La revolución que ya inició

* La desafortunada propuesta de paz de Peña Nieto “…que no sea el caso de lo que el gobierno deba hacer; que no lleguemos a este extremo de tener que usar la fuerza pública. Queremos convocar al orden, a la paz”, afirmada el sábado 15 a las diez de la noche, constituye una especie de declaración de guerra, amenazadora, intimidatoria e ilegal de utilizar la fuerza contra la sociedad civil, contraviniendo lo establecido en la ley.

 

Luis Zamora Calzada

Las violaciones a los derechos humanos son frecuentes y se han aplicado de manera sistemática en contra de la sociedad mexicana y mexiquense, por supuesto. Los administradores en turno de las instancias gubernativas del país  y de la entidad son los autores de los actos ilegales que se cometen contra la gente al no observar lo que les mandata la ley.

Recordemos que por el hecho de haber ejercido el derecho constitucional de asociación, se violentaron los derechos humanos de los fundadores del Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México en el 2007, y se siguen violentando, a la fecha.

Lo anterior consta en la recomendación 45/2008, emitida por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México, y entre las partes que interesan destacan las determinaciones realizadas en las observaciones al tenor siguiente:

“Al analizar los documentos, declaraciones y demás constancias reunidas de la investigación de los hechos de queja, esta Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México pudo inferir actos y omisiones atribuibles a servidores públicos de la Secretaría de Educación de la entidad, que vulneraron los derechos fundamentales de audiencia, defensa y legalidad en perjuicio de los profesores agraviados en este asunto, circunstancias por las cuales este Organismo se permite formular a esa dependencia las siguientes observaciones:

  1. a) Las instituciones, en un estado de derecho como el nuestro, tiene la ineludible obligación de someter su actuación a lo prescrito por la ley, esto es, que los actos que se lleven a cabo, de cualquiera naturaleza, debe ceñirse escrupulosamente a lo dispuesto por la norma jurídica que les rige. Lo anterior tiene consecuencias de importancia en nuestro régimen de gobierno, una de estas, consiste precisamente, en que las autoridades y los servidores públicos sean los primeros obligados legal y éticamente, en respetar cualquier ordenamiento jurídico, con independencia de su materia, porque finalmente una de sus obligaciones originarias estriba precisamente en respetar y hacer respetar la ley”.

Todo lo anterior no acató ni atiende la Secretaría de Educación estatal porque no es entendible que retengan el salario de los trabajadores, colocando en riesgo su subsistencia por el simple capricho de su titular, quien carece de fundamento legal alguno para violar la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, con el solo propósito de intimidar a los docentes.

 

La revolución que ya inició

 

La desafortunada propuesta de paz de Peña Nieto “…que no sea el caso de lo que el gobierno deba hacer; que no lleguemos a este extremo de tener que usar la fuerza pública. Queremos convocar al orden, a la paz”, afirmada el sábado 15 a las diez de la noche, constituye una especie de declaración de guerra, amenazadora, intimidatoria e ilegal de utilizar la fuerza contra la sociedad civil, contraviniendo lo establecido en la ley.

Él se sabe en la mirada internacional de las empresas transnacionales, principalmente, por la sencilla razón de que México es una especie de empresa y nadie en su sano juicio compra una en problemas, con una imagen deteriorada en el exterior.

La fuerza pública, integrada por policías federales y capitalinos que inhibió la marcha de la Estela de Luz a la “Casa Blanca” de Sierra Gorda 150 convocada para el domingo 16 de noviembre por la tarde y la provocación de agentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que dejó a dos estudiantes heridos, hacen prueba fehaciente de que las palabras de Peña citadas en el párrafo que antecede, es la línea de orden de actuación ya iniciada en contra de la población civil, deteriorando aún más la imagen del gobierno, cada vez más desgastada y cansada de los administradores en turno del Estado mexicano.

De resultar lo anterior no ser hechos aislados, se ha cumplido el deseo del dirigente juvenil priista de Huixquilucan, Luis Adrián Ramírez, expresada en redes sociales, de tener de vuelta a Gustavo Díaz Ordaz con ataques directos en contra de los habitantes de nuestra patria. Incluso el propio Porfirio Díaz estaría siendo rebasado con todo y su dicho de “mátenlos en caliente”. Éste es el México que no queremos.

En la otra cara de la moneda está la docencia social que imparten los maestros en formación de la Normal Rural de Ayotzinapa, principalmente de los tres muertos y los 43 desaparecidos. Su enseñanza radica en denunciar en instancias nacionales e internacionales, iniciar los procesos legales en contra de los corruptos, de los que no respetan la ley; quitar del imaginario del mexicano al Estado omnipotente y todopoderoso,  invencibles contra quienes no se puede ni mirar a los ojos.

Los hechos muestran su debilidad, la hora de la sociedad civil debe iniciar con esta cultura de la legalidad y la denuncia, que constituiría la verdadera revolución de nuestro tiempo para combatir órdenes infundadas y contrarias a derecho.

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