Pasta de Conchos

* “Ni el gobierno federal, encabezado por Vicente Fox Quesada, ni los propietarios de la mina supieron cómo reaccionar o, simplemente, decidieron, con una soberbia infinita, desdeñar, no a los deudos de las víctimas —63 viudas inicialmente, al menos 300 familiares directos y 165 huérfanos—, ni a un pueblo empobrecido, sino a un país entero que reclamaba explicaciones y pedía respuestas inmediatas. Hubo un pasmo institucional peligroso, o un silencio descarado”, escribe el periodista Francisco Cruz en el libro Los Amos de la Mafia Sindical, editado por Planeta en el 2013.

 

Francisco Cruz Jiménez

El exceso de confianza del gobierno foxista contrastaba con sus incapacidades. Fox, Martita, Foxilandia y el foxismo eran comidilla de todos los días. Las torpezas y ambiciones desmedidas de Salazar Sáenz habían permitido que el procedimiento, burdo e ilegal, para derrocar al líder minero e imponer a Morales Hernández se filtrara a toda la cúpula sindical. Si fue o no un desliz premeditado, sería cuestión de analizar los resultados, pero los napistas sabían todo, y quizás hasta mucho más. Era un juego de espías contra espías. Y, lo mejor para ellos, ya esperaban el golpe de timón.

La soberbia panista era notoria. Nadie se había preocupado por disimular siquiera la relación de Salazar Sáenz con los barones de la minería mexicana, enemigos declarados de Napoleón Gómez Urrutia. Los napistas, por ejemplo, de alguna manera se habían enterado, y así lo difundían, que la arremetida se había planeado en diciembre de 2005. Y como centro de lo que llamaron una conspiración ubicaban una de las residencias del empresario Julio Villarreal Guajardo, del Grupo Villacero. Como nunca, se evidenciaron los lazos del Grupo Industrial Minera México con la Presidencia de la República y, en concreto, con la Fundación Vamos México de la primera dama Marta Sahagún de Fox, Martita.

La prisa de las autoridades por encarcelar a Gómez Urrutia los orilló a cometer yerro tras yerro. Si bien es cierto que los agentes e investigadores federales tenían en la mano información bancaria y fiduciaria privilegiada, también lo es que nunca supieron qué hacer con ella. Para justificar la investigación por lavado de dinero, por ejemplo, sólo presentaron una prueba. El equipo de abogados de Napito no tuvo problemas para desacreditar toda clase de acusaciones, como la de la supuesta procedencia ilícita de los recursos. La magistrada Herlinda Velasco Villavicencio le concedió la razón. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia la Nación tampoco pasó muchos trabajos para, literalmente, tirar de la dirigencia sindical a Elías Morales Hernández y obligar al gobierno a que se la regresara a Napito.

Bueno o malo, justificado o injustificado, todo lo que pasó antes y lo que pasó después se murió la madrugada del domingo 19 de febrero de 2006 con una explosión en la mina 8, Unidad Pasta de Conchos, de San Juan de Sabinas, Coahuila. En el percance murieron 65 humildes mineros. Ni el gobierno federal, encabezado por Vicente Fox Quesada, ni los propietarios de la mina supieron cómo reaccionar o, simplemente, decidieron, con una soberbia infinita, desdeñar, no a los deudos de las víctimas —63 viudas inicialmente, al menos 300 familiares directos y 165 huérfanos—, ni a un pueblo empobrecido, sino a un país entero que reclamaba explicaciones y pedía respuestas inmediatas. Hubo un pasmo institucional peligroso, o un silencio descarado.

La situación de los mineros de Pasta de Conchos no había cambiado mucho desde el porfiriato, con salarios que oscilaban entre mil 500 y 3 mil pesos mensuales, además de la subcontratación para algunas labores, un mecanismo aceptado por los dirigentes gremiales, pero al margen de las leyes laborales. El lunes 27, en un gran desplegado de prensa en el Distrito Federal, Gómez Urrutia y su esposa Oralia, ya seguros y cómodos en Vancouver, se unieron “a la gran pena, dolor e impotencia que embarga a las esposas, hijos, padres y demás familiares de los trabajadores mineros, sindicalizados y contratistas que lamentablemente perdieron la vida en la explosión de la mina 8, Unidad Pasta de Conchos, de San Juan de Sabinas, Coahuila. Elevamos nuestras oraciones para que, en estos momentos de inmenso dolor, su fe espiritual en el Señor les ayude a sacar fuerzas para seguir adelante. Descansen en paz”.

