El castigo del fuego

 

* La zona norte de Toluca, una de las más pobres del municipio, pero también la de mayores contrastes sociales, vive desde hace años el dominio de la familia Zamora Morales desde un cacicazgo que ha sojuzgado la actividad comercial más importante del pueblo de Huichochitlán, la fabricación de gorras, bonetes y bufandas. Esta es la historia de una traición pero también la trama, telenovelesca, del encumbramiento económico y político de quien hoy quiere ser alcalde de la capital del Estado de México.

Miguel Alvarado

San Cristóbal Huichochitlán; 3 de mayo del 2015. El dos de agosto del 2004, a las tres y media de la tarde, vecinos del pueblo de San Cristóbal Huichochitlán habían detenido a agentes de la AFI porque realizaban cateos a los comercios. Los policías catalogaron a las miles de gorras que allí se fabrican como piratas o ilegales y se las llevaron argumentando violaciones y que algunos locales, ubicados en las calles de Juan Pablo II, Pablo Romero e Insurgentes, rompían la ley según una demanda conjunta de afectados. Esta historia está contada a partir de decenas declaraciones y entrevistas grabadas a testigos de los hechos que se describen, así como de habitantes del lugar, quienes razonablemente temen represalias.

Efectivamente, había un cateo, sólo que los policías se llevaban todo, sin importar lo que fuera. Ese saqueo, que hasta esa hora contabilizaba dos locales pero también un detenido, detonaba la ira de los habitantes, quienes habían conseguido cercar a los agentes para exigir la devolución de bonetes con figuras de la Warner Brother’s. Tres camionetas habían sido ya cargadas.

A esas alturas ya no había enojo sino rabia ciega. Cinco elementos de la PGR enfrentaban el linchamientos y quemarlos vivos sería el escarmiento que el pueblo había decidido. Reducidos, los agentes fueron rociados con gasolina mientras las campanas de la iglesia repicaban, convocando al resto de San Cristóbal, que en un santiamén estuvo reunido: la suerte para los policías parecía sellada.

Pero un diálogo de último minuto detuvo la sentencia. Un comandante enviado a negociar el destino de los condenados propuso una última opción.

– ¿Qué es lo que quieren? –preguntaba a voz en cuello el policía.

– ¡Que nos devuelvan la mercancía y que nos entreguen al detenido! – gritaron los habitantes.

Los policías, bañados en combustible, aceptaron sin chistar. La mercancía devuelta fue resguardada en el atrio de la iglesia y el intercambio de detenidos se realizó, también, sin complicaciones. Los policías se fueron, dejando atrás a un pueblo atónito, impedido para trabajar pero también traspasado de miedo.

Desazonados, los de Huichochitlán no sabían qué hacer para evitar nuevos encuentros con la fuerza pública. Ni pláticas o consejos pudieron tranquilizar a los espantados comerciantes, que poco a poco tomaban conciencia de lo que había sucedido.

Horas más tarde se presentó Fernando Zamora.

Rápidamente reunió a los afectados en la casa de uno de los vecinos. En ese tiempo el profesor era líder magisterial del SMSEM. Un asistente a aquella reunión recuerda los detalles.

– Ya se dieron cuenta de los problemas en los que están metidos –les dijo Zamora sin preámbulos –Es el momento oportuno para que la comunidad se una y resuelva este tipo de problemas. Yo los invito a que formen una mesa directiva.

Los pobladores se miraron extrañados, pero la propuesta, en un inicio, les pareció viable. Fernando Zamora dictaba las acciones, todavía sin disfraz de orden. Había que nombrar un presidente, un secretario y al tesorero, dijo. Después, constituirse para obtener una licencia y seguir vendiendo.

“Nos trasladamos al Salón Aldama y allí todos los locatarios, unas 250 personas, eligieron la Mesa Directiva. Luego, se dispusieron dos grupos, uno para tratar de adquirir la licencia y el otro para aclarar y resolver el enfrentamiento con la PGR”, rememora uno de los asistentes a esa reunión. Margarito Zamora, hermano del líder magisterial, sería uno de los encargados de conseguir aquella licencia que, entendidos los términos, podría dar equilibrio laboral a los habitantes de aquel pueblo, dedicado a la producción de gorras, bufandas, guantes, bonetes y artículos relacionados. Margarito quedó, además, como presidente de la nueva organización.

