Dirigente en entredicho

* “Por cinco lustros el colaborador más cercano de los Napoleones, Pavón fue desde 2000 el más fervoroso defensor de Napito en el enfrentamiento de éste con los empresarios del Grupo México y con funcionarios de los gobiernos panistas encabezados por Vicente Fox y Felipe Calderón. Incluso, fue su representante personal desde que en febrero de 2006, después de la tragedia de Pasta de Conchos, desapareció, huyó y se autoexilió en Vancouver”, escribe el periodista Francisco Cruz en el libro Los Amos de la Mafia Sindical, editado en el 2013 por Planeta.

 

Francisco Cruz Jiménez

Taimado y astuto, como lo recuerdan viejos trabajadores de las minas del norte y obreros metalúrgicos que resintieron su liderazgo, Gómez Sada manejó la imagen de su hijo presentándolo como enérgico defensor de los obreros y del sindicalismo independiente. Su imposición fue respaldada a través de relaciones de amistad, fuentes y contactos políticos, empresariales, gremiales y partidistas. Al mismo tiempo, comenzó una campaña de desprestigio contra Elías Morales Hernández y Benito Ortiz Elizalde. A principios de 1999, el primero, presidente del Comité de Vigilancia del sindicato, había alzado la mano para anotarse en la lista de la sucesión. Desde entonces se filtraron persistentes rumores sobre cómo había sido cooptado por los hermanos tamaulipecos Julio César, Pablo y Sergio Villarreal Guajardo, del Grupo Villacero; mientras otros opositores supuestamente habían sido comprados por ejecutivos del Grupo México, del magnate Germán Feliciano Larrea Mota-Velasco.

El 25 de abril, desde Coahuila, la disidencia calificó la persecución como un acto de desprecio absoluto a cualquier cambio democrático; argumentaban que a Morales Hernández y Ortiz Elizalde y a las empresas se les involucraba tendenciosamente de mala fe. Para evitar que el conflicto se saliera de control, intervino personalmente el subsecretario de Gobernación, Jesús Murillo Karam. Según se sabe, el funcionario citó el miércoles 26 de abril de 2000 a los mineros en pugna.

A su oficina se presentaron los integrantes del Comité Ejecutivo del Sindicato, encabezado por Napoleón Gómez Urrutia, así como Morales Hernández y Ortiz Elizalde. Conociendo las debilidades del PRI y la necesidad que tenía del sindicato para los comicios presidenciales que se avecinaban para julio de ese año, Gómez Urrutia se permitió una pequeñísima veleidad: abandonó a media plática la reunión. Napito jamás imaginaría que, caprichosa como es la política, 12 años después el PRI regresaría a Los Pinos, y que el desdeñado Murillo se sentaría a despachar en la Procuraduría General de la República.

Siguiendo las enseñanzas de su padre, Napito ha hecho lo suyo para desprenderse de aquellos mineros que, eventualmente, podrían disputarle la secretaría general. Ése es el caso del zacatecano Carlos Pavón Campos, ex secretario de Asuntos Políticos del sindicato, su otrora brazo derecho, defensor a ultranza por mucho tiempo y operador político personal, quien en mayo de 2011 fue suspendido de derechos sindicales. Al final, Pavón fue expulsado porque “cometió faltas graves contra la asociación sindical y violó los estatutos que rigen la vida interna del sindicato”. Los señalamientos no se quedaron allí. El día 14 de ese mes tildaron a Pavón de oportunista y “prostituto” político-sindical que nunca representó a los trabajadores, y que se vende al mejor postor para romper la unidad minera; y 24 horas después se publicó en la prensa que “fue destituido formalmente de su cargo a partir del 12 de mayo e inhabilitado en sus derechos sindicales por cinco años, bajo acusaciones de deslealtad y traición”.

Juan Luis Zúñiga Velázquez, primer vocal del Consejo General de Vigilancia y Justicia del sindicato, declaró a un grupo de reporteros que tenían informes de que “Pavón recibió 10 millones de pesos, y otro millón más, de dos empresas mineras, por traicionar al sindicato, a Napoleón y a la base trabajadora, por lo que conforme a los estatutos fue depuesto e inhabilitado. Incluso se le investigará para ver si se presentan cargos penales”. Secretario del Trabajo del gremio, Javier Zúñiga García abonó al linchamiento cuando dijo a la prensa que “por fuentes indirectas y gente cercana a Grupo México conocieron que, además de que Pavón se entrevistó con directivos del consorcio, también convocó a una reunión en Chihuahua con dirigentes de diez secciones, pero sólo una lo apoya, que es su sección: Zacatecas”.

