La autopista del licenciado Peña Nieto

* Xochicuautla, un pueblo de 5 mil habitantes en el municipio de Lerma, a 40 minutos de Toluca, está a punto de cambiar para siempre. Una supervía, construida por el empresario Juan Armado Hinojosa, atravesará parte del lugar y arrasará con una forma de entender la vida, construida al paso de los siglos por la nación otomí. El gobierno del mexiquense Eruviel Ávila comenzó un proceso de expropiación que por ahora ha sido detenido por amparos interpuestos por los afectados, pero la activación de las obras del nuevo aeropuerto de la ciudad de México, con el cual se conecta la autopista, podría cambiar todo llegado septiembre del 2015.

 

Miguel Alvarado

Xochicuautla, Lerma; 17 de febrero del 2015. Ignacia y su familia juegan con las flores cortadas al paso, nacidas al pie de su propia altura y se abrazan, afuera de su casa, junto a una varilla metálica envuelta en plástico que fosforesce, clavada en el césped. Muy juntos, se acompañan mientras apuntan sus dedos a la señal, límite de la carretera que pasará por allí, descifrado el mensaje que envía desde el óxido el gobierno administrado por el Grupo Atlacomulco. Para la familia ésos qué, ésos no eran nadie, ni siquiera cuando llegaron, hace ocho años, montados en la ola del confuso progreso que dictaba que encima de propiedades de la nación otomí habrá una autopista con centro comercial y de negocios como Santa Fe, en el Distrito Federal. Ésos no eran nadie hasta que en Xochicuautla se enteraron de que les quitarían sus casas, los llevarían a vivir a otro lado, arrasando de paso 960 mil metros cuadrados del Gran Bosque de Agua, parte de las 235 mil hectáreas que proveen de agua a los valles de Toluca y México. Según estudios de la UNAM, cada año se pierden 2 mil 400 hectáreas de ese bosque, “equivalente a nueve campos de futbol, diariamente”.

Los policías estatales, enviados por la administración del gobernador priista Eruviel Ávila, dicen a los vecinos que “si no se quitan los vamos a quitar”. La amenaza no se ha cumplido pero las varas amarillas permanecen encajadas como señal del futuro. Lo que se avecina es un centro comercial de primer mundo para que la autopista la autopista Aeropuerto Toluca-Interlomas Naucalpan- Nuevo Aeropuerto Ciudad de México tenga razón de ser, y un superfraccionamiento en Atarasquillo, Lerma, llamado Reserva Santa Fe, descrito por sus constructores, Taller de Operaciones Ambientales (TOA), como un “plan maestro diseñado dentro de una reserva ecológica, integrando zonas de conservación y restauración del bosque con un desarrollo residencial de bajo impacto ambiental. Fueron incluidas estrategias de restauración, captura y reutilización de agua, producción de energía, producción de alimento e integración comunitaria; así como un monitoreo del desempeño ecológico del sitio buscando generar prácticas de diseño y estilo de vida en México para comunidades de bajo impacto”.

Resbalosa y verde, en esa ladera escuchamos niños cantando y pensamos que allí había amor y odio y caminamos hacia ellos, cuidándonos de no caer. Se ocultaban en la maleza y los árboles que yacen. Los niños, tragados por las yerbas, cantaban lo mismo que se oye en la Tierra Colorada de Guerrero. Su “Zapata vive…” no tenía fecha de ayer ni era artilugio de protestas multitudinarias. Sólo cantaban porque sí.

Los que andan se detienen, prestan atención y observan. El canto parece que nace de los troncos.

Zapata vive. Xochicuautla sigue.

El Taller de Operaciones Ambientales no le ha preguntado a nadie en Atarasquillo si quieren ese superdesarrollo sustentable, pero en su página web fotos de los escenarios vislumbran lo que será ese proyecto. El perfil de TOA incluye el diseño del Parque Bicentenario de Metepec, en el 2008, para el gobierno del Estado de México, que se disfrazó como un triunfo ecologista de los vecinos de la zona, pero que en realidad representó un primer paso para la privatización de un predio público.

“Esta es la autopista del licenciado Peña Nieto”, les dicen a los vecinos los granaderos, cuya ausencia es más siniestra que sus patrullajes en los límites de un cerro condenado a la extinción por el trazo de la carretera, a cargo de Autovan desde el 2007, una empresa de Juan Armando Hinojosa, quien mantiene contratos vigentes en todo el país por casi 50 mil millones de pesos y que para esta carretera obtuvo 2 mil millones del erario público mexiquense, en el 2013. Y es que la obra era una promesa de campaña de Peña, cuando buscaba la gubernatura mexiquense.

