De nueva cuenta

* ¿Se descarta Fernando Zamora, ex líder magisterial del SMSEM, para la alcaldía de Toluca? ¿Qué le pasó al todavía diputado federal que no pudo o no lo dejaron competir desde el PRI por el cargo?

 

Luis Zamora Calzada

Ya no se habló del profesor, diputado federal otomí, de hecho tampoco se presentó Luis Ángel Jiménez Huerta, de la Dirección General de Educación Básica, mucho menos el subdirector de Secundarias, ambos de la Secretaría de Educación del gobierno del Estado de México, de donde se asegura salió la convocatoria para reunir al “grupo político”;  la atención a los profesores estuvo a cargo de una maestra comisionada.

La cita fue en Metepec, atrás de donde se realiza la feria, por donde se estacionan los camiones. A los invitados les pidieron acudir a las once de la mañana, el pasado viernes 23 de enero; se asegura que el número de asistentes fue numeroso, llegaron al lugar docentes del turno matutino y vespertino sin importar que, de nueva cuenta, se salieran de sus escuelas dejando a muchos alumnos sin clases, sin tomar en consideración que el próximo viernes 30 se suspenderán otra vez las labores escolares por los Consejos Técnicos programados, quedando la normalidad mínima pregonada en mero discurso.

En la reunión se habló de estar alertas y preparados para bajar los programas que ya venían trabajando y otros nuevos que van a incorporar, como el apoyo a adultos y a jóvenes que serán contratados por medio de una beca.

En particular, se hizo hincapié en cerrar filas en las seccionales, sobre todo con los directores escolares que tienen a su cargo cinco o seis de las mismas y a un número diversos de maestros para estos trabajos, tales como el reparto de despensas a grupos de señoras ya determinadas, y que en ocasiones anteriores se ha llegado al extremo de realizar la entrega al interior de las propias escuelas.

Entre los asistentes, algunos se preguntaron extrañados, del por qué ya no se tocaba el tema de la presidencia municipal de Toluca; los supuestos profesores más cercanos al diputado federal otomí, quien aspiraba a dicha candidatura, murmuraban que finalmente empezó a entender que no contaba con el apoyo de la gente y tampoco de las estructuras (sin señalar cuáles), incluso afirmaron: “en sus oficinas ya no se para casi nadie, uno que otro despistado acude a solicitar algo, pero ya no se dan los amontonamientos de otros tiempos, algo está pasando, el clima está muy enrarecido…”, comentaban en voz baja.

De ser cierta la percepción y los comentarios, ojalá aprendan que ya no deben utilizar a maestros en acciones que no son de su competencia (su materia de trabajo es la docencia), que en nada contribuyen al cumplimiento de lo establecido en la reforma al artículo tercero y 73 constitucionales que impulsa el gobierno federal, impidiendo, entre otras, el cumplimiento del calendario escolar y lo más grave, colocan en entredicho la imagen magisterial al incurrir en probables delitos electorales.

 

Nulidad urgente

 

La parte toral de la reforma al artículo tercero constitucional fue el mandato referente al ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, los que se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria del artículo fijó los términos para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio, determinando la nulidad de todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley; lo que a todas luces no se cumple a cabalidad en nuestra entidad.

El acuerdo para la creación de la comisión paritaria de estudio y dictamen de plazas de nueva creación, vacantes y ascensos por vía administrativa del subsistema educativo estatal, de fecha 4 de diciembre del 2000, firmado por el secretario de Educación del Gobierno del Estado México en turno y la representación sindical única de ese entonces, contraviene el mandato de la reforma constitucional del artículo tercero; la asignación discrecional de plazas en los términos actuales es nula, al no cumplir con la Ley General del Servicio  Profesional Docente.

La sola vigencia del citado acuerdo es contrario a la ley, contraviene al Estado de Derecho que continúe firmando un documento algún titular de la dependencia educativa y un representante del Sindicato único hasta el 2010, mediante el cual “acuerdan” asignar una plaza para algún “elegido”, lo que carece de validez legal por el mandato de la reforma educativa y sus leyes secundarias. Nuestra entidad tiene la obligación de cumplir con lo establecido y detener la emisión de más nombramientos en dichas condiciones.

Los integrantes del “grupo político” de la Dirección General de Educación Básica que aspiren a alguna promoción al amparo del acuerdo del 4 de diciembre del 2000 y por más trabajo político que hagan, ya no podrán tener la seguridad de lograrlo, la Secretaría de Educación deberá determinar la nulidad de dicho acuerdo, para iniciar el ascenso de la escuela pública a niveles de calidad planteados, en donde ya no caben más recomendados. Es urgente retomar nuevamente los buenos resultados, la preparación profesional y por supuesto los resultados que el maestro obtenga en los exámenes.

La cuna del titular del Ejecutivo federal deberá entender que los concursos de oposición que garanticen la idoneidad son el eje de la reforma para garantizar una docencia con un pensamiento pedagógico construido a partir de ubicar en el núcleo educativo a nuestros alumnos, como la razón de ser de la escuela y aspirar alcanzar el reto más importante que todo maestro debe tener: lograr que sus estudiantes quieran lo que  hagan en el aula y no hagan lo que quieran, como lamentablemente ocurre en muchos salones de clase.

Último pueblo

* A las montañas se llega por Ayutla, allí comienza la subida y tres o cuatro horas después, si no hay errores, la cima aguarda. El camino para Ayutla es lo que es, un recorrido que en su margen confirma la violencia y el marginado paisaje que carcome a Guerrero.

 

Miguel Alvarado

Llano de la Parota, Guerrero; 21 de diciembre del 2014. Estalla el calor contra los vidrios y la carretera serpentea, recta, por entre los cercos y la muchedumbre, arracimada en las orillas y la miseria que a veces significa ver pasar.

Me acuerdo de ti pero esta vez no es igual y por una vez entiendo el tañido de las campanas doblando a muerto a las tres de la tarde, mientras la autopista pudre la fruta como si el sol fuera el asbesto que se debe recorrer en un viaje que nadie ha preparado.

Perdido en este principio, cierro los ojos, saco la mano, la siento planear en el aire de la Tierra Caliente pero ni eso, el pase mágico, ademán que me devuelve a lo sensible, funciona. Sólo hay un fuego que carcome la boca del estómago, aluza los espejismos que he perseguido toda la vida, hallando, por desgracia, que algunos eran reales. Es la ventaja de la absoluta indiferencia por uno mismo pero eso no es más que un sonido, un estado mental que se ocupa si conviene.

El sol y sus destellos en el cristal se confunden cuando la hora es nona. Atrás, un convoy se acerca. Que a los muchachos los mataron los soldados es lo único que sabemos pero también es lo único que no puede probarse desde la experiencia ensangrentada que significa que el ejército haya salido y patrulle, disfrazado de civil o agente policiaco, las calles y los campos, requise a las personas inyectando, sólo mirando, el miedo suficiente para que uno se paralice. Entonces los subieron al avión, los llevaron sobrevolando el mar, a dos horas de Iguala y luego, vendados y amarrados los empujaron. Cayeron, destrozados por el agua en una tortura que se practica en Guerrero desde los primeros alzados, contra el ejército de pobres de Lucio Cabañas, en los años sesenta. Cabañas, otro estudiante de Ayotzinapa, secuestró en 1974 al candidato a gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa. Después de rescatado, el ejército pulverizó el levantamiento. Quizá una delación o un descuido. Pero el capitán Bravo Torres le dio el tiro de gracia al normalista, quien quiso suicidarse para evitar la captura, fallando porque así lo cuenta la versión oficial.

En la tierra de los vivos, de los perdidos en sus comienzos, cinco camionetas se emparejan en la autopista. Una detrás de otra, alcanzan y enseñan sus armas. Firmes ellos, sentados en sus máquinas, ni siquiera miran a través de las ventanas y pasan los retenes con el permiso de alguien del que nunca sabremos.

No, no queremos estrechar sus manos, cantar sus corridos, distinguir el disparo. O quebrar, como ellos me quebraron, el árbol de la vida que habíamos hembrado a pesar de todo.

Les apunto, con la mano amartillada en el volante.

Aquí están las balas, carniceros, en este camino que no lleva a ningún lado.

 

II

Ni siquiera las sierras más elevadas están al nivel de Llano de la Parota, un pueblo de la Alta Montaña en Guerrero, perdido en la red de brechas excavadas a güevo, en laderas y precipicios, por donde se meten las camionetas y caminan los que van, los que vienen.

Encuentra su origen en los fondos más abyectos de Ayutla, el último pueblo del sicariato, donde autodefensas y soldados se ponen de acuerdo, más que pelear, por el control del municipio y su inseguridad. Las entradas son nidos militares donde, para pasar el tiempo, los soldados mascan algo y se sostienen en sus propias armas como bastones municionados, apostando cómo será el próximo detenido. Empapados en sudor, su piel es una mezcla de cobre que asoma entre el uniforme y las gorras. Nadie bebe pero tampoco, nadie, está preocupado. Cuarenta o cincuenta de ellos dejan pasar a todos, pero no sucede lo mismo al salir. Nadie en esa piquera, que allá le llaman “control”, es blanco, ni siquiera mestizo. Todos, sin excepción, son indígenas.

Aquí ninguno pregunta dónde están nuestros hijos.

