Errores legislativos

* El término “suspender indefinidamente” no garantiza la anulación de los exámenes, el anuncio puede durar un día o dos, quizá más dependiendo del contexto de elecciones que se genere. Probablemente, después del siete de junio, se dé a conocer una nueva calendarización de aplicaciones de los exámenes, para decepción de muchos profesores que incluso festejaron la suspensión engañosa.

Luis Zamora Calzada

En conferencia de prensa el jueves 28 de mayo de 2015, los representantes de la sección 16 de Guerrero, sección 18 de Michoacán, sección 22 de Oaxaca, Distrito Federal y del magisterio mexiquense de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, anunciaron la existencia de condiciones para boicotear las elecciones en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Baja California, Jalisco, Zacatecas, Veracruz, Sonora y la región Tampico Durango.

Entre las acciones planteadas se enumeraron las de impedir la instalación de casillas en escuelas públicas, toma de caminos y carreteras para evitar la llegada del material electoral a sus destinos, así como el inicio de paro indefinido de labores en los estados en donde tienen mayor número de integrantes, a partir del lunes primero de junio.

Lo anterior ocurrirá si no se abroga la reforma al artículo 3 y 73 Constitucionales, así como suspender las evaluaciones a los maestros, exigiendo al gobierno federal apertura al dialogo, para definir qué tipo de evaluación es la que necesita el país.

De manera sorpresiva, el viernes 29 del mes que finalizó, sin que las leyes secundarias se lo permitan, la SEP emitió un escueto comunicado 129/2015, sin fundamentación ni motivación ─propio de estados autoritarios─, para anunciar la suspensión del examen de ingreso, promoción y permanencia en Educación Básica y Media Superior, sin mencionar la abrogación de los artículos reformados al no ser materia de su competencia.

A todas luces la medida es meramente electoral ─suponen que los maestros no tienen memoria de los agravios que se han cometido en su perjuicio─. El término “suspender indefinidamente” no garantiza la anulación de los exámenes, el anuncio puede durar un día o dos, quizá más dependiendo del contexto de elecciones que se genere. Probablemente, después del siete de junio, se dé a conocer una nueva calendarización de aplicaciones de los exámenes, para decepción de muchos profesores que incluso festejaron la suspensión engañosa.

El comunicado emitido, independientemente de lo que ocurra, deja en entredicho a la SEP al contravenir un mandato constitucional, desacatando lo que la propia Carta Magna le mandata, perdiendo autoridad y calidad moral para exigir a los profesores que cumplan con la ley, incluyendo a las instancias gubernativas que atienden el asunto educativo en las entidades, quedando la responsabilidad en los docentes y las organizaciones gremiales independientes, obligar a los administradores en la materia, el cumplimiento de las leyes del trabajo locales, sobre todo para que la asignación de plazas sea conforme a los derechos generados por los trabajadores de la educación y no por compadrazgos, palancas, recomendaciones o, en el peor de los casos, en contubernios se practique la venta de plazas, que no es desconocido en el llamado Subsistema Educativo estatal, hasta el 17 de diciembre del 2014.

La medida adoptada, puede inferirse, no se da por la supuesta presión de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Pensar en ese sentido es pecar de ingenuos, los aparatos de represión mostrados hasta este momento no hacen pensar en otras posibilidades, todo se reduce a que los maestros emitan su voto por el partido del arrepentimiento y sus grandes pecados sexenales, como el mal llamado Pacto por México.

Es fundamental colocar en el centro de las conjeturas la forma en que fue implantada la propia reforma ─colocando en franca devaluación todas las modificaciones constitucionales y sus leyes secundarias, aprobadas por el Congreso de la Unión─, la educativa fue impuesta por el Ejecutivo nacional, avalada en una calentura reformista de senadores y diputados federales “durmientes” que, incluso se asegura, muchos de ellos a la fecha no han dado  lectura completa de lo que aprobaron. Fue suficiente cumplir con la orden de levantar el dedo -perdón, ahora oprimir el botón- e ignorar a los maestros, que son los directamente involucrados, lo que constituye otro de los más grandes errores legislativo de este periodo sexenal, violentando con su actuar el artículo 25 Constitucional.

SEP versus INEE

Si bien la Secretaría de Educación Pública federal (SEP) emitió su comunicado 129/2015 para anunciar la suspensión del examen de ingreso, promoción y permanencia en Educación Básica y Media Superior, violentando el mandato constitucional, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), tardó sólo unas horas para emitir su postura ante la determinación asumida con motivo de la elección del 7 de junio, en franca pretensión de ganar los votos de los maestros, con un partido arrepentido de sus acciones, instrumentadas desde el “Pacto por México”.

Entre los punto de controversia, el INEE detalló que la SEP invade su ámbito de competencia y la autonomía que le otorga la propia reforma a los artículos 3 y 73 Constitucionales, violentando con su comunicado las leyes secundarias, en particular la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Hace hincapié en el supuesto argumento emitido por la SEP respecto a tomar en cuenta nuevos elementos en los exámenes, razón por la que ordenó la suspensión en comento. En respuesta el INEE señaló que se cumplieron con todos los rubros requeridos, sin constituir razón alguna y mucho menos la fundamentación para la suspensión anunciada.

El INEE tiene claro que el servicio educativo nacional se verá afectado en el ciclo escolar 2015-2016, al estar impedida la SEP en realizar la contratación de maestros, directores escolares, asesores metodológicos, incluso supervisores que cumplan con el mandato del artículo 3 Constitucional, pues es caso de desacato por parte de los administradores educativos nacional y estatales y se estaría abriendo la puerta a juicio federales de inconstitucionalidad al ser las probables asignaciones unilaterales, violatorios del derecho de ascenso, garantizado en materia educativa.

En una posición estrictamente legal, el INEE conmina a la SEP a acatar lo que la ley le mandata, requiriendo al mismo tiempo que se deje sin efecto la suspensión indefinida determinada de manera autoritaria y se cumpla con el calendario de aplicación de exámenes acordado, en virtud de que hay miles de maestros que atendieron las convocatorias emitidas, cumpliendo en tiempo y forma con los requisitos establecidos para participar.

La medida adoptada por capricho o por el deseo de obtener votos en la jornada electoral del 7 de junio, deja en estado de indefensión a los participantes que aspiran a una plaza, un ascenso, a la propia evaluación general, los afectados pueden, desde ahora, recurrir al amparo por violación a sus derechos establecidos en la Carta Magna.

El INEE tiene a su alcance interponer una controversia constitucional en contra de la SEP, todo hace suponer que este delicado asunto terminará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual llevará meses, mientras la educación y los alumnos quedan, una vez más, relegados ni siquiera a un segundo término, simplemente no interesan, la prioridad es la elección del 7 de junio, pobre México por creer en sus administradores, el daño está causad, y, como dice el dicho popular, “ni Dios Padre lo quita”.

Amén.

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