Olga, la represora

* Un joven de Zinacantepec, Edomex, Alejandro Iglesias, narra su experiencia al ser levantado por la policía cuando protestaba junto con otras 70 personas en el Informe de la alcaldesa priista Olga Hernández. “Nos rodean. Primero detienen a un compañero llamado Santiago. “Ora sí, hijo de tu puta madre, te va a cargar la chingada”, le dicen, y lo levantan. Cuando lo suben a la patrulla, se van contra mí. “¡Hijo de la chingada, te va a cargar tu puta madre, ¿quién te mandó? Andas de levantapueblos, orita te vamos a dar en tu madre!”.

 

Miguel Alvarado

Zinacantepec, México; 18 de diciembre del 2014. Alejandro Iglesias, de 19 años de edad y comerciante de fruta en Zinacantepec, Estado de México, comprobó el 3 de diciembre del 2014 el significado de vivir en un Estado represor. Originario de San Juan de las Huertas, fue detenido por policías estatales y municipales, junto con un grupo de seis personas, cuando protestaba afuera del auditorio del Sindicato de Maestros, donde la alcaldesa priista de aquel municipio, Olga Hernández, rendía “en secreto” el segundo Informe de su gobierno. Acompañada por un público a modo y con invitados especiales como el gobernador mexiquense Eruviel Ávila, a Hernández no le gustó lo que veía. Los 70 manifestantes le reclamaban la falta de obra pública y el quebranto y abuso del erario por parte de los funcionarios. Alejandro Iglesias, no bien terminada aquella protesta, se vio rodeado de policías que lo subieron a una patrulla y le demostraron que con la alcaldesa no se juega.

– Nos enteramos –dice el joven- por Facebook de que la alcaldesa rendiría su Informe, en una invitación que se filtró, a “escondidas”. Algunos ciudadanos nos pusimos de acuerdo para manifestarnos y protestar porque iba a dar a conocer obras que no existen, dinero que no ha llegado. A las seis y media de la tarde nos acercamos unas 70 personas a la sede del SNTE en una camioneta justo cuando salía el gobernador Ávila con la alcaldesa. El plan era “descomponer” el auto para burlar la seguridad. Se “para” y de inmediato es cercada por policías estatales y municipales, que se alejan al saber que estaba “descompuesta”. Poco a poco nos acercamos a la puerta principal y nos bajamos justo cuando salen los funcionarios en sus camionetas, que rodeamos de manera pacífica y desplegamos diferentes mantas, donde exigíamos claridad en los recursos públicos. Sólo eso. Una de las mantas decía “capos políticos” y mencionaba los nombres de ex alcaldes de Zinacantepec, Leonardo Bravo, Gustavo Vargas y ahora Olga Hernández. También le exigíamos al gobernador claridad en el caso de Tlatlaya y poníamos el sueldo de Olga, más de 118 mil pesos mensuales más 200 mil pesos de gastos personales.

– ¿Cómo reacciona el gobernador?

– Se regresa, junto con la alcaldesa y se meten de nuevo. Diez minutos después un helicóptero llega por Ávila y la alcaldesa y se retiran. Al ver eso, nosotros nos retiramos y avanzamos 50 metros cuando los granaderos nos alcanzan. Nos rodean. Primero detienen a un compañero llamado Santiago. “Ora sí, hijo de tu puta madre, te va a cargar la chingada”, le dicen, y lo levantan. Cuando lo suben a la patrulla, se van contra mí. “¡Hijo de la chingada, te va a cargar tu puta madre, ¿quién te mandó? Andas de levantapueblos, orita te vamos a dar en tu madre!”.

– ¿Cómo te levantan?

– Me golpean en la espalda y la cabeza con sus macanas.

– ¿Te quitaron algo?

– Ya en la patrulla me bolsean. No se da uno cuenta de quién lo hace, te hacen agachar la cabeza. Me quitaron celular, cartera con 2 mil pesos, llaves, todas las pertenecientes. Ya nada nos devolvieron. Fue un robo. Nosotros no hicimos nada violento ni ilegal.

– Y se los llevan a…

– Ya estábamos tres arriba y nos cuidaba tres granaderos pero alcanzo a escuchar a uno que dice: “sube a otros tres”. Yo temía que la camioneta en la que nos llevaba se fuera para el volcán y no a Toluca. Antes de llevarnos, nos pasan a otra patrulla. También nos lastimaron sicológicamente. Pero llegamos a la Procuraduría en Toluca y…

– ¿Cuántos policías había en ese operativo?

– Unos cien estatales y otros 80 de los municipales.

– ¿Qué pasó en la Procuraduría?

– Los policías, burlones, nos preguntan que qué nos pasó y que saquemos las pertenencias. Yo les dije que sus compañeros nos habían robado. Me dijeron: “¿quién te lo quitó, hijo de la chingada?”. Nos meten como delincuentes, con la cabeza agachada y tapada, a la Procu. Nos negaron el derecho a comunicarnos con alguien.

– ¿A qué te sometieron en ese proceso de retenerte?

– Primero nos pasaron a una oficina donde toman los datos, huellas digitales y luego nos interrogan pero las preguntas son relativas a nuestras vidas privadas, no a lo sucedido. Quieren saber cómo es tu casa, cuántos viven, cuántas ventanas, por tus hermanos, los trabajos de los padres. Y hago responsable d cualquier cosa que nos pueda pasar al gobierno del Estado de México y al gobierno municipal. A mí, a mi familia y a cualquiera de los que estuvimos detenidos. Tienen toda nuestra información.

– ¿Qué pasa en esa oficina?

– Terminado el interrogatorio, nos mueven a otra, donde nos desnudan totalmente para revisarnos y de ahí nos pasan a una celda de unos cinco por cinco metros. Había una taza de baño sucia, que huele mal y nos ponen junto a verdaderos delincuentes. En esa celda había 8 personas, más nosotros. Había 14 personas.

– ¿Quiénes eran los otros detenidos?

– Recuerdo a dos detenidos por robo, uno por secuestro y asesinato y uno más por intento de violación. Luego llegaron otros tres, por secuestro y asesinato. Eran jóvenes de 18 ó 20 años.

– ¿Cuánto tiempo estuviste encerrado en ese lugar?

– Cuarenta y ocho horas, más o menos. Luego de 20 horas, nos comunicamos con los familiares.

– ¿Los amenazaron adentro?

– Sí. Les preguntamos por qué no nos dejaban llamar y me dijeron: hijo de la chingada, después de lo que hiciste… si no te callas te va a cargar tu puta madre”.

– ¿Eso quién lo dijo?

– Un policía. El agente del ministerio público fue irresponsable porque debió dejarnos llamar. El médico no revisó a los que estaban lesionados. Yo estaba golpeado pero no era grave. Uno de los otros fue hospitalizado, Jorge Nava, por golpes en las costillas. Te golpean donde no se ve. A Nava lo patearon, le dieron puñetazos, con las macanas, allá en el SNTE. En la Procu no nos pegaron.

– ¿Comieron algo?

– Nos dieron algo 20 horas después. Los parientes llevaron algo. Allí no te dan ni agua. Los delincuentes fueron llevados a Almoloya poco a poco y a nosotros nos dicen que también nos van a llevar. “Ora sí, hijos de la chingada, se los van a llevar porque cómo es posible que irrumpan un acto oficial”.

– ¿Contactaron a un abogado?

– Sí, y nos dijo, luego de más de 20 horas, que ya hay gente que declara en contra de nosotros, que fue enviada por la alcaldesa Olga Hernández. Nos acusaron por irrumpir y obstruir en vías públicas. Los que declararon ni siquiera estuvieron, no vieron.

– ¿Esa gente es empleada del ayuntamiento?

– Al menos es pagada por el gobierno municipal o por el PRI. Nunca nos dejaron verlos. El abogado dijo que saldrían todos, menos Santiago Morales y yo, porque éramos los líderes, lo cual no es verdad. El acto fue convocado por la ciudadanía.

– ¿Qué le señalas al gobierno de Hernández?

– Primero, que gane 300 mil pesos mensuales. No es la única funcionaria. El regidor César Gamboa gana 150 mil pesos. Además no hay obra, no hay una sola ambulancia. Instalaron cámaras de seguridad pero no hay policías y las cámaras no están conectadas. Hernández las reporta en su Informe como instaladas. La única obra que se ha visto es la pavimentación de la calle donde vive su padre, en San Cristóbal Tecolín. Anunció también la instalación de 47 comedores comunitarios pero eso es federal. O un hospital, que hace el Edomex, no ella. O la universidad. Entonces le preguntamos qué hace con el presupuesto, 786 millones de pesos.

– ¿Les toman a ustedes declaración en presencia del abogado?

– Hasta el 5 de diciembre pero nos abstuvimos. Nos llevan de nuevo a la celda cuando al abogado lo llaman para ejercer la liberación porque las pruebas no eran suficientes. Hubo manifestaciones por nosotros, donde se exigía nuestra libertad. Salimos a las tres de la mañana.

– ¿Cómo estás, luego de esa detención?

– Físicamente bien, pero estoy asustado porque tienen todos mis datos, los privados. Si vuelvo a protestar ya estoy fichado y pueden ir contra la familia.

– Tú publicaste en redes sociales los salarios de los munícipes, hace unos meses…

– Sí. Hace unos tres meses trabajaba en una cafetería en la Prepa 104 de Zincantepec. Era jueves o viernes. Se presenta el señor Martín Olivares, director de Gobernación junto con otras personas, sus secretarios y ayudantes, del ayuntamiento a preguntarme que por qué le calentaba la cabeza a la gente con eso de los salarios. Aparte del facebook, anduve en las plazas públicas anunciando cuánto ganaba la presidente, los regidores y el monto del presupuesto. De esa manera la gente se empezó a enojar. Me dicen: “bájale dos rayitas al desmadre que traes”.

– Te amenazan…

-Más bien lo contrario. Dicen que están dispuestos para apoyarme en lo que sea necesario. En ese momento le dio al secretario de Gobernación que si ellos estaban dispuestos a pagar tres millones de pesos. Me respondió, abriendo los ojos y espantado, que eso se debía consultar con la presidenta. Pero le digo que no hay anda qué negociar, que no estoy dispuesto a vender nada. Eso fue una alerta para que le bajáramos. Hubo insistencia de parte de ellos. Mediante llamadas me invitaban a reunirnos pero ya no asistí.

– ¿Te ofrecieron algo en concreto?

– Ya no supe. Pero era claro. Daban un dinero por callarme y una promesa para las siguientes elecciones, tal vez u cargo, algo parecido. A Olivares lo volví a ver hasta el día de la detención.

– ¿Has hablado con la alcaldesa?

– No da la cara a nadie. En su campaña todo eran besos y abrazos con todos. Ahora da el Informe a escondidas. Ese día la manifestación fue ciudadana. Estuvieron organizaciones sociales como Zinacantepec Unido. Yo soy militante de Morena, sólo eso, aunque uno de los más activos. Mi lucha es social.  El 14 de noviembre hice una manifestación por lo de Ayotizanapa y Hernández envía policías estatales, municipales y Protección Civil. Iban más policías que gente.

– ¿Cómo calificas al gobierno de Olga Hernández?

– Como un gobierno represor, turbio, sin diálogo. Ella pedirá licencia en enero del 2015 para buscar una diputación federal.

Un golpe más

* El 4.2% de aumento al sueldo, acordado por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que regirá en el 2015, no cumple con el mandato del artículo en cita, que está al mismo nivel que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no atenderlo es una clara omisión que se comete en contra de los trabajadores, violentando sus derechos.

 

Luis Zamora Calzada

El artículo 3 del Convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ordena considerar diversos elementos para determinar el salario mínimo de los trabajadores en los países miembros, tales como la necesidad del asalariado y de su familia, el costo de vida, la seguridad social, el nivel de vida relativo de otros grupos sociales, entre otros.

El 4.2% de aumento al sueldo, acordado por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que regirá en el 2015, no cumple con el mandato del artículo en cita, que está al mismo nivel que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no atenderlo es una clara omisión que se comete en contra de los trabajadores, violentando sus derechos. Veamos el siguiente punto.

El elemento referente al nivel de vida relativo de otros grupos sociales, entre los que se deben tomar en cuenta los salario de los funcionarios de la administración pública, los diputados, los senadores, los magistrados de los tribunales locales, quienes tienen salarios que resultan ser un verdadero insulto para los trabajadores de la zona A, que alcanzará un sueldo de 70.10 pesos al día y la B ganará 66.45.

Al respecto, en entrega anterior se adelantaba que el incremento no alcanzaría para dos huevos, lo que se confirma al aumentar 2.81 pesos en la zona A y 2.78 pesos en la B, comparado con los salarios de los grupos sociales mencionados, se ahonda la diferencia social, que puede traducirse en grandes enconos de descontento, al no tener garantizada la “clase trabajadora”, al menos, la seguridad de alimentación familiar

El salario de insulto no alcanzará para pagar una casa en Malinalco y ni soñar con una casa blanca que sí paga la “clase política”: diferencias de grupos sociales que no deben existir y que  combate el convenio internacional citado.

Sobre el costo de vida del trabajador, otro elemento a considerar está por encima de las cantidades en aumento: no alcanzará para comprar lo elemental, prueba fehaciente de la falta de protección a los trabajadores contra remuneraciones indebidamente bajas como lo señala el convenio, que debe garantizarse que no ocurra, sin embargo en México sí pasa. Este raquítico aumento constituye un golpe más en contra de los asalariados de nuestro país.

Socialmente sabemos que, cuando el hambre aprieta, todo se vuelve más difícil y las reacciones son impredecibles, convirtiéndolo en un detonador social y sinnúmero de conflictos inherentes que debieron haber analizado quienes fijaron el aumento a este salario sin panorama alentador, lo que a todas luces no cumplieron.

 

Las ganas

 

 

El 19 de noviembre del 2014 se integró, en contra de un trabajador del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México (ISCEEM), un acta administrativa con el propósito de cesarlo y dejarlo sin salario.

Se le imputó falsamente al afectado una serie de actuaciones y fue suficiente que la directora convocara a un grupo de trabajadores a una sesión exprofeso, para manifestar cada quién, desde sus dichos, diversos hechos para afectar al docente caído en desgracia en ese momento, asentando los supuestos “delitos” en un escrito que firmaron para constancia, mismo que fue enviado a la Coordinación Jurídica de Educación para lo procedente.

En las condiciones narradas, abogados del Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México (SUMAEM), asumieron la defensa del trabajador; el 24 de noviembre se interpuso un recurso de inconformidad ante la dirección del Instituto, fundado en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México,  como medio de defensa ante la injusticia que se estaba cometiendo y por violaciones al mandato de diversos artículos en materia administrativa.

Ante la omisión de respuesta, se interpuso amparo en el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en proceso de resolución, que obligó a la dirección del Instituto a respetar los términos establecido y emitir una resolución que le obliga el Código de Procedimientos Administrativo.