Hace poco campesinos de 70 pueblos de la región bajaron de la montaña, vinieron del mar y reclamaron a los armados por la ayuda que le dan al narcotráfico. Ellos, los pobladores, se encararon para darle forma, otra vez, a una escena que se hace costumbre. De frente, formados, sin romper línea, los militares aguantan la embestida con caras de piedra y barro, apenados por no poder sacar los puños, enseñarles lecciones a los desharrapados. Son más altos, están mejor comidos y tienen razones para estar allí. Casi todos concuerdan en el origen miserable y violento que necesita desquite a cambio de obediencia ciega. No es que no tengan ojos. Poco a poco, esos, los que aguantan formados en Ayutla con sus cascos verdes o grises, se quedan sin opciones y usan la razón cuando el reglamento lo permite.

Los soldados sirven para morir, les han indicado.

Porque matar es matar, dice uno que conozco, que no está en Ayutla, aunque lo mismo da. Se meten a los campos donde siembran mariguana, los jardines que en Colombia parecen amapolas pero amarillos. Pisan con cuidado para no estropear el trabajo que otros, más jodidos, han hecho para ellos, mientras los buscan. Los encuentran pronto, escapados hacia el monte y allí los ajustician, cuchilleros, para que sirva de lección. Los que dejan vivos ya no escapan y ese miedo les obliga a trabajar para el ejército. Eso dijo uno de ellos, de los que no están en Ayutla pero que andan por allí, patrullando, nada más patrullando. Ya luego les gusta.

Que sí, ellos lo dicen.

En el retén de Ayutla pasa la camioneta cargada de medicamentos controlados sin una sola mirada bajo la manta ocultadora que, de todas formas, hace un bulto del tamaño de una habitación. El militar hace la seña de seguir con la mano extendida, aburrido hasta la madre mientras sus compañeros se divierten con motoristas, que ingenuos pero rudos cayeron en la red. Sus barbas o su estatura, ni siquiera sus lentes oscuros, impresionan a nadie que cargue un arma. Arrinconados, bajados de las motos, observan a los soldados acercarse risueños a sus caras compungidas mientras les preguntan por la marca de las máquinas, porque “qué chingona está, se parecen a las nuestras”.  De ese lado, a mano izquierda, están los soldados. Del otro, una mujer vende jamaica, sus pétalos secándose en la acera. A veces, uno no elige para dónde mirar y esa elección, no escoger, apunta a la cara, llena el corazón de agujeros.

 

III

Ayutla apenas es una calle con camellón y palmeras, chapetas de Coca – Cola aplastadas en la vía y camionetas 4 X 4 cargando combustible. Cada esquina es el derrumbe de la montaña, la construcción de su ladera hacia abajo, como si el cimiento fuera cima y excavara desde el aire en busca de sostén.

¿Qué es lo que miro, pisando el tepojal, acordándome cómo suena, resbalando bajo las botas? Su ris-rás es voz que dice. Sólo piedras que alguien levanta y estrella en la pared pero que generan la proximidad, el apuro por seguir adelante, pasar por lo menos el retén de las autodefensas, muy militares, que esperan la propina de los automovilistas, si quieren o pueden.

Entonces el cielo, a falta de agua, es azul todavía.

Las autodefensas no sólo cobran, también caminan las calles polvorientas en esa Ayutla perdida pero recordada porque allí se encuentra la comunidad de El Charco y la escuela Caritino Maldonado Pérez, donde murieron 100 militares en un combate contra la guerrilla del ERPI  y civiles. Otra ejecución, en realidad, cuando los sobrevivientes escucharon, el 7 de junio del 1998, los Hummer subiendo la ladera en la montaña, trayendo las noticias de una guerra que todavía no comenzaba. “¡Vengan por nosotros, hijos de la chingada!”, gritaron los del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente cuando vieron que los soldados mataban al primero que salía del parapeto en el que se había convertido la escuela. Zenón estaba rendido, el arma depuesta, los brazos en alto cuando recibió el disparo. Lo último que oyó fue un “pendejo”, escupido desde el desprecio más transparente, impersonal en esa madrugada de conspiración y reclamos. El Charco fue la tumba de cien militares que se tirotearon entre ellos, enceguecidos por el humo de sus propias bombas, y de 11 civiles, que enfrentaron la incapacidad de 500 soldados, entrenados para matarse sin miramientos.

Es que en Guerrero hay algo. Por lo pronto se trata del oro y la goma de opio.

Así comenzó la subida, hasta Llano de la Parota. La negrura absoluta sólo permitía mirar de frente, por donde bajaron, después de hora y media de ruta, cinco jóvenes alumbrando con una linterna. Iban con las piernas desnudas, negros todos, deslizándose en el silencio de la orilla, plantando sus caras en el polvo de la ventana, dejando la risa de sus dientes incompletos.

Tengo quince años y acabo de pasar por la primera crisis epiléptica.

Entonces el cuarto ése olía como ahora, un polvo metiéndose a la nariz, bloqueando el respiro, la suave pendiente de algo que mucho tiempo fue lo mismo que la muerte, la ventura del aguamala y las caras apenas borrosas entre la bruma y los árboles alrededor. Esa conciencia epiléptica daba vueltas, giraba abajo depositando en el agua una inexactitud que ya sucedía.

Aquí, en la subida, me pregunto quién es Blanca Varela, enferma de cáncer, habitante de ollas y cocinas mientras una sombra recorre el techo y sus llanuras. Tú me consumes y yo te miro, imperfecta como una orquídea. ¿Cómo es posible que estés en otro país y yo te quiera, aun con el corazón acuchillado?

Esta latitud que se desangra ubica frente a mí tus ojos y sus torbellinos.

¿Me diste la mano?

¿Me suspendiste en el aire, como una maga?

Ojalá encontremos una excusa pronto, antes que esa montaña me desbarranque para siempre.

El Barco Ebrio

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Después del “incidente accidental” protagonizado por el presidente de México, Enrique Peña, en relación a una nueva casa de su propiedad en Ixtapan de la Sal, con valor de 372 mil dólares, las damas de la “socialité” en la ciudad del chorizo, Toluca, y que juegan canasta y bridge –es en serio- compararon los escándalos en los que los jefes de sus maridos se ha visto involucrado. Porque, dicen ellas, no pueden creer que nadie, pero nadie sepa que existen otras propiedades que harían palidecer la casita blanca en la calle de Sierra Gorda, en Lomas de Chapultepec, la propia de Ixtapan y lo que le vayan encontrando al más destacado miembro del Grupo Atlacomulco.

 

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Porque en esas reuniones no solamente se habla de banalidades. Las esposas o compañeras de los empresarios y funcionarios del primer círculo de Peña arreglan, desde la mesa de juegos, las carreras políticas de los maridos pero también comparan los tamaños. Así, en una de esas tertulias, no precisamente de conchas y chocolate, las mujeres pusieron a prueba la profundidad de sus conocimientos en lo que se refiere a la “real politik” que se practica en nuestro tlatlayizado Estado de México y, entre asombros mutuos, revelaron lo que todas ellas saben hace meses.

 

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Que en Londres, allá en la pérfida Albión, el presidente Peña le regaló una villa entera a su esposa, la tenaz Angélica Rivera, actriz de Televisa y Primera de Dama de México. Esa villa, ubicada en los suburbios más exclusivos de aquella Londres inalcanzable, haría palidecer a cualquiera y deja en calidad de departamento de Infonavit a las posesiones en México. Ya en confianza, las “doñas”, todas maduras pero vigorosas, confesaron que también acompañan a la pareja presidencial Luis Miranda Nava, subsecretario de Gobierno federal y principal operador de Peña en las campañas presidenciales, y otro funcionario de primer orden, cuyo nombre no recordaron pero que ubicaron como asiduo visitante a Malinalco, en aquella aventura inmobiliaria.

 

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Una selecta multitud se reunió en el DF para atestiguar la lectura del Segundo Informe de Alejandro Encinas, perredista hasta el 22 de enero del 2015. Allí, en el Centro Cultural Indianilla de la colonia Doctores, el senador fue arropado por sus amigos, entre los que se encontraba Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. Pero esta es una crónica social, donde la política no cabe. Aclamado a su llegada, pero no tanto como él mismo esperaba, Cárdenas encabezó a la izquierda fresa que todavía cree y responde, aunque cada vez menos, a las convocatorias de sus líderes. Minutos antes, Porfirio Muñoz recorría trabajosamente la sillería de aquel centro para encontrar su lugar. Mal, afectado, a Muñoz se le vio sin embargo muy cómodo entre sus pares y a pesar de un natural deterioro por la edad tuvo arrestos para aguantar la embestida de los salvajes fotógrafos, que no le perdonaron un solo gesto al geriarca. Después, también muy guapo y galante, llegó Marcelo Ebrard, sonrosado y cachetón, saludando al oscuro auditorio que lo recibió frío, pero muy educado. Al final, aunque no al último, apareció Encinas en la escena, renunciado ya al PRD pero nunca jamás adherido a Morena, que se perfilaba como su nueva casa.

 

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Muy inteligente, sabía que a nadie le interesaban las cifras de sus actividades ni los videos que prepararon sus eficaces colaboradores. Delgado en lo que cabe, se limitó a confirmar la renuncia y la negativa de adhesión. El gesto, hasta simple, fue aplaudido por todos, sin rabias ni aspavientos pero sí con diligencia, pues también anunciaba, pero esto en corto, a los de confianza, que establecería una organización civil con el ánimo de agrupar a quienes no quieren pertenecer a partido político alguno. Listo como dice ser, Encinas da cabida a todos y desde allí, desde esa organización, pivoteará a favor de quien lo necesite, incluso si se trata del PRD, que no todo es chuchería. Hasta el actor Héctor Bonilla estuvo allí, apadrinando aquel mágico espectáculo, aunque al final fue dejado solo, en la calle, hablando por su celular, pidiendo su automóvil. Entre la gente común, donde están los de terracería, como dice uno de los más eficientes colaboradores del equipo de Encinas, estaba sentado el Alto Comisionado de los Derechos Humanos por las Naciones Unidas, Javier Hernández, muy activo tomado fotos y apuntes.

