Las extrañas cuentas de Oralia Casso

* “Investigadores de la PGR y Hacienda, con apoyo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), habían detectado 40 cuentas propiedad de Gómez Urrutia y su esposa, y le seguían la pista a depósitos por 6 millones 595 mil 370 dólares en siete países —2 millones 620 mil 174.71 dólares a nombre de Gómez Urrutia y el resto al de Oralia Casso—. Las investigaciones involucraban también a los hijos del dirigente, así como a su chofer, Juan José Ruvalcaba”, escribe el periodista Francisco Cruz para el libro Los Amos de la Mafia Sindical, editado por Planeta en el 2013.

 

Francisco Cruz Jiménez

Dado el primer golpe, con demasiada información a la prensa sobre las supuestas actividades irregulares de Napito y su círculo cercano de colaboradores —incluidos su esposa Oralia Casso Valdés y dos hijos de la pareja—, Salazar Sáenz logró mantener alejados a los reporteros de la Secretaría del Trabajo que tenía sus planes propios. Debido a lo que sucedió en las siguientes semanas, puede compararse la desgracia de Gómez Urrutia con los derrocamientos de Carlos Jonguitud Barrios y Joaquín Hernández Galicia a cargo de Salinas de Gortari en 1989; así como el de la profesora Elba Esther Gordillo Morales por Enrique Peña Nieto en febrero de 2013.

Mientras los periodistas daban puntual seguimiento a las acusaciones por fraude y lavado de dinero, que por cierto este supuesto delito nunca existió, la Secretaría del Trabajo alistaba un segundo golpe. El 14 de febrero, el líder ferrocarrilero Víctor Flores aceptó, una vez más, jugar el papel de esquirol y prorrogar —ilegalmente— su mandato como presidente del Congreso del Trabajo. Todo mundo sabía que la orden había salido de su “jefe”, Vicente Fox Quesada, vía Salazar Sáenz. La autorización incluía el visto bueno de algunos magnates mineros, así como de operadores de la campaña presidencial calderonista. Flores y sus seguidores, quienes habían apostado por el panismo, también esperaban la victoria electoral de Calderón.

En su estudio, Congreso del Trabajo: reelección y conflicto, el doctor Max Ortega, profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), explica cómo el triunfo panista ratificó el empoderamiento de los distintos charros sindicales que controlaban el destino nacional: “El principal argumento esgrimido por Flores a favor de su reelección o ‘prolongación de mandato’ fue de carácter político. Según dijo a sus aliados, los altos mandos de la Secretaría del Trabajo le habían pedido que, ‘a toda costa’ y ‘cueste lo que cueste’, se mantuviera en el cargo hasta que concluyeran los comicios presidenciales. […] De un total de 25 organizaciones con registro vigente y con derecho a votar, 11 votaron por Flores, para un año más, mientras que otras 14 votaron por Isaías González Cuevas, líder de la CROC, para la presidencia, y Napoleón Gómez Urrutia, del sindicato minero, e Ignacio Paleta, de la CROM, como primero y segundo vicepresidentes”.

El viernes 17 de febrero, Salazar Sáenz tomó nota de la ampliación de mandato de Víctor Flores. Napito se había convertido en el dolor de cabeza del panismo —la Presidencia de la República y el cuartel del calderonismo—, así como en una ambición de carácter político porque, al menos así lo pensaban funcionarios del foxismo, su captura arrojaría buenos dividendos en los comicios que se realizarían en julio de 2006.

Literalmente, el Congreso del Trabajo era un muerto insepulto, como declaró López Mayrén. Y en sus conclusiones, Max Ortega hace un señalamiento concreto: “Se abrió la vertiente de una crisis de la relación del CT con el gobierno de Fox, dado que al avalar la Secretaría del Trabajo ‘la ilegalidad’ mediante la toma de nota [A Flores] quebró la autonomía del sindicalismo corporativo y proyectó al mismo tiempo su acción ominosa, amenazante, sobre el conjunto del sindicalismo mexicano”.

Visto en retrospectiva, la guerra político-judicial de los panistas contra Napoleón II ha sido una de las más atractivas en el México moderno. Si se vale la expresión, puede decirse que los gobiernos de Fox y Calderón estaban inmersos en una partida de póker, con Napito a la espalda, bebiendo una copa de champaña, riendo y viéndoles todas las cartas; y este último resultó un excelente jugador. De poco les sirvió a los panistas jugar primero de la mano de Salazar Sáenz y luego de la de Javier Lozano Alarcón, porque estaban jugando contra un fantasma. Nadie recordaba con precisión cuál era la última, o más reciente, referencia, pública, de Napoleón González Urrutia.

