Devastación alada

* Construir el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México parece una ocurrencia macabra cuando el proyecto incluye arrasar comunidades y cambiar ecosistemas para darle viabilidad. No sólo el ex vaso de Texcoco será modificado, también ciudades o sus entornos tan alejados como Toluca, Cuernavaca, Tlaxcala y Pachuca. Alejandro Encinas, senador perredista, publica el libro “Política, Negocios y Poder”, donde expone las consecuencias de un aeropuerto en el área de San Salvador Atenco.

 

Miguel Alvarado

Toluca, México; 15 de enero del 2015. “Por aquí va a pasar la carretera del presidente”, dijeron los policías a vecinos de Xochicuautla, pueblo del municipio de Lerma, en el Estado de México, cuando les preguntaron por qué estaban estacionadas patrullas afuera de sus casas y clavaba banderillas de advertencia de obra en los patios y jardines de los vecinos. Esas obras, realizadas desde hace ocho años por la empresa OHL (Obrascon Huarte Lain) y aparentemente detenidas, son parte de un circuito carretero que comunicará a Toluca, la capital mexiquense, con el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un proyecto que sólo en su primera fase, que terminará en el 2020, costará 169 mil millones de pesos, de los cuales 58 por ciento son de origen público, obtenidos desde “recursos fiscales multianuales, plusvalía de activos y excedentes federales”, escribe el libro Política, Negocios y Poder, el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, (102 páginas), publicado por el senador perredista Alejandro Encinas, y que presentará a finales de enero de este año.

Para que el aeropuerto, de vanguardia tecnológica y arquitectónica funcione como está planeado, decenas de pueblos serán arrasados al atravesarse en la ruta de autopistas y desarrollos urbanísticos para empresas trasnacionales, como sucede en el pueblo de Xochicuautla, donde un moderno Santa Fe aparece en las maquetas de la nueva urbanización, pero que no representará beneficio alguno para los 3 mil 300 que allí habitan.

El estudio de Encinas identifica la devastación a la que está condenado el ex vaso de Texcoco, los municipios de San Salvador Atenco, Ecatepec, Texcoco y en las 45 mil hectáreas desincorporadas del patrimonio público mexiquense en Chimalhuacán. Esa zona se hunde 30 centímetros anualmente y el déficit de agua potable, 7 mil litros por segundo, impedirá el abasto a los nuevos pobladores, que investigadores de la Universidad de Chapingo denominan estrés hídrico. La extracción de agua deberá hacerse en excavaciones cercanas a 300 metros de profundidad pero también obligará a traer el 30 por ciento del agua que necesita el DF desde otras cuencas.

El ex lago de Texcoco tiene una extensión de 2 mil 76 kilómetros cuadrados y desde 1971 un Plan Integral trataba de rehabilitar 10 mil hectáreas. Sembraron 40 millones de árboles y generaron lagos artificiales que finalmente derivaron en un área de conservación de aves, cuya población alcanza 100 mil de ellas, incluyendo las del lago Nabor Carrillo. Hay cuatro especies catalogadas como amenazadas, diez en riesgo, dos en peligro de extinción, seis en protección especial y 43 más que encuentran protección en organismos internacionales reconocidos, según la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentado a la Semarnat por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Por otra parte, cambiar el uso de suelo a 240 hectáreas derivará en la pérdida de flora nativa, a pesar de existir un plan de rescate y mitigación ecológica.

Sólo 500 años le tomó al hombre exterminar los 5 lagos del valle de México. Zumpango, Xaltocan, Texcoco, Xochimilco y Chalco son ahora islas térmicas asfaltadas con temperaturas máximas de 32 grados y, en el extremo, araña los cero grados. Esas islas de calor, sin embargo, exhiben 5 grados más que las áreas que las rodean, que se recrudecerán con el suelo sellado de la nueva terminal, que tendrá seis pistas, tres de ellas terminadas para el 2020. El otro lado es igual de dramático. Una tierra impermeabilizada generará inundaciones. En el 2011 el agua generada por la tormenta Arlene fue desalojada justamente en el ex vaso de Texcoco, evitando daños mayores por inundaciones en Neza y Ecatepec. Allí, en el ex lago, descargan once ríos. José Luis Luege, ex director de Conagua, considera que cualquier infraestructura en ese vaso “es, además de ilegal e inconstitucional, un acto irracional”. El nuevo aeropuerto estará ubicado en una zona que se hunde 20 centímetros anualmente, según la MIA, pero esto, incluso para el actual aeropuerto no es una novedad, pues la Terminal 2 se hunde 30 centímetros cada año, a pesar de las obras de nivelación implementadas por la SCT

