Un tipo refinado

* “El primero de junio de 2005 la Presidencia de la República confirmó la renuncia de Abascal Carranza para ser nombrado, de inmediato, titular de la Secretaría de Gobernación. Ese mismo día se encendieron las alarmas en el campamento de Napoleón Gómez Urrutia al conocer el nombre del nuevo secretario del Trabajo. Se trataba de Francisco Xavier Salazar Sáenz, un viejo político panista relacionado en forma muy estrecha, desde la década de 1970, con la cúpula de la organización secreta de extrema derecha conocida como El Yunque”, escribe el periodista Francisco Cruz en el libro Los Amos de la Mafia Sindical, editado por Planeta en el 2013.

Francisco Cruz Jiménez

“…Napoleón es un tipo refinado, elegante, que había hecho 20 años de carrera financiera, de servicios e industrial, además de su desarrollo en la administración pública federal y sus afiliaciones al Colegio Nacional de Economistas, la Academia Mexicana de Finanzas Públicas y la Wadham College Society —reconocida por su tendencia progresista-liberal, y entre cuyos integrantes destacan Rowan Williams, ex arzobispo de Canterbury, primado de la Iglesia de Inglaterra y líder espiritual de la Comunión Anglicana; y la escritora y novelista bangladesí Monica Ali, autora de Brick Lane, Alentejo Blue, In The Kitchen y Untold Story—; con posgrados en universidades de Alemania y Reino Unido, a su llegada al sindicato minero rompió el estereotipo de los líderes mexicanos, y eso no lo puede decir cualquiera de los dirigentes sindicales.

”Encumbrado, utilizó experiencia y conocimientos para internacionalizar el sindicato, los canadienses mordieron el anzuelo, se fortaleció su relación, que se haría muy estrecha con el paso del tiempo; y no sólo lo aprovecharon, sino que lo protegieron, recibieron y, al margen del tipo de visa, en 2006 lo exiliaron con los brazos abiertos a través de la protección de los grandes sindicatos mineros, así como la International Metalworkers Federation (IMF) y la United Steelworkers, que representa a 850 mil trabajadores en Estados Unidos y Canadá. Y, poco a poco, los canadienses han ganado terreno en México, con pocas inversiones, pero grandes ganancias. Esa situación no es obra de la casualidad. Napito sabe cómo hacer amigos. Tiene muchas habilidades, pero sobresale una: habla de lo que le interesa y quiere saber la persona que tiene enfrente; puede sobrevivir en un mercado de ideas porque es talentoso para los negocios y encantar a una serpiente”.

Antes de que salieran a la superficie sus conflictos con algunos empresarios, había cuestiones que Gómez Urrutia no podía ocultar y que se reflejaban en el empobrecimiento de los mineros y su trabajo. En 2004 llegó a una serie de acuerdos con ejecutivos del Grupo México —su enemigo declarado—, avalados por la Secretaría del Trabajo, con los que consolidó convenios con empresarios terceros o subrogación de servicios, y que extendería a la mayoría de las secciones sindicales. El significado real: subcontratar trabajadores con otras empresas que se encargaban, por ejemplo, de las medidas de conservación y mantenimiento dentro de las instalaciones de la mina Pasta de Conchos, en Nueva Rosita, Coahuila. La transacción era apetitosa: de las aportaciones que hacían las empresas contratistas por cada trabajador designado a realizar labores en las plantas mineras y metalúrgicas, 40 por ciento se quedaba en las secciones locales y el restante se entregaba al Comité Ejecutivo Nacional. Sólo en 2005, el sindicato acumuló 350 millones de pesos como compensación por permitir las labores de las empresas contratistas.

Ciertamente, hubo fricciones en la relación Abascal Carranza-Gómez Urrutia. Se notaba la desconfianza mutua, reflejada en los intentos de Napoleón por crearse la imagen de líder independiente. Como advierten las reseñas cronológicas del sindicato: “Del año 2001 al 2005 fue creciendo la presencia en diversos foros y tema; en las revisiones contractuales y salariales se distinguió por lograr aumentos por encima de los topes y promedios nacionales; por oponerse a la reforma laboral de Fox, de 2002 a 2004, y a la reforma fiscal de 2003 y 2005; así como a los aumentos al salario mínimo de esos años; por presentar alternativas de cambio en la directiva del Congreso del Trabajo, distintas a las oficiales, surgidas y controladas desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y en otros aspectos más”.