 

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Luego de los parabienes, ya concluido el acto social, vinieron los chimes. Uno de ellos resulta grave e involucra a casi todos los organismos mexicanos de Derechos Humanos que se asomaron de alguna manera a la masacre de Ayotzinapa pero que olvidaron a otras víctimas, como el estudiante Julio César Mondragón, uno de los primeros asesinados en septiembre del 2014, durante las primeras confrontaciones policiacas. A Mondragón lo torturaron y, vivo, le arrancaron la cara. Murió a causa del dolor pero los parientes de ese joven, sus tíos su esposa y su hijo, fueron olvidados. Nadie les dijo qué hacer, cómo hacer para obtener la impúdica justicia practicada en este país. Originarios de Tenancingo, Edomex, a los parientes de Mondragón los organismos de derechos humanos les cerraron las puertas porque, adujeron, eran acompañados por afiliados a Morena, dos o tres de ellos, los únicos que cobijaron a esa familia. “En un caso de seguridad nacional como lo es Ayotzinapa, nadie debería fijarse en quién lleva a las víctimas para ser atendidas”, dice uno de los militantes que acompañó a la familia. Es cierto. No se puede entender el estricto apego a las reglamentaciones, si es que las hay en ese sentido, que los organismos de Derechos Humanos exhibieron. Seres humanos o máquinas de servicio público y privado, no ha quedado clara cuál es su condición, pero no importa. Son, también reflejo de la Nación Peña Nieto.

Justicia expedita

* La alcaldesa de Zinacantepec, Olga Hernández, fue encarada al término de su Segundo Informe de labores, por manifestantes que le reclamaban actos de corrupción. Detenidos por la policía y encarcelados 48 horas, salieron libres. Pero ahora la Procuraduría está a punto de girarles orden de aprehensión.

 

Miguel Alvarado

Zinacantepec, México; 24 de enero del 2015. A Alejandro Iglesias lo detuvieron policías municipales y estatales cuando protestaba, junto con otras 70 personas, afuera del auditorio del Sindicato de Maestros, en Zinacantepec, el 3 de diciembre del 2004. Apresado junto con otros cinco, fue llevado a los separos de la Procuraduría estatal, donde estuvo 48 horas, acusado de irrumpir y obstruir en vías públicas, durante el Segundo Informe de Gobierno de la alcaldesa priista Olga Hernández. En ese lugar estaba el gobernador del Edomex, Eruviel Ávila, a quien esperaban los manifestantes para reclamarle la falta de obra en ese municipio, los salarios excesivos de los funcionarios y la corrupción de la administración. Ávila, al ver a los quejosos, optó por no salir y esperar a que un helicóptero lo sacara, junto con la alcaldesa, de aquel edificio. Retirados los políticos, se desataron las detenciones en las que lesionaron a uno, a Santiago Morales.

Contra Iglesias, de 19 años, declararon personas que él nunca vio, que desconoce quiénes son. Robado, insultado y amenazado por la policía en ese diciembre, salió en libertad creyendo que su detención terminaría allí. Se equivocaba.

El 13 de enero del 2015 recibió, del Juzgado de Control de Toluca, una Cédula de Notificación, “por el posible hecho delictuoso constitutivo del delito de ataques a las vías de comunicación y medios de transporte, cometido en agravio de la seguridad de las vías de comunicación”.

En esa notificación, los agentes del Ministerio Público, Víctor Hugo Rodríguez Cárdenas y Juan Rafael Gasca Argueta, agentes adscritos al Primer Turno de la Agencia Central número 4, de la Unidad “A” de Averiguaciones Previas Toluca, solicitan “fecha y hora, dentro de la carpeta administrativa a efecto de que se lleve a cabo la Audiencia de Formulación de imputación sin detenido por la comisión de hechos delictuosos”.

En otro párrafo, más adelante, esa citación señala que “se instruye al Administrador genere a través del Sistema de Gestión Judicial penal, AUDIENCIA PARA FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN SIN DETENIDO Y/O EN SU CASO DE SOLICITUD DE ORDEN DE APEREHENSIÓN”. Esa petición había sido realizada desde el 9 de diciembre del 2014, cuatro días después de ser liberados los involucrados, pero por un error en el sistema de la PGJEM no se había registrado.

No sólo él ha sido notificado que el delito por el que fue detenido en diciembre sigue su curso de investigación. Los otros cinco apresados también han sido requeridos por la Procuraduría. A Iglesias, además, se le acusa de “ultrajes en agravio de la administración pública”, junto con Santiago Morales Jiménez. Este último encabezó una protesta pública, el 9 de diciembre del 2014, donde denunciaba anomalías de la alcaldesa Olga Hernández, acusándola de represora. Estas dos personas dieron testimonios de prensa acerca de sus detenciones.

Para Alejandro Iglesias, la administración de Hernández es, también, “un gobierno represor, turbio, sin diálogo” que ya anteriormente, a mediados del 2014, había enviado al secretario de Gobernación municipal, Martín Olivares, para ofrecerle “algo” a cambio de que dejara de hacer activismo político.

– Tú publicaste en redes sociales los salarios de los munícipes, hace unos meses…

– Sí. Hace unos cuatro meses trabajaba en una cafetería en la Prepa 104 de Zincantepec. Era jueves o viernes. Se presenta el señor Martín Olivares, director de Gobernación junto con otras personas, sus secretarios y ayudantes, del ayuntamiento a preguntarme que por qué le calentaba la cabeza a la gente con eso de los salarios. Aparte del facebook, anduve en las plazas públicas anunciando cuánto ganaba la presidente, los regidores y el monto del presupuesto. De esa manera la gente se empezó a enojar. Me dicen: “bájale dos rayitas al desmadre que traes”.

– Te amenazan…

-Más bien lo contrario. Dicen que están dispuestos para apoyarme en lo que sea necesario. En ese momento le dio al secretario de Gobernación que si ellos estaban dispuestos a pagar tres millones de pesos. Me respondió, abriendo los ojos y espantado, que eso se debía consultar con la presidenta. Pero le digo que no hay anda qué negociar, que no estoy dispuesto a vender nada. Eso fue una alerta para que le bajáramos. Hubo insistencia de parte de ellos. Mediante llamadas me invitaban a reunirnos pero ya no asistí.

– ¿Te ofrecieron algo en concreto?

– Ya no supe, pero era claro. Daban un dinero por callarme y una promesa para las siguientes elecciones, tal vez un cargo, algo parecido. A Olivares lo volví a ver hasta el día de la detención –dice Iglesias, recordando el incidente. El joven había organizado una manifestación por Ayotzinapa, el 14 de noviembre del 2014. A esa marcha, dice, acudieron más policías que gente, para vigilarlo a él y a los manifestantes.

A Iglesias le preocupa que la acusación haya seguido ese curso. Si no se presenta, un juez girará orden de aprehensión para él y sus compañeros. Iglesias es militante del Movimiento de Regeneración Nacional, que participará por primera vez en las elecciones locales del Edomex este año. En Zinacantepec, la hija de la alcaldesa Olga Hernández, Olga Esquivel Hernández, competirá por el PRI para una diputación federal por el Distrito XXXIX, y que comprende también Zinacantepec. Olga, la actual presidenta municipal, ha sido acusada por desfalco, pero también por hacer pasar obras públicas de origen estatal y federal como si fuera de su ayuntamiento. Esta simulación está documentada y los propios Iglesias y Morales tienen una lista, además, de obra que se anuncia como concluida cuando en realidad no lo está. Una preparatoria y la Casa del Adulto Mayor, de San Luis Mextepec, son los ejemplos que denunciaron los ahora investigados por la PGJEM.

El Señor de las Albercas

* Otra compra multimillonaria de casas envuelve al presidente de México, Enrique Peña, quien  levanta asombro en Estados Unidos y una nueva ola de indignación en México cada vez que se le descubre una propiedad. En realidad, su Casa Blanca y ahora la de Ixtapan de la Sal apenas son la punta de una compleja red de favores y negocios desde el Estado de México. Otros políticos mexiquenses hicieron lo mismo que Peña, amparados en la impunidad que ellos mismos prohíjan.

 

Miguel Alvarado

Toluca, México; 21 de enero del 2015. Ixtapan de la Sal es un cálido destino. Aguas termales, balnearios, paisajes naturales, hoteles, discotecas  y desarrollos inmobiliarios reciben a los visitantes pero también a inversionistas que buscan una casa de descanso, hacer negocios desde el ramo turístico. Las calles de Ixtapan, paraíso para quien tiene dinero, ubicado ya en la Tierra Caliente del Edomex, no reflejan, sin embargo, el agua turbia donde los balnearios son un mero pretexto para reflejar una bonanza que sólo alcanza para los administradores del poder y, en la última década, entre el crimen organizado, narcotráfico incluido.

El diario norteamericano The Wall Street Journal publica, desde su asombro, las propiedades del presidente mexicano Enrique Peña y que involucran a sus amigos, a quienes lo acompañaron a gobernar el Estado de México en el sexenio del 2005-2011 e incluso antes, en el periodo de Arturo Montiel, tío de Peña. Ellos dos, parte del Grupo Atlacomulco, y los equipos de trabajo conjuntados a su alrededor desde los años 40, han formado una triangulación con el poder empresarial y la Iglesia, y ahora con un factor extra que se ha fusionado con el poder político. Desde el narcotráfico, la transformación de México en un Estado salvaje fue inevitable. Ayotzinapa, Tlatlaya, Michoacán, el Estado de México son apenas una muestra de un ramillete inacabable que prácticamente en todo el país cobra su cuota de sangre, terror, que encontró su cima para ixtapan de la Sal en el asesinato del alcalde priista Salvador Vergara, en el 2008, a manos de narcomenudistas de la región relacionados con los cárteles duros de la droga, como los Templarios, Guerreros Unidos y La Familia Michoacana.