El mercado de las gorras representa demasiado dinero. El mismo Fernando Zamora reconoce, en una columna publicada en Poder Edomex (http://www.poderedomex.com/notas.asp?id=62934), que el 80 por ciento de San Cristóbal se dedica a esa actividad y que las gorras y los derivados se venden en los mercados más demandados del DF.

Quienes tenían que ir a la Procuraduría General de la República tenían miedo. No sabían cómo medirse ante los dueños de las armas, del poder público. Ese pánico les obligó a contratar a un joven para que los representara. Le pagaron 10 mil pesos para iniciar las pláticas pero más tardó en entrar que en salir. Los comerciantes lo rodearon, todavía más asustados. El miedo era la principal arma de la AFI para negociar y mandaba un mensaje en el cuerpo del chico.

Golpeado duramente, el muchacho deletreaba: que así como tuvieron valor para armar su escándalo, lo tuviera San Cristóbal para dar la cara. Ablandados, los comerciantes entraron a las oficinas y, después de identificados, fueron inquiridos.

– ¿Están dispuestos a pagar todos los daños?

Les cobraron todo. Carteras extraviadas y sus contenidos. Celulares dañados. La reparación de vehículos. La atención médica de los agentes lesionados. Quedó pendiente un tema. La AFI aseguraba que había un arma de fuego del ejército, en una de las casas cateadas, pero aún así se logró un convenio para que, por partes, se liquidara aquello, que alcanzaba 175 mil pesos. La AFI, luego de todo, tenía un as bajo la manga, que presentó al final.

– Si quieren trabajar sin problemas, coménteles a sus vecinos para que aporten una cantidad mensual por 20 mil pesos y asunto arreglado. Esto es para que, cuando vengan órdenes del DF, nosotros les hablamos y ustedes escondan las cosas y cuando nosotros lleguemos, pues que no haya nada  –dijo el de la AFI. Los comerciantes sopesaron y decidieron entrarle. También compraron motonetas y radios para estar en comunicación.

Noviembre se acercaba. Era el mes de las mejores ventas para esos productos pero todavía no había ningún resultado en la encomienda de Margarito Zamora. Si lo había, nadie estaba enterado. La licencia, de lograrse, debía salir a nombre de Artesanos y Productores Otomís de San Cristóbal, pues ese había sido el trato.

Pronto se supo que Margarito y sus hermanos habían conseguido la licencia, pero a nombre de ellos mismos, Ramoza´s Bros, SA de CV, cuyo domicilio actual está en la calle Manuel Buendía sin número, en la colonia San Diego de los Padres, de San Andrés Cuexcontitlán, otro pueblo del norte de Toluca.

Los comerciantes convocaron a una reunión, el 17 de noviembre, para que Margarito Zamora, como presidente, explicara las cosas. Pero el hermano de Fernando prefirió los insultos y arremetió contra el resto de aquella mesa directiva. “Ustedes ya tiene su cargo, ¿qué más quieren, cabrones?”, recuerda un testigo de aquella reunión. Las cosas estaban a punto de salirse de control cuando Rodolfo Zamora, otro de los hermanos, intervino, para terminar de ubicar a los comerciantes.

– Ya que están aquí presentes, pues sí, nosotros adquirimos la licencia a nuestro nombre y aquí está, para los que quieran verlo.

– Pero ese papel viene en inglés –le respondieron.

– Les vale madre, cabrones –reviró Rodolfo- Es más, ustedes no saben ni leer. Aquí está la licencia y según la relación que tenemos de quiénes tienen bordadoras y tiendas, será el pago que tendrán que hacernos. Para empezar, los de las bordadoras van a dar de a 150 mil pesos, y los que tienen local, pues 50 mil pesos. Los de los talleres, 25 mil pesos y los serigrafistas, 10 mil pesos.

“Y es que tenemos que juntar una cantidad de 3 millones y medio de pesos, que es lo que nos costó la licencia. Fernando (Zamora) nos dijo que se las compartiera. Y ultimadamente, al que no quiera dar nada, a partir de esta fecha, le vamos a dar en la madre”, concluyó Rodolfo.

Los comerciantes estaban anonadados. ¿Por qué los hermanos Zamora habían actuado de esa forma, si se suponía que todos estaban del mismo lado?

Entonces nadie pagó nada.

Esa noche no pudieron dormir, aunque nadie dijo nada.