Con las autoridades pisándole los talones, el accidente le dio a Napito los medios para posicionarse en la conciencia de los comunicadores y los hacedores opinión, cuando calificó a esa explosión como un “homicidio industrial”. Gómez Urrutia también se dio el lujo de ponerle nombre y apellido al responsable de ese homicidio: el magnate Germán Feliciano Larrea Mota-Velasco, accionista mayor del Grupo México. Más adelante, consolidó el control de la agenda cuando sus contactos se encargaron de difundir ampliamente reportes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que mostraban que la Secretaría del Trabajo, con Francisco Xavier Salazar Sáenz a la cabeza, tenía un “conocimiento claro”, antes del accidente, de las condiciones de la mina que provocarían la explosión.

Aquel 19 de febrero de 2006 ningún reportero recordó que, en los hechos, a través de la toma de nota, Salazar Sáenz había derrocado a Napoleón Gómez Urrutia e impuesto a Elías Morales Hernández en la Secretaría General del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana. Todos, y eso incluye el país entero, buscaron a los responsables de la explosión de Pasta de Conchos.

Indirectamente, Napito recibió apoyo de casi todo el mundo. El estudio De Pasta de Conchos al 1 de mayo, la coyuntura de una movilización obrera, de Abel Pérez Ruiz, sicólogo de la UAM-Iztapalapa, y Sergio Sánchez Díaz, profesor-investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social (CIESAS) de México, encontró que “el accidente ha permitido evidenciar las serias limitaciones del aparato gubernamental en mostrarse como una entidad capaz de negociar y resolver con atingencia las consecuencias de este suceso coyuntural. Frente a la catástrofe de la mina, la respuesta fue la parálisis, la negligencia y la búsqueda fácil de un chivo expiatorio en la persona de Napoleón Gómez Urrutia”.

Trepado en la nube más alta de foxilandia, controlado por Martita y ya más con ganas de irse a su rancho, Fox, sus funcionarios y amigos empresarios mineros jamás entendieron la envergadura del problema de Pasta de Conchos. Como se plasmó en el documento concluyente del foro El conflicto minero de Cananea a Pasta de Conchos: “El grueso de los accidentes tiene su origen en las violaciones a las normas de seguridad industrial y a los contratos colectivos de trabajo. En todos los casos, estos ‘accidentes’ deben ser catalogados como crímenes industriales. Los responsables tienen nombre y rostro, abarcan tanto a los dueños de las empresas como a los funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Germán Larrea, del Grupo Minero México, y Javier Lozano, titular de la STPS, son los principales rostros de la impunidad”.

Cuestionado y mal recibido durante su breve aparición por Nueva Rosita, la zona del accidente en Coahuila, aquel 19 de febrero, porque los mineros y los obreros de la metalurgia viven en plena esclavitud, Napito tomó sus providencias y desapareció de México con todo y familia. Desde Vancouver, Gómez Urrutia contrató a excelentes abogados, puso en marcha una campaña de defensa y, desde marzo de 2006 es, en los hechos, un perseguido del gobierno mexicano y goza de la protección de los sindicatos mineros de Canadá y Estados Unidos. Al margen de su muy dudoso pasado, aprovechó todos los atajos para convertirse en héroe por una explosión, la de Pasta de Conchos, que exhibió el nivel de los empresarios mineros y mostró el rostro cínico del foxismo.

Si los panistas lo querían o no preso, una breve declaración del gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, el domingo 18 de febrero de 2007, un año después de la tragedia de Pasta de Conchos, aclara la situación. Según dijo, el entonces presidente Vicente Fox Quesada le pidió encarcelar a Napoleón Gómez Urrutia. Como un acto de contrición, reconoció que si lo hubiera denunciado (a Fox) en su momento, muchas de las tensiones políticas, incluidas algunas muertes, posteriores por el conflicto minero, se habrían ahorrado. Según Moreira, Fox le pidió encarcelar a gente inocente para encubrir a funcionarios de la Secretaría del Trabajo en torno a la tragedia de Pasta de Conchos: “En mi cara, en Los Pinos, me pidió que hiciera cosas que no tienen moral, inventar delitos para otras personas. Yo no me voy a callar, se equivocaron de gobernador. […] Estábamos en la oficina de Fox, si quieres se lo digo enfrente del ex presidente. […] Le digo eso y le digo también las llamadas que le hice en tono suplicante para que acudiera a mi estado, y él me dijo que tenía que ir a Chihuahua, y efectivamente, mientras estábamos en la tragedia, él estaba acampando en la sierra de Chihuahua”.

Socarrones, los reporteros le recordaron las versiones en el sentido de que Gómez Urrutia fue uno de los contribuyentes a su campaña por la gubernatura de Coahuila, el mayor estado minero.

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