¿El fin del PRD?

* Los reclamos de Cuauhtémoc Cárdenas para que la dirigencia actual renuncie implican un cierto reclamo ético y moral, pero no han surtido efecto. Aparte, el propio fundador del partido ha perdido tanto prestigio y autoridad moral que pocos le conceden esa autoridad para demandar algo, ya no digamos la renuncia de Navarrete y sus cortesanos.

 

Jorge Hernández

Como se veía venir, los hechos de Ayotzinapa, a medida que se van conociendo detalles y las relaciones políticas y delictivas de los presuntos responsables, han dado argumentos a más de uno para satanizar al PRD y darlo prácticamente por muerto del escenario político nacional.

Y no es para menos, su responsabilidad política, institucional, ética y moral en el proceso que llevó a José Luis Abarca a ocupar la presidencia municipal de Iguala para, desde ahí, dedicarse a la narco política, no se puede tapar con un dedo. Más allá de los nombres en particular de una u otra tribu, de uno u otro de sus líderes o dirigentes nacionales y locales, la responsabilidad es general, de todos ellos.

Pero si bien es cierto que el perredismo no tiene para dónde hacerse, vale preguntarse qué tan cierto es que su muerte o desaparición es inminente. ¿Son estos hechos el fin del PRD?

Lamentablemente no. El PRD no va a desaparecer de nuestro mapa político por múltiples razones. Una de las principales, si no la principal, es que se ha imbricado tan fuertemente en esta red que su falta haría imposible su funcionamiento. Para decirlo pronto, al sistema, al gobierno, a los poderes fácticos y las élites de este país les conviene la presencia del PRD. Sirve a la simulación democrática y la oferta de modernidad del gobierno tanto hacia afuera como adentro.

Tampoco va a desaparecer porque, a fin de cuentas, este PRD nada tiene que ver con el de hace 25 años, cuando nació como una fuerza opositora al sistema y mismo partido con el que hoy firma “pactos”.

No va a desaparecer porque su voto duro –a diferencia del PT o Movimiento Ciudadano- le garantiza mantener el registro legal –no se ve cómo pueda bajar su porcentaje de votación a menos del diez por ciento, tomando en cuenta que Morena pudiera restarle ocho por ciento-. Por mucho castigo electoral que reciba, sus electores leales –aquellos sujetos al corporativismo amarillo que obedecen a cambio de la despensa o las láminas o cemento en el mejor de los casos- lo mantendrán a flote.

Además, sobre la base de ese infame pragmatismo -¿oportunismo?- electoral que lo mismo los mueve a aliarse con los antes mencionados que incluso con el PAN, sin importar que pueda derivar en otros Abarca, conseguirá conservar no sólo el registro, sino seguir accediendo a espacios públicos y de gobierno o representación popular.

Contra estas realidades apenas se aprecian dos posibles vías para su desaparición. Una es algo que nunca han practicado con objetividad y seriedad en su corta vida, a pesar de que errores ha cometido todo el tiempo: un ejercicio de autocrítica sobre la  base de una mínima ética institucional e individual de sus miembros.

Los reclamos de Cuauhtémoc Cárdenas para que la dirigencia actual renuncie implican un cierto reclamo ético y moral, pero no han surtido efecto. Aparte, el propio fundador del partido ha perdido tanto prestigio y autoridad moral que pocos le conceden esa autoridad para demandar algo, ya no digamos la renuncia de Navarrete y sus cortesanos.

Pero esta sería precisamente la mejor de las salidas: una autocrítica que llevara al perredismo no sólo a disculparse por sus errores, como en el caso Abarca, sino a comprometerse con un verdadero cambio, lo que ellos mismos llaman refundación. Si de estos esfuerzos derivara la necesidad u obligación de decretar su desaparición, crecerían en estatura y calidad moral que al mismo tiempo les dría la posibilidad de volver a empezar. ¿Sueños guajiros?

Sí, desafortunadamente.

La otra vía de su desaparición es mucho más tangible. De vez en cuando dirigentes nacionales y locales admiten que el partido enfrenta grandes adeudos, y que incluso en algún momento podrían verse en bancarrota. Al respecto el Instituto Nacional Electoral informó que el PRD, en efecto, adeuda al fisco nada menos que 211 millones de pesos. Pero resulta que también adeuda a proveedores y bancos unos 270 millones de pesos, sin contar otros a comités estatales y hasta a empleados, como en Tabasco, cuyo dirigencia local advirtió incluso que podrían quedarse sin fondos para pagar a sus trabajadores. Por si fuera poco, sigue en pie el asunto Carlos Ahumada, quien lo demandó por más de 400 millones de pesos.

¿Será que sus acreedores se decidan a cobrarle y terminen por orillarlo a la bancarrota?

Lo que sea que venga para ese partido, sin embargo, no lo enfrentará sólo. Seguramente sus aliados entre los poderes fácticos harán lo necesario para mantenerlos en su lugar.

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