Secuestros sin castigo

Al ver que nadie aportaba nada, los hermanos Zamora comenzaron con amenazas y algunos de los comerciantes se las tuvieron que tragar, en silencio. “Tú eres el primero al que te va a cargar la chingada”, les informaban directamente.

Los días se sucedieron y la venta encontraba sus mejores momentos. Pero el 25 de noviembre del 2004, cerca de las 8 de la mañana, un trabajador reportó los primeros actos de sabotaje. Al empleado lo habían visitado Margarito y Rodolfo Zamora, en la madrugada, para ofrecerle 20 mil pesos si revelaba el número de equipos que tenían los comerciantes, y dónde estaban guardados. Al negarse, el hombre fue amenazado.

– Hijo de la chingada, ¿desprecias 20 mil pesos que esos muertos de hambre no te pueden dar?

Los reclamos de los comerciantes no se hicieron esperar. Una comisión fue a buscar a los hermanos Zamora. Encontraron a Margarito, pero respondió a los reclamos con insultos. Ese día era jueves 25 de noviembre. A las nueve y media de la mañana Margarito y Rodolfo enviaban a un comando para secuestrar a la esposa de uno de los comerciantes. Junto con ella, otras cinco personas serían levantadas.

Los comerciantes, enterados del suceso, recorrieron la región. Buscaron por Cuexcontitlán, cruzaron hacia San Pablo y Prolongación Isidro Fabela, hasta que en la vialidad Alfredo del Mazo, rumbo a la terminal de autobuses de Toluca, encontraron a los familiares de los desaparecidos.

– ¿Qué están haciendo? –preguntaron los comerciantes.

– Vimos que Margarito Zamora estaba aquí, pero en lo que pudimos detenernos, ya se había ido–dijeron los familiares. Reunidos allí, los afectados se dieron cuenta de que los hermanos Zamora pasaban de nuevo, junto a ellos, encabezando un convoy de vehículos.

“Llevaban camionetas Durango y Suburban”, recuerda uno de los testigos, quien sostiene que los siguieron, perdiéndolos cerca de la Puerta Tollotzin y que sólo una corazonada los hizo avanzar hasta San Mateo Atenco, donde otra vez avistaron a las camionetas. Allí, los secuestradores se darían cuenta y en esa persecución, abierta ya, al único que alcanzaron fue a Margarito Zamora, en la desviación a San Pedro Tultepec.

El hermano de Fernando Zamora, bajando de su camioneta, alegó que a él también le habían secuestrado a un hermano, pero no pudo explicar por qué iba acompañando el convoy de los criminales.  A pesar de eso, tenía instrucciones precisas.

– Nos van a hablar en cinco minutos para decirnos dónde los tienen –informaba.

Los comerciantes no fueron engañados. Opinaban que en un secuestro a nadie le pedirían el número telefónico cinco minutos después de realizado el plagio. Decidieron seguirle la corriente a Margarito y, tal como había dicho, una llamada ingresó a su número menos de cinco minutos después.

– ¿Saben qué? Ya nos hablaron –dijo Margarito. Y están aquí en la Subprocuraduría de Metepec, por el Tecnológico Regional.

Fueron y, llegados, pudieron constatar que allí estaban todos los levantados, aunque esa Subprocuraduría tiene como función checar autos ilegales. Uno de los comerciantes se acercó para hablar con los secuestrados cuando fue interceptado por un hombre, que le impidió el paso.

– ¿Qué buscas? –le inquirió quien después se identificó como comandante, sin serlo.

– A mis familiares, quiero hablar con ellos –dijo el comerciante.

– No puedes, cabrón.

– ¿Por qué? ¿Me puede decir por qué están detenidos?

– Óyeme, jijo de la chingada, ¿y tú quién eres?

– Queremos que se nos explique qué está pasando –exigió el comerciante.

– Ah, pues los detuvimos por evasión fiscal, por usar marcas registradas sin permiso.

– Queremos que nos muestren la orden de aprehensión.

Los presuntos secuestradores ni siquiera estaban uniformados. Luego se supo que eran de Tepito, contratados por los hermanos Zamora para realizar el “operativo”. Los comerciantes habían llamado ya a sus abogados.

– No, no tranquilo, moreno, vamos a negociar –les dijeron.