Para tranquilidad del trabajador afectado, mediante oficio del 16 de diciembre, la directora determinó lo siguiente: “…se comunica a usted que el acta de referencia y que motivara el recurso administrativo de inconformidad, se deja sin efecto, independientemente de lo anterior y salvo prueba en contrario, el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, no ha causado un daño a la esfera jurídica del promovente, toda vez que no existe resolución recurrible”.

Respuesta que sin duda dejó con las ganas a los interesados en perjudicar a un trabajador con derechos en la ley, el Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México (SUMAEM), garantizó la seguridad y certeza jurídica laboral con los medios de defensa ejercidos correctamente.

En este contexto de lucha por el cumplimiento y respeto al estado de derecho, se desea a todos nuestros amables lectores, excelentes festividades decembrinas, respetuosamente felicidades a todos.

El bribón

* Luis Videgaray, actual secretario federal de Hacienda, tenía, antes del 2004, como cualidad principal, la de ser hermano del conductor de Televisa, Eduardo Videgaray. Pero ese brillante doctor en Economía no se conformaría con actuar a la sombra de nadie y comenzó casi en silencio una carrera meteórica al lado, primero, del ex gobernador mexiquense Arturo Montiel y después con el sobrino, Enrique Peña, quien lo ubicaría en su actual cargo. En el 2014, a Videgaray se le descubrió una propiedad en Malinalco, Estado de México, que compró al Gripo Higa, la empresa constructora preferida de Peña y que tiene contratos en el país cercanos a los 50 mil millones de pesos. Videgaray, como Peña y la primera dama de México, Angélica Rivera, usan el poder que les confieren sus encargos para realizar oscuras transacciones que solamente los benefician a ellos. México apenas descubre a ese Grupo Atlacomulco en sus verdadera dimensión, pero toda esa historia ya estaba investigada y escrita por el periodista Francisco Cruz, quien documentó el paso de Videgaray por el Estado de México en el libro Los Golden Boys, editado por Planeta en el 2012. “Brillante y poderoso, será cuestión de tiempo para que los mexicanos nos enteremos quién verdaderamente lleva las cuentas del peñanietismo”, pronosticaba Cruz hace dos años.

 

Francisco Cruz Jiménez

Consumada la imposición, avalados los resultados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), desechadas las pruebas de compra del voto, ignorada la denuncia del periódico inglés The Guardian sobre la extraña —para evitar la palabra “comprada”— cobertura noticiosa de Televisa para favorecer a Enrique Peña Nieto y 72 años después, la profecía se ha cumplido.

Sobre Peña y su ascenso a la Presidencia se ha levantado toda clase de sospechas, como dudas sobre sus más cercanos colaboradores, Miranda Nava, en terrenos de amistad, y Videgaray, en el manejo de recursos públicos.

El PRI es un hervidero de versiones: que si Miranda es el operador negro, amo y señor de todos los dineros que los priistas usaron de manera irregular para la jornada del 1 de julio, que Videgaray es un triste parapeto. Y que, también, los recelos son parte del karma ineludible que persigue a los que tienen el corazón a la derecha y lo combinan con profundos conocimientos financieros y estómago todoterreno.

Desconfianzas hay para enumerar. De la muerte de su primera esposa Mónica Pretelini Sáenz, en circunstancias extrañas, hasta la muerte de Juan Armando Hinojosa García —hijo del empresario Armando Hinojosa Cantú—, luego de que el helicóptero en el que regresaba de una fiesta se estrellara, la noche del sábado 28 de agosto de 2012 en el municipio de Jiquipilco, al norte de Toluca.

Los saldos negros incluyen la ejecución de cuatro guardaespaldas de la familia Peña Pretelini en el puerto de Veracruz; la desaparición y muerte de Paulette Gebara Farah; la violenta incursión, represión y violación de mujeres en San Salvador Atenco; la criminalización de movimientos sociales y la invención de delitos para encarcelar a líderes sociales.

El manejo mediático hizo que la profecía “seis gobernadores saldrán de Atlacomulco. Y de este grupo compacto, uno llegará a la Presidencia de la República” se convirtiera en un mito fundante, como establece el doctor José Antonio González en su ensayo La profecía de Atlacomulco: rumor, leyenda y mito mágico-político; pero todavía se debe una explicación sobre el escandaloso número de mujeres asesinadas y desaparecidas durante el gobierno de Peña en el Estado de México.

Entre 2005 y 2011, durante el peñismo, en territorio mexiquense fueron asesinadas 922 mujeres, mientras que en 2011 se reportaron 600 desapariciones de niñas y jóvenes de entre diez y 20 años de edad. Pero también destaca la opacidad en la información.

Las cuentas pendientes se acumularon una tras otra: el Estado de México se convirtió, en el sexenio de Peña, en santuario para los grandes capos del crimen organizado, mientras el gobierno daba muestras sobre cómo se debe someter a un gremio: en 2008 torció y violó las leyes laborales —además de perseguir, reprimir y amenazar a un grupo de profesores— para impedir la creación del Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México; o las cuatro exoneraciones a su tío Arturo Montiel Rojas.

Las sospechas brotan por donde se mire o donde uno se pare. El miércoles 16 de febrero de 2011 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el informe sobre nueve auditorías practicadas a los recursos federales utilizados por el gobierno del Estado de México en 2009.

Poco alentadores, los resultados mostraron el desaseo con el que manejaba el presupuesto público, debido a que de cada cinco pesos de recursos federales, uno fue malversado, lo que implicaba presuntas violaciones graves a la normatividad, desviaciones, usos ilegales tipificados y posibles daños al erario.

En el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal se observó como presunto desvío la cantidad de 2 mil 349 millones de pesos, de los cuales mil 198 millones no se transfirieron a Servicios Educativos del Estado de México (SEIEM), 331 millones se utilizaron para pagar a 948 personas que no se localizaron en ningún centro de trabajo del SEIEM.

Con 210 millones se realizaron pagos indebidos a 5 mil 642 trabajadores comisionados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, 182 millones de pesos en apoyos indebidos al sindicato, 150 millones en pagos a personas con siete categorías no identificadas en el catálogo de cargos y puestos, 149 millones en pagos a 92 mil 107 trabajadores por 15 conceptos acordados por un convenio estatal con el sindicato y no registrados en las reglas generales del Fondo de aportaciones para la educación y 44 millones de pesos de productos financieros que no fueron transferidos al SEIEM.

Adicionalmente, dentro de los denominados montos menores, se utilizaron 30 millones de pesos en gastos no relacionados con la educación básica, 25 millones en el pago indebido a 262 trabajadores por honorarios, 19 millones gastados en 361 trabajadores de centros clausurados, 5 millones dirigidos a 115 personas que no se localizaron, 4 millones para pagar a 30 trabajadores que pidieron licencia sin goce de sueldo y 102 mil pesos en pagos indebidos a siete trabajadores de la educación.

El resultado de las auditorías observa otros rubros como servicios de salud, infraestructura social, fondo de aportaciones múltiples, fondo para la educación tecnológica y de adultos, seguridad pública, fortalecimiento de entidades federativas, fondo metropolitano del Valle de México, entre otros.

Este sintético reporte evidencia la forma en cómo se utilizaron los recursos públicos en el gobierno encabezado por Peña. La mayor parte de los montos descritos contaba con sus respectivos pliegos de observaciones, que son el antecedente para definir posibles sanciones resarcitorias a los funcionarios públicos implicados.

Junto a Peña siempre estuvo, como consejero principal, su secretario de Finanzas, el doctor Luis Videgaray Caso, un consultor económico de 44 años de edad de quien no se tenían muchas, por no decir ninguna, referencia en el ámbito público, sino hasta que, a finales de su administración, Arturo Montiel lo contrató en 2004, un año antes del término de su encargo, para renegociar la abultada deuda del gobierno del Estado de México.

Tecnócrata formado en el equipo de Pedro Aspe Armella —secretario de Hacienda en el salinato y “jefe” de la tecnocracia moderna—, con quien trabajó durante varios años en la firma especializada Protego Asesores, Videgaray fue responsable de renegociar en aquel 2004 una deuda pública de 30 mil millones de pesos.

La noticia se difundió con todas las de la ley en un boletín del gobierno montielista: “El artífice del milagro cuya negociación se llevó diez meses es la firma Protego, encabezada por Aspe y Videgaray. En tanto, el instrumento será un fideicomiso maestro en el que cabrá la totalidad de la deuda, cuyo respaldo único serán las participaciones del gobierno federal hacia el Estado de México”.

Cuando un reportero preguntó qué pasaría si el futuro gobernador intentaba hacer alguna enmienda, la respuesta fue simple: “El fideicomiso maestro está autorizado para apretar las tuercas, cobrarse a lo chino vía las participaciones federativas; cancelar los beneficios de la tasa fija o reducir los plazos de vencimiento del principal”.

Con esa frase de profeta, impuesto por Montiel, Videgaray llegó al gabinete estatal el 16 de septiembre de 2005. Fue ése el día del inicio del gobierno de Peña. En mayo de 2008, convenció a éste para entrar en otra renegociación: la de 25 mil 175 millones de pesos, u 87 por ciento de la deuda total.

Videgaray está lejos de ser una persona impreparada: según su hoja de vida, cursó dos carreras a la vez —derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)—. Además, es doctor en economía por el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT). Pues bien, aquello fue un milagro a medias, porque el nuevo gobierno se comprometió a pagar, durante cinco lustros y por concepto de intereses, más de 56 mil millones de pesos, un promedio de 2 mil 270 millones 785 mil pesos anuales.

Los mexiquenses pagarán a los bancos el equivalente a tres deudas públicas en 25 años. Como lo puso en una de sus columnas el periodista local Macario Lozano: “Para liquidar los empréstitos con todo e intereses se necesitará lo que resta del gobierno de Peña, los siguientes cuatro sexenios completos y, al menos, la mitad de un quinto periodo, siempre y cuando no haya más endeudamientos o una nueva renegociación”.

Protego es un nombre clave, por su relación con Aspe Armella. Sobre él, el joven periodista mexiquense escribió en junio de 2010: “El futuro financiero de Televisa es celosamente custodiado por Aspe, presidente del Consejo de Administración y ex secretario de Hacienda, forjador de la célebre frase de que el desempleo en este país era un ‘mito genial’.

”Experto en economía, conocido como ‘el ángel de la dependencia’, Aspe mantiene desde hace tiempo una estrecha relación con los gobiernos locales. En la administración de Montiel fue el artífice, a través de Protego, dirigida por Videgaray, de la restructuración de la deuda. La influencia de Protego en el manejo de las finanzas públicas mexiquenses se extendió hasta el gobierno de Peña, quien al inicio de su mandato nombró al joven tecnócrata Videgaray como su secretario de Finanzas, cargo al que renunció en el primer trimestre de 2009, cuando fue inscrito en la lista de los diputados federales plurinominales. Y ya en San Lázaro se apropió, nada más, de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, una de las tres más poderosas.

”La bitácora de Protego revela que ha conseguido para el gobierno de Peña un crédito simple de 160 millones de pesos, un crédito de corto plazo revolvente por 500 millones, además de encargarse del refinanciamiento de Certificados Bursátiles a través del Fideicomiso Maestro, en una operación que representó 570 millones de pesos.

”Protego representó durante años la empresa más exitosa del intelectual de las finanzas; sin embargo, en 2006 la firma fue adquirida por el grupo financiero estadounidense Evercore Partners, en una transacción de 7 millones de dólares, bajo la cláusula de que todo el equipo de Aspe se adhiriera a la nueva estructura que quedó copresidida por el propio ex secretario de Hacienda.

”La firma se promueve en la Red como una empresa líder fundada en 1996 y que ha estructurado más de 100 transacciones de banca de inversión como colocaciones de capital privado, financiamiento de proyectos de energía, restructuraciones financieras, fusiones y adquisiciones y financiamiento a estados y municipios. Y en 2005, antes de ser vendida a Evercore Partners, registró ventas por 19.5 millones de dólares.

”La fortuna amasada por Aspe hoy le permite participar al lado de empresarios como Carlos Slim, Emilio Azcárraga Jean y la firma centroamericana TACA en la administración de la aerolínea de bajo costo Volaris, que encontró en el Aeropuerto Internacional de Toluca todas las facilidades para establecer su base de operaciones.

”Aspe no sólo preside el Consejo de Administración desde la fundación de la aerolínea, sino que también supervisa 25 por ciento de las acciones a través del fondo de inversión internacional Discovery Americas que fundó en 2003 en sociedad con Discovery Capital Management, pero además se prevé que, con la inminente salida de Grupo Televisa de Azcárraga Jean e Inbursa de Carlos Slim, el fondo capitaneado por Aspe se apodere de otro 25 por ciento de acciones.

”Aspe Armella es también el máximo responsable de la catástrofe económica que estalló en México a finales de 1994, cuando apenas había dejado la titularidad de la SHCP, y también es señalado por enriquecimiento ilegal al amparo del poder que detentó como titular de la dependencia.”

 

Atando cabos

 

Muy tarde, en 2011, cuando Peña se encaminaba a la Presidencia y Videgaray había consolidado su poder, los mexiquense se enteraron de que la deuda real superaba los 52 mil millones de pesos y que, incluida la de los municipios, aumentaba hasta 75 mil millones de pesos.

Carlos Madrazo Limón, diputado local panista en esa época, hizo una precisión el miércoles 30 de noviembre de 2011. La deuda pública se ubica en 75 mil millones de pesos; es decir, 52 mil millones, un “poquito” más, de lo que se debía al 16 de septiembre de 2005, cuando Peña tomó posesión como gobernador.

Presidente de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización de la Legislatura mexiquense, Madrazo precisó que, del total del adeudo, 52 mil millones 147 mil 329 pesos correspondían al gobierno estatal. El de los ayuntamientos sumaba 14 mil 454 millones; el de los organismos de agua, 8 mil 553, en tanto que los sistemas del DIF municipales tenían un adeudo de 227 millones de pesos.

Ese mismo año, el 11 de marzo, el libro Información programática y rendición de cuentas. Claves para entender el uso indebido de los recursos públicos en el gobierno de Enrique Peña Nieto denunció un desvío por 13 mil 365 millones de pesos ejercidos en 2008.

José Guadalupe Luna, diputado local por el PRD, explicó que esa cantidad se incrementó, en diversos programas públicos, en una proporción que no correspondía con el cumplimiento de las metas de cada uno. Y sugirió que ese dinero habría terminado en la operación electoral en favor de las campañas del PRI en 2009.

El periódico Reforma publicó el 12 de marzo de 2011: “En ese año fueron presupuestados 114 mil millones de pesos, pero el gobierno mexiquense recibió 32 mil millones adicionales de la administración federal.

Oficialmente, dichos recursos fueron aplicados en 64 programas, pero, de acuerdo con el libro, cuyo autor es asesor financiero del PRD, se distribuyeron en forma irregular y violatoria de la Constitución. […]

Del total de excedentes federales, 13 mil 365 millones no impactaron en las metas de los programas a los que fueron destinados”. Atrapado con las manos en la masa, ese mismo día el secretario de Finanzas, Raúl Murrieta Cummings —quien heredó el puesto de su amigo Videgaray—, negó que haya existido algún desvío de recursos.

