Justicia expedita

* La alcaldesa de Zinacantepec, Olga Hernández, fue encarada al término de su Segundo Informe de labores, por manifestantes que le reclamaban actos de corrupción. Detenidos por la policía y encarcelados 48 horas, salieron libres. Pero ahora la Procuraduría está a punto de girarles orden de aprehensión.

 

Miguel Alvarado

Zinacantepec, México; 24 de enero del 2015. A Alejandro Iglesias lo detuvieron policías municipales y estatales cuando protestaba, junto con otras 70 personas, afuera del auditorio del Sindicato de Maestros, en Zinacantepec, el 3 de diciembre del 2004. Apresado junto con otros cinco, fue llevado a los separos de la Procuraduría estatal, donde estuvo 48 horas, acusado de irrumpir y obstruir en vías públicas, durante el Segundo Informe de Gobierno de la alcaldesa priista Olga Hernández. En ese lugar estaba el gobernador del Edomex, Eruviel Ávila, a quien esperaban los manifestantes para reclamarle la falta de obra en ese municipio, los salarios excesivos de los funcionarios y la corrupción de la administración. Ávila, al ver a los quejosos, optó por no salir y esperar a que un helicóptero lo sacara, junto con la alcaldesa, de aquel edificio. Retirados los políticos, se desataron las detenciones en las que lesionaron a uno, a Santiago Morales.

Contra Iglesias, de 19 años, declararon personas que él nunca vio, que desconoce quiénes son. Robado, insultado y amenazado por la policía en ese diciembre, salió en libertad creyendo que su detención terminaría allí. Se equivocaba.

El 13 de enero del 2015 recibió, del Juzgado de Control de Toluca, una Cédula de Notificación, “por el posible hecho delictuoso constitutivo del delito de ataques a las vías de comunicación y medios de transporte, cometido en agravio de la seguridad de las vías de comunicación”.

En esa notificación, los agentes del Ministerio Público, Víctor Hugo Rodríguez Cárdenas y Juan Rafael Gasca Argueta, agentes adscritos al Primer Turno de la Agencia Central número 4, de la Unidad “A” de Averiguaciones Previas Toluca, solicitan “fecha y hora, dentro de la carpeta administrativa a efecto de que se lleve a cabo la Audiencia de Formulación de imputación sin detenido por la comisión de hechos delictuosos”.

En otro párrafo, más adelante, esa citación señala que “se instruye al Administrador genere a través del Sistema de Gestión Judicial penal, AUDIENCIA PARA FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN SIN DETENIDO Y/O EN SU CASO DE SOLICITUD DE ORDEN DE APEREHENSIÓN”. Esa petición había sido realizada desde el 9 de diciembre del 2014, cuatro días después de ser liberados los involucrados, pero por un error en el sistema de la PGJEM no se había registrado.

No sólo él ha sido notificado que el delito por el que fue detenido en diciembre sigue su curso de investigación. Los otros cinco apresados también han sido requeridos por la Procuraduría. A Iglesias, además, se le acusa de “ultrajes en agravio de la administración pública”, junto con Santiago Morales Jiménez. Este último encabezó una protesta pública, el 9 de diciembre del 2014, donde denunciaba anomalías de la alcaldesa Olga Hernández, acusándola de represora. Estas dos personas dieron testimonios de prensa acerca de sus detenciones.

Para Alejandro Iglesias, la administración de Hernández es, también, “un gobierno represor, turbio, sin diálogo” que ya anteriormente, a mediados del 2014, había enviado al secretario de Gobernación municipal, Martín Olivares, para ofrecerle “algo” a cambio de que dejara de hacer activismo político.

– Tú publicaste en redes sociales los salarios de los munícipes, hace unos meses…

– Sí. Hace unos cuatro meses trabajaba en una cafetería en la Prepa 104 de Zincantepec. Era jueves o viernes. Se presenta el señor Martín Olivares, director de Gobernación junto con otras personas, sus secretarios y ayudantes, del ayuntamiento a preguntarme que por qué le calentaba la cabeza a la gente con eso de los salarios. Aparte del facebook, anduve en las plazas públicas anunciando cuánto ganaba la presidente, los regidores y el monto del presupuesto. De esa manera la gente se empezó a enojar. Me dicen: “bájale dos rayitas al desmadre que traes”.

– Te amenazan…

-Más bien lo contrario. Dicen que están dispuestos para apoyarme en lo que sea necesario. En ese momento le dio al secretario de Gobernación que si ellos estaban dispuestos a pagar tres millones de pesos. Me respondió, abriendo los ojos y espantado, que eso se debía consultar con la presidenta. Pero le digo que no hay anda qué negociar, que no estoy dispuesto a vender nada. Eso fue una alerta para que le bajáramos. Hubo insistencia de parte de ellos. Mediante llamadas me invitaban a reunirnos pero ya no asistí.

– ¿Te ofrecieron algo en concreto?

– Ya no supe, pero era claro. Daban un dinero por callarme y una promesa para las siguientes elecciones, tal vez un cargo, algo parecido. A Olivares lo volví a ver hasta el día de la detención –dice Iglesias, recordando el incidente. El joven había organizado una manifestación por Ayotzinapa, el 14 de noviembre del 2014. A esa marcha, dice, acudieron más policías que gente, para vigilarlo a él y a los manifestantes.

A Iglesias le preocupa que la acusación haya seguido ese curso. Si no se presenta, un juez girará orden de aprehensión para él y sus compañeros. Iglesias es militante del Movimiento de Regeneración Nacional, que participará por primera vez en las elecciones locales del Edomex este año. En Zinacantepec, la hija de la alcaldesa Olga Hernández, Olga Esquivel Hernández, competirá por el PRI para una diputación federal por el Distrito XXXIX, y que comprende también Zinacantepec. Olga, la actual presidenta municipal, ha sido acusada por desfalco, pero también por hacer pasar obras públicas de origen estatal y federal como si fuera de su ayuntamiento. Esta simulación está documentada y los propios Iglesias y Morales tienen una lista, además, de obra que se anuncia como concluida cuando en realidad no lo está. Una preparatoria y la Casa del Adulto Mayor, de San Luis Mextepec, son los ejemplos que denunciaron los ahora investigados por la PGJEM.

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