Pero si la realidad del ex alcalde Vergara encontró forma en una fosa más servicios funerarios, la de Peña Nieto dista mucho de ese peaje de sangre que exige Ixtapan de la Sal. Él, junto con otros funcionarios, primero del Edomex y ahora federales, hallaron solaz en el fraccionamiento Grand Reserva, propiedad de la familia San Román y que se popularizó a finales del sexenio de Arturo Montiel como el lugar por excelencia para adquirir una casa de fin de semana. Allí tienen propiedades Luis Miranda Nava, subsecretario de Gobernación y operador financiero de la campaña presidencial peñista; el propio Montiel Rojas, a quien las versiones del mismo Ixtapan de la Sal le adjudican una comilona monumental en el fraccionamiento, agasajado por los San Román para obtener de él los permisos casi eternos para el control del agua; también los lugareños afirman que otro habitante del fraccionamiento era uno de los capos del cártel de los Beltrán Leyva, en los inicios de la administración mexiquense de Peña Nieto. El complejo no sólo sirve para esconderse. Está documentado que el ex gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo, también posee una residencia allí, al igual que el comunicador Jorge Ramos Campirán; el locutor deportivo de Toluca, Tonatiuh Bravo y uno de los dueños de la empresa MAC, socios de Grupo PRISA, que compiten por una concesión de televisión abierta. También aparecen los empresarios Michael Devlyn, Daniel Garcés y Antonio Hawa, entre otros.

Sobre los orígenes de la familia San Román, se identifica en 1956 a Arturo San Román Chávez como el primero de todos, quien en abril de ese año comenzaba a construir un imperio basado en el comercio del agua y las relaciones políticas. Justo en aquel momento era ya un hombre rico pero un Don Nadie a ojos de los capitalinos. “Un malinchista impide abrir nuevos caminos”, titulaba El Sol de Toluca una nota perdida en su portada, en abril de 1956. Pero no era el malinchismo de don Arturo sino el afán del dinero lo que lo obligaba a actuar como desquiciado. Los vecinos de Ixtapan de la Sal no habían recibido apoyos para construir caminos que comunicaran a los poblados aledaños con la cabecera municipal, por lo que decidieron a hacerlos ellos mismos. Todo iba bien. Todos participaban, menos los San Román, claro, hasta que llegaron a una de las propiedades de aquel Señor de los Balnearios, quien para entonces ya tenía sus parques acuáticos. Allí, en las lindes de sus terrenos, explicó groseramente que los caminos que construían los usarían los extranjeros, que llegarían a Ixtapan para apoderarse de la riqueza, sobre todo de la suya y que los lugareños quedarían en la indefensión. Confundidos al principio por la retórica medieval de don Arturo y que todavía aplica la familia actualmente, decidieron denunciarlo ante el gobernador Sánchez Colín, explicando que era imposible no usar aquellos terrenos debido a lo agreste de la geografía. Este “malinchista” finalmente cedió pero se cobró muy cara la revancha. El patriarca de los San Román entendió la fuerza que manejar el agua pública de Ixtapan de la Sal le daba. Eventualmente, la familia consiguió comodatos por 99 años. Hoy, en el 2015, el reparto del agua está en manos de los San Román. Las pipas se llenan en el Balneario de Ixtapan, propiedad de la familia, y los habitantes deben pagar mil quinientos pesos por cada una. Sin embargo, el negocio no sólo está en ese reparto amañado, sino en las relaciones políticas que sus actividades y entorno le permiten. San Román no es el constructor favorito de Peña Nieto, a pesar de ganar contratos por más de 100 millones de dólares en los últimos años, pero sí uno de sus incondicionales aliados económicos. El diario local Alfa publicaba, el 20 de enero del 2015, desde la columna “Se Dice Que…”, la inminente venta del Balneario de los San Román, el más popular en el Estado de México. “Aunque ha sido prácticamente imposible confirmar la escasa información disponible, tratándose de una operación cerrada entre particulares a través de un contrato privado, firmado presuntamente en el extranjero, versiones de fuentes bien informadas hablan de la supuesta venta del Balneario Ixtapan, uno de los 10 más grandes de América Latina, por un monto de aproximadamente 150 millones de dólares. En la historia, que se cuenta con detalle en los primeros círculos del poder y los negocios, se coloca como protagonista, obvio, al vendedor Arturo San Román Widerkehr, heredero del parque acuático y a su primo, Roberto San Román Dunne, quien representaría a los compradores. Este asunto, si se confirma, dará mucho de qué hablar, de lo que pasa en el icónico pueblo de Ixtapan de la Sal, el lugar preferido de descanso del presidente Peña”.

El periodista Elpidio Hernández, narraba para Nuestro Tiempo que los San Román son tan poderosos que ellos solos generan empleo para la mitad de los habitantes de Ixtapan, algo parecido a lo que sucedía en Santiago Tianguistenco, poblado a la sombra de Carlos Hank González.

“Los San Román son propietarios, entre otras empresas, del Parque Acuático Ixtapa, del Country Club Gran Reserva, del hotel Ixtapan Golf Resort Country Club, del fraccionamiento Residencial Ixtapan, constructoras, colegios y son los principales concesionarios del agua de riego en el municipio”, recuerda Hernández, y apunta que la primera concesión de agua le fue otorgada a aquella familia desde la Federación, en 1947 y renovada en 1997, por 25 años más.

Esa concesión les permite la explotación del manantial de San Gaspar, desde donde controla el abasto de agua. “De acuerdo a estimaciones el municipio tiene una afluencia anual de dos millones y medio de personas; 93.9 por ciento de origen nacional y 6.1 por ciento proveniente del extranjero”, cita Hernández.

El patriarca de los San Román, Arturo, había creado la empresa Nueva Ixtapan (Nisa), en los años sesenta y a ella se le entregó una de la las trece concesiones que la Conagua repartía en aquel entonces. Once de ellas iban a comunidades, otra al Organismo de Agua local y la última, la mejor, a los San Román, que les permite recibir desde entonces mil por ciento más abasto que el gobierno municipal.

“De acuerdo a datos revelados por la investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México, Graciela Cruz Jiménez, en 2005 la empresa propiedad de los San Román recibía 158.7 litros por segundo, mientras el gobierno municipal obtenía sólo 16.2 litros por segundo, cantidad que aseguraba el buen funcionamiento de sus instalaciones, principalmente las del Parque Acuático Ixtapa, considerado el más importante en América Latina e incluido en el top ten de los mejores balnearios a nivel mundial”, recuerda el periodista a este Semanario.

Elpidio Hernández da detalle de la casa de Montiel Rojas, de quien dice que “tiene su casa de descanso en Paseo de la Cima, cerca del campo de golf. El complejo residencial está ubicado en el bulevar Arturo San Román y desde su página web, los dueños describen su propio producto: “hace más de seis décadas, la familia San Román llegó a Ixtapan de la Sal, donde echaron profundas raíces y construyeron negocios prósperos y reconocidos en el mundo e integraron paso a paso, una reserva territorial de singular belleza natural con el objetivo de crear, algún día, un proyecto golfístico residencial”.

Según sus propias descripciones, ese desarrollo, de 400 hectáreas, está diseñado para crecer como un pueblito para millonarios, con la adición de centros comerciales, hotel y spa. Por lo pronto, tienen un helipuerto, usado sobre todo por la Presidencia de la República. Desde la Casa Club se ofrecen canchas de tenis, alberca en infiniti, chapoteadero, jacuzzi, snack-Bar, área de juegos infantiles y baños con regadera.

La descripción de la casa de Montiel, que hace Alfa, es imperdible: “es un palacete con alberca de dimensiones olímpicas, cincuenta metros de largo por cuatro de ancho; un carril de competencia y abastecida con 33 mil litros de agua”.

La casa de Peña, valuada en 372 mil dólares y comprada en el 2005, es un palacete. Elpidio Hernández describe la casona, que se ubica en la zona conocida como Real de la Cantera y que fue fotografiada por la revista TV Notas en la edición 699. Esa revista dice que la casa está diseñada “como villa de descanso, es de dos plantas y amplia terraza, cuenta con cinco recámaras, dos salas de televisión, área de juego, estancia, comedor, desayunador, cocina equipada, estacionamiento, jardín, acabados de mármol y una fuente que simula un río”.

Ese fraccionamiento no es una cosa menor, como lo indica el campo de golf de 18 hoyos en 7 mil 300 yardas o su lago interior que bordea el club hípico y sus seis kilómetros de senderos. O su parque de montaña, su lago de pesca y sus rutas para practicar el ciclismo. Peña pasaba los fines de semana en ese entorno y allí recibía visitas de su gabinete, hacía fiestas con la farándula de la televisión e incluso al ex obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, se paseaba con el ahora Ejecutivo federal.

“Roberto San Román Dunne es hijo de Roberto San Román Widerkehr, quien murió en 2010, y fue el empresario que le vendió la casa de Ixtapan de la Sal en 2005 a Peña Nieto ubicada en el Country Club Gran Reserva”, apunta la revista del corazón, Quién. Roberto es el dueño de la empresa Constructora Urbanizadora Ixtapan, que atrajo la atención de The Wall Street Journal por los contratos ganados los últimos años y sobre las propiedades del presidente y sus relaciones comerciales disfrazadas de amistad. Ese mismo Roberto es padrino de comunión de Paulina Peña, hija de Peña Nieto.