 

Bienes raíces: la voracidad

 

Ya en el 2001 un proyecto para construir el aeropuerto en ejidos de Atenco se canceló luego de la presión de campesinos, a quienes el gobierno federal ofrecía comprar su terrenos a 7.20 pesos y a 25 pesos el metro cuadrado en tierras de riego, después de un decreto que devaluaba aquello. Pero esos terrenos comenzaron a ser acaparados por personajes del Edomex, como el obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda y funcionarios de la administración estatal de Arturo Montiel, quienes luego los revenderían. La expropiación, por principio de cuentas, afectaba a 4 mil 375 familias. Un muerto y un año después, el proyecto se cancelaba debido a que la mitad del terreno involucrado se encontraba amparado.

El proyecto se detuvo pero no se canceló. Luego de Vicente Fox y Arturo Montiel, el presidente Felipe Calderón lo continuó desde las sombras. La Conagua entró en escena para comprar, discretamente, mil 957 hectáreas a cambio de 2 mil 628 millones de pesos con la excusa de que serían usadas para unas reserva ecológica y espacios deportivos. Al final, estaban involucradas 17 mil 285 hectáreas en un Plan Director de Desarrollo Agropecuario y Forestal de la Zona de Mitigación. Los precios por metro cuadrado fueron, todavía, irrisorios: entre 119 y 157 pesos por metro cuadrado. Todavía falta por definir la compra de 957 hectáreas más, con un valor de 200 pesos por metro cuadrado.

En el monstruoso negocio de los bienes raíces que representa el proyecto, el actual aeropuerto Benito Juárez, que ocupa 750 hectáreas, será transformado. La información pública de la SCT señala que habrá, en ese lugar, un bosque de 200 hectáreas parecido a Chapultepec. El proyecto ejecutivo, sin embargo, establece que allí, en el Benito Juárez, habrá un nuevo Santa Fe con edificios corporativos, universidades, hospitales privados, entre otros negocios, lo que significa que un dominio público será vendido, privatizado.

Es verdad que la construcción del nuevo aeropuerto generaría 160 mil empleos, contra los 25 mil que actualmente genera el AICM y que atienden a 32 millones de usuarios por año. Pero la mayor parte serán de carácter temporal. La meta de la nueva terminal es mover a 50 millones de pasajeros, para lo cual se requieren 39 mil empleados. Esto es, “14 mil nuevos empleos, apenas 8.75 por ciento de lo ofrecido”.

Para Alejandro Encinas, el aeropuerto representa además un modelo de hacer negocios que el grupo en el poder ha implementado por décadas en el Estado de México. Los de Atlacomulco controlan, actualmente, los peajes carreteros denominados IAVE a través del empresario Roberto Alcántara y que tiene participación con empresas como la española PRISA y en aeronaves como la línea Viva Aerobús. Bajo el esquema de Asociación Pública Privada, el gobierno de Enrique Peña tiene cerca de 40 mil millones de pesos comprometidos con empresas -con las que mantiene relaciones cercanas- durante las próximas cuatro administraciones, a quienes se pagará mil 728 millones de pesos anuales. El nuevo aeropuerto es una obra que cambiará no sólo la geografía económica del valle de México y el DF. Sus implicaciones, derivadas de obras para conectar y comunicarlo implican transformaciones en entornos del valle de Toluca, donde se arrasarán comunidades que se atraviesan en los trazos carreteros y urbanísticos, además de que las zonas metropolitanas de Puebla, Cuernavaca, Pachuca y Tlaxcala favorecerán una mayor concentración poblacional y de servicios “en una región con sobrecarga en la explotación de sus recursos naturales y ecosistemas”.

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