Margarito Zamora llegó con un contador, quien trabajaba para ellos y que había participado en las reuniones que formaron aquella mesa directiva. “Yo no sé nada, pero ya se les había dicho que dieran dinero”, alcanzó a apuntar el hombre. Luego de un tiempo, el que se decía comandante se acercó a los comerciantes. “Vente, moreno, ya los vamos a dejar libres pero tienes que ir en nuestra camioneta. Súbete”.

Para entonces había anochecido y aquella Subprocuraduría estaba atestada de vecinos de Huichochitlán. El comerciante no subiría y, pactado que los supuestos policías serían seguidos por los vecinos, sacaron a los detenidos y enfilaron por la carretera Toluca-México. Poco después se detuvieron y la gente fue liberada. Mientras, un muchacho apuntaba las placas de aquellas camionetas pero fue descubierto y golpeado. Él fue el único herido en esa odisea, pues los plagiados estaban bien, nadie los había agredido.

– A ver, morenito –dijo otra vez el comandante- a ustedes se los va a cargar la chingada. Vamos a visitar a uno de tus compañeros en dos días.

El comando se retiró pero algunos comerciantes los siguieron. El grupo se detuvo a la altura de La Marquesa, donde estaban los hermanos de Fernando Zamora. Rodolfo y Margarito, además del contador y otras personas, eran los jefes de aquella operación. Esto, el jueves 25 de noviembre del 2004.

Los castigos

El sábado 27, cerca de las 10 de la mañana, los comerciantes reportaron un auto negro que daba vueltas por la avenida principal, Manuel Buendía, y que les pareció sospechoso. Los tripulantes señalaban algunos domicilios, ubicándolos. La tarde transcurrió en calma, hasta que llegó la noche.

Aquel sábado 17 se celebraba en el pueblo una boda. Los invitados estaban convocados para que, desde las siete de la noche, asistieran primero a la ceremonia religiosa y luego a la fiesta. Muchos de los comerciantes habían pensado no ir, creyendo peligroso dejar solas sus casas. Pero al final algunos se encontraron en el convivio, aunque la calma no tardó ni diez minutos en quebrarse.

Un vecino irrumpió en la fiesta vestido apenas con short, huaraches y una playera. Al verlo, los comerciantes supieron que algo había pasado. El hombre aquel avisaba que en la calle de Hidalgo y Nicolás Bravo un incendio devoraba la casa de allí, vacía porque los dueños habían ido a la fiesta. Sin embargo, no todos los ocupantes de aquella vivienda estaban a salvo. La familia propietaria, que llegaba para atestiguar el siniestro, gritaba desde lejos que uno de los hijos estaba adentro.

El padre de aquel chico quiso entrar por él, pero fue detenido por los vecinos, quienes ya habían llamado a los bomberos. El hombre consiguió que le prestaran un traje y que lo bañaran para buscar al hijo, pero cuando iba a entrar el chico apareció a su lado.

“Total que quemaron todo. Lo dejaron en la calle”, rememora uno de los vecinos.

Al día siguiente, una llamada a otro comerciante adjudicaba aquel siniestro.

– Ya cayó un hijo de la chingada, ¿quién sigue?– dijo una voz por el teléfono- Y los que no paguen, sobre ellos.

En pocas horas todos los locatarios pertenecientes a la sociedad de Artesanos y Productores Otomís de San Cristóbal recibían la amenaza. “El que no pague, se chinga”. Otro afectado señalaba que quienes hicieron aquellas llamadas fueron los hermanos Zamora Morales. Esta vez la amenaza de quemar casas y negocios había surtido efecto. Al hombre que había perdido su patrimonio le dieron la espalda. El miedo, pero también el incendio había logrado que todos pagaran las cuotas para la licencia. Y “todos” significaba un padrón de 250 comerciantes.

Sobre el misterioso incendio, los afectados levantaron actas y denuncias pero las investigaciones jamás se llevaron a cabo. Las carpetas, hasta la fecha, están perdidas, no aparecen en los archivos de la PGJEM. El afectado culpó directamente a Fernando Zamora y a sus hermanos, pero en el MP le dijeron que solamente podían levantarla contra quien resultara responsable. Aquella demanda cumplió 10 años sin resultado alguno.

La influencia de los Zamora en la policía se la atribuyen los afectados a Lauro, otro de los hermanos, quien cultivó la amistad de abogados que trabajan para la Procuraduría y que mantiene una red de informantes en esa instancia.