Luego cantinfleó un poco. Muchas metas establecidas en el gasto estatal, señaló, son cualitativas y no sólo cuantitativas. Sólo él sabe qué exactamente quiso decir. La duda se quedó para siempre en las páginas del libro, editado por la bancada del PRD en la Legislatura mexiquense.

Aunque en 2004 llegó al Estado de México, todavía se sabe poco sobre Videgaray. Por eso, hay que conocerlo, en parte, a través de lo que las publicaciones dicen de él o de sus acciones, y cómo lo dicen, o hacerlo a través de lo que comentan los periodistas toluqueños, con quienes ha tenido más contacto, o de algunas situaciones extrañas, por llamarlas de una manera generosa.

Por ejemplo, tres semanas antes del 1 de julio de 2012, la sede priista del Estado de México en Toluca decidió hacer remodelaciones en su edificio, ubicado en la avenida Alfredo del Mazo, al norte de la capital. Para ello contrató a un albañil para que tirara una barda interna y ampliara el espacio.

Ese hombre había trabajado anteriormente para los priistas en la construcción de bodegas ubicadas en el valle de México y en el periodo electoral había participado en la construcción de al menos tres de ellas. Pero esta vez era distinto. Laboraría por la madrugada, en una sección que no conocía. Lo haría solo, pero rodeado de al menos 20 policías, que se limitaban a observarlo derrumbar aquella pared.

Finalmente aceptó las condiciones porque le pagaban bien y comenzó su tarea. No tardó mucho en echarla abajo. Detrás de aquella pared encontró un enorme cuarto lleno de bolsas negras, que empaquetaban algo. El escombro había caído cerca de algunas de ellas y le impedían trabajar adecuadamente, por lo que decidió quitarlas, reacomodarlas en otro lugar.

Así, de un puntapié intentó hacerlo pero la bolsa se abrió. El contenido se desbordó y dejó boquiabierto al albañil. Decenas de fajos de billetes se desparramaron por el suelo al mismo tiempo que sonaba una alarma y los policías rodeaban y detenían al desafortunado alarife.

Sin explicar nada, lo retuvieron ahí, amarrado, hasta que llegó El General, el jefe de seguridad de aquella zona fantasma, y lo interrogó más divertido que preocupado.

Como pudo, el trabajador le explicó lo sucedido. El General, con voz suave, ordenó a los policías que lo liberaran, y al asustado hombre, que siguiera su trabajo. “Nomás no digas nada, cabrón”, fue la recomendación final. El albañil terminó la ampliación y se apresuró a salir.

No pudo evitar, por más que quiso, mirar que aquellas bolsas de basura negras, del tamaño de un hombre, eran metidas a camionetas Van negras, con los vidrios polarizados. Luego llegó a su casa, se emborrachó y se lo contó a su mujer.

La sospecha, por decirlo de alguna manera, de que el aspirante priista presidencial Enrique Peña compró las elecciones del primero de julio será imposible de probar a pesar de relatos, testimonios y facturas que se han recabado por todo el país y que demuestran esa ilegalidad.

Las empresas involucradas con ese negocio han sido investigadas periodísticamente y se han encontrado verdades que no necesitan sino la voluntad de las instituciones para hacerlas legales. Televisa, Milenio y TV Azteca son los órganos informativos vinculados con Peña, cuyo equipo supo que aquellos escaparates serían insuficientes. Así, sumó los esfuerzos de Monex, una casa financiera que triangula dinero y se dedica al negocio de los depósitos electrónicos en tarjetas de prepago y los unió al de las tiendas Soriana, cadena de supermercados que trabaja habitualmente con el gobierno del Estado de México, que le ha comprado hasta 4 mil millones de pesos en mercancías los últimos años.

Por complicado que sea, el camino que sigue ese dinero y cuyas cantidades rebasan los topes de campaña autorizados por el IFE, el organismo encargado de organizar las elecciones federales, es rastreable.

Otras compañías se sumaron al esfuerzo priista por ganar la Presidencia de México. Incluso, hubo algunas que surgieron de la nada y cuyos dueños son obreros, albañiles y hasta un muerto. En otros escenarios, los dueños de aquellos negocios tienen nexos con personalidades priistas que operaron en todos los niveles la campaña del sobrino de Arturo Montiel, como sucedió con el Grupo Empresarial Tiguan S.A., involucrado con las tarjetas electrónicas de Monex y que ya en 2011 le vendió al PRI mexiquense 2 millones 554 mil pesos en relojes de mano, cilindros para agua y cubetas, para la campaña del actual gobernador mexiquense Eruviel Ávila.

Coordinador de campaña de Peña, Videgaray fue también jefe de las ansiedades gubernamentales de Ávila. Durante mucho tiempo, el mayor blasón de Videgaray fue ser el hermano inteligente de Eduardo Videgaray Caso, un conductor y humorista de Televisa que salía en programas de concursos o presentando videos musicales.

Estudiante aplicado del ITAM, Luis encontró acomodo en el despacho-negocio de Pedro Aspe Armella, un ex secretario de Hacienda cuyos días de gloria transcurrieron en la Presidencia de Carlos Salinas de Gortari.

Su firma Protego se dedica a reinventar las deudas públicas de los estados mexicanos, entre otras cosas, y hasta Toluca llegó el joven Videgaray, enviado por Aspe, para que le resolviera a Montiel y a Miranda Nava el embrollo que habían hecho de la cuenta pública mexiquense.

Tan bien le fue a Videgaray que pronto se codeó con la crema y nata del Grupo Atlacomulco y se integró sin dificultades a los Golden Boys, el selecto club formado por Montiel que escogía a lo más granado de la política mexiquense y que exigía ser joven, más o menos guapo, pero muy ambicioso, y que sirviera sin chistar las órdenes de aquel ex gobernador. Ni la inteligencia ni la educación eran necesarias.

En los Golden Boys se fortaleció la carrera pública de muchos políticos como Peña, Miranda, Videgaray, Laura Barrera, los hermanos Del Mazo Maza y una larga lista que incluía, faltaba más, a los parientes dilectos de ese ambicioso Arturo.

Videgaray se hizo de la Secretaría de Finanzas cuando Peña Nieto le encargó de administrar el “negocio familiar” —llamado gubernatura—, desde el palacio de la avenida Lerdo en Toluca. Luego fue diputado federal y desde ese cargo aprendió lo que le faltaba, que fue poco pero que le dio estómago para desprenderse de lo que no necesita la exigencia política.

Brillante y poderoso, será cuestión de tiempo para que los mexicanos nos enteremos quién verdaderamente lleva las cuentas del peñanietismo, aunque Peña envió los primeros guiños en un viaje que hizo a Nueva York, a mediados de noviembre de 2011, durante su precampaña presidencial. Y a propósito de esa visita, el 30 de abril de 2012, David

Luhnow escribió para el diario estadounidense The Wall Street Journal que Videgaray dejó satisfechos a los inversionistas en Estados Unidos. “Peña le dio a los inversionistas de Wall Street una idea de cómo sería su gobierno cuando llegó a Nueva York acompañado de una sola persona.

Mientras la mayoría de políticos mexicanos viajan con una verdadera corte, Peña llegó a finales de 2011 acompañado sólo por Videgaray, su jefe de campaña, asesor más cercano y tal vez el mexicano más influyente cuyo nombre pocos conocen.”

Si bien ambos fueron sometidos a una intensa sesión de preguntas, Luhnow recordó que “Peña es considerado un político fotogénico, pero carente de mucha sustancia; recibió buenos comentarios.

Pero, para algunos, la verdadera estrella fue el economista convertido en político sentado a su lado, quien es visto como el cerebro detrás del candidato”. Las intervenciones de ese hombre al lado de Peña impresionaron no sólo a los inversionistas, sino a algunos especialistas independientes, según los informes de Luhnow. “Un economista de Wall Street que escribe un boletín bisemanal dijo que Videgaray hizo preguntas detalladas sobre temas que él (el economista) había cuestionado durante el último año. Videgaray había hecho su tarea, lo cual no ocurre con muchos funcionarios mexicanos últimamente. […] Peña tiene cuatro asesores importantes: Videgaray, Videgaray, Videgaray y Videgaray, dijo en broma un alto dirigente del PRI.”

 

Recluta con sabor a Salinas

 

De aquel Videgaray que en 2004 llegó a Toluca serio y callado, muy trabajador, y que luego se transformó en un iracundo funcionario que lo mismo estallaba porque le tomaban una foto amarrándose las agujetas de sus zapatos que por un error en los protocolos, queda muy poco, escribió el 23 de julio de 2012 el periodista Miguel Alvarado, quien se ha convertido en uno de los mayores críticos de la clase gobernante del Estado de México.

Ni siquiera se recuerda que fue bautizado por un editor local como Harry Potter por hacer “magia” con las finanzas locales. Atrás quedó la historia que muy pocas veces contó públicamente y que ofrecía a una familia Videgaray sin figura paterna, donde la madre sacó adelante a tres hijos.

“La miseria de la cual dice venir —señaló Alvarado— no cuadra con el actual político, comprador delirante de elecciones presidenciales, artista burdo que no pudo mantener en la discreción los tratos que terminaron de deslegitimar a su jefe eterno. Su padre biológico, Luis Videgaray Alzada, murió joven, pero como empleado de la banca cultivó relaciones que años después aprovecharían los hijos. A ese padre le dio tiempo de fundar, el 15 de octubre de 1958, el Instituto Mexicano de Valuación con Antonio Fraga Magaña, alto funcionario de la banca y hermano de Gabino Fraga Magaña, prominente jurista y magistrado de la SCJN que fue siempre destacado representante de las élites posrevolucionarias.”

“La familia Fraga no sólo es priista de toda la vida, como reconoció Gabino Fraga Mouret, propietario del Grupo de Abogacía Profesional (GAP), sino que sus hijos Emilio y Gabino han prestado sus servicios a ese partido. […] Emilio Fraga Hilaire, dueño de la empresa Importadora y Comercializadora Efra que en la campaña presidencial pagó a Monex 91 millones de pesos por el servicio de un programa de monederos electrónicos, presuntamente usados para la compra masiva de votos a favor del PRI, aportó cuotas como militante entre 2000 y 2001. […] Su medio hermano Gabino Fraga Peña fue coordinador regional de compromisos de campaña de Enrique Peña Nieto en Tlaxcala y contratista del gobierno del Estado de México”, escribió Anabel Hernández el 22 de julio de 2012 en una nota para el periódico Reforma.

Nada es casualidad y nadie sabe para quién trabaja ni puede confiar en quienes contratan para contar dinero ajeno. La muerte de Juan Armando Hinojosa García, hijo del empresario mexiquense Armando Hinojosa Cantú, ha levantado toda clase de sospechas luego de que el helicóptero en el que viajaba se estrelló en Jiquipilco.

En otras fechas, el accidente sería eso, un error de alguien. Pero sucedió cuando el proceso electoral presidencial involucraba una demanda por fraude y compra de votos. Y la familia Hinojosa, que facturó unos 23 mil millones de pesos en la administración mexiquense de

Peña, se veía como parte del entramado que los lopezobradoristas denunciaron como parte del plan priista que tiene a Peña en Los Pinos, advirtió el periodista mexiquense Miguel Alvarado.

Sobre la muerte del hijo del empresario —quien estuvo casado con Rosa Herrera, hija del ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera—, se sabe que, antes de su muerte aquella noche del 28 de agosto de 2012, abandonó el hotel Cantalagua, en Contepec, Michoacán, donde se realizaba una fiesta para celebrar el cumpleaños desfasado de Peña. Y ahí estaban, entre otras figuras públicas, Videgaray, Miranda, Elba Esther Gordillo y el propio presidente electo.

Hinojosa García, de 30 años y con domicilio en el Fraccionamiento Providencia de Metepec, abordó, cerca de las 11 de la noche, uno de sus helicópteros de la marca Augusta, modelo 109 y que alquila a funcionarios mexiquenses desde hace años, para volar al aeropuerto de Toluca, a media hora de distancia. Pero en el camino se le atravesaron el mal tiempo y la impericia del piloto, un oficial de primera línea porque tenía que llevar a destino a políticos que no perdonan. Incluso, altísimos árboles fueron involucrados en ese desastre, que comenzó el sábado 28 de julio y terminó el domingo por la mañana, cuando el ejército y la policía encontraron los restos.

La muerte de Hinojosa García sigue sin desviarse un ápice de la línea de intriga y terror que la autollamada política de alto nivel practica desde tiempos de don Porfirio Díaz: quien no sirve a los intereses en turno, a pesar de su foja de servicios, debe ser desarticulado, por el bien de todos. Unos optan por el destierro diplomático. Otros, por la sumisión, el silencio y el retiro de la vida pública. Otros vuelven a obedecer, pero algunos pocos deben sacrificarse.

La barbarie del poder, apuntaló Alvarado, alcanza para todos. Los Colosio, Posadas, Mouriño, Blake, los mismos Salinas, los Ruiz saben de esas historias. A Juan Armando Hinojosa García, el joven entusiasta que se encargó de la logística en la campaña presidencial priista, todavía le alcanzó para estar en Cantalagua, propiedad de la extensa familia de Peña Nieto y que administra Mayolo del Mazo, empresario local enriquecido a la sombra de sus poderosos parientes políticos desde hace años.

A raíz de que Hugo Piña, director general de Seguridad Pública de la entidad, falleciera luego de que su helicóptero cayera sobre el edificio de la Procuraduría mexiquense en 2000, las naves estatales fueron depuradas porque Arturo Montiel era pasajero cotidiano de aquellas veleidades.

No fue sino hasta 2006 cuando la flotilla quedó por fin saneada. Curiosamente, Videgaray, entonces secretario de Finanzas, supervisó la venta de 12 helicópteros a la empresa Augusta, por 8 millones de dólares y que se integraría a un capital total de 13 millones de dólares que la misma Augusta facturó para entregar tres aeronaves nuevas.

El gobierno de Peña gastó 17 millones de pesos al año por mantenimiento y combustible. Luego, el remplazo de Videgaray en la Secretaría de Finanzas, Raúl Murrieta Cummings, completó compraventas por hasta 15 millones de dólares totales. Otros tres Augusta se agregaban a la flotilla estatal, pero además se adquirían tres helicópteros Koala a la misma empresa, que prometió enviar un último embarque con otras tres unidades.

Hinojosa García era el encargado de Logística de la campaña de Peña. Oficialmente, preparaba la llegada y salidas del entonces candidato priista a las diversas plazas que recorrió en las giras. Le rendía cuentas a varios, entre ellos al encargado de las negociaciones del PRI para obtener fondos y apoyos económicos, Luis Miranda Nava, secretario de Gobierno con Arturo Montiel y el propio Peña.

A Miranda se le ubica como el verdadero operador de la campaña presidencial, con un poder absoluto sobre el coordinador Videgaray, contratado para figurar en público por su aparente récord intachable. El 2 de agosto, el senador petista Ricardo Monreal exhibió públicamente una cuenta bancaria de Videgaray desde donde se habrían triangulado recursos dirigidos a las campañas presidenciales, ahora en el Estado de México. La cuenta, abierta en el Scotiabank a nombre del gobierno estatal, presentaba millonarios depósitos a partir de febrero de 2012, cuando se registró uno por mil 30 millones 724 mil 699 pesos.

