¿Qué sigue?

* ¿Qué esperan las estructuras de gobierno para aplicar la ley, simplemente eso, la aplicación estricta del marco normativo que rigen a las instituciones, sobre todo ahora, que ya es de conocimiento público el vínculo directo de un presidente municipal con la delincuencia organizada, con rasgos que indican la construcción de un cogobierno, ejemplificado en la instrucción girada por un director de Seguridad Pública municipal (el de Iguala) para detener a los estudiantes y un delincuente ordenar a los policías su asesinato?

 

Luis Zamora Calzada

Soy normalista pero pudiera ser universitario, politécnico, del Conalep o de cualquier otra institución de educación superior de nuestro país. Lo cierto es el dolor que causa saber la casi segura masacre de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero y sin importar de dónde sea egresado o en el carácter de estudiante, lo triste es el sentimiento que se experimenta ante esto hechos lamentables, que reflejan una crisis en el gobierno de nuestro país y sus probables concatenaciones con la estructura gobernante.

En mi condición de normalista no sobra decir que una gran mayoría de quienes accedemos a estas instituciones formadoras de docentes no gozamos de una situación económica de abundancia, vivimos al día;  los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, están igual, escuela normal que conocí en el año 2000, impartiendo conferencias de lecto-escritura, por lo que puedo asegurar el gran nivel de lectura en el alumnado, pero también la terrible sed de justicia que parece emanar del lugar ante las grandes deudas que tiene con la gente y que no termina de pagar, injusticias que en cualquier parte de México están presentes por culpa de las instancias y sus titulares en turno, y que vulneran impunemente el Estado de Derecho que deben acatar.

¿Qué esperan las estructuras de gobierno para aplicar la ley, simplemente eso, la aplicación estricta del marco normativo que rigen a las instituciones, sobre todo ahora, que ya es de conocimiento público el vínculo directo de un presidente municipal con la delincuencia organizada, con rasgos que indican la construcción de un cogobierno, ejemplificado en la instrucción girada por un director de Seguridad Pública municipal (el de Iguala) para detener a los estudiantes y un delincuente ordenar a los policías su asesinato?

Lo anterior es inaceptable e inconcebible para un estado que prometió el primer mundo con reformas, y reformas quizá predestinadas al fracaso, que por la propia realidad no han sido ni serán capaces de bajar ni el costo de la gasolina, ante la gran inseguridad que priva.

La inacción manifiesta es palpable. Porque a pesar de tener conocimiento pleno de los ex presidentes municipales de Michoacán ligados a la delincuencia, a lo que se suma la gravedad del caso Iguala, son omisas en ordenar una investigación a fondo o practicar al menos las pruebas de confianza a los presidentes municipales del país, a los legisladores locales y federales con rigor y en términos de ley que clarifique sus perfiles ante la gente.

Debido a los hechos públicos dados a conocer, otros servidores públicos en cualquiera de las estructuras gubernativas pudieran no escapar de esquemas similares, dejándonos a la sociedad en estado de indefensión.

 

Violación con complacencia

 

Ahora, más que nunca, la población tiene la urgente necesidad de conocer la ley, lo que no ocurre hasta el momento, quedando claro que la escuela pública no ha sido suficiente para conceptualizar en sus egresados una vida en la legalidad.

Un ejemplo claro hace referencia a los hechos del Politécnico Nacional, acontecidos entre la marcha del 30 de septiembre, para exigir la suspensión definitiva de planes reformados en perjuicio de sus carreras y un nuevo reglamento interior, y la respuesta brindada el 3 de octubre a las tres de la tarde, dada a conocer por el secretario de Gobernación del país.

Llama la atención un punto del pliego petitorio, el referente a la renuncia de la directora general, que no fue presentado ante el titular de la Secretaría de Educación Pública, según la información difundida y el anuncio de su separación, realizada por el secretario de Gobernación, dejando de lado a la instancia educativa, que fue omisa en cumplir con sus obligaciones legales.

En un hecho de la misma naturaleza, la renuncia del secretario general del Politécnico, anunciada el sábado, sí fue tramitada ante el titular de la Secretaría de Educación federal, que hizo el anuncio a través de un comunicado el pasado cuatro de octubre, dejando a la institución sin directivos con facultades de toma de decisiones hasta el momento.

Lo acontecido no es menor, la violación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se configura a todas luces, ley de donde se desprende el reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública, que es claro en señalar las facultades que tiene dicha instancia gubernativa y desde el ámbito de esas atribuciones que le confieren la normatividad, es a la que debió corresponder la resolución del conflicto y no a los actores participantes conocidos por todos al día de hoy.

En otro orden de ideas, la Secretaría de Educación Pública queda debilitada, sobre todo cuando, por probable complacencia, no emitió postura alguna respecto a lo acontecido en el  Instituto Politécnico Nacional, permitiendo injerencias de otras instancias que no tienen a su cargo el asunto educativo del país. Así de graves fueron los hechos anunciados hasta por televisión.

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