El recorte maldito

Marco Antonio Durán

México, DF; 17 de marzo del 2015. El recorte al gasto público anunciado por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, para compensar la caída en los ingresos petroleros del gobierno, no fue homogéneo para todos los sectores: mientras algunas dependencias ajustaron su presupuesto de inversión y gasto corriente —en particular el ramo 1000 (Servicios Personales)— como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que sufrieron una sustancial disminución porque aportaron 58 por ciento del recorte, otros órganos de gobierno no fueron tocados en lo mínimo.

Los poderes Legislativo y Judicial, así como el Instituto Nacional Electoral (INE) y los partidos políticos, por ejemplo, no sufrieron cambio alguno en sus asignaciones, como si la crisis financiera en la que se metió el gobierno federal fuera exclusiva de la sociedad, que será la más afectada y a la que, por cierto, nunca se le da una explicación razonable.

Si las cuentas no salen o las estrategias económicas no son las adecuadas, el recorte debía incluir —por simple justicia— a los principales culpables del fracaso: el Poder Legislativo. Si bien la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos 2015 fueron elaborados y presentados por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda, también fueron analizados y aprobados por los legisladores.

Por eso, en ellos debería recaer el ajuste con mayor rigor. Ellos deberían ser los primeros en asumir la responsabilidad por no haber hecho su trabajo en forma correcta, por no haber cumplido con el mandato constitucional que tienen.

¿No fueron los legisladores quienes fijaron el precio del barril del petróleo? ¿No fueron ellos quienes decidieron el nivel de deuda? ¿Acaso no fueron ellos quienes fijaron el nivel de impuestos a recaudar, quienes corrigieron las planas a la Secretaría de Hacienda y decidieron qué rubros afectar y a qué renglones redirigir los recursos, incluyendo las partidas discrecionales que se asignaron para los ya famosos moches? ¿No son los responsables de aprobar las reformas Fiscal y Energética que garantizarían los recursos necesarios para todo el sexenio?

Finalmente, ¿a quién se debe responsabilizar de haber levantado la mano para aprobar el sainete económico de este país?

A pesar de la torpeza en la aprobación de una Ley de Ingresos y Egresos mal hecha, legisladores, jueces —de la mano de partidos políticos— y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), por mencionar algunos, no sólo no fueron sujetos al recorte sino que, cómplices del galimatías financiero, seguirán gozando de recursos ilimitados.

Mucho se ha escrito sobre el recorte al que fueron sometidas algunas dependencias, lo que cada una dejará de percibir y gastar en inversión o en asuntos propios de su operación; por eso, ahora es importante hablar de lo que no se ha dicho.

El Poder Legislativo, por ejemplo, ejercerá su presupuesto completo para 2015. Diputados y senadores dispondrán de poco más de 13 mil 398 millones de pesos.

Aunque ellos diseñaron el fracaso de la estrategia económica, este año los señores legisladores dispondrán de 8 mil 9 millones de pesos en sueldos y salarios, o 60 por ciento de todo su presupuesto, además de 431.7 millones para estímulos. Todo lo anterior correspondiente al Ramo 1000 de Servicios Personales.

La cosa no para ahí. Por lo que corresponde al Ramo 2000 —Materiales y Suministros— se asignaron 80 millones en gasto para alimentos y 12.5 millones para combustibles y lubricantes, así como 6.9 millones para ropa deportiva.

En el llamado Ramo 3000 se otorgaron 128.5 millones para viáticos y traslados, 172.9 millones para publicidad, 174 millones para arrendamiento —oficinas externas— y 2 mil 178 millones para servicios generales, recursos que no son sujetos a comprobar.

Es fundamental detenerse en este renglón para observar que, en la actual Legislatura, una diputada del PRI, Lourdes Quiñones Navarrete y otra del PAN, Tania Morgan Navarrete, viajaron a Australia para asistir a un congreso sobre la mujer. El vuelo comercial, ida y vuelta, tuvo un costo de 193 mil pesos por cada una, mientras los siete días que duró el viaje incluyeron viáticos por más de 26 mil pesos, también para cada una, según se desprende un informe que la Cámara de Diputados entregó al portal electrónico Reporte Índigo (5 de febrero de 2015). Además, para la plenaria del PAN, en Los Cabos, Baja California, la Legislatura pagó 750 mil pesos sólo por servicio de hospedaje y comidas

Para entender la dimensión de esas dos actividades es necesario poner en perspectiva que el salario mínimo que ellos fijaron para este año fue de 70.10 pesos, equivalente a 2 mil 103 pesos mensuales. Eso significa que los 193 mil pesos del pasaje de cada una de las legisladoras representaría el salario, por 30 días, de 92 personas o 184 trabajadores por ambos viajes.