En esta contienda, las autoridades —la Procuraduría General de la República, así como las secretarías de Hacienda, y del Trabajo— le hicieron “manita de puerco” a Gómez Urrutia cuando filtraron informaciones para desprestigiar a su esposa Oralia Casso. De acuerdo con las investigaciones oficiales, le habían detectado, al menos, 19 cuentas bancarias, en México y el extranjero, en las que recibía fondos presuntamente relacionados con el sindicato. Y, en algunos casos, eran usadas exclusivamente para hacer transferencias a otras cuentas. Había de todos los calibres. En una de las transacciones detectadas, desde una cuenta con número 37498026-140, en el ING Bank de Ginebra, se transfirieron 50 mil dólares el 9 de julio de 2005 a otra en el Royal Bank of Scotland, con sede en la Isla de Jersey. Horas después, los mismos fondos habían pasado a otra cuenta en el Commonwealth Bank de las Bahamas. Pero había también de sucursales del Citibank en Ginebra y en Madrid; así como dos sucursales del Lloyds Bank, de Londres, a nombre de Oralia Casso, que canalizaron fondos a cuentas en las Bahamas, Islas Caimán, Isla de Jersey y la Isla de Man.

Sin embargo, Oralia Casso, al igual que su esposo, se había desvanecido sin rastros desde noviembre de 2005. Entre marzo y abril de 2006, el Servicio de Administración Tributaria no pudo localizarla ni siquiera en su domicilio ubicado en la ciudad de Monterrey para que respondiera a cuestionamientos sobre su ejercicio fiscal 2004. Le pedían que comprobara sus ingresos y el respectivo pago del impuesto sobre la renta (ISR). Para entonces, investigadores de la PGR y Hacienda, con apoyo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), habían detectado 40 cuentas propiedad de Gómez Urrutia y su esposa, y le seguían la pista a depósitos por 6 millones 595 mil 370 dólares en siete países —2 millones 620 mil 174.71 dólares a nombre de Gómez Urrutia y el resto al de Oralia Casso—. Las investigaciones involucraban también a los hijos del dirigente, así como a su chofer, Juan José Ruvalcaba. Según un edicto publicado en el Diario Oficial de la Federación durante la segunda quincena de abril de 2006, las autoridades también indagaban a Juan Linares Montúfar y José Ángel Rocha Pérez, cercanos colaboradores de Napito e integrantes del sindicato minero.

La esposa de Gómez Urrutia no estaba dada de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, por lo que fue requerida en su domicilio de Calzada Del Valle, en San Pedro Garza García, Nuevo León. La notificación señalaba que la información y documentación debía ser presentada de manera completa, correcta y oportuna en un plazo de 15 días. Debía dar cuenta de sus declaraciones anuales, copias contables de las actividades económicas que desempeñaba, monto de ingresos y de retenciones de impuestos, si había prestado servicios a empresas o alguna asociación civil, o si era socia, accionista o miembro de algún consejo.

Lentas o de plano incapaces en muchos casos, las autoridades panistas se aplicaron en éste y, según informaron —aunque, conspirativos y revanchistas como eran, en la campaña de desprestigio todo lo filtraban como parte de la rumorología del tema—, se le rastrearon adquisiciones de muebles antiguos en la tienda Allan Knight and Associates, en Dallas, empresa especializada en mobiliario de colección, donde pagó 500 mil pesos a través del JP Morgan Chase Bank. También había registros de compras a la Talebi Rug Gallery, en la misma ciudad, por efecto de accesorios, artículos de baño y cocinas, con un monto superior a 333 mil pesos.

Por la forma en la que filtraron la información, siempre se abrió paso a la especulación. Hubo un linchamiento mediático bien dirigido por las autoridades panistas. El caso se litigó en los medios. Según la PGR, las cuentas de Oralia Casso, que rondaban los 4 millones de dólares, se distribuían de la siguiente manera: en los bancos HSBC y Solbank Londres, el saldo era de 199 mil 905.31 dólares; en el Solbank y Banco de España había 390 mil 770.92 dólares; en Suiza, los depósitos en el Fortis Bank ascendían a 7 mil 859.33 dólares; en México, en los bancos Scotiabank Inverlat y RBC —por Royal Bank of Canada— sumaban un millón 63 mil 690 dólares; en Bahamas, las cuentas del Ansbacher tenían 768 mil 751 dólares; mientras en Jersey, en el banco Hambros, RBC y Fortis Bank, contemplaban en total un millón 545 mil 219 dólares.

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