Napito movía sus piezas, pero, desde el primer día de su reconocimiento oficial y durante los siguientes tres años, sus relaciones con Abascal Carranza y el foxismo parecieron una luna de miel. Ninguno cuestionaba ni se preguntaba sobre los costos políticos futuros. La confianza alcanzó niveles insospechados. El heredero los había encantado; de otra forma no puede explicarse por qué el 3 de marzo de 2005 —después de un acuerdo pactado en octubre de 2004— Abascal Carranza autorizó transferir a las cuentas bancarias del sindicato 55 millones de dólares depositados muy a fuerza por el Grupo México para repartirlos, proporcional y equitativamente, entre los, aproximadamente, 6 mil 500 obreros afectados en el proceso de privatización de las empresas estatales Mexicana de Cobre en Nacozari, en 1988, y Compañía Minera Cananea, en Cananea, en 1990, el centro minero más importante del país, y uno de los yacimientos cupríferos más grandes del mundo, quebrado a propósito, según las evidencias, por el salinismo.

Como escribió en noviembre de 2006 el periodista Alberto Barranco, lo dramático del asunto no es que Abascal Carranza haya concedido la toma de nota, sino que haya avalado el traspaso de los recursos con la simple promesa de Gómez Urrutia de repartirlo con equidad y justicia.

De forma imprevista, el primero de junio de 2005 la Presidencia de la República confirmó la renuncia de Abascal Carranza para ser nombrado, de inmediato, titular de la Secretaría de Gobernación. Ese mismo día se encendieron las alarmas en el campamento de Napoleón Gómez Urrutia al conocer el nombre del nuevo secretario del Trabajo. Se trataba de Francisco Xavier Salazar Sáenz, un viejo político panista relacionado en forma muy estrecha, desde la década de 1970, con la cúpula de la organización secreta de extrema derecha conocida como El Yunque y, en su momento, activista del Movimiento Universitario de Renovadora Orientación (MURO), otro grupo radical derechista. Pero lo que más causó inquietud en la cúpula del sindicato minero fue que Salazar Sáenz era uno de los funcionarios foxistas cercanos a los magnates del sector minero enemigos de Napito.

Entre esos barones de la minería mexicana destacaba Germán Larrea Mota Velasco, quien, después de un largo proceso y algunas huelgas, fue obligado a depositar los 55 millones de dólares del fideicomiso especial para las indemnizaciones mencionadas líneas arriba. Muy cercanos al magnate se encontraban Alberto Bailleres González, presidente de Grupo Bal, en cuyo conglomerado figura Industrias Peñoles; los hermanos Julio César, Pablo y Sergio Villarreal, del Grupo Villacero; y Alonso Ancira Elizondo, del Grupo Acerero del Norte, empresas todas que resintieron negativamente el vertiginoso e inesperado ascenso de Napito a la dirigencia sindical en el lugar de Napoleón Gómez Sada.

Una vez que estuvo a cargo de la Secretaría del Trabajo, Salazar Sáenz mantuvo, en apariencia, la misma política hacia los sindicatos que su antecesor: hacerse de la vista gorda, permitiendo la explotación de los obreros y el saqueo de los gremios. Sin embargo, su nombramiento no podía separarse de la consolidación de Felipe Calderón Hinojosa como precandidato panista a la Presidencia de la República; hecho que presagiaba muchas y malas noticias.

El 20 de enero de 2006, siete meses después de los cambios en la Secretaría del Trabajo, se materializaron los miedos del sindicato. Elías Morales Hernández, Miguel Castilleja Mendiola y José Martín Perales presentaron, ante la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Fiscales y Financieros de la Procuraduría General de la República (PGR), una acusación por defraudación y probable lavado de dinero, irregularmente saqueado del fideicomiso F/9645-2, y del cual se desconocía el destino final. En el escándalo se veían involucrados Napoleón II y 27 personas, así como el banco Scotiabank Inverlat. Según la denuncia y las posteriores indagaciones de la PGR, Napito había resultado un “uña larga” y estaba apropiándose del fideicomiso de los 55 millones de dólares destinados a los mineros de la Sección 65.

Ni con mucho fue lo peor de todo. Sobre si estaba presente o no la mano negra de los empresarios en esos movimientos, a fines de abril de 2007 el fallecido periodista Miguel Ángel Granado Chapa escribió en su columna “Plaza Pública”: “Larrea Mota-Velasco, con la fuerza que le da ser uno de los empresarios más ricos de México, con actividad minera en Estados Unidos y Perú, así como exploraciones en Australia, Irlanda, Chile y Canadá, ha emprendido una batalla mediática contra Gómez Urrutia. Por un lado, aunque no reconozca haberlo hecho, patrocina la difusión de un anónimo mensaje de televisión, ofensivo tanto como oneroso, contra el dirigente minero, al que se pide que regrese (se halla en Canadá, prófugo de la justicia), pero que regrese lo que se llevó. Hizo publicar, por otro lado, un desplegado en el que desmiente afirmaciones de Gómez Urrutia y a su vez lo denuesta. Y, por último, está sancochando información que el año pasado deslizó la Procuraduría General de la República que, incapaz de montar una acusación sólida contra el líder minero, como parte del embate en su contra, eligió el camino de la difamación por la vía de filtrar informes sobre presuntos movimientos financieros y patrimoniales del dirigente”.

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