Fosa común

* La masacre de normalistas en Iguala es el resultado de años de corrupción y represión en México. Lo mismo que los 22 ejecutados en Tlatlaya, los hechos responden a las decisiones tomadas durante años por la clase política, una sola con el crimen organizado y que toma decisiones desde la lógica del asesinato.

 

Miguel Alvarado

A principios de octubre del 2014, el presidente de México, Enrique Peña, afirmaba que había bajado en 87.5 por ciento el número de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a las fuerzas armadas. La matanza de 22 personas en San Pedro Limón, Tlatlaya, Estado de México, había sucedido el 30 de junio del 2014, quince días antes de que se difundieran esas estadísticas. En esa ejecución, que la Federación después matizó cargando la culpa total a tres soldados, la Comisión Nacional de Derechos Humanos actuó como siempre lo hacen las comisiones mexicanas. Su postura oficial fue la de reconocer que hubo graves violaciones a los derechos humanos. Ninguna cosa más. Luego de una semana viviendo en las instalaciones de la Normal Rural de Ayotzinapa, los estudiantes les exigieron a los de la CNDH salir del plantel. Los escoltaron hasta las puertas y desde allí los vieron partir en dos autos y una camioneta. Los estudiantes no confían en ellos. Esa misma Comisión ha encabezado otras dos investigaciones por ataques a normalistas.

 

II

Los derechos humanos en la administración de Peña Nieto funcionan así. Lo mismo sucedió en el 2006, cuando la policía estatal se enfrentó en San Salvador Atenco al Frente de Pueblo en Defensa de la Tierra. Hubo más de doscientos detenidos y dos muertos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos nunca pudo establecer independencia del gobierno peñista y nunca, por mediación de la instancia, alguien pudo obtener algún resultado. Human Rights Watch acusa que a EPN le interesa más la apariencia que reconocer la gravedad de la inseguridad en el país. Peña dijo, el 30 de septiembre, cuatro días después de la masacre en Guerrero, que el asunto era problema de Iguala.

 

III

Peña construyó esa candidatura presidencial desde el cobijo de su tío, el ex gobernador priista del Edomex, Arturo Montiel, miembro del Grupo Atlacomulco, en el 2005. Un año después comenzaba a fraguar la llegada del equipo político a la presidencia, sueño acariciado por décadas que ni Carlos Hank ni Alfredo del Mazo González habían cumplido. El Grupo Atlacomulco ya había revelado que el poder es un negocio que involucra al clero, al empresariado, a los políticos y al crimen organizado. Y que la clase política no estaba dispuesta a trabajar en otro esquema, desde el partido que fuera. A Peña, esa precampaña desde el 2006 le costó unos 700 millones de pesos al año, casi todos otorgados a Televisa, que le armó un escenario de novela y coloreó su materia gris con crayolas de estadista. El dinero provino de fondos públicos, facturado como publicidad y difusión de obra.

 

IV

En la matanza de Tlatlaya, hay tres soldados presos que actuaron por su cuenta, según la versión del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, quien sabía que le reclamarían por la evidente inconsistencia, similar, por ejemplo, a la solución final del caso de la niña Paulette, muerta en Huixquilucan en el 2010 y de la que dijo el entonces procurador Alfredo Castillo, estaba debajo del colchón. Así, con la previsión en el discurso, dijo que “los enfrentamientos ya se habían dado. Ya había muchos muertos, muchos heridos”. La última misión de los tres soldados fue exorcizar a todo su batallón, el 102 estacionado en San Miguel Ixtapan, Tejupilco, y acusado por años de haber sido infiltrado por el narcotráfico, por el cártel de La Familia Michoacana, que organizó con al menos 52 soldados una red de informantes que pagaba el líder regional de los narcos, Johnny Hurtado Olascoaga, “El Mojarro”, con residencia en Arcelia, Guerrero, a una hora de Iguala.

