Con olor a corrupción

* Antes de llegar a las instancias “impartidoras de justicia” es obligación cumplir con lo que manda la ley, pero también gozar de las garantías que otorga la misma, de donde es indispensable la cultura de la legalidad en el pueblo, conocer ese Estado de Derecho y desde ahí actuar.

Luis Zamora Calzada

El ex presidente de México, Ernesto Zedillo, se equivoca en su interpretación de Estado de Derecho. El actual quizá no lo entiende, de ocurrir lo contrario no pretendería un pacto para garantizarlo. Su actuar sería en términos de lo estrictamente establecido en la ley, sin extralimitaciones ni violaciones de ninguno de los administradores en turno del Estado mexicano, como acontece en la actualidad. A manera de ejemplos, la gravísima vinculación entre un número no definido de representantes populares, autoridades electas y nombradas con la delincuencia, la falta de transparencia en el uso de recursos, entre otros.

Ernesto Zedillo afirmó en el foro “Productividad, clave para el desarrollo sostenible”, que “cuando el Estado de Derecho es débil la justicia tiene un precio y eso es una tragedia…”, agregando que el elemento fundamental es la igualdad ante la ley, donde el pobre cuente con la misma oportunidad que el rico cuando acude a la justicia para ser protegido, lo que constituye una interpretación reduccionista del Estado de Derecho.

Sirve de sustento a lo anterior el criterio sostenido por el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, al determinar que el principio de legalidad es esencia del régimen jurídico de un Estado de Derecho y “el acatamiento por todos a las leyes, es un régimen jurídico de Estado, es la suprema garantía y la efectividad de esta garantía constituye la normalidad de un régimen jurídico”.

La traducción consiste en que desde el presidente, los gobernadores, funcionarios y el ciudadano, es decir todos, pero todos, debemos actuar en lo que la ley establece y nos permite, en lo que la ley guarda silencio está prohibido para las autoridades, no así para el ciudadano. Lo que no le está prohibido en la ley, le está permitido.

Es decir, antes de llegar a las instancias “impartidoras de justicia”, como señala el ex presidente, es obligación cumplir con lo que manda la ley, pero también gozar de las garantías que otorga la misma, de donde es indispensable la cultura de la legalidad en el pueblo, conocer ese Estado de Derecho y desde ahí actuar.

De manera concatenada a la cultura de la legalidad, está la cultura de la denuncia ante las instancias jurisdiccionales, combatiendo todo acto contrario a Derecho: el policía que pide la “mordida”, el ministerio público que intimida, el auxiliar del tribunal que saca acuerdos a modo violando su ley, el que no respeta los tiempos que le marca la ley en la impartición de justicia, el que compra el voto, el que la vende, el integrante del jurídico que busca acuerdos económicos en perjuicio del usuario, el que retiene el salario, el que viola un derecho del trabajador, el asesor académico que pide favores para dar un visto bueno, el que da diez toneladas de cemento obligando a que le firmen un vale por cien toneladas, el inmediato superior que comete hostigamiento sexual, acoso laboral, el marido o la esposa que golpea, el funcionario que vende programas sociales, el director que reúne credenciales de elector para su partido, el maestro que abandona la escuela para repartir despensas.

Interminable, realmente interminable enumerar los actos que se tienen que combatir para construir el país que queremos. Amable lector, ¿usted cree que podamos?

Con olor a corrupción

Lo que a continuación se da a conocer es una denuncia pública en contra del presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México (TECA), quien a todas luces puede constituir un acto claro de violación a la ley por retardar el proceso que debe proteger al trabajador de los agravios que comete la Secretaría de Educación estatal, entre otras instancias que así lo hacen, configurando en su actuación lo expresado por el ex presidente Zedillo, respecto a que “la justicia tiene un precio y eso es una tragedia”, que en verdad lo es para los trabajadores que no contamos con los medios para agilizar el proceso.

El TECA resuelve demandas laborales, un proceso que de manera general inicia con la presentación de un escrito de demanda ante la Oficialía de Partes de ese tribunal, continuando con el emplazamiento a la demandada, quien contestará en un plazo de diez días. Posteriormente se señala una audiencia de conciliación, ofrecimiento y admisión de pruebas, complementado por una etapa de desahogo de las mismas, finalizando con la presentación de alegatos y la declaración de cierre del juicio, terminando el proceso con el dictado del laudo o sentencia por el pleno del Tribunal (integrado por “ilustres representantes” de instancias, con el presidente del TECA y su secretario, que da fe), que se supone determinan conforme a derecho, lo que no siempre ocurre. Este proceso por lo regular tarda entre un año y dos. Al TECA los tiempos se los marca la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, que rige su actuar.

Sin embargo y extralimitándose en los términos, no es concebible que una demanda iniciada en 2008, registrada en el expediente 550 de esa anualidad, haya tardado el TECA seis años en emitir el laudo de fecha 24 de octubre del 2014, dictado incluso posterior a la reinstalación del trabajador en su centro laboral, en fecha del 21 de marzo del presente año y sin haber cumplir a la fecha el pago de los salarios que debe cubrir la Secretaría de Educación sin proteger al agraviado, contrario a su obligación legal, genera obstáculos con argumentos legaloides para retardar y causar daño al trabajador, comprobable en el expediente en comento, colocando en riesgo la subsistencia del docente.

La misma lógica aplica a los expedientes 49, 150 del año 2012; expedientes 326, 435, 755, 820 del año 2014. Claro, existen expedientes que datan de años anteriores que no terminan el proceso.

Un caso contrario, con trato altamente preferencial se encuentra en el expediente 905 de este año, iniciado hace dos meses con fuerte olor a tráfico de influencia y probable corrupción, como es notorio por los tiempos de resolución. Vea usted, en un acuerdo dictado el 30 de octubre y publicado el 4 de noviembre de 2014 en dicho expediente, el TECA otorgó las 48 horas establecidas para presentar alegatos, con lo que se cierra el juicio y seguramente en este mismo mes dictará el laudo. ¡Tiempo récord!, sólo tres meses en promedio para dictar sentencia.

¿De qué privilegios goza quien entabló la demanda, cuánto ha pagado para terminar su proceso en este plazo o quién es su padrino?

En estas actuaciones inequitativas surgen preguntas obligadas para el presidente del TECA: ¿cuánto  cuesta cumplir con la aplicación pronta y expedita de la ley en el tribunal que encabeza? ¿Por qué no da el mismo trato a todas las demandas? ¿Qué interés tiene en retardar algunos juicios laborales? Cuando agravia a un trabajador en el proceso emitiendo acuerdos contrarios a derecho, ¿lo hace por mutuo propio o por acatamiento a indicaciones “superiores”? ¿Hay ética legal en estas actuaciones? ¿Cuál es su concepto de impartición de justicia? ¿En qué institución estudió su licenciatura? ¿Con esta actuación da prestigio a esa institución? Son preguntas y quedamos en espera de sus respuestas.

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