Un mes después, aquella familia terminaría de pagar por todos. Seis embargos a sus mercancías, notificaciones y querellas llegaron para destruir lo último que les quedaba. Las pérdidas materiales derivadas de aquel incendio ascendieron a tres millones de pesos. La casa original fue demolida. No servía para nada.

Los agentes de la PGR, aquellos que estaban a punto de ser linchados, se enteraron y acudieron con los afectados. Los comerciantes seguían pagando los 20 mil pesos que cobraba la policía por protección.

“Nos los vamos a fregar”, les dijeron, refiriéndose a los perpetradores.

Un plan a la medida

Luego de algunas pesquisas, informaron también sobre otra cosa. Los hermanos Zamora nunca habían adquirido ninguna licencia. Todo había sido un engaño para conseguir tres millones y medio de pesos. Pero si los Zamora no compraron la licencia, sí adquirieron productos que los distribuyeron por todo el país. También acapararon la materia prima que se usa en San Cristóbal para bonetes y guantes y obligaron a los productores, con amenazas, a comprarles. No había de otra. Los Zamora eran el poder absoluto y nadie se atrevería a levantarles la voz, luego de la demostración de fuerza e impunidad.

Las agresiones incluyeron las operaciones en el mercado de Sonora, DF, donde algunos de San Cristóbal mantienen locales como mayoristas. El grupo de los Zamora comenzó a atracarlos y, en el camino hacia la ciudad de México, con gente contratada en Tepito, los despojaban. Hoy, Zamora también es propietario en ese mercado.

El imperio del miedo de los Zamora alcanza para fábricas y bodegas, como Hilaturas Xinantécatl, pero también para, desde sus cargos políticos, hacer negocios con diversos sectores públicos. Su empresa, Ramoza’s, vendía uniformes deportivos a los maestros cuando Fernando era líder sindical. Al final los comerciantes se enteraron que había sido el mismo Fernando Zamora quien había solicitado el primero de los cateos, y que sus cálculos habían sido correctos.

Él, según los afectados, consiguió que los agentes de la AFI entraran al pueblo para requisar negocios. Después aprovechó para sugerir la conformación de una mesa directiva, donde sus hermanos tuvieron el control inmediato y desde allí planeó cómo conseguir dinero y castigar a quienes no lo apoyaran. Esto lo supieron los comerciantes porque existe un documento de la propia AFI donde agradecen la información a Zamora y corroboran que ésta es verdadera.

El profesor ha conseguido armar un discreto pero poderoso imperio en la zona más pobre de Toluca, la región norte, Huichochitlán, Autopan, Cuexcontitlán y Linares, donde ha impuesto a sus líderes, que tienen en sus manos programas sociales que usan para beneficio propio. Ellos, acusan los habitantes, han construido sus casas y otros inmuebles con esos apoyos sin que les cueste un centavo.

Todos conocen a Fernando Zamora. Sus manías han traspasado la discreción de la zona norte. “Aquí, el gran problema, es que la gente no quiera testificar”, apuntan los declarantes.

Una sola anécdota alcanza para entenderlo. “Yo estaba parado detrás del profesor Fernando, sin que él se diera cuenta”, señala un comerciante de la región- cuando alguien se le acercó para advertirle que se habían inscrito demasiadas planillas para una de tantas elecciones de delegados.

– No seas pendejo, Javier –respondió Zamora- Así se inscriban 40, la que va a ganar es la Roja y ya dije quiénes van a estar en ella. Aquello resultó cierto, pues llegado el momento la Planilla Roja arrasó en esas votaciones.

Campaña anticipada

Para las campañas rumbo a la alcaldía, Fernando Zamora tiene la capacidad de mover a cerca de 80 mil profesores afiliados al SMSEM para que hagan labores de proselitismo, apunta Luis Zamora Calzada, líder magisterial del Sindicato Unificado de Maestros del Estado de México (SUMAEM).

Pero no sólo los maestros harán ese trabajo. Desde el ayuntamiento de Toluca y el gobierno del Estado de México se ha organizado -y opera desde hace tres semanas- un grupo de promotores del voto que visitan las colonias de la ciudad presentando la candidatura de Zamora y, de paso, copias de credenciales de elector.

– Son para determinar con cuántos contamos –dijo uno de los activistas, identificado como director de una dependencia del ayuntamiento local y perteneciente al Grupo H, clave numérica para los empleados municipales movilizados.

