Voto nulo, violación constitucional

* El voto nulo o la no asistencia a las urnas será una violación a la Constitución que cometerá el ciudadano que no ejerza dicho mandato; quienes se han manifestado al respecto sin considerar los artículos aquí citados, deben entender que eso es equiparable a una actuación dolosa y de mala fe.

Luis Zamora Calzada

El Capítulo IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano está dedicado a los ciudadanos mexicanos. El artículo 34 determina que son  ciudadanos de la república los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, hayan  cumplido 18 años y un modo honesto de vivir, que debe ser una garantía que otorgue el propio Estado.

El artículo 35 establece como derechos del ciudadano, entre otros:

  1. Votar en las elecciones populares.
  2. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación.

III. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional.

El 36 Constitucional enumera las obligaciones de los ciudadanos mexicanos. Su inciso III mandata votar en las elecciones y en las consultas populares, en los términos que señale la ley; el IV. Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de los Estados, que en ningún caso serán gratuitos; y V. Desempeñar los cargos concejiles del municipio donde resida, las funciones electorales y las de jurado.

El artículo 38 señala seis causas por el que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden. La primera se refiere en su inciso I, y es por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 36, la suspensión durará un año y se impondrá la ley.

En estos cuatro artículos se encuentra la base legal para que todo ciudadano de la república emita su voto el siete de junio, en los términos y condiciones establecidas en las leyes de la materia, al ser derecho y obligación constitucional.

Desde esta óptica el voto nulo o la no asistencia a las urnas será una violación a la Constitución que cometerá el ciudadano que no ejerza dicho mandato; quienes se han manifestado al respecto sin considerar los artículos aquí citados, deben entender que eso es equiparable a una actuación dolosa y de mala fe. Lo que requiere nuestro país es el voto de todos los que estén en condiciones legales de hacerlo, en primer lugar contar con los dieciocho años establecidos y tener su credencial de elector.

Ejercer el voto de manera secreta, directa, con conciencia de la actuación, significará terminar con esquemas que se han estructurado sin pensar en el país, comprar el voto o ver en un pobre un voto es la expresión más extrema de actuar contrario a derecho en estos procesos.

El Constituyente de 1917 que reformó la Constitución Política del cinco de febrero de 1857, seguramente no pensó en los utilitarios, despensas, cemento y todos los enseres que se utilizan en estos lastimosos tiempos y mucho menos que los mexicanos no tomáramos en cuenta nuestra propia Constitución o que su desconocimiento nos condujera a la inequidad social y a todos los males que hoy se han acumulado.

Posición del SUMAEM

 

El Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México (SUMAEM) desde su génesis sustenta su dinámica social en la observancia rigurosa de la ley, reconoce y valora el sistema jurídico-político de nuestro país a partir del Constituyente de 1917, en razón de su inspiración en “la libertad del hombre” y en la “soberanía del pueblo” y, en nuestro estado; asimismo, se apega a los Convenios Internacionales 87 y 151 de la Organización Internacional del Trabajo, signados por el Estado mexicano desde 1948.

En su carácter de institución gremial, tiene el compromiso irrestricto de observancia legal con las instancias gubernativas y desde el primer día de su reconocimiento jurídico y su toma de nota, impulsa que todos los docentes, en términos de una participación política sin discriminación de ninguna especie, ejerzan sus derechos bajo el imperio de la legalidad.

En el ejercicio de la libertad sindical auténtica, se da vigencia a dos garantías individuales, una que tutela el artículo noveno referido a la “libertad de asociación” y la segunda, por supuesto, a la “libertad sindical” que garantiza el 123 de nuestra Carta Magna.

De manera concatenada, los sindicatos que surgen a partir de la aplicación de la Ley son vistos como parte del resultado de la Reforma del Estado en su vertiente político-sindical, consolidando ante la sociedad la existencia de un Estado democrático en esa materia, entendida como el conjunto de transformaciones para redefinir las reglas de relación entre el gobierno y las instituciones gremiales, procesos normales en los países del primer mundo.

En contraste, en donde no se reconocen, se sigue alimentando el imaginario de que existe un corporativismos sindical donde el gremio magisterial único es aliado de la estructura existente.

La existencia de sindicatos como el SUMAEM disminuye en la sociedad y los grupos sociales, la concepción de la presencia de un monopolio sindical (donde, desde el imaginario social, sus agremiados viven en un estado de confort que ha sido causa de la baja calidad de la educación), centrados en la existencias de sindicatos únicos, que al saber la existencia de una competencia buscará exigir la calidad, eficiencia y eficacia de cada uno de sus agremiados.

El reconocimiento plantea fundamentalmente la promoción de la democracia política por la existencia de un Estado democrático y una mayor equidad social. Ambiente, que en lo económico, generará confianza en los agentes privados que buscan establecer sus empresas en el Estado de México.

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