Según la denuncia, esa cuenta era administrada por Videgaray, coordinador de las campañas de Peña, y en su momento del ahora gobernador mexiquense Eruviel Ávila, y tiene el número 03800806935. Recibió depósitos desde otra cuenta abierta en BBVA Bancomer. Según los números de Monreal, hubo desde febrero cinco depósitos, que juntos daban la cantidad de 8 mil 600 millones de pesos.

La relación de estados de cuenta —que se hizo pública— número 806935, con número de cliente 123941073, indicó que en marzo de 2012 se depositaron mil 621 millones 304 mil 570 pesos; en abril, se registraron 2 mil 584 millones 595 mil 854 pesos; en mayo hubo en la cuenta 3 mil 195 millones 35 mil 23 pesos, y en junio se realizó un último depósito por 250 millones 73 mil 878 pesos.

Videgaray, por su parte, calificó de “absolutamente falso” el informe del senador. El jueves 6 de septiembre, el todavía secretario de Finanzas del gobierno mexiquense, Raúl Murrieta, aceptó que durante la campaña presidencial, desde su dependencia, se hicieron tres depósitos millonarios a particulares, pero aseguró que se trató de un error.

En una comparecencia ante la Legislatura local en Toluca, admitió que durante y después de la campaña presidencial hubo tres errores en los registros de las cuentas bancarias del gobierno mexiquense.

Uno de esos pagos, explicó, fue reportado en el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), donde el particular Marcos González Pak apareció como beneficiario de 50 millones de pesos. Sin especificar montos ni nombres, mencionó que los otros depósitos se hicieron después de los comicios del 1 de julio.

La mea culpa de Raúl Murrieta cayó como balde de agua fría porque, en su momento, el PRI aseguró que los documentos presentados por Monreal eran falsos.

Durante aquella visita a Nueva York en noviembre de 2011, se hizo hincapié en el sentido de que las huellas de Videgaray ya se notaban con claridad en las propuestas de Peña, que incluían una reforma tributaria y un ambicioso plan para abrir el sector de los hidrocarburos a inversionistas de la iniciativa privada.

Peña, escribió Luhnow en The Economist, “buscará reformar rápidamente la Constitución para permitir que las compañías privadas se asocien al monopolio estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) en la exploración y producción de crudo, además de invertir abiertamente en refinación. […] El que un candidato del PRI abogue por la apertura del sector energético es histórico. Después de todo, el PRI nacionalizó  la industria petrolera en 1938, un acontecimiento que celebró por décadas como el momento que definió el nacionalismo mexicano. ‘Ya es hora de que nos quitemos estas ataduras ideológicas’, dijo Videgaray.

[…] Debido a su formación técnica, Videgaray es considerado como alguien pragmático y ajeno a los círculos políticos tradicionales. Las críticas en su contra son escasas, incluso entre sus rivales políticos. La cuenta de Twitter del presidente Felipe Calderón muestra que la primera persona fuera de su partido a la cual siguió fue a Videgaray. […] No obstante, los críticos aseguran que la dependencia de Peña en Videgaray subraya sus falencias como candidato. Peña lo necesita ahora, dijo un legislador del opositor Partido de la Revolución Democrática. ¿Pero qué pasará cuando estén en el poder? ¿Y cuánto cambiará el poder a Luis?”

Muchos se preguntaron sobre el significado de la reforma tributaria, el plan para abrir algunos sectores de Petróleos Mexicanos (Pemex) a la iniciativa privada y algunos señalamientos sobre el sistema de salud.

Sólo encontraron una respuesta: el peñismo intenta crear un sistema universal, de seguridad social, que implica el seguro de desempleo, acceso a la salud, pensión para la vejez y seguro de riesgo de trabajo pero se hará sólo si se aprueba la reforma fiscal integral que eliminará, todavía más, si se puede, impuestos a los empresarios, a cambio de aumentar los gravámenes al resto de la población —en especial el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a medicamentos y alimentos.

En otras palabras, se pondrá en marcha el Seguro Popular de los panistas, pero con un aumento generalizado de impuestos; se busca que prevalezca el actual modelo de economía de libre mercado en beneficio de las grandes empresas que controlan la dinámica económica mexicana, con mano de obra todavía más barata, mientras se concreta abrir Pemex y la generación de energía eléctrica a la inversión privada, aunque ya más del 50 por ciento de la generación está a cargo de empresas privadas, las que se la venden a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Dicho sea de paso, quieren legalizar la situación y extenderla.

Si hay razón o no en los señalamientos, ya se verá. Pero de que hay influencias superiores a Videgaray, las hay. Él ya las probó y le dejaron un sabor amargo. En mayo de 2010, el periodista Alberto Aguirre escribió en la columna que publica en El Economista: “Pero no todo es política entre la fuerza mexiquense. Una historia reciente así lo comprueba. Resulta que Videgaray había consultado con el personal de la oficina del gobernador Peña si tendría una fecha disponible, entre marzo y abril. Quería asegurar que su ex jefe —Videgaray ya era diputado federal— estuviera presente en la fiesta que ofrecería, después de la primera comunión de su primogénita. ”Después de las vacaciones de Semana Santa, le respondieron. El segundo sábado de abril, completaron más adelante. Así pues, el legislador y su esposa se abocaron a preparar el banquete, al que Peña y su actual pareja, la actriz Angélica Rivera, serían invitados de honor… no obstante que entre ambas mujeres ha habido una relación ríspida. Belicosa.

”Todo estaba listo. Se giraron las invitaciones. La catedral estaba apartada… pero tres días antes de la fiesta, llegó una llamada de la oficina de Peña, disculpándolo. No podría acompañar a su amigo en tan importante ocasión. El mismo sábado que Videgaray daba su fiesta, Angélica Rivera ofrecía otra, para celebrar la primera comunión de Fernanda, la menor de las hijas que tuvo con Jorge Alberto “El Güero” Castro. El padrino fue Enrique Peña Nieto.

”A esa fiesta sí se presentó el gobernador mexiquense. En la lista de invitados, la mayoría eran actores, productores y cantantes de Televisa. En la mesa de honor; sin embargo, llamó la atención la presencia de dos personajes cercanísimos a la pareja Peña-Rivera: el empresario Juan Armando Hinojosa —propietario de la constructora Teya, a quien le apodan El Rey Midas en territorio mexiquense— y el diputado local Ernesto Némer Álvarez.

”Ya se sabía que Rivera tiene un control casi absoluto sobre la agenda social del mandatario mexiquense. Al grado de que en el último cumpleaños de Peña hubo dos fiestas: una para la clase política y los aliados. Y otra, para el elenco de El Canal de las Estrellas.”

El portazo de La Gaviota hizo poca mella. Videgaray tiene muchas otras cualidades. Sabe, por ejemplo, rodearse de profesionales brillantes. A él y a Aspe se les atribuye el reclutamiento de otro verdadero Golden: el chihuahuense Emilio Lozoya Austin, a quien, de no sufrir un traspié político, se le augura un futuro brillante en la Presidencia de Enrique Peña Nieto.

Licenciado en economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), maestro por la Universidad de Harvard y licenciado en derecho por la UNAM, Lozoya Austin es hijo de Emilio Lozoya Thalmann, un tecnócrata que perteneció al primer grupo de la Presidencia de Carlos Salinas de Gortari —como director general del ISSSTE y luego como secretario de Energía—, al lado de personajes como Manuel Camacho Solís.

En marzo de 2012, Lozoya Austin, de 37 años de edad, y ya integrado plenamente a la campaña peñista como coordinador de Asuntos Internacionales, fue designado uno de los 192 Jóvenes Líderes Mundiales, elegidos de 59 países, por el Foro Económico Mundial de Davos, con sede en Ginebra, Suiza. “Dentro de la comunidad del Foro Económico Mundial, los Jóvenes Líderes Mundiales representan la voz para el futuro y las esperanzas de la nueva generación. Me siento especialmente orgulloso de los honrados de este año y confío en que sabrán abordar los desafíos a los que nos enfrentamos de forma efectiva, mediante nuevas ideas y una verdadera participación”, señaló Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro.

Esa distinción la recibieron 38 jóvenes de Asia Oriental, 19 de Asia Meridional, 46 de Europa, 15 de Oriente Medio y África del Norte, 18 de África Subsahariana, 37 de América del Norte y 19 de América Latina, Lozoya entre ellos.

“La posición de México ante el mundo ha perdido espacios a lo largo de los últimos 12 años. Después de haber gozado de una gran reputación en el ámbito global y diplomático durante más de 40 años, la imagen del país es cuestionada en el concierto internacional debido, principalmente, a los problemas que padece en materia de seguridad”, refirió Lozoya Austin en el amplio ensayo Una visión de México para el futuro, que escribió con Jorge Montaño Martínez, ex representante permanente de México ante la Organización de Naciones Unidas y ex embajador de México en Estados Unidos.

No dejó dudas sobre lo que piensa de los gobiernos panistas: “Tenemos 12 años con una relación deteriorada, desgastada, poco constructiva, y enderezarla deberá ser una de las prioridades del próximo Presidente. Es preocupante que en ningún ámbito —ni comercial ni migratorio ni de seguridad— hayamos tenido el menor avance”.

Integrante del Consejo de Administración de OHL —una de la empresas más beneficiadas por el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México—, Lozoya Austin también ha condenado a las administraciones panistas porque han dado malos resultados en seguridad, han generado un incremento de la violencia, una baja inversión en infraestructura y un incremento del poder monopólico de los grupos empresariales hegemónicos.

Videgaray cumplió años el 10 de agosto de 2012. Es un nuevo político que, como lo dicen en Toluca, lo tiene todo. Si bien en privado no tolera a personajes muy cercanos a la profesora Elba Esther Gordillo, como a Mónica Arriola, la hija de ésta, ganó una elección, nadie le puede probar jurídicamente que hizo trampa en los comicios presidenciales y es amigo del “jefe de jefes”.

Además, tiene un hermano que trabaja en Televisa y es muy bueno para hacer cuentas. La vida le sonríe plenamente a un hombre que se gana el sustento con dinero público. La sonrisa, sin embargo, tendrá sus límites. Si el desarrollo político puede ser una primera realidad viciada, a su lado tendrá políticos de viejo cuño que pueden atragantarle el futuro. Ése es el caso de los ex gobernadores hidalguenses Jesús Murillo Karam y Miguel Ángel Osorio Chong.

Como quiera, a Videgaray le haría bien analizar la historia de los priistas de viejo cuño y sus malsanas pasiones políticas. Puede hacerlo con cualquiera, de los sexenios turbios de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, Carlos Salinas o al taimado de Adolfo Ruiz Cortines, el frívolo de José López Portillo, el oscuro de Miguel de la Madrid o el del “traidor”, como llaman los priistas al de Ernesto Zedillo Ponce de León. En todos, los “elegidos” se quedaron atrás o en el camino, valga decir.

Tanto poder lo tuvieron Gilberto Flores Muñoz, Ernesto P. Uruchurtu, Arsenio Farell Cubillas, Arturo El Negro Durazo Moreno, Manuel Camacho Solís, Alfredo del Mazo González, “el hermano que nunca tuve”, como lo llamaba De la Madrid, y Emilio Chuayffet.

Puede verse también, como buen segundo o segundón, en los zapatos del francés-mexicano José María Córdoba Montoya o en los del chihuahuense Liébano Sáenz Ortiz, marginados hoy de la responsabilidad política de “conducir” a un país.

En diez minutos aprueban diputados mexiquenses dos nuevas leyes

* Consultados algunos diputados sobre el procedimiento seguido para dictaminar ambas iniciativas de ley, accedieron a comentar bajo la condición de mantener el anonimato, y confirmaron que, efectivamente, nunca fueron convocados a trabajar en comisiones, por lo que seguramente  los dictámenes habrían sido elaborados directamente por la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, cuyo titular es Javier Domínguez Morales.

 

Jorge Hernández.

Toluca, México, 12 de diciembre del 2014. Diez  minutos y una semana tomó a los diputados de la LVIII Legislatura estatal aprobar dos nuevas leyes propuestas por el gobernador Eruviel Ávila Villegas en trabajo de comisiones dictaminadoras, y otros diez minutos aprobarlas en la sesión ordinaria del Pleno, el 12 de diciembre del 2014.

Como ha sido habitual, durante las comisiones legislativas y la plenaria, se dispensó la lectura de los dictámenes y los correspondientes proyectos de decreto con el argumento de que así se facilitaba el desarrollo de los trabajos.

Lo cierto es que, también costumbre en esta Legislatura, los supuestos realizadores de las leyes de esta entidad no contaron con los dictámenes del caso, limitándose a mencionar su aprobación sin preocuparse en absoluto por los contenidos de dichas leyes.

El gobernador presentó a la Legislatura, en la sesión del pasado 4 de diciembre, las iniciativas para crear las leyes Para la Protección de Sujetos que Intervienen en el Procedimiento Penal o de Extinción de Dominio, y la de Administración de Bienes Vinculados al Procedimiento Penal y la Extinción de Dominio, las que fueron turnadas para su calificación a las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y Procuración y Administración de Justicia.

En el transcurso de la semana siguiente, estas comisiones nunca se reunieron sino hasta unas horas antes de que se efectuara la sesión ordinaria.

Consultados algunos diputados sobre el procedimiento seguido para dictaminar ambas iniciativas de ley, accedieron a comentar bajo la condición de mantener el anonimato, y confirmaron que, efectivamente, nunca fueron convocados a trabajar en comisiones, por lo que seguramente  los dictámenes habrían sido elaborados directamente por la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, cuyo titular es Javier Domínguez Morales.

Cuestionados si esto no evadía su responsabilidad de legislar tal como establece la Constitución, señalaron que no ha sido por propia voluntad, sino que así lo han dispuesto en la Junta de Coordinación Política que preside el diputado Aarón Urbina Bedolla.

En todo caso, agregaron, cumpliéndose con el trámite y guardando las apariencias, no hay ninguna violación ni a la norma ni al reglamento, porque finalmente corresponde a las comisiones la primera calificación de las iniciativas y posteriormente la definitiva al Pleno.

Mientras esto se cumpla, insistieron, nadie puede acusarlos de nada.

También adujeron que gran parte del trabajo de estudio y análisis se realiza en las mesas técnicas de trabajo, las cuales también están reglamentadas y forman parte del proceso legislativo, por lo que con ellas se salva la obligación de estudiarlas. En dichas mesas trabajan verdaderos especialistas tanto del procedimiento legislativo como en los temas que las iniciativas tratan, insistieron.

Como sea, seguramente que esta Legislatura ha establecido récords de tiempo para aprobar iniciativas. En esta ocasión, una semana entre la recepción de las ya comentadas y diez minutos para leer nada más que el protocolo reglamentario, no el contenido ni menos sus motivos.

