Un minero hecho y derecho

* Napito, el ex director-gerente de la Casa de Moneda, se había convertido en un minero “hecho y derecho”. Tan lo era, que aquellos primeros meses del año 2000, cuando ya su padre sufría de varias enfermedades y se la pasaba despachando sus asuntos en habitaciones de hospitales, su nombramiento como secretario general suplente le sirvió para colocarse en el primer lugar de la lista de sucesión de Gómez Sada por encima de sindicalistas de toda la vida.

 

Francisco Cruz Jiménez

Todo parecía bien y en orden, pero su hoja de vida mostraba algunas inconsistencias porque desde 1985 —y hasta después de aquellos meses de 1994— se le ubicaba como profesor del Tecnológico de Monterrey. En otras palabras, a menos que tuviera una plaza de aviador, tenía el don de la ubicuidad y se le podía localizar en dos lugares al mismo tiempo: en su empleo en el departamento de contabilidad de La Ciénega y en las aulas universitarias. Al final, ese detalle podía subsanarse. Sin embargo, la nueva historia laboral tenía otras “pequeñísimas” fragilidades porque archivos de la Secretaría del Trabajo mostraban que la sección minera 120, en el municipio de Santiago Papasquiaro, Durango, en la cual aparecía el registro de Napoleón Gómez Urrutia —como empleado minero y delegado sindical— y que sirvió para imponerlo como secretario general suplente del SNTMMSRM, en aquel enero de 2000, no tenía más de cinco años de haber sido formada.

De acuerdo con el artículo 50 de los estatutos del sindicato, se requiere una antigüedad de cinco años como trabajador de planta o base para aspirar a un cargo de representación sindical. Rascándole un poquito, los archivos del sindicato mostraban otra inconsistencia, pequeñísima, pero inconsistencia: la credencial que lo acreditaba como sindicalista en la Sección 120, con todos sus derechos y deberes, firmada por su padre Napoleón Gómez Sada, se dio de alta hasta marzo de 1995. “Y su hoja rosa del Instituto Mexicano del Seguro Social consigna como fecha de ingreso el 7 de julio de 1997; [de ser cierto] sus patrones le dieron de alta tres años después de su contratación”, como se publicó en un amplio reportaje de la revista Poder, del 12 de marzo de 2010.

En cuanto a su salario, fueran 15 mil —con el beneficio de la duda porque es una práctica común que las empresas den de alta a sus empleados con un salario y les paguen otro, para evadir impuesto y reducir los pagos de la seguridad social— o 28 pesos diarios, era ridículo considerando que había cursado estudios de posgrado en prestigiosas universidades de Alemania y Gran Bretaña, y había fungido como representante del gobierno de Nuevo León en el Distrito Federal de 1996 a 1997. Sin contar con las cuantiosas ganancias que una poderosa empresa como Peñoles podía redituar a sus empleados mejor preparados. Viejos mineros aún sonríen socarronamente con aquello del salario. Si hubiera sido verdad, señalan, le habría tenido que dar vergüenza a los Napoleones porque, de inmediato, dejaba una serie de dudas sobre las capacidades académicas de Napito. La situación empeoraba si uno se detenía a pensar y descubría que en el gobierno no lo querían como funcionario público, pero tampoco los empresarios.

Cierto o falso, no importaba. Napoleón I se salió con la suya y regaló un mapa político del poderío sindical minero que, para esas fechas, aglutinaba a unos 83 mil obreros por todo el territorio nacional. Napito, el ex director-gerente de la Casa de Moneda, se había convertido en un minero “hecho y derecho”. Tan lo era, que aquellos primeros meses del año 2000, cuando ya su padre sufría de varias enfermedades y se la pasaba despachando sus asuntos en habitaciones de hospitales, su nombramiento como secretario general suplente le sirvió para colocarse en el primer lugar de la lista de sucesión de Gómez Sada por encima de sindicalistas de toda la vida, como Elías Morales Hernández, presidente del Consejo de Vigilancia; Benito Ortiz Elizalde, secretario del Trabajo; Armando Martínez Molina, secretario de Contrataciones Colectivas y conocido por sus luchas mineras en el histórico pueblo de Cananea, en el norteño estado de Sonora; así como Carlos Pavón Campos, secretario de Asuntos Políticos.

Morales Hernández y Ortiz Elizalde no necesitan defensa alguna. El primero, advierten los mineros, sigue siendo “gato” del Grupo México —uno de los conglomerados líderes en la industria minera mexicana y enemigo de Gómez Urrutia—, y al segundo, ex trabajadores de las dos plantas de Altos Hornos de México, en Monclova, Coahuila, consideradas la mayor siderúrgica integrada del país, que opera de la extracción de minerales de fierro y carbón a la manufactura de acero, todavía lo recuerdan cuando, entre mayo y junio de 1989, lo corrieron a pedrada limpia durante una asamblea general extraordinaria por tratar de meter mano junto con su jefe, el charro Gómez Sada, en un movimiento huelguístico.