Para que los comuneros aceptaran el plan, que arrasa ya con un ecosistema que sustenta a la región de una forma para entender la vida, Hinojosa les ofreció hasta 50 mil pesos a cada uno para conciliar y otras prebendas que, en conjunto, representaban cerca de 13 millones de pesos, en el marco de asambleas simuladas, forzadas para obtener la aprobación. Pero las denuncias y resistencia de los directamente afectados al final surtieron efecto, cuando “el 15 de mayo (del 2014) el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito anuló la asamblea general de comuneros de San Francisco Xochicuautla”, recuerda el semanario Proceso.

Los gobiernos apoyan de manera incondicional a la empresa de Hinojosa Cantú. La alcaldía de Lerma, por ejemplo, publicaba en el 2012 una resolución donde afirmaba que la región “carece de algún valor histórico, social o cultural” Eso se usó como punta de lanza para que, en el 2012, el gobernador Eruviel Ávila recurriera a la expropiación directa de tierras, como publicó la Gaceta de Gobierno del Estado de México el jueves 4 de octubre del 2012, en el número 66. En ese decreto, el gobierno mexiquense justifica que es “un factor determinante para el desarrollo económico y social de la Entidad, la consolidación ampliación y modernización de la red de autopistas de altas especificaciones que hagan más segura, económica y confortable la interconexión de polos de desarrollo industrial, turístico, comercial y en general el transporte de bienes y personas; destacando que esta obra carretera, enlaza directamente con el Aeropuerto Internacional de Toluca, a toda la zona norte y noreste de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, lo que significa una enorme aportación al desarrollo socioeconómico no solo para el Estado de México, sino para todo el centro del país”.

Los amparos, para los afectados, sólo funcionaron en el papel. La obra, iniciada hace ocho años sin existir todavía un decreto, es un ejemplo de impunidad. El bosque, detrás de las casas, es devorado por talamontes nocturnos que ganan, silenciosos, metros para Autovan.

Para el gobierno federal, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México no puede quedar incomunicado en la intrincación de pistas de cuota que marginan a quienes no puedan pagar los peajes y que cortan el paso común. Modernas fronteras internas, esas vías, construidas sobre propiedades comunales o privadas, usan dinero público para un negocio privado cuyos beneficiarios están relacionados con las familias en el poder.

La paciencia está de parte de los contratistas. El nuevo aeropuerto de la ciudad de México debió esperar quince años luego de que los comuneros de San Salvador Atenco defendieran sus tierras en el 2001 y en el 2006 sufrieran una de las peores represiones de parte del gobierno de Enrique Peña, entonces Ejecutivo mexiquense. Si las tierras del ex vaso de Texcoco no se vendieron por las malas, la Conagua montó una campaña silenciosa para comprarlas con otra excusa: la recuperación del entorno. Hace un año, ya había tierra suficiente para el aeropuerto y casi nadie se dio cuenta. Ahora, anunciadas las inversiones por 169 mil millones de pesos, es cuestión de tiempo para que todo cambie de manera radical.

En Xochicuautla, los afectados por Hinojosa denuncian que una compañía, Di Terra Consultores Ambientales, con sede en Metepec, Edomex, ha capturado y se ha llevado a los animales cuyo hábitat eran esos cerros, contratada por el gobierno estatal. Ese bosque es un silencio que desde la ceguera empresarial lanza una alerta que por lo pronto advierte que, además de Xochicuautla, otros poblados como Huizapa están en la mira. Los sitios emblemáticos de la nación otomí ya están afectados. La Cañada de Alférez está cercada, privatizada. La Campana, lugar donde se cree se originó la vida; La Palmita; la Piedra China; el Cerro de la Verónica o El Llanito, donde aparece la Virgen de Guadalupe, serán arrasados y se prepara el desvío de manantiales y ríos subterráneos hacia el DF.