Máscaras

Miguel Alvarado

Pregúntale al muerto cómo se llama

tómale las huellas

limpia sus ojos

dile de la sangre que hiela sus brazos

sus piernas quebrantadas que no lo llevaron a ningún lado.

 

Lloran las madres un sollozo por ese muerto sin orillas

porque tomarle la mano, confirmar la hora

en este siseo de plumas y fotos parece -pero no lo es-

una última ternura machacada en el negro esputo de su boca.

 

Y tú, creyendo que la credencial de prensa te mantendrá a salvo.

Tú, que no sabes lo que miras

te acercas al cuerpo y con una mueca

 

un soplo epiléptico

 

apagas de golpe el sol

de una vez le clausuras los ojos.

 

Llegan las niñas de la escuela con las caras desencajadas

abriendo puertas en busca de un juguete.

Jugar es comenzar a morir

echarse encima el estruendo de las armas

caerse aguantándose la risa, derrumbadas por el rayo.

Este día es un desorden de ventanas

y la verdad de los periódicos hace que amanezca más temprano.

Extiende la ropa y estornuda, inundada de olores ajenos.

Dice como si rezara el nombre de los muertos

y en su boca se pronuncia una O que no concluye.

Primero dice:

es el que abate quien dispara y luego corre

esconde las armas.

Yo soy Ángel o Miguel y mi casa

no es amarga ni dulce

pero el camino de vuelta no pasa por enfrente.

 

Sobraba el cielo y la tierra se abría en un puño.

Sobraban los cerros y en las brechas

se iban descubriendo el pedazo incinerado de un corazón

el paso de un ave y soldados disfrazados de semillas como agua fresca.

Alexander Mora Venancio no regresó a su casa

y sus padres dijeron al principio lo mismo que yo:

“nadie nos ha confirmado nada, no lo vamos a creer”.

Nada hay de fuerte en los brazos que sostienen a los muertos.

 

Ellos

ya sin máscara

comenzaron a disparar.

Un minero hecho y derecho

* Napito, el ex director-gerente de la Casa de Moneda, se había convertido en un minero “hecho y derecho”. Tan lo era, que aquellos primeros meses del año 2000, cuando ya su padre sufría de varias enfermedades y se la pasaba despachando sus asuntos en habitaciones de hospitales, su nombramiento como secretario general suplente le sirvió para colocarse en el primer lugar de la lista de sucesión de Gómez Sada por encima de sindicalistas de toda la vida.

 

Francisco Cruz Jiménez

Todo parecía bien y en orden, pero su hoja de vida mostraba algunas inconsistencias porque desde 1985 —y hasta después de aquellos meses de 1994— se le ubicaba como profesor del Tecnológico de Monterrey. En otras palabras, a menos que tuviera una plaza de aviador, tenía el don de la ubicuidad y se le podía localizar en dos lugares al mismo tiempo: en su empleo en el departamento de contabilidad de La Ciénega y en las aulas universitarias. Al final, ese detalle podía subsanarse. Sin embargo, la nueva historia laboral tenía otras “pequeñísimas” fragilidades porque archivos de la Secretaría del Trabajo mostraban que la sección minera 120, en el municipio de Santiago Papasquiaro, Durango, en la cual aparecía el registro de Napoleón Gómez Urrutia —como empleado minero y delegado sindical— y que sirvió para imponerlo como secretario general suplente del SNTMMSRM, en aquel enero de 2000, no tenía más de cinco años de haber sido formada.

De acuerdo con el artículo 50 de los estatutos del sindicato, se requiere una antigüedad de cinco años como trabajador de planta o base para aspirar a un cargo de representación sindical. Rascándole un poquito, los archivos del sindicato mostraban otra inconsistencia, pequeñísima, pero inconsistencia: la credencial que lo acreditaba como sindicalista en la Sección 120, con todos sus derechos y deberes, firmada por su padre Napoleón Gómez Sada, se dio de alta hasta marzo de 1995. “Y su hoja rosa del Instituto Mexicano del Seguro Social consigna como fecha de ingreso el 7 de julio de 1997; [de ser cierto] sus patrones le dieron de alta tres años después de su contratación”, como se publicó en un amplio reportaje de la revista Poder, del 12 de marzo de 2010.

En cuanto a su salario, fueran 15 mil —con el beneficio de la duda porque es una práctica común que las empresas den de alta a sus empleados con un salario y les paguen otro, para evadir impuesto y reducir los pagos de la seguridad social— o 28 pesos diarios, era ridículo considerando que había cursado estudios de posgrado en prestigiosas universidades de Alemania y Gran Bretaña, y había fungido como representante del gobierno de Nuevo León en el Distrito Federal de 1996 a 1997. Sin contar con las cuantiosas ganancias que una poderosa empresa como Peñoles podía redituar a sus empleados mejor preparados. Viejos mineros aún sonríen socarronamente con aquello del salario. Si hubiera sido verdad, señalan, le habría tenido que dar vergüenza a los Napoleones porque, de inmediato, dejaba una serie de dudas sobre las capacidades académicas de Napito. La situación empeoraba si uno se detenía a pensar y descubría que en el gobierno no lo querían como funcionario público, pero tampoco los empresarios.

Cierto o falso, no importaba. Napoleón I se salió con la suya y regaló un mapa político del poderío sindical minero que, para esas fechas, aglutinaba a unos 83 mil obreros por todo el territorio nacional. Napito, el ex director-gerente de la Casa de Moneda, se había convertido en un minero “hecho y derecho”. Tan lo era, que aquellos primeros meses del año 2000, cuando ya su padre sufría de varias enfermedades y se la pasaba despachando sus asuntos en habitaciones de hospitales, su nombramiento como secretario general suplente le sirvió para colocarse en el primer lugar de la lista de sucesión de Gómez Sada por encima de sindicalistas de toda la vida, como Elías Morales Hernández, presidente del Consejo de Vigilancia; Benito Ortiz Elizalde, secretario del Trabajo; Armando Martínez Molina, secretario de Contrataciones Colectivas y conocido por sus luchas mineras en el histórico pueblo de Cananea, en el norteño estado de Sonora; así como Carlos Pavón Campos, secretario de Asuntos Políticos.

Morales Hernández y Ortiz Elizalde no necesitan defensa alguna. El primero, advierten los mineros, sigue siendo “gato” del Grupo México —uno de los conglomerados líderes en la industria minera mexicana y enemigo de Gómez Urrutia—, y al segundo, ex trabajadores de las dos plantas de Altos Hornos de México, en Monclova, Coahuila, consideradas la mayor siderúrgica integrada del país, que opera de la extracción de minerales de fierro y carbón a la manufactura de acero, todavía lo recuerdan cuando, entre mayo y junio de 1989, lo corrieron a pedrada limpia durante una asamblea general extraordinaria por tratar de meter mano junto con su jefe, el charro Gómez Sada, en un movimiento huelguístico.

Cuando la empresa propuso reajustar —sinónimo de despedir— a 4 mil 500 obreros y modificar el Contrato Colectivo de Trabajo, los 12 mil 900 obreros de la Planta 1 respondieron a través de dos movimientos. Primero, destituyeron a los representantes sindicales locales, ahuyentaron a pedradas a Ortiz Elizalde debido a su clara preocupación personal por quedar bien con algunos políticos que despachaban desde la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, en la Ciudad de México, y que, por entonces, estaba a cargo del ingeniero Fernando Hiriart Balderrama; y decidieron acogerse al artículo 400 de la Ley Federal del Trabajo, que establecía la posibilidad de prorrogar por dos años la revisión contractual, manteniendo el salario vigente. Y en el segundo movimiento terminaron por aceptar un leonino convenio empresarial con todo y reajuste.

Por su parte, 4 mil trabajadores de la Planta 2 recurrieron al sindicato para rechazar el reajuste de 856 obreros, además de modificaciones sustanciales al Contrato Colectivo de Trabajo. Se fueron a huelga. En las siguientes semanas descubrieron la inutilidad de sus líderes. Todo fue un fracaso monumental. Se sintieron engañados por Gómez Sada y Ortiz Elizalde. Fueron obligados a firmar un convenio donde aceptaban, sin modificación, la propuesta inicial de la empresa que incluía 10 por ciento de aumento salarial, 5 por ciento de retabulación o ajuste general de salario, despido de 856 trabajadores —21.4 por ciento del total— y la modificación de cláusulas contractuales. De sus salarios caídos, aquellos que regresaron sólo recibieron 50 por ciento.

Los administradores impusieron sus reglas para eliminar algunos artículos del Contrato Colectivo, así como convenios relacionados con obras de rehabilitación, optimización y modernización. De igual modo, se tomaron la libertad para contratar servicios de terceros y suprimir por completo los departamentos de Mantenimiento de Rutina y Supervisión Residente; y parte de los de Mantenimiento Auxiliar, Trabajos Diversos y Equipo Movible. Como mero sarcasmo del fracaso del paro, uno de los allegados a Gómez Sada les recordó las máximas del viejo líder sindical: “Mídanle el agua a los camotes, compañeros. No se quieran llevar la empresa para su casa. […] Muchas veces es mejor que te corten un dedo a perder toda la mano”. (A juzgar por los resultados, los trabajadores de la Planta 1 conocían mejor las entrañas del sindicato que los entusiastas, impulsivos y soñadores huelguistas).

Tanto Morales Hernández como Ortiz Elizalde tenían su lado oscuro bien documentado sirviendo a los intereses del cacicazgo de Gómez Sada. Ellos fueron los encargados de controlar a los obreros rebeldes, para quienes la lucha por sus derechos tuvo un costo demasiado elevado, y adoctrinar a los otros. Ellos conocían sus propias debilidades y aun así se rebelaron contra la imposición grotesca de Napito. Y eso les costó. Contra ellos se despertó un claro deseo de venganza. Fueron hostigados e investigados por traición al gremio y por convertirse, supuestamente, en un instrumento de las autoridades laborales emanadas del Partido Acción Nacional, así como de los grupos empresariales mineros Villacero y México. Según las acusaciones que se les hicieron, “los han usado para intervenir inconstitucionalmente en la vida interna de la organización” e impedir la profesionalización de la burocracia sindical. La persecución y el hostigamiento no pudieron ocultar que también existía un antagonismo muy marcado contra Napito en las secciones 27, 71, 147, 205, 239, 259, 261, 265, 288, 293 y 303.

Fulminante, el 18 de abril de aquel 2000 le llegó a Ortiz Elizalde la notificación para informarle, escuetamente, su baja como trabajador activo —y, en consecuencia, como sindicalista—, “por terminación de contrato por reajuste” de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), con sede en la Sección 147 de Monclova, Coahuila. A solicitud de don Napo, lo despidieron sin miramientos. Ese mismo día, Morales Hernández fue suspendido temporalmente como presidente del Consejo General de Vigilancia y Justicia y quedó sujeto a investigación. Para humillarlo, seis días después Gómez Sada ordenó publicar un desplegado en el que se puso en duda su honestidad y fue acusado de hacer tratos personales, en lo oscurito, que terminaron por afectar al sindicato.

Apenas para un huevo

* Resulta que el incremento a los salarios mínimos para el año entrante será únicamente de dos pesos con noventa centavos, no llegará a los tres y como consecuencia sólo alcanzará para comprar un huevo, sobrando para una tortilla. Si alguien quiere dos huevos se necesitarán cuatro pesos pero, ¿de dónde se va completar, esto sin pecar de pesimista?

 

Luis Zamora Calzada

Mi más sentido pésame a todo México y en particular a la familia de Alexander Mora Venancio, maestro en formación de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, asesinado el 26 de septiembre del 2014, con el ferviente deseo de que se haga justicia, no quede su muerte en la impunidad y desde la sociedad mexicana logremos la transformación del país.

Cambiando de tema y en espera de que la señora de la casa no me demande por no consultarla y por sacar a la luz información que alguien le determinó como propia y confidencial, algo íntimo que le corresponde y es muy personal, cuando en realidad es una necesidad permanente en cada hogar para mantener calma, armonía y tranquilidad, incluso se truenan los dedos todos los días cuando no tienen para cubrirlos. No sea mal pensado, amable lector, me refiero a los precios.

En esta invasión de funciones, a escondidas se pudo comprobar que en un kilogramo de huevos hay dieciséis piezas de tamaño regular, y cuando son muy chiquitos llegan a ser hasta dieciocho, el precio oscila entre 29 y 32 pesos, dependiendo de dónde se compren, obteniendo un costo, por cada uno, de dos pesos en promedio.

No conformes todavía, se revisó el asunto de las tortillas, las hechas a mano sin importar el color y encontramos que una sola cuesta 64 centavos, cuando se consigue el kilo en catorce pesos, con veintidós tortillas bien cocidas, teniendo cuidado de no caer en los negocios que los dejan medios crudos para que sean menos por kilo. La anterior recomendación fue hecha por una señora conocedora del asunto.

Resulta que el incremento a los salarios mínimos para el año entrante será únicamente de dos pesos con noventa centavos, no llegará a los tres y como consecuencia sólo alcanzará para comprar un huevo, sobrando para una tortilla. Si alguien quiere dos huevos se necesitarán cuatro pesos pero, ¿de dónde se va completar, esto sin pecar de pesimista?; bueno, queda claro que no se puede pensar en un taco de carne, pues aun cuando sea de res corriente el kilogramo ya oscila en 100 pesos.

Qué haremos los profesores con ese aumento. No aplica ni la distribución de Chava Flores en los años cincuenta, parafraseándolo no nos aceptarán decir: “oye, señora de la casa, ahí te dejo estos dos pesos, compras un huevo, una tortilla y me aguantas con lo de la luz, de la renta ni hablamos, con la subida del dólar mejor nos cambiamos y por favor no me demandes”.

 

Ya valió

 

Ya era casi las 2:30 de la tarde. El programa del Instituto de Evaluación Educativa del Estado de México se cerró, de hecho toda la mañana estuvo lento y para acceder a los instrumentos de evaluación, los docentes participantes tardaron más de una hora en lograrlo, entre pregunta y pregunta que se contestaba, pasaban cinco o seis minutos, con irregularidades como saltarse del cuestionamiento uno al número cinco y de éste a la tres. Los números telefónicos a disposición para brindar asesoría nunca funcionaron, entre otras anomalías presentadas.

El programa en fracaso, “Ser Maestro 2014”, para obtener un estímulo económico de 20 mil pesos, se aplicó a los docentes de preescolar, promotores y secundarias el sábado 6 de diciembre de las 9 a las 5:59, en primarias el domingo siete, según consta en los oficios remitidos a los docentes inscrito, conteniendo un folio y una contraseña para el acceso, otorgando dos horas con 30 minutos para responder 115 preguntas.

En las condiciones narradas, un gran número de profesores participantes manifestaron su decepción en la instrumentación del programa. Algunos mencionaron que sólo contestaron seis preguntas por las fallas presentadas y que es responsabilidad directa del Instituto convocante, despertando fuertes cuestionamientos de legalidad en el proceso, colocando en tela de juicio la credibilidad del mismo.

