¿Vida democrática?

* Una elección en estas condiciones no está apegada a la ley y los procesos de impugnación que habrán de tramitarse tienen que ser resueltos apegados a Derecho. Existen claras causales de invalidación de los resultados Y a todas luces la judicialización de la elección es el paso siguiente.

Luis Zamora Calzada

Es imposible concebir una democracia electoral en un país en donde no participa el 54% de su padrón. Las votaciones para las elecciones de sus representantes populares carecen estrictamente de legitimidad. El gran ganador, como siempre, es el abstencionismo, la gente no acude a votar simplemente porque no le interesa ejercer ese derecho y obligación que le concede la ley suprema del país.

El problema básico del abstencionismo, como se ha escrito a lo largo del dominio de grupos enquistados en el poder, se sintetiza en educación y pobreza, una ciudadanía preparada construiría otros escenarios en los resultados electorales y no serían susceptibles de la venta de su voto.

Suena repetitivo mencionar que la escuela pública tiene una gran responsabilidad en la temática, con la urgencia de un nuevo perfil del maestro, conocedor del Estado de Derecho ─tan citado en los discursos y con una ausencia casi permanente en la práctica─, siendo actualmente insuficientes los conocimientos pedagógico y temáticos de la tiras curriculares, para ejercer la docencia que requiere la población escolar de nuestro país.

En otro orden de ideas, la tendencia gubernativa y la del presidente electoral, Lorenzo Córdova, es convencer que las elecciones “son parte de lo cotidiano de la vida democrática”, sin reconocer el fracaso que representa la baja participación ciudadana, que contraviene a la Constitución Política de México.

El burlón de líderes indígenas parece no darse cuenta de que sus declaraciones no se olvidan, aún cuando alegue diálogo privado: “Exactamente. No mames, desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto; no mames. No voy a mentir y te voy a decir cómo hablaba ese cabrón ─yo jefe gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, yo decir aquí a diputados o yo no permitir tus elecciones”─, señala en su conocida grabación investigada, que independientemente de la escolaridad que ostenta, refleja una profunda discriminación hacia los pueblos originales de la nación, restándole calidad moral para hablar de vida democrática.

En este contexto, los 18 mil 572 millones de pesos de presupuesto que tiene el Instituto Nacional Electoral parecen ser un gran desperdicio al no proponer mecanismos para contar con un padrón electoral con educación en la materia, un marco jurídico que garantice la participación de los registrados y un conocimiento ciudadano de las obligaciones de los representantes populares en todos los niveles, lo cual puede ser inconcebible para los titulares en turno cuando se ejerce la función sin una noción de la responsabilidad inmediata y se maneje por la improvisación y las inercias impuestas desde personajes y ámbitos diversos.

Impugnación electoral

Fallaron sus movilizadores, no fueron suficientes todos los vicios y prácticas contrarias a derechos para obtener una mayor participación de electores en el municipio de Toluca, donde de acuerdo a datos preliminares del padrón existente, solo acudió a ejercer el voto un 39%, que habla por sí mismo de la decepción del ciudadano por el proceso electoral, pues no brinda la confianza necesaria al elector.

Los resultados que muestra el Programa de Resultados Electorales Preliminares 2015 (PREP 2015), son ilustrativos de la baja participación de las comunidades, la que fue muy escasa y desgraciadamente se concatena al nivel económico, laboral y escolar que las hace susceptibles de cualquier tipo de explotación.

El derroche de recursos, la inducción del voto doble, el acarreo de electores, la falta de capacitación de los funcionarios electorales ─que mostró la incapacidad del IEEM para garantizar elecciones apegadas a Derecho─,  son claros indicadores del destino de la elección, que tiene un altísimo porcentaje de judicializarse.

Si bien el proceso electoral es legal al estar contemplado en la Constitución Política del país, lo cierto es que sus prácticas no están normadas y, por ejemplo, la presencia de grupos de choque para inhibir a la población ─quienes estuvieron expuestos a la luz pública en las oficinas del candidato priista y se dice que fueron, en promedio, 200 personajes preparados para entrar en acción en el momento en que fueran requeridos─, hicieron gala de un supuesto poderío al exhibirse durante tres días ─del viernes cinco al domingo siete, hasta las dos de la mañana─, en grupos de diez y veinte en camionetas preparadas para la ocasión, acción que no se contempla en ninguna parte de la ley.

En tales circunstancias es de reconocer que se colocó en riesgo la seguridad de los habitantes del municipio de Toluca, lo cual no puede pasar desapercibido por las autoridades electorales y mucho menos por los responsables de la seguridad del gobierno estatal, que tendrán la gran responsabilidad de que hechos tan reprobables no ocurran por el bien de toda la ciudadanía, caso contrario, su actuación queda en entredicho y en tela de juicio.

Una elección en estas condiciones no está apegada a la ley y los procesos de impugnación que habrán de tramitarse tienen que ser resueltos apegados a Derecho. Existen claras causales de invalidación de los resultados Y a todas luces la judicialización de la elección es el paso siguiente.

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