El Barco Ebrio

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El pequeño municipio de San Antonio la Isla, a 20 minutos de la capital del Estado de México Toluca, tiene problemas del tamaño del mundo. Ciudadanos denuncian irregularidades en los procesos de la Dirección de Catastro municipal, encabezada por Lino Manjarrez Torres, quien hace creer a quienes le solicitan números catastrales que sus predios presentan irregularidades.

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Los señalamientos no son pocos contra Manjarrez Torres, quien refiere a los ciudadanos que le solicitan documentos que es en el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, Imevis, donde se levantan incidencias, las cuales detienen los procesos en San Antonio la Isla.

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La razón de que el director de Catastro de San Antonio la Isla haga lo que hace, dicen los quejosos, es que los terrenos, al no obtener números catastrales, tampoco pueden acceder a la escrituración de los mismos, por ejemplo cuando se trata de una compra-venta y esos papeles deben salir a nombre del nuevo dueño. El funcionario de Catastro aprovecha ese resquicio y, dicen los mismos afectados, ha vendido terrenos sin papeles, o con otros papeles, afectando a los verdaderos dueños.

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El ayuntamiento priista de San Antonio la Isla no es ajeno a esos problemas por tierra, que se suman a los ya conocidos sobre construcción de fraccionamientos de interés social, con graves deterioros en sus estructuras. El negocio de la tierra en San Antonio es boyante, pero no siempre legal. Ese mismo ayuntamiento conoce las operaciones del director del Catastro, al que se le ha solicitado por todos los medios legales resuelva los inconvenientes en tiempo y forma. A la fecha no hay resultados pero sí quejas formales ante el Ministerio Público. Manjarrez ha estado al frente de Catastro por dos trienios y antes, en el periodo del 2006 al 2009 una prima suya, Raquel Ensáustegui, lo encabezaba. A ella se le señala de no entregar, completo, los archivos generados desde su oficina. Manjarrez no enfrenta sólo la ira de quienes se consideran afectados por su dirección, sino que ha generado animadversión en las oficinas del ayuntamiento y del mismo palacio de gobierno, en Toluca, donde ya tienen conocimiento de las irregularidades denunciadas y preparan una investigación para deslindar responsabilidades. Falta conocer la versión de Manjarrez, quien seguramente tendrá mucho que aclarar.

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Enrique Peña vive su propia nación, su propia realidad. Pero este ejemplo, institucionalizado desde sus discursos públicos y en juntas privadas con sus allegados, ha permeado en el resto de los actores políticos, que no necesitaron de cursos ni de entrenamientos, y prestos se dedicaron a copiar la banalidad del nacido, dicen, en Atlacomulco. Uno de los alumnos más aventajados en aquello de hablar y no decir nada es el gobernador mexiquense, Eruviel Ávila, quien cumple tres años al frente del estado más rico y político del país, a pesar de rumores sobre su salida y desincorporación del equipo peñista. “Estaremos atendiendo”, “seguiremos por el camino de la legalidad”, estamos enfocados”, “nuestro compromiso siempre ha sido y será”, “es un hecho”, “no podemos pasar por alto”, “construimos el progreso”, “atendemos a los más necesitados” son algunas de las frases del gobierno eruvielista, mejoradas o recicladas desde otros sexenios. Más allá de lo hueco, que es comprensible cuando el propio Peña señala que la corrupción es cultural, a Eruviel se le complicaría su Tercer Informe de Gobierno si tuviera que atender lo real.

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Su entidad es primer lugar en secuestros, por ejemplo, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y la organización Alto al Secuestro. La primera dio 24 plagios en septiembre mientras que la otra contó 53. En total, el Edomex lleva 928 casos registrados.

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Sin embargo, el caso más crudo y difícil para Eruviel es la matanza de Tlatlaya, donde 22 personas fueron presuntamente fusiladas por el ejército. Los ejecutados han dejado de ser cifras, porque ni siquiera nombres hay, para convertirse en un señalamiento tangible, fuera de toda abstracción, sobre lo que significa el Estado de Derecho en territorio mexiquense. Narcos o no, habrían sido fusilados sin más pasando por encima de cualquier autoridad, -o peor, cumpliendo la orden de alguna autoridad- que de todas maneras no encuentra la forma de explicar el caso de Tlatlaya. José Manzur, secretario de Gobierno mexiquense, dice que la PGR debe investigar. Ávila todavía fue más lejos y dijo, cuando el suceso estaba fresco, que “el ejército, en legítima defensa, abatió a los delincuentes”, el primero de julio del 2014. “Podemos ver que el Ejército mexicano actúa con firmeza con acciones concretas y el gobierno del Estado de México le reconoce su participación y le agradece la acción decidida y contundente del día de ayer”, decía el de Ecatepec.

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Peña, desde Nueva York, también elude lo de Tlatlaya y señala a la PGR como la instancia a la que se deberá preguntar. El presidente vive su norteamericana realidad y al parecer eso es lo que hace bien. No es un vendedor estrella pero así lo consideran desde el extranjero. Tampoco es un líder, pero lleva al país por rumbos insospechados, metas inciertas. Tampoco es un intelectual, pero se atreve a pensar por los demás y hasta aplausos se lleva. De actor no tiene nada, pero ha convencido a algunos millones de la necesidad de vender Pemex, por ejemplo.

El poder público, el de la ciudadanía, no sirve para nada.

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Que Ávila aclare lo sucedido en Tlatlaya, porque lo sabe, será poco menos que imposible y menos durante las giras que hará por el Tercer Informe de Gobierno. Tlatlaya sólo es reflejo de un larguísimo gobierno priista y su grupo, el de Atlacomulco, en el Estado de México. Tampoco es verdad que un cambio de partido ayude en algo. El problema no es ése sino la forma, más que casquivana, en la que se ha conducido a la entidad, a la que hay que ver como una inmensa fábrica con millones de obreros y algunos capataces, que trabaja con dinero público y lo transforma en privado.

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Tlatlaya es sólo el punto más visible de lo que ocurre en el Estado de México. Otros municipios y pueblos siguen esos patrones, algunos tan cerca de Toluca como Autopan, a 15 minutos del centro de la capital, donde una serie de ejecuciones, algunas de ellas inusuales, enciende algunas alarmas. La lectura sobre la masacre en el sur mexiquense conduce a que alguien no está jugando el mismo juego, es incómodo. Michoacán y la Tierra Caliente del Edomex es un mismo territorio narco.

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Eruviel Ávila estará contento porque podrá oponer un informe anual vistoso, colorido, lleno de esperanzas y algunos resultados. Un CRIT, por ejemplo; la entrega de despensas, por decir algo; la aplicación de programas sociales, por no ser ciegos. La Cámara de Diputados no lo cuestionará. La ciudadanía no puede preguntarle. La clase empresarial está más ocupada cuidando lo que tiene y el clero sabe que cerrar la boca es una cuestión de fe.

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