Se narraron hechos diversos pero resalta el caso de una maestra de Coatepec Harinas, que recibió el estímulo el año pasado sin haber contestado el instrumento, lo que comunicó a la supervisora escolar para saber qué hacer con el recurso económico que le depositaron, se asegura que en comunicación con el Instituto les dijeron “que los utilice, ya fue cosa de suerte de la maestra haber recibido el reconocimiento”.

De ser verídico, efectivamente quita toda credibilidad al Programa de Reconocimiento al Profesor de Educación Básica 2014, “Ser Maestro”, al depender más de la suerte y no del desempeño docente, con grandes sospechas de corrupción probable en la asignación de tres mil reconocimientos a afortunados profesores a obtener el recurso en comento.

Por esta razón, a las 2:30 de la tarde del sábado, entre otras manifestaciones, se escuchó el de “ya valió”, al no respetarse el tiempo y la fallas del sistema, que decepcionaron a muchos maestros.

Los juegos del hambre: la historia de los comedores comunitarios en el Edomex

* La delegación federal de la Secretaría de Desarrollo Social, encargada de Comedores Comunitarios, adeuda cuatro meses de salarios a todos los coordinadores del programa, desde agosto y lo que va de diciembre del 2014. Los sueldos que los empleados reclaman sin éxito van desde los 6 mil 800 pesos hasta los 18 mil mensuales. Las personas afectadas, de 450 a 500, desde operativos hasta administrativos, repartidas por todo el territorio mexiquense, trabajan hasta la fecha sin contrato alguno y la razón que el delegado de la Sedesol, Edmundo Rafael Ranero Barrera, anteriormente subsecretario de Operación del Transporte estatal, les da para no pagar es la más simple de todas: “no hay dinero”.

 

Miguel Alvarado

El programa federal Comedores Comunitarios que se desarrolla dentro del proyecto Cruzada Contra el Hambre es uno de los más emblemáticos de la administración del presidente mexicano Enrique Peña. El programa ha sido promocionado a nivel nacional como uno de los más exitosos pero al menos en el Edomex la realidad es otra.

Esa batalla contra el hambre es librada con recursos que empleados y voluntarios ponen de su propia bolsa. En todo el país este programa abrió espacios comunitarios para apoyar a los sectores sociales más desprotegidos, pero en tierras mexiquenses ha sido intervenido por autoridades municipales, como sucede en Metepec, donde la alcaldesa priista, Carolina Monroy, esposa de Ernesto Némer, subsecretario federal de Desarrollo Social, justamente la dependencia que desarrolla y opera los comedores, ha involucrado a personas que el ayuntamiento tiene inscritas en otro proyecto municipal, el Programa Metepequense de Seguridad Alimentaria, ProMesa. Monroy es, además, prima de sangre del presidente Peña Nieto.

También, la delegación federal de la Secretaría de Desarrollo Social, encargada de Comedores Comunitarios, adeuda cuatro meses de salarios a todos los coordinadores del programa, desde agosto y lo que va de diciembre del 2014. Los sueldos que los empleados reclaman sin éxito van desde los 6 mil 800 pesos hasta los 18 mil mensuales.

Las personas afectadas, de 450 a 500, desde operativos hasta administrativos, repartidas por todo el territorio mexiquense, trabajan hasta la fecha sin contrato alguno y la razón que el delegado de la Sedesol, Edmundo Rafael Ranero Barrera, anteriormente subsecretario de Operación del Transporte estatal, les da para no pagar es la más simple de todas: “no hay dinero”. Los empleados, sin embargo, deben seguir laborando porque es la única manera que les ofrecen para exigir un pago posterior, que además ha sido condicionado al cumplimiento de exigencias que en un inicio no estaban estipuladas. La delegación de Sedesol tiene recursos económicos que llegan puntuales desde la Federación, pero el rubro destinado a los salarios se pierde en algún lugar de la burocracia que administra el hambre en suelo mexiquense. Los empleados sin salario aseguran que, a estas alturas, pesa ya una amenaza para darlos de baja sin que puedan cobrar los adeudos. Una última reunión entre trabajadores y autoridades apenas pudo esbozar la promesa de un pago entre el 15 y el 18 de diciembre, aunque se les advirtió que solamente noviembre y diciembre serían liquidados.

Ese impago misterioso, llevado a la práctica hasta sus últimas consecuencias, ha generado que los comedores se transformen en cocinas económicas de carácter privado, donde los mismos empleados cobran las comidas hasta en 18 pesos “porque esa es la única manera que tenemos para sobrevivir”. Esa comida, que en los establecimientos del valle de México alcanza hasta 30 pesos por persona, tiene un valor al público, de origen, de 5 pesos, pues es parte de un programa subsidiado. Pero quienes venden la comida, por otra parte no gastan en ella, porque los insumos no han fallado y la Federación los suministra cada 30 días. Así, los salarios retenidos desde la Sedesol pervierten un programa que, dicen los mismos coordinadores, es bondadoso y está perfectamente armado.

Los afectados denuncian un fraude a partir de la retención de sus pagos, primero porque las razones que se les dan para no entregárselos son absurdas y después porque no hay ninguna bancarrota ni anuncio oficial que indique que el programa se haya detenido o perdido los fondos. En el Estado de México existen 957 comedores, coordinados a nivel estatal por Alfredo Sánchez Víquez, quien llegó en octubre del 2014, enviado desde la Subsecretaría del Transporte, donde era jefe de la Unidad de Movilidad Urbana. El cambio para Ranero y Sánchez fue drástico y los afectados entienden que los enviaron a “contener” los reclamos por salarios y otras irregularidades.

“Si negociaba con lo peor de lo peor del transporte público, y les ganaba, ¿qué podemos esperar nosotros?”, apunta uno de los demandantes. La presión es tal que muchos ya se han ido, sin cobrar.

“Yo quiero pagarles, pero…”, les dice Ranero cada vez que hablan del tema.

Los 957 comedores están ubicados en 19 regiones y atienden, de lunes a viernes, un promedio de 240 servicios diarios, la mitad en la mañana y la otra a la hora de comer. Cada servicio, con un costo de 5 a 10 pesos, está dirigido a población con características bien definidas: niños de hasta 11 años, discapacitados, embarazadas, adultos mayores de 65 años y personas en pobreza extrema. Los comedores son atendidos por voluntarios a cambio de comer allí y de que tres de sus familiares acudan también, sin costo. En general, forman equipos de hasta 5 personas que trabajan una semana al mes. Cada comedor, entonces, tiene 4 equipos de hasta cinco elementos aunque eso varía. Las cocineras y los jefes de Comedor tienen un horario de 6 de la mañana a 5 de la tarde, aunque es flexible. Por ser voluntarios, no reciben ningún salario. En total, se reparten 229 mil 680 raciones diarias en toda la entidad.

Unas 500 personas son las que colaboran con Sedesol en los comedores comunitarios, divididas en las cuatro figuras que marca el programa: empleados regionales, municipales promotores y microrregionales. Un promotor, por ejemplo, debe tener 5 comedores para hacer válido su cargo y optar al pago. Pero no todos cumplen ese requisito. Algunos tiene cuatro, y a pesar de que se trabaja, la Sedesol advierte que no pagará. Ese condicionamiento en el pago se deriva también de la desinformación. Los empleados desconocen, a estas alturas, cuáles son los requisitos exactos que exigen en la delegación. Al principio eran 12 los formatos requeridos pero al paso de los meses se “inventaron” otros. La idea estaba establecida: no pagar.

– La instrucción directa es ésa. Así nos dijeron los nuevos administradores, “háganle como quieran”. Eso nos dijo Víctor Calvillo, director general de Participación Social –apunta uno de los afectados.

La delegación de la Sedesol cambió recientemente a sus funcionarios y el programa se vio en apuros. Primero estaba Fernando Alberto García Cuevas, quien asumió su encargo en febrero del 2013. Duró allí 20 meses y su salida obedeció a acuerdos políticos entre el PRI mexiquense, el gobierno estatal y la propia Federación, que preparan ya las elecciones intermedias del 2015.

Una reunión en Zumpango, hace pocos meses, perfilaba ya los problemas que ahora arrastra el programa. García Cuevas todavía estaba al frente de la Sedesol y reclamaba los pagos atrasados.

– Este problema de los comedores se tiene que arreglar y, si no, yo aquí pongo mi renuncia –dijo el ex delegado.

– Si alguna renuncia debía estar aquí, es la de Víctor Calvillo –fue la respuesta de los representantes de Rosario Robles, secretaria federal de Desarrollo Social. Un primer pago llegó en abril del 2014, pero fue el único dinero que han visto los empleados.

Otra reunión desembocó más o menos en lo mismo. “Señores, su pago ya está, pero deben llenar una carpeta con información”. Al final el trámite se convirtió en un laberinto burocrático que en lugar de allanar el camino lo cerró todavía más y obligó a una degradación escalafonaria que algunos aceptaron a cambio de quedarse.

Hubo a quienes sí se les pago. Gente de Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, por ejemplo, fueron los primeros y únicos beneficiados. A ellos se les pagó, sí, pero hasta en eso hubo irregularidades porque en Ecatepec no se ha abierto ningún comedor.

– Eso sí, hay pagos para la gente que dice trabajar allá por instrucción del gobernador del Edomex, Eruviel Ávila –aseguran. A ellos les pagaron seis meses. Pero esa estructura, la de Ecatepec, desapareció de inmediato, nada más cobrar, se desintegró.

Los quejosos recibieron un adelanto entre junio y julio del 2014 que se pactó como viáticos y gastos a comprobar. Así se firmaron esas entregas y así están las pólizas. Pero el nuevo delegado argumenta ahora que se trata de un préstamo solamente “y que ahora tenemos que pagar”.

La Sedesol no es cualquier delegación. Desde allí se operan los programas federales para la entidad más poblada del país, que concentra poco más de 15 millones de habitantes, la mitad de ellos, según el INEGI, ubicados en algún tipo de pobreza. En febrero del 2013 la tierra de Peña Nieto se colocaba dentro del grupo de cuatro estados que experimentaron un crecimiento en la pobreza. Oaxaca, Guerrero y Chiapas, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) son los otros socios de este club de la miseria. En el 2012, el Edomex tenía 6.7 millones de pobres y un año más tarde había 7.32 millones. El porcentaje de la población en pobreza para la entidad era, en el 2010, del 42.9 por ciento. En el 2012 fue de 45.3 por ciento.

Según el propio García Cuevas, el presupuesto que la delegación de la Sedesol en el Edomex ejercía, en el 2013, era de 5 mil 300 millones de pesos pero con la inclusión de los 125 municipios al Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social Municipal (FIS), la partida aumentó y en el 2014 se operaron 10 mil millones de pesos “para mover los indicadores de pobreza”, aseguraba García en febrero del 2014. En conjunto, los gobierno del Estado de México y la Federación han invertido más de 6 mil millones de pesos en programas contra el hambre integrados en la Cruzada Nacional Contra el Hambre, afirmaba Ávila Villegas.

El Edomex, uno de los estados más ricos y productivos del país es, desde los conteos de la Federación, también uno de los más depauperados. Los números, en contraste con los discursos públicos de los tres niveles de gobierno, juegan un papel preponderante para el 2015, cuando haya elecciones en la entidad y el dispendio en campañas alcance, como históricamente lo hace, proporciones de ficción. Ese dinero, el del dispendio, deberá provenir de alguna parte.

Las ecuaciones que mezclan pobreza y comicios en programas sociales son perfectas. Quienes tienen más pobres también obtienen mayores recursos federales y estatales y pueden negociar aumentos. Cuna del Grupo Atlacomulco, enclave político de Peña Nieto, no es casualidad que el Edomex tenga, desde esas estadísticas, a la mitad de la población clasificada como pobre.

En medio de la corrupción imperante, el programa de Comedores Comunitarios toma ya un sesgo electoral, pero las pérdidas son incuantificables y los propios coordinadores saben que ese proyecto se cae por falta de capacitación y porque ha llegado a trabajar allí gente que no tiene idea de cómo operar. Las irregularidades se presentan hasta en la renta de las oficinas de la Sedesol, en realidad una casa-habitación ubicada en la calle Francisco del Paso Castañeda 107, en la colonia Universidad.

– Están pagando, junto con un anexo para estacionamiento que está a tres cuadras, 92 mil pesos al mes. Es una casa, enorme, sí, pero en la zona la renta no pasaría de la mitad. Está en una zona donde el uso de suelo es habitacional pero la usan para oficinas, no está adaptada y eso ya tiene consecuencias pues se ha quemado la acometida de electricidad por no tener la instalación adecuada. La gente que trabaja allí está sentada en un barril de pólvora porque las instalaciones son de tabla-roca. Se puede quemar todo. García Cuevas supo de ese riesgo.

– ¿De quién es esa casa?

– El dueño de la casa se llama Gordillo, Carlos Gordillo. Es un cuate que tiene un auto Lamborghini, el único auto así que anda por aquí.

Los afectados consideran que los nuevos delegados, Ranero y Víquez, hacen, literalmente, lo que se les pega la gana e involucran a un personaje más, Tania Pérez Olguín, sobre quien recae la nueva estructura. Sedesol, dicen, exprime a la gente, que a estas alturas no abre algunos comedores.

El poder de Pérez es absoluto en la nueva administración a pesar de no conocer la estructura. El primer comedor que se abrió se ubicó en Pueblo Nuevo, San José del Rincón, inaugurado por Peña Nieto y atestiguó la incapacidad de Pérez Olguín. Quince días después de inaugurado, fue y se enfrentó con los que allá trabajan.

– Este comedor, si quiero, lo cierro porque yo soy autoridad –dijo la funcionaria de Sedesol.

El conflicto generó deserciones; consta en reportes la conducta de Pérez, a quien califican como el terror del programa.

 

Un botín político

 

El proyecto de los Comedores en el Edomex comenzó sin un techo presupuestal y el testimonio de las propias cocineras de comedores en Metepec lo confirma. “Nosotras llegamos cuando no había nada, sólo el local vacío. No teníamos ni siquiera servilletas. Nosotras compramos cosas, acondicionamos y aguantamos por un tiempo para que esto funcione. Todavía le hacemos así”.

La Sedesol no venía a experimentar pues había registros de aperturas en Guerrero, Chiapas y Michoacán. Aun con eso, ni siquiera había un reglamento. Y si lo hubo, nadie lo leyó. Así, sabían de la importancia de pagar los servicios, por ejemplo, de la Secretaría de la Defensa Nacional o capacitaciones. A ellos sí les pagaron. Eran pagos importantes, de hasta millón y medio de pesos. Pero para las personas no hubo nada, ni siquiera viáticos.

La Sedesol nunca hizo ningún tipo de contrato con los afectados, todos los acuerdos han sido de palabra y podría desconocerlos en cualquier momento. La Secretaría del Trabajo no ayuda porque no hay constancias en papel. A eso se debe que una mayoría haya decidido abandonar el empleo.  La promesa inicial de Peña Nieto era abrir 2 mil comedores. Pero el impago detuvo todo.

– Nos quedamos en 957 comedores –dice otro de los demandantes –pero se empiezan a convertir en botín político. Y hay lugares, como es el caso específico de Toluca y Zincantepec donde no hay ninguna persona de Sedesol. En este último municipio sucede así.