Cuando la empresa propuso reajustar —sinónimo de despedir— a 4 mil 500 obreros y modificar el Contrato Colectivo de Trabajo, los 12 mil 900 obreros de la Planta 1 respondieron a través de dos movimientos. Primero, destituyeron a los representantes sindicales locales, ahuyentaron a pedradas a Ortiz Elizalde debido a su clara preocupación personal por quedar bien con algunos políticos que despachaban desde la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, en la Ciudad de México, y que, por entonces, estaba a cargo del ingeniero Fernando Hiriart Balderrama; y decidieron acogerse al artículo 400 de la Ley Federal del Trabajo, que establecía la posibilidad de prorrogar por dos años la revisión contractual, manteniendo el salario vigente. Y en el segundo movimiento terminaron por aceptar un leonino convenio empresarial con todo y reajuste.

Por su parte, 4 mil trabajadores de la Planta 2 recurrieron al sindicato para rechazar el reajuste de 856 obreros, además de modificaciones sustanciales al Contrato Colectivo de Trabajo. Se fueron a huelga. En las siguientes semanas descubrieron la inutilidad de sus líderes. Todo fue un fracaso monumental. Se sintieron engañados por Gómez Sada y Ortiz Elizalde. Fueron obligados a firmar un convenio donde aceptaban, sin modificación, la propuesta inicial de la empresa que incluía 10 por ciento de aumento salarial, 5 por ciento de retabulación o ajuste general de salario, despido de 856 trabajadores —21.4 por ciento del total— y la modificación de cláusulas contractuales. De sus salarios caídos, aquellos que regresaron sólo recibieron 50 por ciento.

Los administradores impusieron sus reglas para eliminar algunos artículos del Contrato Colectivo, así como convenios relacionados con obras de rehabilitación, optimización y modernización. De igual modo, se tomaron la libertad para contratar servicios de terceros y suprimir por completo los departamentos de Mantenimiento de Rutina y Supervisión Residente; y parte de los de Mantenimiento Auxiliar, Trabajos Diversos y Equipo Movible. Como mero sarcasmo del fracaso del paro, uno de los allegados a Gómez Sada les recordó las máximas del viejo líder sindical: “Mídanle el agua a los camotes, compañeros. No se quieran llevar la empresa para su casa. […] Muchas veces es mejor que te corten un dedo a perder toda la mano”. (A juzgar por los resultados, los trabajadores de la Planta 1 conocían mejor las entrañas del sindicato que los entusiastas, impulsivos y soñadores huelguistas).

Tanto Morales Hernández como Ortiz Elizalde tenían su lado oscuro bien documentado sirviendo a los intereses del cacicazgo de Gómez Sada. Ellos fueron los encargados de controlar a los obreros rebeldes, para quienes la lucha por sus derechos tuvo un costo demasiado elevado, y adoctrinar a los otros. Ellos conocían sus propias debilidades y aun así se rebelaron contra la imposición grotesca de Napito. Y eso les costó. Contra ellos se despertó un claro deseo de venganza. Fueron hostigados e investigados por traición al gremio y por convertirse, supuestamente, en un instrumento de las autoridades laborales emanadas del Partido Acción Nacional, así como de los grupos empresariales mineros Villacero y México. Según las acusaciones que se les hicieron, “los han usado para intervenir inconstitucionalmente en la vida interna de la organización” e impedir la profesionalización de la burocracia sindical. La persecución y el hostigamiento no pudieron ocultar que también existía un antagonismo muy marcado contra Napito en las secciones 27, 71, 147, 205, 239, 259, 261, 265, 288, 293 y 303.

Fulminante, el 18 de abril de aquel 2000 le llegó a Ortiz Elizalde la notificación para informarle, escuetamente, su baja como trabajador activo —y, en consecuencia, como sindicalista—, “por terminación de contrato por reajuste” de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), con sede en la Sección 147 de Monclova, Coahuila. A solicitud de don Napo, lo despidieron sin miramientos. Ese mismo día, Morales Hernández fue suspendido temporalmente como presidente del Consejo General de Vigilancia y Justicia y quedó sujeto a investigación. Para humillarlo, seis días después Gómez Sada ordenó publicar un desplegado en el que se puso en duda su honestidad y fue acusado de hacer tratos personales, en lo oscurito, que terminaron por afectar al sindicato.

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