece como una de las principales facultades del Congreso y los diputados, precisamente la fiscalización de los recursos públicos.

Conforme a las disposiciones actuales, el OSFEM es el encargado de dicha revisión bajo principios meramente técnicos, para posteriormente entregar a los diputados solamente un informe de la misma. Adicionalmente puede emitir “observaciones”, que son señalamientos de posibles irregularidades contables, en el manejo de los programas y ejecución  de los recursos públicos. Pero ni siquiera le corresponde aplicar las sanciones respectivas, como no sean de carácter administrativo, pues de encontrarse delitos en la ejecución o reporte del uso del dinero de los contribuyentes, corresponde a la Junta de Coordinación Política presentar las denuncias penales correspondientes.

Con la presentación de este informe y su declaratoria de cumplimiento legal, en los hechos queda prácticamente exonerado el gobierno estatal, los municipales y las direcciones de los organismos autónomos y auxiliares fiscalizados de cualquier anomalía o delito punible.

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