 

IV

Enrique Peña canceló una gira por Guerrero. A cambio, se dejó fotografiar paseando por la ciudad de México con los príncipes de Japón, Akishino y la princesa Kiko, el 6 de octubre, a quienes atendió en el protocolo de la buena educación. También voló a Baja California Sur, el 7 de octubre, donde los damnificados por el huracán Odile lo apapacharon sonrientes y le agradecieron el apoyo federal. Al menos los que salieron en las fotos. Al tema de Ayotzinapa, Guerrero, los seis muertos y los 43 normalistas desaparecidos, Peña Nieto le dedicó cerca de 4 minutos en público, también el 7 de octubre. En Monterrey, el 8 de octubre, se tomaba fotos con militantes, muy sonriente y su hija, Paulina Peña, visitaba Europa en compañía de sus amigas, vigiladas por el Estado Mayor Presidencial, en viaje de placer.

 

V

No es necesario que organizaciones internacionales declaren que México vive una guerra interna, la más cruenta de su historia. Todos las ven desarrollarse frente a uno, en la calle, a plena vista, a uno metros, al lado, en uno mismo. De todas maneras algunos números confirman un escenario así.

240 mil muertos aunque apenas 120 mil reconocidos oficialmente.

30 mil 780 ejecutados en el periodo peñista.

27 mil desaparecidos, aunque apenas 8 mil reconocidos.

 

VI

Por fin los gobiernos mexicanos aceptan lo que son. Narcopolíticos, en todos los niveles, gobiernan un país e imponen las reglas, sus decisiones sólo reflejan eso. No hay truco. Un narcopolítico genera narcopolítica. El libro del periodista Francisco Cruz, “Tierra Narca”, reveló desde el 2010 el grado de pudrición en la élite gobernante del Estado de México, donde nunca ha habido un Ejecutivo que no sea priista. Escribe que “las proyecciones más confiables estiman que el Estado de México tuvo en el 2005 un subregistro de dos millones de delitos… la cifra negra (delitos no denunciados en el Estado de México está en alrededor de 85 por ciento, según la Sexta Encuesta Nacional sobre Inseguridad, que en octubre de 2009 hizo pública el Instituto Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad (ICESI). Los números de Peña como gobernador son tan infames como los que obtiene como presidente. El reportero Agustín Germán Márquez obtenía para el diario local Alfa, las cifras más importantes.

Secuestro, homicidio y violación habían incrementado 21 por ciento entre 2005 y 2007.

Feminicidios y homicidios dolosos de mujeres subieron 17 por ciento entre 2006 y 2007.

El número de víctimas por cada 100 mil habitantes fue de 10 mil 200, según la Sexta Encuesta.

Esto, durante el gobierno de Enrique Peña.

No se puede hablar de fracaso. Los gobiernos de México siempre han trabajado para obtener el escenario que se vive ahora. Ya lo consiguieron.

El Estado mexicano es, en suma, el crimen organizado.

 

VII

A la Tierra Caliente que comparten Michoacán, Guerrero y el Estado de México se le debe agregar el estado de Morelos. Se obtiene un principado, independiente, donde las reglas son otras, como otras las autoridades. El alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca, es el responsable directo del asesinato de 6 normalistas y la desaparición de otros 43. Pequeño de estatura, más pequeño que Peña Nieto, casado con una mujer dominante, María de los Ángeles Pineda Villa, es también heredera de toda una familia del narcotráfico. Sus hermanos, Marco Alberto Pineda Villa y Marco Antonio Pineda Villa, pertenecía al cártel de los Beltrán Leyva y fueron abatidos en el 2009. Pero esa familia construyó de la nada su imperio. Propiedades como joyerías, edificios y centros comerciales atestiguaron el crecimiento económico de los esposos a la sombra, también, de la suegra del alcalde fugado, María Leonor Villa Orduño, y de otro de sus hijos, Salomón Pineda Villa, “El Molón”, dueño de la plaza de Iguala para el cártel de los Guerreros Unidos, grupo surgido de las remanencias de los Beltrán Leyva y que fue operado por Mario Casarrubias, “El Sapo Guapo”, desde Morelos.

 

VIII

El narcoalcalde Abarca se retrató públicamente con cuanta personalidad se le atravesaba en el camino. El presidente de México, Peña; el dirigente nacional del PRD, Carlos Navarrete; el diputado guerrerense Óscar Díaz Bello; Armando Ríos Piter, diputado federal perredista y con Andrés Manuel López Obrador, para hacerse publicidad en las elecciones que lo llevaron a la alcaldía. La esposa, María Pineda, también lo hacía y posaba junto al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, a quien también se le involucra con el narcotráfico por medio de uno de sus primos, Víctor Aguirre, “El Feo”, quien controla Acapulco.