“Arturo San Román Widerkehr es el accionista principal del Parque Acuático Ixtapan que se erige como el principal atractivo turístico de la región y se estima que el 53 por ciento de los turistas que visitan el municipio llagan a ese balneario, 15 por ciento a las albercas municipales y el resto realiza actividades dentro de los hoteles donde se hospedan. El parque tiene capacidad para 20 mil personas”, apunta el periodista Hernández, quien señala que hay otras empresas a nombre de los San Román, como Zona Uno S. de R. L. de C. V, de Widerkehr, y “que edificó en 2003 un conjunto urbano de tipo habitacional mixto popular llamado Residencial Ixtapan compuesto en sus orígenes por 133 viviendas. El 29 de mayo de 2008 le fueron autorizadas la construcción de otras 309 casas más como parte de la segunda, tercera y cuarta etapas de aquel conjunto residencial. Los precios de esas construcciones se ajustan a los bolsillos populares, pues una vivienda de 325 metros cuadrados alcanza un valor de 731 mil pesos, mientras que una de 176 metros cuadrados tiene un importe de 429 mil 952 pesos”, señala Elpidio Hernández

Esa bonanza, a pesar de los 107 millones de dólares que se ganaron los San Román, no es para todos. La suerte de aquella familia no la compartió el alcalde priista Salvador Vergara, asesinado en el 2008, cuando circulaba por la carretera Pilcaya-Ixtapan de la Sal. Rápidamente circularon versiones sobre la culpabilidad de Zetas y La Familia y en una inusitada labro de inteligencia policiaca, en tres días había 14 detenidos, supuestos miembros de La Familia, autores materiales del homicidio. Los culpables eran, pues narcomenudistas que habían amenazado al alcalde, quien denunció ante las autoridades una extorsión pero sólo se llevó un “no pasa nada, no eres el único”.

El 24 de septiembre del 2008, Vergara reveló que comerciantes de fayuca y piratería de Ixtapan de la Sal eran extorsionados, supuestamente, por miembros del cártel de La Familia. Según él, había levantado un acta y de manera “rapidísima, con acción inmediata, la Agencia de Seguridad Estatal conjuntamente con la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ixtapan de la Sal, se contribuyó”.

No era la primera vez que viajaba a Pilcaya. El 26 de abril del 2007 había ido a Guerrero, para participar, junto con el gobernador de aquel lugar, Zeferino Torreblanca, en la inauguración de la vía de acceso en aquel lugar. Algunos vecinos de Ixtapan señalaban la especial amistad con el gobernador Peña y las relaciones que el fallecido mantenía con el síndico procurador de aquel municipio, Daniel Figueroa. Enfrentó además reclamos de la policía municipal por retrasar salarios y uniformes.

El 3 de marzo del 2008, Vergara negó en público que la siembra de droga en el sur afectara el flujo turístico en su municipio. “Ixtapan de la Sal es un pueblo tranquilo aun cuando es la ventana para entrar al Estado de México… la detención de personas con armas largas en Ixtapan de la Sal, al igual que en varios municipios del sur especialmente en los denominados de Tierra Caliente, no implica que exista en esta zona la presencia de algún grupo armado”, citó aquella vez.

Nuevo presidente, misma Comisión Estatal de Derechos Humanos

* El desaseado trabajo legislativo es una de las razones por las que leyes, reformas y nombramientos apenas pueden funcionar en el Estado de México. Ni siquiera se trata de un asunto de autoridad o de la imposición del poder Ejecutivo. La incapacidad y el entreguismo de los diputados, y su poco conocimiento sobre los temas que abordan son suficientes para oxidar el andamiaje de la burocracia en el Estado de México.

 

Jorge Hernández

Toluca, México; 20 de enero del 2015. Tal como se veía venir, la LVIII Legislatura estatal en sesión del 11º Periodo Extraordinario, designó al ex Presidente del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, Baruch Florente Delgado Carbajal, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) para un periodo de cuatro años, según establece la ley correspondiente.

En contraparte, también designó a Marco Antonio Morales Gómez, ex presidente de dicha Comisión, consejero del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, cargo al que apenas el miércoles pasado había renunciado precisamente Delgado Carbajal.

En los hechos, se trata de un mero enroque entre dos personajes que no se han distinguido en sus trayectorias por un mínimo de autonomía, sino por una absoluta dependencia del Ejecutivo en turno. En este marco, no cabe esperar mayores cambios en la Codhem ni en ese órgano del Poder Judicial.

Pese al procedimiento y la rapidez con que se realizó la designación (una hora para entrevistar a Delgado Carbajal y otros tres aspirantes, además de analizar sus currículas), el ungido contó con la aprobación del PRD, partido que, en voz del diputado Octavio Martínez (otras veces menos sumiso), dijo esperar mejoras en la Comisión con este nuevo presidente.

Martínez Vargas le encontró incluso virtudes y resultados positivos al frente del Poder Judicial, por lo que su arribo a la Codhem “es para nosotros como si ésta acabara de nacer”. En cambio, a Morales Gómez le encontró fallos graves como no pronunciarse ni involucrarse en casos como el de Tlatlaya o las desapariciones, violaciones y violencia que sufren las mujeres de la entidad, particularmente del municipio de Ecatepec.

A pesar de este señalamiento, no se inmutó en aprobar su designación como integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial.

Lo mismo sucedió del lado del panismo, que pese a haber cuestionado a Baruch Delgado por sus pocos resultados en la impartición de justicia, terminó votando en su favor. Probablemente se debió a algún acuerdo previo que algo le cedía a este partido, ya que el diputado Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo, casi el final de la sesión, así lo ventiló, denunciado además que el PRI no lo había respetado, por lo que anunció además el abandono de la Asamblea por parte de su fracción legislativa.

Además de estos temas, la LVIII Legislatura también aprobó reformas al Código Penal y el de Procedimientos Penales para seguir endureciendo penas contra diversos delitos como única respuesta a la violencia y delincuencia, tal como lo denunciaron el perredista Armando Portuguez y el panista Álvarez Malo.

Los dos preguntaron por qué esta insistencia de seguir elevando las penas, sobre todo el tiempo de cárcel, cuando apenas el gobernador Eruviel Ávila Villegas y su secretario de Gobierno, José Manzur, presumieron que los delitos han bajado en la entidad hasta en un 12 por ciento.

Ambos criticaron en particular la reforma que castiga con prisión conducir vehículos sin placas y sin la debida tarjeta de circulación. En este punto el PRD votó en contra y el PAN abandonó.

Ante el desaire de estos partidos, quien fungió como presidente de la Directiva para este extraordinario, el priista Héctor Hernández Silva, se abstuvo de emitir algún mensaje durante la clausura del mismo, limitándose a dar lectura al texto oficial. Previamente había presumido que los diputados resolverían los temas para los que se les había convocado con “unidad, voluntad de servicio y suma de esfuerzos, tal como ha sido” durante los casi tres años de gestión.

Diputado federal a la baja

* El magisterio estatal ha sido convocado por la Secretaría de Educación mexiquense para apoyar a los aspirantes priistas a la alcaldía de Toluca y las curules, en las elecciones del 2015. Cambiar votos o ayuda por una cobija ha sido repudiado por algunos docentes.

 

Luis Zamora Calzada.

“Con una pinche cobijita nos quiere comprar, para que sea candidato a la presidencia municipal por el PRI, nos ve necesitados y pen…, pero no le vamos a seguir el juego, cómo está eso de que nos piden nuestra credencial (de elector), a cambio de una cobija barata, que se deshilacha sola…”, decía molesto Benjamín, de Pueblo Nuevo, municipio de Toluca, por la entrega de cobijas que realiza desde hace un par de semanas la gente del profesor y diputado federal otomí (Fernando Zamora) que busca revertir el palpable rechazo de los habitantes de muchos pueblos del municipio citado.

La estrategia simplemente no le está funcionando. Los dos tráileres de cobijas, que su propia gente asegura les ordenaron repartir para lograr ser el candidato, no tiene buenos resultados, simplemente las encuestas ya no le favorecen, las reacciones de enojo manifestadas por muchas personas, en su gran mayoría en situación de pobreza extrema, muestran que se le está revirtiendo la percepción de los ciudadanos.

De acuerdo con datos que publica el “Centro de Planeación Estratégica y Prospectiva Política” (Ceplan), visible en su página la semana pasada, las preferencias para la candidatura a la presidencia municipal de Toluca por el PRI, lo ubican en segundo lugar y no a la cabeza de las preferencias ciudadanas; desde las últimas semanas del mes de diciembre ha sido rebasado. Lamentablemente para las aspiraciones del diputado federal otomí, va en caída libre en los sondeos y ni sus cobijas le calientan.

Si bien es cierto que el multicitado diputado federal en el mes de agosto del año pasado, con los datos de medición obtenidos en ese entonces, contaba con un 30% de aceptación, sus errores y el maltrato de su gente a la población, a partir de que hace públicas sus pretensiones de obtener la candidatura a la presidencia municipal, aceleran su caída y la tendencia a la baja en las percepciones es continua, ubicándose en lo que va del mes de enero en tan solo 22.6%, perdiendo más de siete puntos porcentuales en menos de tres meses y con escenarios de rechazo manifiesto en las poblaciones del municipio.

La información publicada en la misma fuente ubica a otra opción, con un 23.4%, en vías de acenso en las aceptaciones. Su éxito inicial radica en no pretender ser un “chapulín” (brincar de un puesto de elección popular a otro, para seguir viviendo del presupuesto), como el caso del diputado, que al parecer considera a los ciudadanos y maestros simples objetos deshilachados y desechables en lo que duran las elecciones o en su caso la etapa de encuestas.