– ¿Sedesol “abandona” o entrega la operación a los municipios?

– En el caso que narro, en Zina, pregunté primero quién era el representante de Sedesol y me dijeron: “nadie, todos somos del municipio”. No podía estar ese tipo de personas administrando el comedor. Y resulta que el jefe de ellos era la directora de Desarrollo Social municipal, Eloísa Contreras Archundia, quien en lo legal es el enlace entre el municipio y el programa Cruzada Contra el Hambre, pero no puede actuar como “administradora”.

Al menos en Toluca y Zinacantepec pusieron algunos comedores en locales donde operaban ya cocinas económicas. De lunes a viernes estaba el programa pero los fines de semana aprovechaban lo que había para venderlo. Y eso siguió creciendo. Hay comedores que ya se volvieron cocinas económicas porque quienes tendrían que supervisar no han cobrado sus salarios.

Los usuarios más frecuentes son los niños, por encima de los adultos y lo que se cobra, 5 ó 10 pesos funciona como cuota de recuperación. Ese precio se decide en una Asamblea. Sin embargo, las cuentas no salen. Los comedores que se volvieron cocinas económicas cobran 18 pesos por comida y usan esa diferencia monetaria para la gente que trabaja, pero nada se aplica para el comedor, que además ya se adapta para todo el público. Si nadie supervisa, nadie se entera, al menos de manera oficial. La mayoría de los comedores ya son negocios personales.

“La idea de los comedores -dice otro de los inconformes- está inspirada en una de Lula da Silva en Brasil, aunque allá eran para todos”. Y es que la gente, aunque no esté en la clasificación de Sedesol, ya reclama. “¿Por qué no voy a comer? Soy mexicano y es mi derecho. Ahí nosotros no podemos echarnos encima a la gente, porque además son nuestros vecinos”.

Luego de casi un año de abiertos los comedores, al menos la mitad en el Edomex está en esas condiciones de “negocios privados” y el esfuerzo que se hizo para levantar el programa ha quedado rebasado. El fenómeno se presentó primero en el valle de México y pronto el ejemplo se extendió. En Atlacomulco, la tierra del presidente Peña, hay denuncias por robo de abasto y cambios de sedes sin previo aviso pero eso no impidió que se abrieran 300 comedores en la región, incluyendo Ixtlahuaca, Acambay, San José, Progreso, entre otros. El valle de Toluca tiene unos 129 comedores. En el valle de México hay más de 200.

Sobre el control del abasto, un tema por el cual los trabajadores han sido amenazados de castigo, la Sedesol no toma en cuenta las raciones que consumen los voluntarios ni los tres familiares que cada uno de ellos tiene derecho a alimentar. Las raciones, por supuesto, aumentan. Los inventarios de la Sedesol no cuadran con sus propias órdenes. Los coordinadores tienen prohibido comer en los comunitarios pero cuando se cumplen cuatro meses de impagos, acuden al servicio por necesidad.

Pero el mensaje que se le envía a la opinión pública es distinto. La delegación escoge “cinco comedores de éxito”, los mejor organizados. Allí se envía a Televisa, por ejemplo, y filmaba para pasar las imágenes, luego, en los noticieros de aquella empresa.

Los empleados sin cobrar ironizan que la Sedesol se preocupa por los desposeídos, pero no por sus trabajadores. “No tenemos seguro social, hacemos recorridos a comunidades lejanas con recursos propios pero no hay respaldo de la delegación, nunca se nos dio”.

 

Triangulas o cuello

 

Todavía una irregularidad más esperaba a quienes aceptaron trabajar el programa y consistía en triangular los pagos. Así, el salario asignado originalmente lo compartieron con sus jefes.

– La estructura de Sedesol consta de 19 regiones y dentro de ellas nos asignaron una categoría, un puesto y un salario. Cada una de las 19 regiones tuvo un coordinador de programa federal, con un sueldo pagado por Sedesol. Ellos trabajaban programas para adultos mayores, para jefas de familia y microrregiones, entre otros. Ya tenían una coordinación, antes de que iniciara Comedores y se les asignó una región con nosotros. Para que ellos pudieran cobrar, primero a nosotros nos dieron un nombramiento como coordinadores regionales, que es nuestro cargo. El dinero que nosotros cobramos se lo tenemos que dar al coordinador de Área. Para esto se consiguieron prestanombres, para que nosotros pudiéramos también cobrar.

– ¿Los servidores públicos que ya trabajaban para Sedesol comenzaron a recibir dos salarios?

– Sí, el que ya tenían por su cargo y responsabilidades originales, y el que venía de nosotros, en el programa de Comedores. Claro que el salario más alto era el que ellos recibían por su trabajo inicial. En algunos casos esos coordinadores nos apoyaban directamente con vehículos o dinero para traslados pero en otras regiones los coordinadores no ayudaron en nada.

– ¿Cuál es la cantidad que se llevan esas personas por el trabajo de ustedes?

– El salario más alto en el programa de Comedores, que es el de coordinador regional, es de 18 mil 200 pesos mensuales. El siguiente salario es de 16 mil 800, netos, sin ninguna prestación. El salario más bajo que tenemos es el de los promotores, de 6 mil 800 pesos mensuales. Trabajamos de lunes a viernes, no tenemos hora de entrada ni de salida. Cuando se abren los comedores llegamos a las seis de la mañana y salimos a las siete u ocho de la noche. Estamos por honorarios.

– ¿Cuáles son las condiciones laborales en las que se encuentran ustedes ahora?

– De incertidumbre. No nos dicen si se nos va a pagar pero sí que sigamos. Y lo hacemos, pero con nuestro dinero.

– ¿Cuántos comedores se han cerrado?

– Ninguno todavía, pero siguen operando con recursos de los propios empleados y de las voluntarias. Nosotros supervisamos sus actividades. Ahora llevamos cuatro meses sin cobro, pero la primera vez fueron seis meses. Seguimos porque tenemos la esperanza de que se nos pague. Las personas que comen y pagan la cuota de recuperación hacen posible que los comedores no se caigan, porque con ese dinero se compran los insumos, el gas. Esto les sucede a todos, en mayor o menor proporción.

Otro ejemplo de fugas de dinero o pagos indebidos son los equipos de trabajo “particulares” de las autoridades encargadas, como sucedió con un mini-staff que armó Alberto García Cuevas y cuyos cheques se obtendrían de los presupuestos de los comedores. También hay administrativos a quienes se les dio la indicación de cobrar de esas partidas. La mayoría de estos “externos”, dicen los afectados, provienen de la estructura estatal del PRI.

– Hubo coordinadores regionales que no tenían promotores, o muy pocos. Entonces les dijeron que juntaran gente, la que fuera, para justificar sus pagos. Si un promotor iba a cobrar 24 mil pesos, debía entregar 14 mil pesos a sus coordinadores de Área –apuntan.

La triangulación del dinero estaba bien proyectada. Se reportaban 10 promotores cuando en realidad había tres, y los siete que faltaban se inventaban. Ni siquiera hay una cifra real de trabajadores porque fueron manipuladas por los coordinadores de Área.

– A cada región se le asignó un coordinador de Área, 19 en total, que funcionaba como enlace, entre otras cosas, con autoridades locales. Ellos cobraron con la triangulación del dinero.

 

Los comedores

 

Dos de los comedores en Metepec están ubicados dentro de parques públicos, en pequeños salones de no más de 4 por 7 metros cuadrados. Lonas rojas o blancas anuncian el programa. Tres mesas de plástico para 18 lugares esperan la hora de la comida. En el centro de ellas, un pequeño letrero recuerda a los asistentes los buenos modales. “Es desagradable comer en mesa y silla sucias. Limpia por favor cuando termines de tomar tus alimentos”. El único adorno de ese comedor es la foto de la alcaldesa de Metepec, Carolina Monroy, que observa desde su marco la llegada de los beneficiados.

En el saloncito debe caber todo, desde la cocina hasta las mesas para los usuarios. Las cocineras, son tres, son voluntarias y acuden sin salario alguno desde las seis de la mañana en jornadas de 11 horas, una semana de cada mes. Otras dos personas, administrativas, completan ese equipo. A pesar de no tener pagos, pueden llevar a comer a tres de sus familiares diariamente y ellas mismas comer allí, además de juntar una despensa con los sobrantes del abasto. En esa sede trabajan 31 voluntarias.

– En general atendemos a todo tipo de personas, además de las que se marcan en el programa. Vienen por algún motivo. No podemos dejar de atenderlas y se les cobra lo mismo. Aquí servimos unas 220 raciones diarias –señala una de las voluntarias, quien acepta que a estas alturas se necesita una “motivación para las cocineras, no un pago pero sí apoyo”.

Ese equipo trabaja en una cocina que no está totalmente adecuada y que debe hacer espacio incluso para tanque de gas, que no encuentran un lugar afuera. Las mujeres se han adaptado y entre los alimentos y las enormes ollas se organizan eficazmente.

– Para el desayuno damos leche, pan, algún tipo de guisado y en la tarde se ofrece arroz, otro guisado y agua.

– ¿Tienen algún tipo de desabasto?

– No, nunca. Estamos funcionando desde julio del 2014. La tesorera recaba el dinero y ella compra verduras, fruta, pan.

Los usuarios no caben en el local y optan por comer afuera, en las bancas que se encuentran en el mismo parque.

Otro testimonio afirma que los equipos de comedores se van apenas se dan cuenta de la dureza del trabajo. Las cocineras, incluso, deben ayudar a descargar los camiones que transportan el abasto. Los encargados de los comedores consideran que el gobierno no sabe cómo se está trabajando, que desde un principio no capacitó a la mayoría y también que ha faltado a los acuerdos previos, como apoyarlos con otro de tipo de programas. Incluso pidieron papeles para Mujeres que Logran en Grande, del gobierno mexiquense, pero nada se ha concretado, ni siquiera un curso de primeros auxilios.

– El programa es bueno, muy bueno, pero sin un marco de operación adecuado. Ya se están cerrando algunos comedores, como sucede en la comunidad de San Lucas Tunco, también en Metepec. Hay comedores que no tienen ni siquiera una tarja, como sucede en el del Hípico, (una colonia de Toluca). Es increíble que la gente que nos coordina no tenga salario. Si a ellos, que son los jefes, no les apoyan, nosotros no podemos esperar nada –dice una de las encargadas.

– ¿Cómo inició la operación del comedor que atiende?

– Como voluntarias hicimos una cooperación de 100 pesos cada una, para echarlo a andar. Juntamos 700 pesos y con ese dinero se compró verdura, tortillas… compramos el gas, cada tanque cuesta 700 pesos; escobas, jergas, trapos, jabón, eso no viene en el suministro.

– ¿Ustedes abrieron el programa federal con su dinero?

– Sí, con nuestro dinero, que recuperamos después pero de las mismas cuotas o pagos por la comida, de los cinco pesos. Y se sigue comprando. Nosotras tenemos cuotas de recuperación muy bajas. A veces sólo podemos dar de comer huevo en salsa verde. Incluso pongo mi coche para traer algunas cosas.

– Entonces la comida no alcanza…

– Así es. Las raciones completas servidas, al día, son unas sesenta.

– ¿Por qué trabaja en el comedor?

– Primero tuve tiempo pero después porque vi la problemática de la gente. El comedor funciona por la gente, no tanto por el apoyo del Estado.

Las opiniones de encargadas de otros comedores no varían. Pero uno de ellos, también en Metepec, revela que el ayuntamiento de ese lugar se involucra en el manejo del programa federal.

– La presidencia municipal de Metepec nos prometió apoyos –dice una de las encargadas del comedor –pero no se nos ha dado nada. Sabemos que a otros comedores les han dado utensilios. Afirman que el ayuntamiento debe ser informado hasta de la falta de tazas e incluso sobre quién se encarga de abrir el local, que prestó Metepec previo acuerdo con la Sedesol.

– ¿Por qué el ayuntamiento se involucró en un programa federal?

– Una vez vinieron al comedor y organizaron una junta. Argumentan que el salón es propiedad municipal. La persona que lo cuida está designada por el ayuntamiento de Carolina Monroy. Aquí el ayuntamiento mueve todo y colocó a su gente. Hay un programa llamado ProMesa, donde se reparten despensas y las vocales de ese programa fueron impuestas en Comedores por la alcaldía. Algo tan simple como poner una puerta para cuidar los insumos debe pasar por el ayuntamiento pero lo peor es que no lo hacen. Nos ponen trabas para que operemos un proyecto federal. Ellos no cobran desde Comedores pero no les hace falta, aunque se crea un conflicto de intereses. Como el ayuntamiento maneja el comedor, no quiere pedir apoyos a Sedesol o reportar carencias. Les dirían algo. Pero esas personas involucradas con el ayuntamiento reciben apoyos desde el ProMesa. Tampoco nosotras podemos arreglar nuestro lugar porque hasta de que ponemos un clavo toman registros fotográficos. Esas personas nos abandonan. Ahorita no están porque se fueron al Informe de Monroy (2 de diciembre). Si no van, les quitan sus apoyos. Están desintegrando el proyecto del presidente de la república.

– ¿Han hablado con Carolina Monroy?

– La presidenta nos pone trabas para hablar con Sedesol. Dice que no se puede. Pero hablamos con un encargado de Sedesol directamente y nos dijo que nos la saltemos. Y es que el ayuntamiento dio la orden de recoger el dinero de las ventas por comida. Eso se denunció a Sedesol, que dijo que no entregáramos ese dinero. El ayuntamiento nos pide oficios para todo, así que todo debe estar registrado.

– ¿El ayuntamiento interviene en el resto de los comedores de Metepec?

– Sí, en todos interviene. Mi hija, de ocho años, de pronto pregunta que por qué no se invita a Carolina “para venga a comer soya con nosotros”.

La versión de que beneficiarios del programa municipal ProMesa están involucrados en el manejo de los comedores la confirman ellos mismos, que operan un tercer establecimiento en Metepec.

– Somos de ProMesa y apoyamos porque desde ahí nos envían, nos pidieron apoyo para que se echara a andar el comedor.

– ¿Ustedes tienen salario?

– No tenemos ninguna ayuda, pero de todas maneras prestamos dinero para comprar verduras y lo que se ocupe. Luego lo recuperamos, pero no debería ser así. Siempre hay abasto pero ahora ha bajado. Traen menor cantidades, pues dicen que es para 21 días cuando al principio Sedesol decía que era para 30. Nosotros terminamos poniendo lo que falta –relata otra encargada- quien afirma que han estado cambiando también las marcas de los proveedores. “La leche era Alpura y ahora es de Liconsa. Los atunes eran Herdez en aceite y ahora son de marca libre, de agua”.

La intervención de los comedores por el ayuntamiento de Carolina Monroy, esposa de Ernesto Nemer, es un ejemplo de cómo un programa federal es echado a pique. La batalla contra el hambre, diseñada desde la peor de las ópticas y luego tomada como botín, es el ejemplo de una guerra perdida que ni siquiera ha librado sus batallas.