El asunto no es menor si se toma en cuenta que en este país más de 54 millones de personas viven en la pobreza y más de 17 millones sobreviven con poco más de un dólar diario. Adicionalmente, según el Ramo 4000, este año los legisladores entregarán donativos por un millón 140 mil pesos sin dar ninguna explicación.

Por lo que corresponde al Ramo 5000, este considera 115.5 millones de pesos para la compra de mobiliario y equipo, que incluye una partida para adquirir, por ejemplo, Smartphone de última generación, tabletas, computadoras personales del agrado de cada legislador, televisiones y servicio de televisión de paga, así como sillones, mesas y muebles que les hagan más cómoda sus estancia.

 

Poder Judicial

 

Aunque la justicia está ausente en México y las estadísticas nacionales sobre seguridad arrojen que 95 por ciento de los delitos en el país quedan impunes y que menos del 5 por ciento de los indiciados recibe una sentencia condenatoria, el Poder Judicial recibe en 2015 un presupuestode casi 51 mil 800 millones de pesos, de los cuales 44 mil 867 serán destinados a sueldos y salarios a través de los gastosen Servicios Personales o Ramo 1000. Este renglón incluirá casi 288 millones en estímulos a funcionarios.

Como parte del Ramo 2000 o Materiales y Suministros para los encargados de hacer valer el “Estado de Derecho”se incluyeron 85.4 millones para alimentos y 77.9 millones paracombustibles y lubricantes, así como 14.4 millones para ropa deportiva.

Para Servicios Generales o Ramo 3000, el presupuesto arroja poco más de 54 millones de pesos para publicidad y 165 millones para viáticos y traslados, así como 475 millones para arrendamiento —oficinas alternas y transporte— y 840 millones para gastos generales, recursos discrecionales, pues no están etiquetados.

Llama la atención el monto al renglón de “servicios financieros y bancarios” que contempla poco más de 101.2 millones de pesos. Como los documentos oficiales no aclaran mayores detalles, siembran dudas y dejan la impresión de que esa cantidad se destinará para el manejo de sus cuentas personales y otros privilegios.

Sin ofrecer detalles a qué institución, organismo o personas, este año serán destinados 15.6 millones de pesos en donaciones. El dinero, pues, abunda para ellos. Y los jueces seguirán regalando dinero como si saliera de su bolsillo. Todo ello correspondiente al Ramo 4000.

Como si los excesos no fueran suficientes y aprovechando que todos los órdenes de gobierno hacen alarde del lujo y la ostentación, el Poder Judicial contará este año con 123 millones de pesos para la compra de tecnologías: televisión, servicios de cable, teléfonos móviles con planes ilimitados, internet, tabletas, computadoras personales y otros enseres como refrigeradores, sillones de cuero, escritorios de maderas finas y otros adornos.

 

Poder Ejecutivo

 

Si bien el recorte consideró un ajuste al presupuesto de la Presidencia de la Republica, éste fue, por decirlo menos, ridículo: apenas 158 millones de pesos de los 2 mil 296.3 millones que le fueron asignados como presupuesto para 2015.

La Presidencia gasta 162 millones para el pago de asistentes, así que el recorte parece ser meramente simbólico.

Por supuesto, el Ramo 1000 agrega que por concepto de Servicios Personales se erogarán mil 145.8 millones de pesos, es decir, 50 por ciento de todo el presupuestoque corresponde a sueldos y salarios. Al analizar otros rubros, se encuentra que sí hay de dónde reducir recursos, pero se ignoró. Los datos del Presupuesto refieren que este año serán asignados 56.8 millones de pesos para publicidad.

Isaac Katz, profesor e investigador del ITAM, señala que “se anunció una reducción de 10 por ciento en el rubro de Comunicación Social. Sólo en un país bananero el gobierno gasta infames cantidades en recursos para autopromocionarse. Prácticamente, a nadie le importan los anuncios que hace el gobierno de sí mismo”. (El Economista, primero de febrero del 2015).