 

Casa llena

 

En reunión “cerrada”, con tono autoritario, les dijo  a los presentes: “quien ya esté en otra estructura, que se retire, lo vamos a detectar en menos de tres días. Los que se van a quedar, será la primera vez que se integren al equipo, si ya están en otra lista y trabajan, lo vamos a saber, sobre resultados ya se verá cómo los van a compensar…”, señalaba el secretario particular de Luis Ángel Jiménez Huerta, director general de Educación Básica, de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México.

Muchos profesores se retiraron de la Sala de Directores Generales de la Dirección General de Educación Básica, ubicada en Plaza Toluca, en el centro de la ciudad, que se encontraba llena de docentes el lunes 12 de enero, a las siete de la noche, lugar al que habían sido citados sin saber a ciencia cierta el motivo, aun cuando algunos esperaban conocer los probables resultados de sus diferentes trámites.

De los asistentes, en su mayoría pertenecientes a educación básica, algunos aseguraron que entre ellos bastantes ya se conocían, pero acudían al llamado del director general para encontrar alguna solución a sus peticiones e integrarse a las estructuras del trabajo político partidista.

“Tú ya perteneces al equipo del diputado federal (en referencia al diputado federal otomí), ya no debes estar aquí”, le decían a una supervisora de primarias asistente, que había participado en el trienio sindical del citado diputado, que entre sorprendida y molesta, contestó: “no, yo ya no trabajo con él, eso fue en otros tiempos, es más, con él ni a la esquina…”, aseguró la aludida. “¡Que se salga, que se salga!”, gritaron varios, sin lograr que la maestra se retirara de la sala.

Como en ocasiones anteriores, uno de los maestros que permaneció en la reunión señala que el tema tratado fue referente al apoyo que se brindará a los precandidatos del PRI para las diputaciones en disputa y la presidencia municipal de Toluca, les aseguraron que si hacen el trabajo como se les indique, seguramente obtendrán algún beneficio en recompensa.

“Es la única forma de lograr un ascenso o más horas-clase, uno se tiene que aguantar lo que dicen los jefes, no hay de otra, qué le vamos hacer, aunque tengas estudios, no valen si no te sometes, todos lo saben”, señala resignado otro de los maestros que acudió a la convocatoria.

Lo anterior ha sido una práctica constante por causa del ilegal acuerdo del 4 de diciembre del 2000, firmado por el secretario de Educación en turno y la representación sindical de ese entonces, que ha conducido a la corrupción y a la baja calidad educativa con acciones fuera de la ley, tal y como se asegura en diferentes partes del estado, entre los que destacan la venta de plazas, causando perjuicio a la escuela pública.

La actuación institucional mostrada por el director general de Educación Básica en los hechos narrados no es del ámbito de su competencia. De iniciar los procedimientos legales, incluso se podría tipificar un probable delito federal; lo que sí queda claro es el abandono en el cumplimiento de lo establecido en la reforma educativa y sus leyes secundarias, la normalidad mínima tan pregonada entre los profesores queda en el discurso para esta dirección. Los hechos así lo demuestran.

Mentiras y secretos del nuevo aeropuerto

* El tamaño del costo del nuevo aeropuerto de la ciudad de México es inimaginable. Ni siquiera la cifra redondeada que ofrece la Federación -165 mil millones de pesos, casi 40 mil millones de pesos más de lo previsto- representa algo concreto. Es algo así como el presupuesto total del DF para el 2015; unos 700 mil desayunos escolares diarios y la pensión de casi 500 mil adultos mayores, además de los salarios de los 100 mil empleados.

 

Francisco Cruz Jiménez

El destino del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ya está definido: desarrollos inmobiliarios de gran envergadura, una vez concluida y en marcha el nuevo, que se levantará en una superficie de 12 mil 500 hectáreas —4 mil 430 para la terminal aérea y el resto para otros desarrollos inmobiliarios Triple A— de los municipios mexiquenses de San Salvador Atenco, Texcoco, Ecatepec y Chimalhuacán.

Las encuestas de opinión pública muestran que cada día menos mexicanos creen en la capacidad del presidente de México, Enrique Peña Nieto para sacar adelante al país y muchos incluso están convencidos de que su ciclo político terminó después de los escándalos que involucraron a su esposa, Angélica Rivera y a su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, así como por las sospechas de corrupción que se filtran por cada rincón del gobierno federal, pero la piel se le ha hecho más gruesa: nada entra. Las quejas y las denuncias caen al vacío, por lo que el nuevo aeropuerto va, contra viento y marea. O, como dicen los políticos priistas, pésele a quien le pese.

Los graves sucesos que sacuden al país, enmarcados por una ola de protestas masivas pacíficas en las que se exige la renuncia de Peña, han propiciado incluso que muchos de los tradicionalmente prudentes analistas se hayan convencido de que se acabó el apasionado noviazgo con el electorado que en julio de 2012 votó por los peñistas, y que sus proyectos más sofisticados tiene que ver con la corrupción y las intenciones de hacer negocios “personales”, a través del uso de recursos públicos, con los empresarios más poderosos del país, como el magnate Carlos Slim y la familia Hank. Y justamente, el yerno del primero se encargará de la terminal aérea.

Peña y su equipo, que se anunciaban como los únicos políticos con capacidad para sacar al país del atolladero en el que lo dejaron los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, parecen hoy los nostálgicos dinosaurios del antiguo régimen empeñados en hacer realidad uno de sus grandes proyectos: el nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México, que, curiosamente, estará en suelo mexiquense y no en el Distrito Federal. Un viejo sueño que acariciaba no sólo Arturo Montiel Rojas, tío de Peña, sino el Grupo Atlacomulco en su conjunto.

Aunque en la llamada gran prensa se ha dado poca —casi nada— voz y cobertura a los cuestionamientos y acusaciones, a su gestión, Peña no encuentra la manera de convencer. Con el nuevo aeropuerto, advierte el senador Alejandro Encinas Rodríguez, “culminará una estrategia diseñada por distintos gobiernos del Estado de México que, retomando las experiencias fallidas de las administraciones de Fox y Calderón, se fue implementando sigilosamente a lo largo de mucho años”.

En su libro El nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México, Política, negocios y poder, que se entregará a la prensa la última semana de enero, el también ex diputado federal y ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, advierte que a ese proyecto se sumaron dependencias del sector público y organismos del sector privado, “que de manera silenciosa fueron operando un proceso de especulación inmobiliaria, mediante el cual adquirieron propiedades y elaboraron distintos proyectos que acompañarán” a la nueva terminal aérea y el proyecto inmobiliario “del actual aeropuerto Benito Juárez”.

Todo parece indicar que aunque el nuevo aeropuerto sólo beneficiará unos cuantos y que será mínimo el número de empleos permanentes reales que creará —no más de 14 mil, o casi uno por cada 12 mil millones de pesos que se invertirán en la primera etapa—, la administración peñista se saldrá con la suya y este año pondrá en marcha su programa de obras con una inversión inicial superior a mil 500 millones de dólares.

Los arquitectos Fernando Romero —un mexicano entre cuyas obras se encuentran los complejos Plaza Carso y Plaza Mariana, así como el Museo Soumaya en la capital mexicana, además de ser yerno del magnate Carlos Slim Helú— y el británico Norman Foster, premio Príncipe de Asturias de las Artes 2009 y entre cuyos trabajos destacan los aeropuertos de Hong Kong y Pekín, así como el Centro de Artes Visuales de Sainsbury en Norwich, serán los responsables del nuevo aeropuerto, para el que se anuncian inversiones por nueve mil 167 millones de dólares o 120 mil millones de pesos mexicanos.

Listo el proyecto —que al final permitirá el tránsito de 120 millones de pasajeros anuales, un consorcio que encabeza la empresa holandesa Netherlands Airport Consultants se encargará del diseño y planificación de las pistas—, Encinas ofrece en su nuevo libro una serie de respuestas a interrogantes sobre las características del ambicioso programa en su conjunto, su formación y los antecedentes históricos que permitieron la acumulación-despojo de tierras en esa zona.

El nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México, Política, negocios y poder, un libro de 101 páginas, responde, pues, a una serie de interrogantes cuando el país se encuentra prácticamente estancado —con 49 millones de personas ocupadas o un millón menos que en 2013, según las estadísticas oficiales—, ninguna de sus llamadas “reformas” estructurales ha dado resultados y la violencia se enmarca con la ejecución extrajudicial, vía fusilamiento, de 22 jóvenes en el municipio mexiquense de Tlatlaya y la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural guerrerense de Ayotzinapa.

Flota en el ambiente que los peñistas han llegado a un acuerdo para ocultar los peligros que conlleva levantar la terminal área en aquella zona entre San Salvador Atenco, Texcoco, Ecatepec y Chimalhuacán. Y los secretarios de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y Hacienda, Videgaray, están tan ensoberbecidos que han pasado por alto que una inversión de esa naturaleza representa un peligro para la ciudad de México y su zona conurbada.

“En primer término —alerta Encinas—, el proyecto representa un error en cuanto a la planeación para el desarrollo regional equilibrado en el país, en virtud de que una inversión que alcanzará en su primera fase al 2020 el monto de 169 mil millones de pesos, en cualquier zona deprimida del país, generaría un nuevo polo de desarrollo económico. Más aún cuando la mayor parte de esta inversión, 75.4 por ciento (127 mil 400 millones de pesos), se canalizará a solventar los elevados costos de construcción de las instalaciones aeroportuarias, dadas las características de los suelos, susceptibles de hundimientos diferenciales”.