Los 8 mil docentes se excusan diciendo que trabajan para programas comunitarios estatales pero lo hacen en horas de clases, por lo que el SUMAEM solicitó apoyo de padres de familia de la zona de Huichochitlán, Autopan, Totoltepec y Ocoyoacac para que proporcionen fotos y se establezcan las denuncias correspondientes. Y es que la existencia de una organización, Grupo Político, integrado por maestros, interrumpía las clases para repartir despensas y promover a Fernando Zamora.

El 20 de abril del 2015, el SUMAEM daba a conocer una determinación de la Secretaría de Educación, donde prohibía de manera oficial a los maestros colocar o distribuir propaganda electoral, así como salir de clases para hacer proselitismo.

Pobladores de Cuexcontitlán, por otra parte, describen los procedimientos de Fernando Zamora y del PRI en época electoral. “Recorren casa por casa y les dicen a los habitantes que deben votar por el candidato. De lo contrario, serán borrados de los programas de apoyo social, incluso los federales, como el Prospera o los locales como Apadrina un Niño y la tarjeta La Efectiva”.

No declarar, al menos, la intención de votar por el PRI genera presiones. Durante las campañas, esas brigadas organizadas de los Comités de Apoyo estatales vuelven a recorrer las mismas casas y sueltan las mismas advertencias. Piden, para comprobar ese voto, una foto tomada con los celulares.

Sin embargo, nada garantiza que los apoyos sean ni siquiera repartidos, como sucedió en la Secundaria estatal 69, de San Andrés Cuexcontitlán, donde hace cuatro años el gobierno llevó laptops, que nunca fueron repartidas. Tiempo después, alguien retiró los equipos y nadie volvió a verlos.

Desde octubre del 2014 la campaña priista está en marcha. Las brigadas ya tienen en su poder datos de los electores e incluso consiguieron que un documento, sin sellos ni identificación de ningún tipo, y que compromete a entregar la credencial al PRI, pero además a llevar a otras 10 personas el día de la elección, fuera firmado a cambio de los beneficios de los programas.

“A algunos les pagan 200 pesos. A otros 500. Dicen que este año el pago por el voto será de mil pesos y una despensa”, dicen los denunciantes mientras observan los enormes campos junto a sus pequeñas propiedades.

– ¿Estos terrenos son de ustedes?

– Ya quisiéramos. El pequeño, de unas 4 hectáreas, es de Martha Hilda González Calderón.

– ¿Y el otro, el más grande?

– Es un secreto a voces, ¿a poco no sabe? Es de Enrique Peña. Y abarca todo lo que es la ex hacienda de La Providencia, frente al panteón de Cuexcontitlán, entre la avenida Cristóbal Colón y la carretera a Temoaya. Es como de 10 hectáreas.

– ¿Cómo se llama aquí?

– Aquí es la Sección Siete, de Lomas de la Providencia, en Cuexcontitlán, Toluca.

– ¿Y cómo saben que son terrenos de Peña y de Martha Hilda?

– Pues porque vinieron trabajadores de la constructora ARA, para hacer pruebas de suelo y ubicar los pozos de agua. Aquí van a hacer casas de interés social. Y ellos nos dijeron.

– …

– Sí, pues.

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2 comentarios

  1. JAJJAJA MALDITA GENTE ENVIDIOSA CUANTO LES ESTAN PAGANDO POR HABLAR ASI DEL PROFESOR, O X Q ESTAN TAN ARDIDOS, UNA COSA QUE EL PROFE TENGA CARGOS POLITICOS Y OTRA Q SU FAMILIA LE CHINGUE PARA TRABAJAR Y TENER LO Q LES A COSTADO LA GENTE Q HA TRABAJADO AHI SE A DADO CUENTA DE COMO SE HA PARTIDO LA MADRE PARA SALIR ADELANTE, CLARO LA GENTE A GRADECIDA POR Q LA GENTE HAMBRIENTA HABLA ASTA X LOS CODOS, Y CREO Q SE ESTAN PASANDO X Q SU MAMA DEL MAESTRO NADA TIENE QUE VER EN SU OSICO DE LA GENTE ARDINA APRENDA A RESPETAR A LAS PERSONAS,

  2. Cuando hay documentos que avalan lo que se escribe, no hay ni qué discutir, Es como el como el ciego que no quiere ver, o tratar de defender lo indefendible.No creo que el autor de la nota quiera tener un problema legal o penal.


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