 

IX

Las fotos son lo de menos. Un hombre que se ha decidido a salir de la nada es capaz de cualquier cosa. José Luis Abarca Velázquez es acusado de secuestrar y matar a un militante perredista. Incluso hay un testigo que sobrevivió a un cautiverio que terminó con la vida del líder de la Unidad Popular de Guerrero, Arturo Hernández Cardona, el 30 de mayo del 2013. En total, eran ocho los levantados por el alcalde, quien había sido denunciado por tres de ellos y recibido duras críticas. El ingeniero Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román, Ángel Román Ramírez, Héctor Arrollo Delgado, Efraín Amantes Luna, Gregorio Dante Cervantes, Nicolás Mendoza Villa, quien finalmente pudo contar el crimen y Jimmy Castrejón, todos de la Unidad Popular, fueron plagiados en plena carretera.

 

X

“Nos trasladaron agachados a un lugar desconocido. Sólo sé que era campo porque no íbamos vendados, a este lugar llegó una persona a interrogarnos, misma que escribía todo en hojas blancas, nos preguntó nuestros nombres, y direcciones y la de nuestra familia, cuatro hombres armados con Cuernos de Chivos nos estuvieron cuidando esa noche, uno de ellos nos golpeaba con un machete largo, un látigo de alambre y una tabla en forma de una paleta.

“Ahí nos tuvieron toda la noche. Al día siguiente, treinta y uno de mayo, nos cuidaron ya diez hombres que portaban armas largas, por la mañana nos siguieron pegando. Alrededor de las seis de la tarde dos hombres cavaron una fosa. Ya muy noche llegaron tres personas, de los cuales conozco y conocí a dos y si me las ponen enfrente las puedo señalar y son: el presidente municipal, de nombre José Luis Abarca Velázquez; el secretario de Seguridad Pública y otra persona que no conozco, todas ellas con una cerveza barrilito en la mano. El presidente José Luis Abarca Velázquez ordena a las personas que nos cuidaban que nos torturen, al término de nuestra tortura el presidente municipal se dirigió al ingeniero Arturo Hernández Cardona, diciéndole: “Qué tanto estás chingando con el abono, me voy a dar el gusto de matarte”. Al ingeniero Arturo lo siguieron torturando y aproximadamente diez minutos después el director de la Policía Municipal levanta del suelo al ingeniero Arturo y se lo llevaron a la fosa que estaba más o menos a 10 metros de donde nos tenían y es el presidente municipal Abarca Velázquez quien le da un escopetazo en la cara y otro en el pecho y lo dejaron tirado en la fosa, comenzó a llover y no lo taparon, quedó descubierto.

“El compañero Félix Rafael Bandera Román, al tratar de escapar fue ejecutado, lo sé y me consta porque tres de las personas que nos vigilaban trajeron de regreso el cuerpo. Esa noche nos volvieron a interrogar, preguntándonos nuestras direcciones, nuestra relación con el ingeniero Arturo Hernández Cardona y nuestra participación en la Unidad Popular. Desde ese momento se dedicaron a amenazarnos, sólo decían entre ellos que tenían que esperar para ejecutarnos, se dedicaron a excavar fosas, alrededor de las 10 de la noche reciben una llamada y se escucha la orden de que “se debía de destapar los depósitos y sacar los cuerpos, porque ya se puso cabrón”. Desenterraron al ingeniero Arturo Hernández Carmona y a Félix Rafael Bandera Román, metieron los cuerpos en una camioneta Cherocky, nos trasladaron a la camioneta donde estaban los cuerpos y nos metieron encima de ellos, nos llevaron cerca de Mezcala y nos tiraron a todos, ahí matan a Ángel Román Ramírez, disparándonos dos personas con armas largas y todos corrimos al monte”.

 

XI

“Julia” sobrevivió a la matanza de Tlatlaya pero vio morir a su hija, asesinada por alguno de esos tres soldados que, dice la PGR, mataron a casi todos. “Julia” culpó a los soldados y contó la historia a medios extranjeros. Hoy la PGR dice que “Julia”, testigo protegido, tiene al menos dos versiones sobre los mismos hechos. “Pero no varía mucho los hechos”, dice el titular de la dependencia, Jesús Murillo.