Este panorama sombrío se hace todavía más descorazonador cuando el mismo libro añade otros elementos al análisis de Encinas, quien conoce la problemática de fondo y se recuerda que como jefe de Gobierno del Distrito Federal, y como estudioso, conoce las entrañas del gran monstruo que representan los presupuestos gubernamentales. Conoce y ha vivido los acontecimientos que han conmocionado la vida política y económica de los mexicanos.

Sus aportaciones en el libro son sustanciales. A las obras de manejo hidráulico para evitar inundaciones en el nuevo aeropuerto se destinarán 16 mil 400 millones de pesos o diez por ciento del proyecto.

Para dimensionar los dineros totales que se destinarán al nuevo aeropuerto al 2010, Encinas recuerda que “será equivalente al presupuesto total que se destinará en 2015 para el Gobierno del Distrito Federal y que ascenderá a 165 mil millones de pesos, que, además de salarios, deberá utilizar para mantenimiento de los sistemas de transporte colectivo Metro, Metrobús, trolebús, tranvías, red de transporte de pasajeros, abastecimiento de agua potable, pago de alumbrado público, operación y mantenimiento de la red hospitalaria, más de 700 mil desayunos escolares diarios y la pensión de casi 500 mil adultos mayores, además de los salarios de los 100 mil empleados.

El legislador pone de nueva cuenta los puntos sobre la mesa de discusión y precisa: “es a la vez un error de planeación para el desarrollo urbano sustentable y para el ordenamiento de la región centro del país, ya que un proyecto de esa magnitud en el corazón de la megalópolis favorecerá de nueva cuenta un proceso de centralización política y económica que alentará una mayor concentración poblacional y la demanda de mayores servicios en una de las regiones del país con mayor sobrecarga e impactos negativos sobre los recurso naturales y el ecosistema”.

Encinas echa mano a las estadísticas oficiales para mostrar lo dramático de la situación: la región centro del país —los estados de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos y el Distrito Federal— concentra a 35.4 millones de habitantes o un tercio de la población mexicana total.

Pero eso, en el fondo, es todavía un poco peor si se toma en cuenta que la llamada zona megalopolitana —o las siete zona metropolitanas de las ciudades de Puebla, Tlaxcala, Cuernavaca, Cuautla, Querétaro, Pachuca y la Ciudad de México— está habitada por 29.4 millones de personas. Si sólo se considera la Zona Metropolitana del Valle de México —las 16 delegaciones del Distrito Federal más 59 municipios mexiquenses y uno del estado de Hidalgo—, en ésta hay censadas 20.1 millones de habitantes. Y las proyecciones oficiales ubican ese último número en 26.3 millones para 2020.

Para “vender” su ambicioso proyecto del siglo XXI, funcionarios del gobierno peñista han llegado a estimar que se crearán cerca de 140 mil empleos; sin embargo, cuidadosamente han ocultado que, al final, serán menos de 15 mil porque la mayoría de los empleados del viejo aeropuerto, el AICM o Benito Juárez, serán despedidos y varias decenas de miles de puesto de trabajo serán temporales y en el sector de la construcción.

“La Primera etapa del proyecto —precisa Encinas— comenzará a construirse en 2015 y se espera que para 2020 cuente con tres pistas de operación simultánea, de las cuales dos se adecuarán para operaciones de largo alcance y tráfico comercial (…) un edificio terminal de 550 mil operaciones, lo que lo colocaría, considerando el movimiento de personas de 2013, en la vigésima posición a nivel mundial.

”La inversión proyectada resulta sorprendente, más aún cuando (…) se destinará principalmente a asumir los elevados costos de construcción derivados de las características topográficas de un sitio inadecuado para una obra de esa magnitud y naturaleza, así como del desarrollo urbano que lo pretende acompañar, ya que la mayor parte de los presupuestos se usará para obras hidráulicas para evitar inundaciones, así como costear los pilotes y cimientos que permitan asentar un aeropuerto de tal magnitud en zonas cenegosas que registran acelerados ritmos de hundimiento”.

El trabajo se da en tres vertientes: planeación regional, ordenamiento territorial e impactos ambientales del proyecto. Pero el gobierno ya ha marcado las reglas del juego y está decidido a gastar. De los 169 mil millones de pesos que se invertirán en la primera etapa a 2020: 58 por ciento o 98 mil millones serán de origen público y el restante 42 por ciento o 71 mil millones de la iniciativa privada. “El proyecto establece la necesidad de un fondo inicial de mil millones de dólares de financiamientos bancarios en la primera fase y de mil 500 millones de dólares de fondeo adicional con la comunidad financiera”.

Tirada la casa por la ventana, el libro descubre otras “pequeñas” trampas o letras chiquitas en las que poco se ha prestado atención: “El proyecto afirma de manera engañosa que no se incurrirá en deuda pública y que se logrará el apalancamiento financiero, a través de la banca y de inversionista nacionales y extranjeros, garantizando los préstamos e inversiones a través de bonos gubernamentales emitidos contra futuros operativos del propio aeropuerto. Es decir, el proyecto se financiará en el corto plazo con endeudamiento público garantizando una tasa de retorno acelerada”.

Peña logró engañar a los mexicanos durante los dos primeros años de gobierno. La euforia de las reformas quedó enterrada en el pasado y casi nadie se acuerda del fracaso que representó para su tío Alfredo del Mazo González la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca. Visto así, pues, el nuevo aeropuerto se construirá para renovar la esperanza de unos cuantos, políticos y empresarios, y la incertidumbre del resto de la población, pero ésta nada puede decir.

El Barco Ebrio

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México es un país de simulaciones, eso ya se sabe, pero apenas se dibujan esbozos de cómo funciona el Estado y qué significa, en realidad, un Narcoestado. El Estado mexicano es en realidad una forma organizada de la violencia al servicio de un poder. Ese poder es el de los militares. El país transita por una dictadura armada desde el disimulo pero tan vistosa que lo que se deriva de ella son, precisamente, actividades relacionadas con la violencia, con el armado de la guerra. Narcotráfico y crimen organizado hacen simbiosis en ese Estado militarizado cuyo negocio fundamental es fabricar violencia. Drogas, secuestros, corrupción e impunidad sólo son los síntomas.

 

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Hace seis meses, una base de las Fuerzas Especiales del Ejército, los Gafes, que antes se denominaba Grupo Aeromóvil, se instaló con la mayor discreción en el municipio de Lerma. Desde allí operaban en una de las ramificaciones que el negocio de la violencia exige a quien participa. Por un tiempo, esa oficina fantasma de los Gafes justificó a la perfección la razón de estar en Lerma sin ni siquiera echar un vistazo a Xochicuautla, el pueblo por donde pasará la carretera del licenciado Peña Nieto.

 

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Y es que esos Gafes, además de militares, eran avezados agentes de venta y comenzaron a distribuir un catálogo de armas entre quienes, consideraron, pueden necesitar los artefactos. Amparados en esa clandestinidad oficial y legalmente autorizados para el transporte de los calibres de uso exclusivo del Ejército, pronto vieron los frutos.

 

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Hace tres meses, en uno de los barrios de San Mateo Atenco, un soldado de aproximadamente 24 años, se apersonó, a las ocho de la noche, en una de las calles del centro de aquel municipio. Cargaba una pesada bolsa mochilera del Ejército mientras tocaba en una de las casas vecinas. Al abrir, el soldado saludó e identificó a quienes visitaba como “los michoacanos”. Acto seguido, abrió la bolsa y extrajo armas, que estuvo examinando junto a sus clientes. Sin embargo, el soldado iba ebrio y para probar la mercancía, disparaba al aire su metralla. Molestos pero no asustados, los michoacanos le dijeron: “sobrio lo que quieras, pero así no”. Le cerraron la puerta, lo mismo que los vecinos al darse cuenta del descontrol del joven y de la cantidad de armas que traía consigo.

 

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Las armas, propiedad de los militares, fueron guardadas por el joven soldado ebrio, quien caminó unos metros hasta llegar a una esquina. Allí volvió a sacarlas para disparar otra vez. Los vecinos, alarmados, habían llamado ya a la policía municipal. A los poco minutos una patrulla llegó por el joven soldado, quien sin oponer resistencia fue apresado en pocos minutos. Remitido directamente a la delegación de la PGR en Toluca, el soldado confesó que sus superiores, en Lerma, los “Gafe”, lo habían enviado a vender las armas que ellos mismos reciben. Pero llegó ebrio a la transacción y echó a perder el negocio. De paso, reveló la existencia de la base militar en Lerma dedicada al tráfico. Luego de interrogado, una llamada a la 22 Zona Militar lo remitió de manera directa a las manos de los militares, pero antes fue golpeado por los policías, por orden castrense, para que escarmentara y la pensara mejor cuando se trata de echar por la borda los negocios. Los golpes no fueron menores. Fractura de las cuatro extremidades, brazos y piernas, incapacitado por meses. También fue acusado de posesión de drogas.

 

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Al otro día su madre, vecina también de San Mateo Atenco, recorría la calle donde el joven había sido detenido, preguntando a los vecinos por lo ocurrido y tratando de obtener algún video que lo limpiara del delito de las drogas. Tampoco sabía bien a bien su paradero pero cuando lo supo su principal preocupación fue encontrarlo con vida. Pero las cuentas habían sido ajustadas y su vida estaba a salvo, no así su salud. Al final, al soldado le perdonaron todo porque, después de nada, había vendido más armas que nadie desde Lerma. La base “Gafe” desapareció un día después y el soldado aún se recupera de las fracturas múltiples y quienes lo lamentan son los michoacanos, asiduos compradores de armas a las leales instancias del ejército.