“Con la construcción de la autopista se verá truncada la ruta sagrada Ndañu-Donikjä, en la cual se realizan diversas festividades ñhañhus milenarias, entre ellas la ceremonia del Fuego Nuevo. Esta ruta sagrada se hace anualmente desde la comunidad indígena de San Lorenzo Huitzizilapan hasta el punto más alto del municipio de Lerma. También quedarían cortados de tajo los senderos sagrados que conducen desde el lado norte hacia el santuario de Nacelagua, el cual, además, ha sido privatizado en 99 por ciento al venderse para la construcción de un fraccionamiento privado de lujo denominado Reserva Santa Fe, en lo que son parte de los terrenos de Santa María Atarasquillo, que fue el primer ejido en privatizar parte de sus tierras tras la reforma agraria impulsada por Carlos Salinas de Gortari”, apunta el Frente de Pueblos.

San Francisco Xochicuautla es una población de Lerma, a 40 minutos del centro de Toluca y separada de la cabecera municipal por un tramo carretero donde puede verse el trazo de la autopista, que espera imperturbable. Con unos 5 mil habitantes, el 14 por ciento hablante de alguna lengua indígena, conserva todavía tradiciones prehispánicas iniciadas por las comunidades ñhato, otomíes del Alto Lerma, protegidas por convenios internacionales y avaladas por el gobierno mexiquense y federal en su momento, y que ahora niegan, para que allí pase, por 300 hectáreas de bosque, la autopista.

Xochicuautla comparte el mismo destino carretero con los poblados de Huitzizilapan y Santa Cruz Ayotuxco, involucrados también en el trazo que Autovan presentó, y que tiene un costo estimado de 3 mil millones de pesos. Incluso, en septiembre del 2013, el propio presidente de México, Enrique Peña, firmaba ante la ONU documentos que garantizan respetar a la nación otomí, recuerda el periodista David Galeano.

Francisco Reyes Flores, de 25 años, es uno de los vecinos afectados. Campesino de la comunidad, fue detenido por la policía del Estado de México el 3 de noviembre del 2014, al mediodía, cuando los pobladores se dieron cuenta de que la empresa Autovan reanudaba las obras. Encabezados por el doctor Armando García Salazar, delegado y representante, presentaron amparos y argumentos que demostraban a los empleados de Hinojosa que no tenían derecho a reactivar los trabajos.

Cuando llegaron, ya había granaderos para proteger a los de Autovan. Una multitud presenciaba aquello y el Consejo Supremo, del lado de los colonos, decidió formar un comité de cinco personas para dialogar. La llegada de medios de comunicación no ayudó en nada y ese primer intento de acuerdo se rompería. Los dichos de los comuneros son grabados por las cámaras: los de Autovan permanecieron silenciosos, no respondieron a las peticiones para mostrar documentos que les permitieran continuar las obras. Finalmente, los medios se retiraron y en ese momento Autovan reaccionaría.

Los granaderos, en fila, esperaron la orden del comandante mientras los de Autovan regresaban a trabajar. La gente volvió a oponerse y esta vez ocho personas formaron una valla para impedir el avance.

-Nosotros traemos la autoridad –les decía el encargado de la obra.

Acto seguido, los granaderos apresaron a los colonos.

– ¿¡¡¡No que muy cabrón!!!? – increparon los gendarmes a Francisco Reyes, mientras lo arrastraban, aunque todavía alcanzaba a preguntarles qué había hecho.

La respuesta  viene en una patrulla. Francisco se ve levantado en vilo, aventado boca abajo y aunque se queja diciendo que ha sido lastimado, sólo obtiene un “¡cállate o aquí te rompemos la madre!”.

Luego, junto con otras siete personas, fue llevado a la Procuraduría, donde permaneció detenido 48 horas, en espera de que alguien los denunciara por algún delito. Nadie acudió y los colonos fueron liberados.

– ¿Te han amenazado después?

Los árboles crujieron y el silencio se recargó, escurriéndose en lo oscuro.

– No, no soy delincuente para que me anden amenazando, pero si llegara a pasar lo voy a publicar. Aquella vez nos quisieron interrogar antes de que declaráramos, pero nos negamos. La gente nos apoyó, nos defendió, junto con un abogado particular.

Luego voltea a ver el bosque, donde se observa el avance de los talamontes que atestigua árboles arrancados, abandonados en las brechas.

– Siembro maíz, el haba. A mi patrimonio se lo va a llevar la autopista. Los de Autovan alegan que una asamblea, la del 30 de abril del 2012, les da el poder de entrar a las tierras y trabajar en la obra. Pero todas las asambleas se han caído porque nosotros obtuvimos amparos que las anulan.