Ahora bien, el Ramo 3000 desglosa que además de lo destinado a publicidad, también se otorgarán 19.1 millones para viáticos y traslados, 177.9 millones para servicios financieros, 175.6 para arrendamiento y 46.2 para gastos generales, es decir, recursos discrecionales no sujetos a comprobación.

En el Ramo 2000 o Materiales y suministros se entregarán 19.5 millones para alimentos y 53.8 millones para combustibles y lubricantes, además de 11 .6 millones en prendas de protección y deportivas. Y el Ramo 5000 incluye 12.1 millones para mobiliario y equipo.

 

Instituto Nacional Electoral

 

Este es un órgano que, por su autonomía y otras circunstancias políticas, se mueve aparte, y a pesar de que su trabajo deja mucho que desear, a nadie convence como árbitro electoral y menos a la hora de transparentar los procesos. Pero también recibirá un presupuesto millonario.

Con el único justificante de que es año electoral, el INE tendrá un Presupuesto de Egresos de 18 mil 572.4 millones de pesos, avalado por diputados y senadores. Del total de los recursos para la operación del órgano electoral, el Ramo 1000 considera 7 mil 893 millones para sueldos, salarios y prestaciones de consejeros, funcionarios y otros empleados, algo así como 43 por ciento del total y mil 271.6 millones para estímulos a servidores públicos.

Por su parte, el Ramo 2000 concederá 88.7 millones de pesos para alimentos, 85.7 millones para combustibles y lubricantes y 13.3 millones en prendas de protección y deportivas, mientras el Ramo 3000 consignará un importe de 150.4 millones de pesos para promocionar al Instituto después del cambio de nombre que sufrió.

El presupuesto de INE presume la mayor cantidad de dinero de todos los recursos para viáticos y traslados de cualquier dependencia de gobierno, porque los 625.2 millones de pesos representarán tres veces lo dispuesto para el Poder Judicial y cinco veces lo del Poder Legislativo.

Otro rubro lo representan los 24.5 millones que se destinarán a servicios financieros y bancarios. Debido a la poca transparencia y a la nula rendición de cuentas es posible especular que estos recursos se destinarán al manejo de las cuentas de los consejeros.

Adicionalmente, se consideran 837.2 millones de pesos para arrendamiento y 18.6 millones para servicios generales, partida discrecional que nadie sabe cuál es su uso real, mientras el Ramo 4000 revela que, al igual que cualquier otra dependencia, dispondrá de 11.9 millones de pesos para donativos que también serán usados a discreción.

Finalmente, el Ramo 5000 observa que habrá un presupuesto por 170 millones para mobiliario y equipo: mamparas, papeletas, lápices, plumas hojas y tintas indelebles. Y la austeridad, que tanto presume el gobierno federal, brilla por su ausencia.

 

Partidos Políticos

 

Aparte de lo dispuesto para el órgano electoral, el Presupuesto de Egresos de la Federación concede una partida extraordinaria de 5 mil 300 millones de pesos para repartir entre los partidos políticos. Los recursos serán destinados a las campañas de los candidatos respectivos. El órgano encargado de supervisar y revisar el buen uso de los dineros y espacios publicitarios será el INE.

Según el INE, de los 5 mil 300 millones de pesos, aproximadamente, que se entregarán a los partidos políticos, 3 mil 909.5 millones serán para actividades ordinarias, mil 172.8 millones para gastos de campañay 117.2 millones para investigación y educación cívica, además de156.3 millones para franquicias postales y 693 mil pesos para franquicias telegráficas.

El PRI tendrá asignaciones del orden de mil 376 millones de pesos o 25 por ciento. El PAN dispondrá de mil158 millones; el de la Revolución Democrática (PRD), 886.1 millones; el Verde Ecologista de México (PVEM), 444.7 millones; el del Trabajo (PT), 389.7 millones; el Nueva Alianza (Panal), 371.2 millones, y Movimiento Ciudadano (MC), 368.4 millones de pesos.

A los tres nuevos partidos aprobados —Humanista, Encuentro Social (PES) y Morena— les fueron asignados 120.9 millones de pesos cada uno.

