¿Atrocidades institucionales?

* ¿Qué hará el Estado mexiquense? ¿El titular de la PGJEM avala estos métodos, propios de un probable Estado de Terror? ¿Está la sociedad de la entidad conforme con estas prácticas? Lo más grave que puede ocurrir es que, a pesar de que estos hechos son de conocimiento público, no pase nada, que todo siga igual, que las violaciones sigan ocurriendo y la supuesta instancia impartidora de justicia penal continúe con la violación a los derechos humanos garantizados en la Constitución Política y en convenios internacionales firmados por nuestro país.

 

Luis Zamora Calzada

Realmente difícil de entender por qué ocurre, entre “personas”, actuaciones contrarias a lo que puede ser la esencia del ser humano, como las descritas en narraciones oficiales dignas de ser parte de una novela de terror y ficción plasmadas en los numerales que integran la recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), titulado “sobre los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en Cuadrilla Nueva, Comunidad de San Pedro Limón, Municipio de Tlatlaya, Estado de México”, visible en la página principal de internet de la CNDH.

A manera de ejemplo, su numeral 314 narra que “la madrugada siguiente refiere que las trasladan a otro lugar cercano, ya que el trayecto duró alrededor de 20 minutos, en donde la meten a un baño con tres hombres, quienes le dicen que ahí ““ellos hacían hasta que los muertos hablaran””; en este lugar le jalan el cabello, le pegan en las costillas, y con una bolsa de una tienda ““como de mandado””, la asfixiaron en nariz y boca, sin poderse mover porque le colocaron los brazos y piernas cruzadas por la espalda. Intercalaban la interrogación y la bolsa durante varios minutos, alrededor de tres veces, hasta que uno dijo ““esa vieja se nos va a morir””. Posteriormente, metieron su cabeza a la taza del baño, alrededor de cuatro veces. Le decían que tenía que decir que las personas que fallecieron ““habían matado a diez””, a quienes pusieron en bolsas negras, y que ella daba de comer a los secuestrados”.

Lo anterior forma parte del apartado denominado “Responsabilidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México” (PGJEM), que por sí misma refleja violaciones  a la Ley Orgánica de la PGJEM al reglamento de la misma ley y, por supuesto, a derechos humanos garantizados en la Carta Magna de nuestro país.

Ante estas atrocidades, ¿qué hará el Estado mexiquense? ¿El titular de la PGJEM avala estos métodos, propios de un probable Estado de Terror? ¿Está la sociedad de la entidad conforme con estas prácticas?

Lo más grave que puede ocurrir es que, a pesar de que estos hechos son de conocimiento público, no pase nada, que todo siga igual, que las violaciones sigan ocurriendo y la supuesta instancia impartidora de justicia penal continúe con la violación a los derechos humanos garantizados en la Constitución Política y en convenios internacionales firmados por nuestro país.

 

Indiferencia normalista

 

En algunos sectores sociales, a partir de los lamentables hechos de la muerte y desaparición de estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa ocurrieron reacciones inentendibles por su significado asociado a la criminalización.

En Toluca, Ixtapan de Sal, Tonatico, Coatepec Harinas, entre otros municipios, corrió entre los comerciantes la voz de que “ahí vienen los normalista”. Muchos cerraron sus negocios para evitar supuestos saqueos que construyeron en su imaginario, vinculando la imagen del estudiante normalista al de sujetos peligrosos, delincuentes.

Se asegura que en Coatepec Harinas las reacciones de mucha gente fueron apersonarse en el inmueble de la presidencia municipal para defenderlo de los “normalistas” que provocarían desmanes; según las narraciones recogidas, se reflejaba enojo en la gente reunida, dispuestos a responder con violencia contra los estudiantes, que jamás llegaron.

No puede pasar desapercibido que en nuestra entidad funcionan 36 normales estatales y la Normal Rural de Tenería, ubicada en Tenancingo, que por razones naturales ha suspendido labores en apoyo a los alumnos de Ayotzinapa. Mientras, en las estatales no ha existido manifestación alguna, como la solidaridad expresada de otras instituciones educativas del Estado de México.

La indiferencia que se percibe de los normalistas estatales es preocupante, algunos docentes de este nivel educativo aseguran que mientras no haya un orden de “arriba”, ellos no pueden emprender acción alguna.

Suponiendo sin conceder que la solidaridad requiera de “permiso de los de arriba” para manifestarlo, ¿qué tipo de futuro maestro se está formando en estas escuelas? Parece increíble, de ser cierto el comentario -la sensibilidad inherente a los lamentables hechos ha generado la solidaridad nacional e internacional, sin ser explicable desde cualquier razonamiento- que en las instituciones formadoras de docentes estatales pueda ordenarse que pase desapercibido a pesar de que los afectados son hermanos de profesión.

Lo anterior explica en parte los miedos inducidos en los profesores, provenientes de su probable formación, que se superaría con información, tal y como aseguró un docente: “a los maestros nos tendrán miedo cuando sepan que no tenemos miedo, pero para ello tenemos que leer, por el bien de nuestros alumnos”. Usted que piensa, amable lector.

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