 

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El Senado de la República estructura los foros sobre seguridad y mandos únicos, a los que ha convocado a especialistas en los temas para que expliquen las reformas impulsadas por el presidente Peña Nieto, que ya tienen carácter de iniciativas. El periodista Francisco Cruz Jiménez, uno de los conocedores más profundos en temas de narcotráfico en el país, era convocado por el senador Encinas para conocer la opinión del autor de “Tierra Narca”, “La Biografía no Autorizada de Peña Nieto” y “El Cártel de Juárez”, entre otros libros. Al revisar la lista, otros senadores se opusieron a que el periodista participara y por iniciativa de la priista Arely Gómez, ex directora de la Fepade (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales), pero mejor conocida por ser la hermana de Bernardo Gómez, vicepresidente de Noticieros de Televisa. Perteneciente a los senadores de la llamada “telebancada”, la dulce señora Gómez no quitó el dedo del renglón y obligó a eliminar a Cruz de la lista de participantes. Ella, por supuesto, ya leyó los libros que ha publicado el periodista y le gustaron mucho.

 

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Alejandro Encinas rendirá por segunda vez su informe de actividades como senador. Hace un año lo hizo en la Sala Villanueva, en el corazón de Toluca, pero esta vez lo dará en el DF. Pero Encinas dará un anuncio. No abandonará el PRD pero tampoco se unirá con los de Morena. Ninguna de esas opciones le atrae y se ha decidido para hacer una organización que aglutinará a personajes como Cuauhtémoc Cárdenas, quien no termina de acercarse a López Obrador pero tampoco de dejar al PRD. Desde su equipo, cree Encinas, puede concitar. Órales.

Devastación alada

* Construir el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México parece una ocurrencia macabra cuando el proyecto incluye arrasar comunidades y cambiar ecosistemas para darle viabilidad. No sólo el ex vaso de Texcoco será modificado, también ciudades o sus entornos tan alejados como Toluca, Cuernavaca, Tlaxcala y Pachuca. Alejandro Encinas, senador perredista, publica el libro “Política, Negocios y Poder”, donde expone las consecuencias de un aeropuerto en el área de San Salvador Atenco.

 

Miguel Alvarado

Toluca, México; 15 de enero del 2015. “Por aquí va a pasar la carretera del presidente”, dijeron los policías a vecinos de Xochicuautla, pueblo del municipio de Lerma, en el Estado de México, cuando les preguntaron por qué estaban estacionadas patrullas afuera de sus casas y clavaba banderillas de advertencia de obra en los patios y jardines de los vecinos. Esas obras, realizadas desde hace ocho años por la empresa OHL (Obrascon Huarte Lain) y aparentemente detenidas, son parte de un circuito carretero que comunicará a Toluca, la capital mexiquense, con el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un proyecto que sólo en su primera fase, que terminará en el 2020, costará 169 mil millones de pesos, de los cuales 58 por ciento son de origen público, obtenidos desde “recursos fiscales multianuales, plusvalía de activos y excedentes federales”, escribe el libro Política, Negocios y Poder, el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, (102 páginas), publicado por el senador perredista Alejandro Encinas, y que presentará a finales de enero de este año.

Para que el aeropuerto, de vanguardia tecnológica y arquitectónica funcione como está planeado, decenas de pueblos serán arrasados al atravesarse en la ruta de autopistas y desarrollos urbanísticos para empresas trasnacionales, como sucede en el pueblo de Xochicuautla, donde un moderno Santa Fe aparece en las maquetas de la nueva urbanización, pero que no representará beneficio alguno para los 3 mil 300 que allí habitan.

El estudio de Encinas identifica la devastación a la que está condenado el ex vaso de Texcoco, los municipios de San Salvador Atenco, Ecatepec, Texcoco y en las 45 mil hectáreas desincorporadas del patrimonio público mexiquense en Chimalhuacán. Esa zona se hunde 30 centímetros anualmente y el déficit de agua potable, 7 mil litros por segundo, impedirá el abasto a los nuevos pobladores, que investigadores de la Universidad de Chapingo denominan estrés hídrico. La extracción de agua deberá hacerse en excavaciones cercanas a 300 metros de profundidad pero también obligará a traer el 30 por ciento del agua que necesita el DF desde otras cuencas.

El ex lago de Texcoco tiene una extensión de 2 mil 76 kilómetros cuadrados y desde 1971 un Plan Integral trataba de rehabilitar 10 mil hectáreas. Sembraron 40 millones de árboles y generaron lagos artificiales que finalmente derivaron en un área de conservación de aves, cuya población alcanza 100 mil de ellas, incluyendo las del lago Nabor Carrillo. Hay cuatro especies catalogadas como amenazadas, diez en riesgo, dos en peligro de extinción, seis en protección especial y 43 más que encuentran protección en organismos internacionales reconocidos, según la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentado a la Semarnat por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Por otra parte, cambiar el uso de suelo a 240 hectáreas derivará en la pérdida de flora nativa, a pesar de existir un plan de rescate y mitigación ecológica.

Sólo 500 años le tomó al hombre exterminar los 5 lagos del valle de México. Zumpango, Xaltocan, Texcoco, Xochimilco y Chalco son ahora islas térmicas asfaltadas con temperaturas máximas de 32 grados y, en el extremo, araña los cero grados. Esas islas de calor, sin embargo, exhiben 5 grados más que las áreas que las rodean, que se recrudecerán con el suelo sellado de la nueva terminal, que tendrá seis pistas, tres de ellas terminadas para el 2020. El otro lado es igual de dramático. Una tierra impermeabilizada generará inundaciones. En el 2011 el agua generada por la tormenta Arlene fue desalojada justamente en el ex vaso de Texcoco, evitando daños mayores por inundaciones en Neza y Ecatepec. Allí, en el ex lago, descargan once ríos. José Luis Luege, ex director de Conagua, considera que cualquier infraestructura en ese vaso “es, además de ilegal e inconstitucional, un acto irracional”. El nuevo aeropuerto estará ubicado en una zona que se hunde 20 centímetros anualmente, según la MIA, pero esto, incluso para el actual aeropuerto no es una novedad, pues la Terminal 2 se hunde 30 centímetros cada año, a pesar de las obras de nivelación implementadas por la SCT

 

Bienes raíces: la voracidad

 

Ya en el 2001 un proyecto para construir el aeropuerto en ejidos de Atenco se canceló luego de la presión de campesinos, a quienes el gobierno federal ofrecía comprar su terrenos a 7.20 pesos y a 25 pesos el metro cuadrado en tierras de riego, después de un decreto que devaluaba aquello. Pero esos terrenos comenzaron a ser acaparados por personajes del Edomex, como el obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda y funcionarios de la administración estatal de Arturo Montiel, quienes luego los revenderían. La expropiación, por principio de cuentas, afectaba a 4 mil 375 familias. Un muerto y un año después, el proyecto se cancelaba debido a que la mitad del terreno involucrado se encontraba amparado.

El proyecto se detuvo pero no se canceló. Luego de Vicente Fox y Arturo Montiel, el presidente Felipe Calderón lo continuó desde las sombras. La Conagua entró en escena para comprar, discretamente, mil 957 hectáreas a cambio de 2 mil 628 millones de pesos con la excusa de que serían usadas para unas reserva ecológica y espacios deportivos. Al final, estaban involucradas 17 mil 285 hectáreas en un Plan Director de Desarrollo Agropecuario y Forestal de la Zona de Mitigación. Los precios por metro cuadrado fueron, todavía, irrisorios: entre 119 y 157 pesos por metro cuadrado. Todavía falta por definir la compra de 957 hectáreas más, con un valor de 200 pesos por metro cuadrado.

En el monstruoso negocio de los bienes raíces que representa el proyecto, el actual aeropuerto Benito Juárez, que ocupa 750 hectáreas, será transformado. La información pública de la SCT señala que habrá, en ese lugar, un bosque de 200 hectáreas parecido a Chapultepec. El proyecto ejecutivo, sin embargo, establece que allí, en el Benito Juárez, habrá un nuevo Santa Fe con edificios corporativos, universidades, hospitales privados, entre otros negocios, lo que significa que un dominio público será vendido, privatizado.

Es verdad que la construcción del nuevo aeropuerto generaría 160 mil empleos, contra los 25 mil que actualmente genera el AICM y que atienden a 32 millones de usuarios por año. Pero la mayor parte serán de carácter temporal. La meta de la nueva terminal es mover a 50 millones de pasajeros, para lo cual se requieren 39 mil empleados. Esto es, “14 mil nuevos empleos, apenas 8.75 por ciento de lo ofrecido”.

Para Alejandro Encinas, el aeropuerto representa además un modelo de hacer negocios que el grupo en el poder ha implementado por décadas en el Estado de México. Los de Atlacomulco controlan, actualmente, los peajes carreteros denominados IAVE a través del empresario Roberto Alcántara y que tiene participación con empresas como la española PRISA y en aeronaves como la línea Viva Aerobús. Bajo el esquema de Asociación Pública Privada, el gobierno de Enrique Peña tiene cerca de 40 mil millones de pesos comprometidos con empresas -con las que mantiene relaciones cercanas- durante las próximas cuatro administraciones, a quienes se pagará mil 728 millones de pesos anuales. El nuevo aeropuerto es una obra que cambiará no sólo la geografía económica del valle de México y el DF. Sus implicaciones, derivadas de obras para conectar y comunicarlo implican transformaciones en entornos del valle de Toluca, donde se arrasarán comunidades que se atraviesan en los trazos carreteros y urbanísticos, además de que las zonas metropolitanas de Puebla, Cuernavaca, Pachuca y Tlaxcala favorecerán una mayor concentración poblacional y de servicios “en una región con sobrecarga en la explotación de sus recursos naturales y ecosistemas”.