El submundo de Napoleón

* “Gómez Sada tenía la esperanza de que la élite regiomontana recibiera a Napito como a uno de ellos. Era ésta la gran tarea de su vida. En su ingenuidad, su mayor sueño fue siempre que las viejas familias aristócratas de Monterrey no vieran jamás a Gómez Urrutia como el hijo de un obrero humilde; menos aún como el heredero de un líder sindical oportunista, carente de ideología, corrupto, plegado a los intereses del presidente de la República y el partido que los respaldaba. Esperaba que la cúpula priista aprovechara la preparación de su hijo”, escribe el periodista Francisco Cruz en el libro Los Amos de la Mafia Sindical, editado por Planeta en el 2013.

 

Francisco Cruz Jiménez

A esa edad, a Napoleón Gómez Sada todavía le sobraba fuerza para hacerlo. Y tenía presente que un paso en falso significaría el suicidio político, mandar al patíbulo al junior o, en el caso más optimista, limitar sus posibilidades de mantener el control vitalicio de los obreros minero-metalúrgicos. Presente tenía el ejemplo de dos entrañables compañeros caídos en desgracia durante los primeros meses del salinismo: el líder magisterial Carlos Jonguitud Barrios, obligado a renunciar para ceder su puesto a la profesora chiapaneca Elba Esther Gordillo Morales; así como el mítico Joaquín Hernández Galicia, La Quina, derrocado del sindicato petrolero y encarcelado para abrir paso al caricaturesco cacicazgo de Carlos Romero Deschamps, “el traidor”, como lo llaman todavía en Petróleos Mexicanos (Pemex).

Conociendo, como conocía, las tramas e intrigas del partido desde la década de 1950 —él mismo se había encaramado de la nada, o más bien desde la dirigencia sindical, a la presidencia del Congreso del Trabajo; y desde las filas del priismo dos veces a un escaño en el Senado por el estado de Nuevo León (1964-1970 y 1976-1982), y a una diputación federal en 1988—, Gómez Sada había aprendido a desconfiar de todos. Sobre todo, se cuidaba mucho de no creer en los funcionarios salinistas después de atestiguar el milagroso ascenso del líder telefonista Francisco Hernández Juárez. El líder minero consideraba que viejos sindicalistas como él mismo —por más que los consideraran marionetas de los presidentes de la República—, podían encarar al partido y darle la vuelta.

Por algo, Gómez Sada había sobrevivido al viejo zorro Adolfo Ruiz Cortines, al represor Adolfo López Mateos, al violento Gustavo Díaz Ordaz, al malvado folclórico Luis Echeverría Álvarez, al frívolo “revolucionario” José López Portillo y al opaco tecnócrata Miguel de la Madrid Hurtado. Desde la década de los 50, gracias a su capacidad de adaptación a las necesidades mezquinas del poder, tenía la lucidez para asegurarle un buen lugar a su hijo. A decir verdad, Gómez Sada no sólo supo cómo domesticar al salinismo, sino que salió bien librado del sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León. Una anécdota pinta de cuerpo entero la “habilidad” del líder: apenas declarado el triunfo del panista Vicente Fox Quesada en los comicios presidenciales de julio de 2006 se apresuró a ordenar, a nombre de los mineros y los obreros de la metalurgia, la publicación de un desplegado para felicitar al mandatario electo. Si el dirigente ferrocarrilero Víctor Flores se le cuadró y lo llamó “jefe”; Gómez Sada, según cuentan sus allegados, fue claro en la relación con el foxismo: “El sindicato minero siempre ha sido institucional y, queramos o no, ahora él es el Presidente de México”.

Los líderes sindicales creados e impuestos por el priismo, dóciles y serviles como debían ser, se acomodaron casi de inmediato a los modos de Fox y de sus secretarios del Trabajo —José Carlos María Abascal Carranza y Francisco Xavier Salazar Sáenz— y, juntos, encontraron las herramientas para darle cauce a las demandas laborales y mantener a raya a los trabajadores. Unos y otros se convirtieron en aliados insustituibles. Más tarde pasaría lo mismo en la administración de Felipe Calderón Hinojosa, quien los aquietó todo el sexenio a través de la mano dura, durísima dirían algunos de sus oponentes, del ex priista poblano Javier Lozano Alarcón en la Secretaría del Trabajo.

Así pues, calibrada la situación, medida la fuerza bruta del salinismo en 1992, en particular la del secretario de Hacienda, Aspe Armella —a quien se atribuyó el despido de su hijo de la Casa de Moneda—, así como las posibilidades reales que tendría éste en la lucha por la candidatura presidencial priista de 1994, el viejo ladino Gómez Sada diseñó una estrategia que, a la larga, le daría mejores dividendos a su hijo Napito sin atravesar cada sexenio por los sobresaltos de la quisquillosa y voluble política mexicana. Aunado a ello, el junior tendría la ventaja de mantener su estilo de vida en San Pedro Garza García, Nuevo León, el municipio más rico de México, donde era propietario de dos residencias en sendos fraccionamientos de lujo, y acrecentar la clientela de Los Cocineros, un restaurante a nombre de su hijo Ernesto Gómez Casso, el tercer miembro en la línea sucesoria de la dinastía.

Napoleón Gómez Sada tomó, pues, la decisión de hacer a su hijo dirigente máximo y secretario general del Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana. Al hacerlo su sucesor, no sólo violaba los estatutos internos sindicales, sino que, incluso, traicionaba el prometedor futuro que había planeado para su junior. Testimonios sobran de cómo el orgulloso padre lo imaginaba, terminando su encargo oficial en la Casa de Moneda, en un escaño en el Senado, una diputación federal y, de allí, en la gubernatura de Nuevo León. Para eso lo había enviado a estudiar a los mejores colegios de Europa, después de graduarse en la UNAM.

Gómez Sada tenía la esperanza de que la élite regiomontana recibiera a Napito como a uno de ellos. Era ésta la gran tarea de su vida. En su ingenuidad, su mayor sueño fue siempre que las viejas familias aristócratas de Monterrey no vieran jamás a Gómez Urrutia como el hijo de un obrero humilde; menos aún como el heredero de un líder sindical oportunista, carente de ideología, corrupto, plegado a los intereses del presidente de la República y el partido que los respaldaba. Esperaba que la cúpula priista aprovechara la preparación de su hijo.

Con el orgullo avasallado y herido por la forma grosera en la que Aspe Armella trató al vástago y cortó de tajo su ascendente carrera política —si bien no había hecho ninguna porque los puestos ocupados se los debía a recomendaciones paternas—, Napoleón Gómez

Sada recurrió a su amigo, el ex banquero Alberto Bailleres, presidente de Industrias Peñoles, para crearle una historia laboral minera a Napito. Dicha empresa minera tenía a su cargo operaciones integradas en la fundición y afinación de metales no ferrosos, así como la elaboración de productos químicos, plata, bismuto metálico, sulfato de sodio, oro, plomo y zinc afinados. Peñoles operaba las minas subterráneas de plata y oro más ricas del mundo, la mina subterránea de zinc más rica de México y su mayor mina de oro a cielo abierto.

El golpe seco de Aspe Armella aturdió a Gómez Sada, pero lo hizo entender que su estudiado hijo nunca sería aceptado por la “nobleza” empresarial regiomontana, ni su apellido tendría cabida en la élite priista. Para los primeros, Napito sería siempre el hijo de un viejo obrero mañoso, experto en controlar a trabajadores mineros y metalúrgicos sindicalizados; y, para los segundos, según pueden interpretarse las decisiones de la Secretaría del Trabajo en abril y mayo de 2000, no era más que un dirigente sindical empeñado en imponer, por las malas, a su hijo en la Secretaría General del sindicato. Como réplica a ambas posturas, de las oficinas del empresario Bailleres el viejo Gómez Sada salió con las credenciales necesarias para hacer pasar a su hijo por un trabajador minero sindicalizado. Aunque nadie jamás lo vio en servicio, Napito había “laborado” en el departamento de contabilidad de La Ciénega, una de las minas de Bailleres, como auxiliar administrativo, con un salario mensual ridículo de 15 mil pesos, aunque también hay versiones de que, por ser un favor para crearle una historia laboral, su salario real apenas era de apenas 28 pesos diarios como operador “del Departamento de Contabilidad” y que para 2000 se había incrementado hasta 96.95 pesos diarios.

Rastreados los documentos, se supo que Francisco Ballesteros, gerente de la mina, expidió una constancia para acreditar que Gómez Urrutia fue trabajador activo desde el 24 de enero de 1994 y que su nombramiento como delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato en Durango estaba fechado el 10 de junio de aquel mismo año.

El Barco Ebrio

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En los pasados segundos informes municipales en el Estado de México, todo fue festinar, como si la Nación Peña Nieto tomara el control del país en una realidad alternativa. Panistas, priistas, perredistas y micro partidos, todos, se unieron en una sola voz. En el Estado de México no pasa nada. No existe Tierra Caliente, no hay tal Tlatlaya, no hay feminicidios ni se prepara una enorme maquinaria para desviar recursos de programas federales hacia las campañas intermedias del 2015. Tampoco hay fuga de capitales y los secuestros, asesinatos y esas cosas horribles sólo pasan en los noticieros de Guerrero y el DF o Veracruz.

 

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Aquí, en la tierra que Peña Nieto administró –porque gobernar es otra cosa- por seis años el espejismo es más que real. Ese espejismo funciona, para lo público, desde los discursos y los montones de premios recibidos por los alcaldes, al menos por las presidentas de Toluca y Metepec, Martha Hilda González y Carolina Monroy, respectivamente.

 

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Priistas las dos, Martha Hilda entregó su misterioso parque de la Alameda como obra emblemática y presumió los premios. Uno bien raro, por ejemplo, Las Palmas de Oro, se lo otorgó una entelequia llamada Círculo Nacional de Periodistas. Ese trofeo o lo que sea se suma a los 42 reconocimientos que durante el año recolectó la alcaldesa. Además, los presumió todos y cada uno. ¿Cómo le hacen para recibir tantos premios con resultados tan pobres? ¿Dónde venden esos reconocimientos?

 

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Martha Hilda hace su esfuerzo hasta donde su capacidad le permite. Emanada del régimen más repudiado en México, el PRI antiquísimo de Peña, el Grupo Atlacomulco, se entienden sus políticas de hacer que se hace. ¿Qué puede hacer una autoridad civil en la Nación Peña Nieto? La respuesta siempre ha sido la misma. Así, Martha Hilda González no sólo presentó una falsa ciudad, donde no hay ni siquiera embotellamientos, menos narcotráfico y la prensa le hizo eco. Nunca como ahora la prensa al servicio del Estado había sido tan ruin, tan canalla, tan irresponsable.

 

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Para darle lustre a ese mensaje de prosperidad, la alcaldesa abrió sus puertas al insigne Arturo Montiel Rojas, un ex nada que además es ex gobernador del Estado de México y ex esposo de Maude Versini. Muy sentado, el afable Montiel, porque nada le quita la sonrisa, se dejó tomar fotos con sus amigos, pues ser tío del presidente de México debe servir para algo, no nada más para evadir una orden de aprehensión de la Interpol por los líos legales que mantiene el mexiquense con su ex pareja francesa, por la custodia de sus hijos. Que Montiel prepara su regreso a la escena política no es un secreto. Que pueda hacerlo, tampoco resulta problema. ¿Influye Montiel en Peña? ¿En serio? En él, tal vez, pero en el grupo en el poder, quién sabe.

 

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En Metepec, Carolina Monroy dio un speech extraordinario, según la opinión de entendidos, que calificaron las palabras de la prima-hermana de Peña y esposa de Ernesto Nemer como “un discurso poderoso y desafiante, lleno de interrogantes y reflexiones, como desafíos a la clase política desde la vista de la ética pública, e invocando el derecho a la felicidad, como aspiración del fruto del quehacer del gobierno”. Digno de análisis, dicen luego.

 

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Monroy se felicita a sí misma por ser quien es. Funcionaria mayor de pequeñas miras, y mínimos recursos, lo mismo dirige la cultura del Grupo Atlacomulco que a uno de los municipios más ricos del país y de paso se encarga de ayudar a su esposo, el licenciado Nemer, con el programa federal de Comedores de la Sedesol, en una extraña intervención municipal que mezcla impulsos municipales como el Programa Metepequense de Seguridad Alimentaria, claro, sin que sea legal y sin que nadie lo sepa. Esos comedores son dignos de ese discurso poderoso y desafiante, nada más para empezar. Luego ya se podrá hablar de lo de siempre: narcofraccionamientos, secuestros, homicidios, cosas menores, claro.

 

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Carolina Monroy sabe que las elecciones por venir serán las menos disputadas, pero aun así se necesita dinero y para eso están los programas federales. Enojada hasta la ira, la rabia, la ciudadanía no acudirá a las urnas, según prevén los propios partidos. Ese supuesto castigo beneficia a los de siempre. El PRI y su voto duro de tortas, refrescos y 500 pesos harán el cotidiano milagro. Ese es su negocio y lo hace funcionar.

 

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Mientras tanto, en una dimensión cercana incluso a Dios –todavía se puede tener otra- el Operativo Especial de Seguridad Tierra Caliente toca apenas con el pétalo de una rosa al Estado de México. Contentísimo porque eso significa que todo está requetebién, el gobernador mexiquense Eruviel Ávila, se ufana de que sólo dos municipios -y aclara que es apenas el 2 por ciento de la entidad- estén involucrados en tan casquivanos proyectos. En realidad son ocho los municipios mexiquenses que patrullarán las fuerzas federales bajo la supervisión de los militares: Ixtapan de la Sal, Amatepec, Sultepec, Tejupilco, Tlatlaya, Tonatico, Zacualpan y Zumpahuacán.

 

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¿Pero qué eso no es lo que estaban haciendo? ¿En Tlatlaya fueron los militares quienes ejecutaron a 22 personas, narcos o no, guerrilleros o no, pero ya rendidos y desarmados? Ese Operativo Tierra Caliente excluye a Luvianos, una capital nacional del narco. Hace años que los militares se pasean por ese sur, incluso con helicópteros Halcón Negro, terror de los terrores en la zona. Entonces, si ya están y no han funcionado, ¿por qué funcionarían ahora? Las detenciones comenzarán pronto y habrá un nuevo panorama. Nuevos gerentes, encargados del negocio de la droga, cuya producción no se ha detenido un solo minuto.

 

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Lo que preocupa en serio a Eruviel Ávila pero también al presidente Peña es que los capitales de inversión se están retirando del Estado de México. El narco es un negocio que han sabido controlar las diferentes administraciones, y aunque su costo tiene que ver directamente con el sufrimiento de la población, funciona, les deja dinero, objetivo fundamental para la clase política, su razón de ser. Pero las inversiones desde lo legal son otro cantar. Los capitales se están retirando alegando la falta de certeza para poner a trabajar el dinero. No es casualidad que el dólar suba al mismo tiempo. En lo económico, para Eruviel y Peña, viene lo peor. No para ellos, ellos nunca carecerán. Los grandes emporios prevén, dentro de un análisis para el 2015, huelgas generales a nivel nacional y un desplome financiero.

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