 

Efectos del recorte en la población

 

Es reprobable el dispendio en que se incurre y es intolerable que se sigan gastando recursos a manos llenas mientras se lleva al máximo sacrificio a la sociedad mexicana.Y aunque el gobierno y algunos funcionarios defienden la medida y señalan que el recorte no tendrá efectos en la economía, es claro que la rasurada por 124 mil millones de pesos, que representa el 0.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) tendrá un impacto directo en los mexicanos de a pie.

El impacto que resentirá la población los registraron puntualmente calificadoras como Moody’s. Ésta redujo el crecimiento para México de 3.3 por ciento a fines de 2014 a 3 por ciento tras la caída del precio del petróleo y luego de anunciarse el ajuste al gasto lo disminuyó hasta 2.5 por ciento, mientras el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, admitió que el recorte costará al país medio punto porcentual este año.

Mucho tiene que ver que una tercera parte del recorte se dará en el gasto de inversión —18 mil 200 millones de pesos, equivalentes a 35 por ciento— y dos terceras partes al gasto corriente —34 mil 100 millones, que representan 65 por ciento—. En los dos casos, el efecto se resentirá directamente en la economía y su crecimiento.

Por un lado, la inversión pública o 18 mil 200 millones que se dejarán de gastar impedirán que haya más infraestructura pública—carreteras, puertos, escuelasy hospitales, entre otros—, necesaria para dinamizar la economía. Además, sirve para abaratar costosy hacer más eficientes los servicios.

No contar con el tren rápido, por ejemplo, retrasará el progreso del país. Cancelar proyectos de inversión dejará al país fuera de la competencia internacional. Pero, además, el recorte a la inversión pública también cancelará programas científicos y tecnológicos.

Los 34 mil 100 millones que se cancelarán en gasto corriente provocarán, de manera inmediata, que se posponga la contratación de maestros, médicos e investigadores; también habrá recorte a sueldos y salarios de los trabajadores y originará que muchos prestadores de servicios del gobierno queden fuera y, con ello, que despidan a personal en el sector privado. Esta situación de menor ahorro inducido por la crisis financiera influirá en el consumo, es decir, la demanda interna del país, principal motor de la economía.

Es importante destacar que el recorte también ha sido consecuencia del crecimiento que experimentóel gasto público en los últimos años. Sólo entre 2006 y 2014 el gasto público se incrementó en unos 6 puntos porcentuales como proporción del PIB. Desde luego, la expansión fue financiada con recursos petroleros.

Una vez que los ingresos por la venta de crudo decayeron ante el ajuste de los energéticos en los mercados internacionales, la opción más viable fue ajustar el injustificado aumentoque venía experimentando el gasto público.

El ajuste del precio del petróleo tuvo su origen en la mayor producción de Estados Unidos que, según la Agencia Internacional de Energía (AIE), es de 9.8 millones de barriles diarios y la menor demanda mundial por la desaceleración económica. La utilización de nuevas tecnologías para extraer en “campos shale” —a través defracturación hidráulica o estimulación hidráulica (fracking)— también han propiciado que los precios se desplomen.

En el caso de México, la mezcla mexicana promedia este año 40 dólares; además, la producción se ha reducido en casi un millón de barriles diarios en la última década al pasar de 3.4 millones de barriles diarios en 2004 a 2.4 millones en 2014, lo que significa que los recursos petroleros son menores. Esto propicia que las finanzas públicas del país sufran un afecto directo, es decir, que los ingresos del gobierno se reduzcan de forma importante.

No hay que perder de vista que las finanzas del gobierno están estrechamente vinculadas a los ingresos petroleros. Una simple prueba financiera arroja que 30 por ciento de los ingresos presupuestales son petroleros y significan 34 por ciento del gasto programable —gasto etiquetado o predeterminado— y también vienen del petróleo. En otras palabras, finanzas petrolizadas y con la eterna dependencia.

Como ya se explicó, el recorte al gasto propiciará que se ajuste la demanda interna, que, inevitablemente, afectará al crecimiento económico.

 

El círculo virtuoso

 

Si no hay consumo, no hay ventas y si no hay ventas las empresas no producen bienes y servicios. Al no haber producción, tampoco se contrata personal. El desempleo sube y si no hay oferta de trabajo no habrá ingresos; sin ingresos, el país no crecerá. Es por eso que el gasto público juega un papel importante. Datos de la Oferta y Demanda Agregada reportados por el INEGI indican que el consumo del gobierno representa 11 por ciento del Producto Interno Bruto y el gasto privado de los hogares significa 68 por ciento.