 

XII

Los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa se dirigían el 26 de septiembre del 2014 a la plaza de las Tres Garantías, donde la dueña de Iguala pero además presidenta del DIF estatal, María Pineda, rendiría su informe de labores. “Quiero invitarlos a que hoy me acompañen a mi segundo informe de actividades en punto de las 6 de la tarde”, decía el último mensaje en facebook de la presidenta, que subía una foto con el escenario ya dispuesto. La policía fue enviada a detener a los estudiantes pero en lugar de eso abrió fuego contra ellos. Y quien ordenó dispararles fue el director de Seguridad Pública municipal, Francisco Salgado Valladares. Luego, un sicario apodado “El Chucky”, quien trabaja para Guerreros Unidos y opera en el estado de Morelos determinó asesinarlos. La trama de Iguala es similar a la de Tlatlaya. Los responsables directos de los asesinatos serán “El Chucky” y sus narco-policías, como lo fueron los tres soldados en el Estado de México. En la lista de presos no habrá ningún político o alto mando.

 

XIII

José Luis Abarca es amigo de Lázaro Mazón Alonzo, senador perredista hasta el 2012 y alcalde de Iguala en dos periodos, 1996-1999 y 2002-2005. Político finalmente, es ahora secretario estatal de Salud en Guerrero y hace poco se deshacía en elogios por Abarca Velázquez y su mujer. Es también el abanderado de Andrés Manuel López Obrador, presidente del partido Movimiento de Regeneración Nacional, para las elecciones de gobernador en aquel estado. “Es el mejor”, dijo AMLO de Mazón. “Es el mejor”, dijo Mazón de Abarca.

 

XIV

Iñaki Blanco, fiscal de Guerrero, dijo que del “Chucky” sólo se conocía su apodo.

 

XV

Pero si el gobierno de Guerrero ni la Federación o los militares tienen idea de cómo se llama “El Chucky”, un blog en internet puede darles una pista. El sitio “Morelos narconoticias” http://jojunarco.blogspot.mx, se dedica a subir información relacionada con el narcotráfico en Morelos, que siempre va de la mano de secuestros, extorsiones, asesinatos y detenciones. No hay nada que no esté en otros medios, excepto su singular área de comentarios, usada como ring de combate verbal por los propios sicarios y narcotraficantes, grandes y pequeños. Todos se amenazan y se ostentan como los más rudos, poderosos. No hay tregua en las calles pero tampoco en las redes sociales. Allí se revelan direcciones y apodos, se avisa a los amigos o socios, se ponen los nombres de familiares y amantes; se develan rutas, alianzas y traiciones y “El Chucky” es uno de los personajes más comentados. Según el foro, “El Chucky” se llama Carlos Roberto Quezada.

 

XVI

“¿Cómo es que 4 sicarios están detenidos y no hallan al Chucky? Verga. Q c desconoce el nombre “Carlos Roberto Quezada” aista eL nombre d este perro vive en pte de ixtla. Trabaja para Carrete, Pinche gobierno comprado esta asiendo pedo Xq su familia esta protestando… si no, no isiseran nada cada dia muere gente. Ayer encontraron a una señora encpbihad con un msj donde esta la prensa? En iguala? Xq? Xq son 43 desaparecidos a no mamen tienen q ser un chingo para llamar su atención son mamadas.. Carlos Quezada alias el chucky trabaja para santiago mazari alias el carrete… chuky vive en la calle argentina frente a la estancia de niños cocoy … col norte. De pte de ixtla”, es el mensaje que se deja en el foro con la dirección http://jojunarco.blogspot.mx/2014/10/emite-epr-comunicado-sobre-caso.html#comment-form, al pie de un comunicado o pronunciamiento del Ejército Popular Revolucionario.