Por cinco lustros el colaborador más cercano de los Napoleones, Pavón fue desde 2000 el más fervoroso defensor de Napito en el enfrentamiento de éste con los empresarios del Grupo México y con funcionarios de los gobiernos panistas encabezados por Vicente Fox y Felipe Calderón. Incluso, fue su representante personal desde que en febrero de 2006, después de la tragedia de Pasta de Conchos, desapareció, huyó y se autoexilió en Vancouver.

Las acusaciones de 2011 que culminaron con su expulsión no intimidaron a Pavón. No sólo se lanzó abiertamente contra Napito sino que, conociendo las entrañas del gremio y teniendo todos los contactos, le pegó en donde duele en serio: creó su propia organización gremial minera, teniendo como sede las siderúrgicas de Monclova, Coahuila. Hoy es el secretario general del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Don Napoleón Gómez Sada, que cuenta al menos con 10 mil trabajadores.

Pavón Campos no habla mucho de su mentor ni de la separación, aunque, en su momento, ha señalado supuestas irregularidades de Gómez Urrutia. Sobresale la modificación discrecional de estatutos en un intento de Napito por imponer una dictadura sindical, su exigencia, secreta o confidencial, para que grupos empresariales del ramo le otorgaran una indemnización de 100 millones de dólares para terminar un conflicto —entre el SNTMMSRM y esos empresarios— que inició desde la década de 2000 y el retiro de las órdenes de aprehensión en su contra, como una condición para levantar una huelga en Cananea, que había estallado el 30 de julio de 2007, así como el reconocimiento, por parte de todos los patrones, como secretario general permanente, aunque jamás ha sido minero ni obrero metalúrgico. La búsqueda de confrontaciones entre los trabajadores no tiene otro fin que salvaguardar la impunidad de su líder.

El 8 de diciembre de 2009, Pavón Campos fue un poco más explícito en un comunicado de prensa: “Denunció una confabulación para asesinarlo [y] señaló a Gómez Urrutia como autor intelectual y a Juan Linares Montufar como cabeza del grupo de sicarios del Reclusorio Norte que tienen el encargo de ultimarlo. […] Compañeros míos se han enterado de fuentes muy fidedignas que no podemos evidenciar por razones comprensibles, de que preparan el complot desde la misma celda de Linares. […] El plan orquestado por el ex dirigente hoy plácidamente acomodado en Vancouver contempla también la desestabilización del estado de Zacatecas, particularmente, creando violencia en Sombrerete y las demás zonas mineras de esa entidad. […] Si Napoleón desea venir a México, bienvenido. Lo esperaremos 10 mil trabajadores dispuestos a reclamarle, por las buenas o las malas, 55 millones de dólares que nos robó. […] Están preocupados porque día a día pierden terreno en el control del sindicato […], ya han abandonado las filas mineras [del sindicato de Napito] más de 24 mil compañeros que ven en Gómez Urrutia la debacle de la organización, quedándoles, cuando mucho, unos 6 mil trabajadores, quienes se encuentran a fuerza de amenazas y prebendas”.

Pavón Campos, en quien aplicaría, “como anillo al dedo”, el viejo dicho “para que la cuña apriete, debe ser del mismo palo”, acusó a su ex jefe gremial de “utilizar el recurso de la huelga como arma de chantaje para su interés personal; de llegar a la dirigencia sin haber sido trabajador, y de impedir por todos los medios una auditoría externa a las arcas del sindicato”. También ha hecho algunas precisiones sobre la huelga en una filial de Peñoles —grupo empresarial minero fundado en 1887 con operaciones integradas en la fundición y afinación de metales no ferrosos y en la elaboración de productos químicos; Peñoles es el mayor productor mundial de plata afinada.

El movimiento, dijo, se planteó como una forma de presión para que el presidente del grupo, Alberto Bailleres, negociara con el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa el levantamiento de las órdenes de aprehensión en su contra, como también lo había planteado al Grupo Minera México. Y confirmó también algunos de los secretos a voces de El Heredero cuando, en una entrevista radiofónica para una estación de Nueva Rosita, Coahuila, denunció que Napito le exigió a dicho grupo 100 millones de dólares por concepto de “daño moral” con el fin de levantar un paro indefinido que había estallado a principios de agosto de 2007 en Minera de Cananea. En sus declaraciones, explicó que Gómez Urrutia intentaba llevar la huelga a cada una de las empresas del Grupo Peñoles para volver inaguantable la presión.

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