Cuando fallan los ingresos del gobierno, como en este caso, pueden instrumentarse tres políticas económicas para equilibrar sus finanzas.

1).- Aumentar impuestos.

2).- Pedir prestadoo emitir deuda interna y externa.

3).- Recortar el gasto y hacer más eficientes los recursos.

 

¿Por qué se decidió el gobierno a ir por el gasto y la deuda y no por un alza en impuestos?

 

El gobierno federal se inclinó por menos gasto, considerando que la deuda ha crecido de manera exponencial en los últimos años y porque la experiencia ha enseñado que incurrir en mayor débito puede provocar efectos indeseables en el largo plazo como mayores niveles de pobreza y rezago social.

Si el país decide financiar su desarrollo mediante deuda externa o interna (ahorros), al final causará un desequilibrio financiero como los ocurrido en 1982, 1987 y 1994; es decir, un desequilibrio en la balanza de pagos que conllevaría a una crisis financiera.

México sabe por experiencia lo que es tener que pagar grandes sumas por créditos, intereses, comisiones y gastos. Sabe lo que representa un alto costo financiero o por servicios de deuda. También conoce lo que es una baja en la calificación a su deuda soberana y salir de la lista de países preferidos por los inversionistas; en otras palabras, acceder a dinero fresco con tasas de interés elevadas —de usura—, en caso de aumentar el riesgo país.

Adicionalmente, el país corre el riesgo, como en el pasado, de caer en la insolvencia, sobre todo ahora que el precio de los energéticos se ha abaratado y que su principal fuente de ingresos es la de los recursos petroleros.

Una deuda más abundante no es opción en este momento, considerando que en los últimos años ha crecido de manera exponencial y que ahora represente 43 por ciento del PIB nacional, cuando lo recomendable por el Fondo Monetario Internacional (FMI) es de 27 por ciento.

Recientemente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de su informe de las Finanzas Públicas 2014, reveló que la deuda bruta del sector público federal asciende a 7.2 billones de pesos, desde los 5.5 billones de 2012, cuando cerró el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Si los números no mienten, en los dos años de gobierno de Enrique Peña Nieto, la deuda aumentó 1.7 billones de pesos, a razón de 2 mil 397 millones diarios.

La situación del país no es la adecuada, aunque la deuda con Peña ha crecido menos, en términos porcentuales, que el último sexenio. Con Ernesto Zedillo creció 50.6 por ciento en un lapso de dos años ycon Vicente Fox sólo 15.8 por ciento, mientras que con Felipe Calderón aumentó en 39.9 por ciento.

 

Costo de la deuda 2015 es 2.5 veces mayor al recorte del gasto público

 

La deuda ha encendido “focos rojos” porque, de no atenderse de manera inmediata y crecer al ritmo actual, representaría un problema grave al cierre de este sexenio. En el Presupuesto de Egresos para 2015, la Cámara de Diputados destinará poco más de 322 mil millones de pesos por concepto de “costo de la deuda”. El reporte de las Finanzas Públicas desglosa, a través del Ramo 9000, que en 2015 se pagarán 315 mil 778 millones de pasos por concepto de intereses de la deuda pública, mil 152 millones por comisiones, 5 mil millones más por gastos de deuda y 78 millones por coberturas de deuda.

Es evidente que sólo el “costo de la deuda este año”, sin amortizar capital, será 2.5 veces el recorte al gasto público que anunció la SHCP.

Para el gobierno debe ser más importante pagar puntualmente sus obligaciones que atender las necesidades primarias del país, porque es mejor ser buen pagador a ojo de los organismos y banqueros internacionales, por la razón lógica de que hay que amortizar deudas antes de ser excluido del contexto internacional, antes de sufrir un veto comercial o crediticio, perder credibilidad y sufrir la venganza de los acreedores.

La deuda se vuelve peligrosa con menores ingresos petroleros. Este año se pagará 25 por ciento más que en 2012 sólo por el costo de la deuda, sin amortizar capital. Y eso es “gasto programable”, lo que significa que, pase lo que pase, es necesario asegurar ese dinero para pagar a los acreedores.