 

XVII

“El Chucky”, ya mencionado por las autoridades como el ejecutor de los asesinatos de los normalistas, es el brazo sicario de Santiago Mazarí, “El Carrete”, líder de “Los Rojos” y sobrino del diputado local por Morelos, Alfonso Miranda Gallegos, quien a principios de octubre del 2014 solicitó un amparo para no ser detenido. La trama es complicada. “Guerreros Unidos” domina Iguala y el enmarcado político del PRD, mientras que “Los Rojos”, para quienes trabajaría “El Chucky”, habrían asesinado a los normalistas.

 

XVIII

Leonor Villa Ortuño, suegra del alcalde José Luis Abarca aparece en un video cuando supuestamente había sido secuestrada. Vendada de manos y ojos, la madre de María de los Ángeles Pineda Villa relata, bajo amenaza, que su yerno protegía a Guerreros Unidos a cambio de 2 millones de pesos mensuales. La trama de relaciones se complica, desde luego, pero no es imposible de seguir, como una mala telenovela en la que incluso aparece el nombre de Federico Figueroa, hermano del cantante Joan Sebastian o José Manuel Figueroa, primos-hermanos del ex gobernador Rubén Figueroa.

Federico Figueroa es mencionado en el submundo de las narcorredes como el sucesor de Mario Casarrubias Salgado al frente de los Guerreros Unidos en Morelos.

A Mario Casarrubias Salgado lo llaman “El Sapo” o “El Sapo Guapo” y fue detenido en Toluca en un operativo encabezado por la Marina, el 30 de abril del 2014. Casarrubias era escolta de los Beltrán Leyva y trabajó algún tiempo en Chicago, donde halló la manera de encontrar protección de norteamericanos para transportar droga en tráileres desde México. Era uno de los más importantes proveedores de heroína. Un video circulaba en redes sociales y desde allí un hombre llamado Carlos Campos Hernández, “El Comando”, vinculaba a funcionarios del Estado de México con el grupo de Casarrubias. Entre algunos, menciona al alcalde de Ixtapan de la Sal, Ignacio Ávila Navarrete, a quien ubica como compadre Casarrubias, quien usó la misma estrategia que Johnny Hurtado para comprar información a soldados pertenecientes a los batallones 27 y 35.

En el 2013, Casarrubias peleaba contra los Caballeros Templarios por el control del sur mexiquense y esa guerra, invisibilizada por las autoridades, se extendía desde Tejupilco hasta Iguala y Telolalpan, en Guerrero, e involucraba a municipios de Morelos y Michoacán, además de una precaria alianza con la Familia Michoacana, dirigida en ese entonces por José María Chávez Magaña o Leobigildo Arellano Pérez, “El Pony”; Héctor García, “El Player”; Pablo Jaimes Castrejón, “La Marrana”, jefe de plaza en Tlatlaya y el propio Hurtado, “El Mojarro”. Jaimes fue abatido en Luvianos, en agosto del 2014, por el ejército.

Héctor García, “El Player”, está involucrado en el levantón y asesinato del alcalde -del PT y Convergencia- de Zacualpan, José Eduviges Nava, municipio mexiquense, el 19 de agosto del 2011, cuyo cuerpo apareció en Guerrero. Las primeras investigaciones condujeron a la captura de Sergio Aguirre Pérez, “El Chino”, jefe de plaza de Tejupilco para La Familia, quien dijo tener vínculos con José Luis Muñoz Álvarez, comandante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a quien se le pagaban 50 mil dólares como sobornos. De aquella alianza contra los Templarios, permanecen libres “El Mojarro” y “El Player”.

Fue Mario Casarrubias quien consolidó el poder de los Guerreros Unidos y logró crear desde Morelos, un corredor natural hacia el valle de México, un emporio capaz de pelear por el control de la Tierra Caliente y que actualmente libra batallas por esa plaza contra el cártel de “Los Rojos”. Johnny Hurtado, “El Mojarro”, desde Arcelia, Guerrero, pelea todavía contra Templarios, Guerreros Unidos, Rojos y el ejército. Doce fosas clandestinas habían sido localizadas en Morelos hasta este año. La ciudad más cercana a Arcelia es Iguala y es un paso de droga usado por los cárteles en el sur. San Pedro Limón era, hasta principios de este año, uno de los centros de reunión de La Familia Michoacana.