Esas reuniones fueron custodiadas por hasta 800 granaderos, estatales y municipales. En 1951 un decreto presidencial otorgaba a los otomíes la posesión comunal de mil 902 hectáreas. La Federación, ahora, desconoce esos tratados. El amparo 647/2011, emitido por el Tribunal Colegiado de Toluca y que mandataba al magistrado del Tribunal Unitario Agrario con Distrito Nueve, fue obtenido el 14 de agosto del 2012 y ordenaba una sentencia en la cual se comprueba que no hay ninguna causa que perseguir, ningún acuerdo realizado era válido y que las obras se debían detener. Desde esa fecha Autovan ha manejado todo de otra manera y eso incluye la intimidación con granaderos, la ocupación de calles y caminos con agentes de la policía que han comenzado por molestar a quienes pasan por allí, acosando a las jovencitas o solamente hablando a gritos sobre los que les va a pasar a quienes no se vayan. Otro amparo, el 503-2013 del 27 de mayo del 2013, ordenaba la suspensión provisional de las obras.

Pero esos documentos no le importan a Autovan. Con 109 comuneros a favor de la autopista y aprovechando que el resto -en total son 442- abandonara las asambleas, Autovan consiguió autorización para una ocupación previa. Así, la compañía comenzó a abrir brechas y establecer trazos para la autopista, de 22 kilómetros de largo, violando aquel amparo. Incluso la empresa ya ha realizado un pago –a los cuatro comisariados- para ejecutar el trabajo.

La autopista tiene la forma de una luna, la luna de una uña. El pueblo queda dentro pero las propiedades de los afectados son atravesadas por ese trazo, que invade primero la casa del delegado Armando Martínez, pero además destruye uno de los lugares de reunión para los otomíes, considerado como sagrado, la Primera Capilla, que marca el inicio de un camino de peregrinos. El trazo continúa hasta el Cerro de la Campana, cerrando el paso a los celebrantes.

El objetivo fundamental de pasar la carretera precisamente por estos puntos es quedarse con afluentes de agua y que riegan una gran parte de Lerma y Toluca. El trazo carretero reducirá en 250 millones de litros la producción de agua. Los mantos apenas contienen 30 por ciento del agua que un día acumularon. Actualmente, en la región hay el triple de pozos autorizados por la Comisión Nacional del Agua, operando sin control alguno. La carretera pasará entre las ciénegas de Chignahuapan y Chimaliapan, pertenecientes al Lerma, según datos del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra.

Porque en Atarasquillo estará el nuevo complejo Santa Fe, en un llano llamado La Sabanilla, que ya se eligió para zonas residenciales, un complejo de la Coca-Cola, otro de la Nestlé y un club de golf. A los actuales dueños se les ha ofrecido mil 500 pesos por metro cuadrado y ya hay inversiones chinas y francesas para esos procesos. La construcción del nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México comenzará en septiembre del 2015 y eso también afectará a las obras que lo complementan.

En la casa del delgado Armando Martínez, médico de profesión, un hombre trabaja sentado frente al enorme ventanal que domina Xochicuautla. Inmóvil, sólo sus manos se mueven en el oficio que practica y que alumbra el sol que entra. Xochicuautla a lo lejos, un valle desde esa altura, no parece, todavía, una población a punto de cambiar para siempre. Pero Martínez borra de inmediato esa idea y sostiene que el ecosistema será diferente porque un segmento del bosque y sus afluentes dejarán de existir. Los animales serán arrancados de sus hábitats y las tradiciones otomíes enterradas para siempre, a pesar de estar protegidas por tratados internacionales.

Pasaron los perros cruzando, regresando o gruñendo por brechas todavía más largas.

Debimos ver al sol puliendo el bosque, creciendo sobre cimientos de concreto, deshojándose en los ojos que nos seguían, pero no lo hicimos.

Y aunque algunos voltean y miran, no dicen qué, qué habrían de decir cuando sobrevuela un helicóptero de la policía del Estado de México destellando su ojo único de vidrio. Los ruidos del bosque fueron borrados por las hélices y las sombras dispersadas en el aspaviento.

Lo esperábamos.

Después llegaron los granaderos, a rondar por ahí.

Ignacia abraza los árboles mientras sus hijos la abrazan a ella.

El guión es este: no vayas todavía: está oscuro y las luces aún no se encienden en Xochicuautla.

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