 

Técnicamente, sin reservas internacionales

 

Con un poco de mayor presión, la olla de la deuda mexicana puede explotar como ocurrió en 1994 —los llamados Errores de Diciembre—. Ahora, sin más recursos de dónde sacar, con un precio a la baja del petróleo, recursos fiscales limitados y con grandes deudas, la situación puede empeorar. Si hay alguna duda, datos de Banco de México revelan que el país tiene vencimientosen puertas; es decir, obligaciones que cumplir de corto plazo —un año—, que incluyen la  tenencia de valores gubernamentales en poder de extranjeros (renta fija) por 54 mil 747.8 millones de dólares; deuda externa por 4 mil 286.3 millones de dólares, y posición de no residentes en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por 153 mil 096.6 millones de dólares.

Todo eso significa que las Reservas Internacionales por 193 mil 238.8 millones no alcanzarían para enfrentar una salida de dólares de por lo menos 212 mil 131 millones, el saldo que arrojan las obligaciones de corto plazo o documentos de liquidación inmediata.

El problema es latente, toda vez que la Reserva Federal de Estados Unidos puede aumentar en cualquier momento las tasas de interés y, con ello, propiciar una salida masiva de capitales, por el diferencial de tasas de interés. En su defecto, México se vería obligado a pagar mayores tasas de interés para mantener atractiva la inversión en nuestro país con un costo escandaloso para pago de premios. Así pues, pese a todo lo que se dice, México se encuentra en el filo de la navaja.

 

Imposible, más impuestos

 

La otra herramienta de política económica con que cuenta un gobierno para aumentar sus ingresos y equilibrar su déficit público es la aplicación de nuevos impuestos o aumentar los que existen.

Esta opción también fue desechada por el gobierno federal, considerando que aprobó una “Reforma Fiscal” que incluyó el aumento de los impuestos directos e indirectos (ISR, IVA) e impuso mayores gravámenes al consumo y muchos servicios (IEPS), además de que ha elevado su base de contribuyentes, exprimiendo a los cautivos.

La Secretaría de Hacienda sabe que el país está en una situación complicada: la economía crece poco —en 2013 tuvo un avance real de 1.4 por ciento y en 2014 apenas logró crecer 2.1 por ciento—. El nivel mínimo que muestra la económica no es suficiente para crear nuevos trabajos —Ley de Okun1: sobre la relación entre la tasa de crecimiento y desempleo, explica que sólo a partir de un crecimiento de 2.6 a 3 por ciento se logra generar empleos—, y las empresas se encuentran en situación complicada porque con una economía deprimida no venden y, además, pagan más impuestos por la reciente reforma fiscal. Así, ajustar un poco más los impuestos a las empresas o a las personas terminaría por asfixiarlas y llevarlas a la quiebra.

Desde hace dos años se ha cuestionado si la medida anterior estuvo o no bien formulada, pues los especialistas afirman que fue más bien una miscelánea que una reforma que resultó catastrófica. El problema fundamental es que quitó parte de su ingreso a las personas y a las empresas, que, ante la medida, decidieron reducir su consumo, su inversión y el ahorro.

Esto significa, en términos llanos, que se cayó el consumo de los hogares—se compraron menos bienes y servicios—, la inversión privada también disminuyó y todo se reflejó en una caída de la economía, que en 2014 apenas creció 2 por ciento, su nivel más bajo en los dos primeros años de cualquier gobierno en tres décadas.

 

Recorte a la economía

 

Aunque hace poco el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció que impondrá un gravamen especial y por única vez de 14 por ciento a las utilidades de sus empresas en el extranjero, a fin de obtener recursos para financiar gasto social e inversión en infraestructura, en México la aplicación de un impuesto especial sobre las ganancias de las grandes empresas o bancos serviría de mucho para redistribuir la riqueza, pero en el contexto actual sería imposible por los intrincados conductos que unen a políticos y empresarios. Representaría un desafío por las represalias que pudieran tomar los dueños del dinero; quedarían truncas las aspiraciones de muchos políticos porque son ellos quienes financian las campañas, los que influyen para que los nombren o los despidan. La situación de México, pues, tras el recorte que hizo público Luis Videgaray no es nada halagüeña.

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