 

XIX

Unas semanas antes de la matanza de Tlatlaya, Hurtado y su grupo se enfrentaban a soldados, que lo buscan aún por la muerte de un teniente de la Marina, Arturo Uriel Acosta Martínez, asesinado por pistoleros de La Familia en abril del 2014 en el poblado de Liberaltepec, Guerrero. Los encuentros contra el ejército incluyeron poblados del Estado de México, como San Pedro Limón en Tlatlaya y otros de Amatepec.

 

XX

El Ejército Popular Revolucionario, EPR, también tomó postura luego de la matanza de Iguala, desde un comunicado emitido antes de encontrarse fosas clandestinas donde estarían los cuerpos de algunos de los desaparecidos.

“Los 43 normalistas que permanecen en desaparición forzada están siendo torturados en los cuarteles de la policía federal, instalaciones del ejército y la marina como sucedió en la represión del 28 de abril y el 15 de octubre de 2012 en Michoacán, cuando los mantuvieron desaparecidos temporalmente en las instalaciones de la academia de policía donde fueron también brutalmente torturados. Constituye una cínica burla la declaración del gobierno estatal al afirmar que se “abocará” a su localización, porque es de todos sabido y existen evidencias fehacientes de que fue la fuerza policíaco-paramilitar quien se los llevó, operativo realizado coordinadamente entre policía municipal, estatal, federal, ejército, marina y paramilitares.

“Los misteriosos “civiles armados y encapuchados” que perpetraron parte de esta masacre en realidad son elementos activos de las fuerzas policiaco-militares realizando acciones de paramilitarismo. Es grotesco sostener la tesis de la infiltración del crimen organizado para endosar este crimen de lesa humanidad a la “delincuencia organizada”, dicha afirmación constituye una burda maniobra política para diluir la responsabilidad del Estado y garantizar impunidad a los criminales materiales e intelectuales.

“Especulaciones dolosas promovidas por el Estado mexicano y difundidas perversamente por “sesudos analistas” y funcionarios públicos. La tesis del Estado Fallido,  independientemente de su modalidad con la que se pretende “justificar” la supuesta violencia generalizada, por la “delincuencia organizada” y el narcotráfico se encuentra circunscrita dentro de la doctrina de la guerra contrainsurgente dictada desde el imperialismo norteamericano.

“La masacre de Iguala es la expresión fiel del grado de terrorismo de Estado con el cual se trata de imponer de forma incuestionable la criminalización de la protesta popular bajo la mascarada e instrumento jurídico de “regular” marchas, plantones y la protesta popular, para evitar que “actos violentos” como los ocurridos en Ayotzinapan vuelvan a suceder. La detención de 22 policías municipales no garantiza justicia para nuestro pueblo, por el contrario es una maniobra recurrente para administrar y prolongar la impunidad, porque enseguida salen libres, como es el caso de los policías federales que asesinaron, el 12 de diciembre de 2011, a dos normalistas también de Ayotzinapan, esos criminales hoy gozan de libertad y completa impunidad”.

 

XXI

El periodista Francisco Cruz, autor de los “libros Tierra Narca”, “El Cártel de Juárez” y “Los Juniors del Poder” sostiene la posibilidad de que los muertos de Tlatlaya pudieran pertenecer a grupos guerrilleros, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo (FAR-LP), surgidas en el 2013 y que denunciaba tácticas de represión social de la Federación contra organizaciones civiles. También postularon que cualquier compañía petrolera extranjera que se asentara en México sería tomada como “objetivo militar”. Tienen su zona de influencia en Tlatlaya y Arcelia

Está ligada a los grupos de autodefensa fundados por Nestora Salgado en Guerrero, actualmente presa en Tepic pero coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, el antecedente directo de las Autodefensas michoacanas encabezadas por José Manuel Mireles. Para Francisco Cruz, los militares creían que los 22 ejecutados en Tlatlaya pertenecían a la guerrilla. El gobernador del Edomex, Eruviel Ávila, el caso de Tlatlaya es un muro de silencio que para él está en manos de otras jurisdicciones.

 

XXII

El alcalde de Iguala se llama José Luis Abarca Velázquez. El alcalde de Tlatlaya se llama Ariel Mora Abarca y pertenecen al PRD. Este último dice que no es primo del guerrerense y quiere ser, próximamente, diputado local.

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