Xochicuautla: la invasión de Higa

* Grupo Higa ha entrado a Xochicuautla. Sus máquinas recorren las calles del pueblo y abren los trazos para que la autopista Toluca-Naucalpan prosiga. Los terrenos que invade no son suyos, son de comuneros que han ganado amparos en distintos tribunales pero que ven, desde la impotencia aún, como Juan Armando Hinojosa, el empresario favorito del presidente de México, Enrique Peña, masacra sus bosques, sus patrimonios. Los masacra a ellos, por 4 mil millones de pesos.

*

Xochicuautla, Lerma; 19 de junio del 2015. Es el tiempo de las máquinas, del fin del bosque.

Y la mitad de los habitantes de Xochicuautla lo celebra porque allí, en esa comunidad de unos cinco mil habitantes, en Lerma, Estado de México, es fácil convencer por 40 mil 410 pesos para obtener permisos, validar asambleas, sobornar para pasar desintegrando por encima de otros.

Xochicuautla está enfrentada contra sí misma, vuelta sobre su propia entraña y permite, la mitad del pueblo, la llegada de los trascabos, la presencia policiaca -la burla de los empleados de la constructora- y el abuso de uno de los empresarios más ricos del país, el más cuestionado por corrupción.

También es el tiempo de entregas para Juan Armando Hinojosa, de los plazos vencidos, los reclamos desde la presidencia de México. Esa empresa, Grupo Higa, a la cual pertenece Autovan, la encargada de hacer la autopista Toluca-Naucalpan con un costo de 4 mil millones de pesos por 39 kilómetros y una concesión de 30 años, ha minado al pueblo pacientemente desde hace ocho años.

El 18 de junio del 2015 un trascabo subía a los bosques sagrados del agua, protegidos por la Nación Otomí, para iniciar la excavación de la autopista en el paraje de Ladeche, en los límites del pueblo, a menos de 500 metros de las primeras casas. La máquina es para los comuneros el poder de Higa, que emana desde el Grupo Atlacomulco. Capaz de poner de su lado al aparato estatal de Seguridad Pública, al gobierno municipal de Lerma, encabezado por el priista Érick Sevilla y de usar recursos públicos para pagar sobornos que le permitan decir, pero no probar desde lo legal, que tiene un convenio firmado con el presidente de Bienes Comunales, Ángel Valdez, ha excluido la opinión de los afectados directos. Ese día, 18 de junio, la llegada del trascabo, mole amarilla abandonada al pie de un cerro en el paraje de Lomas de Maguey, representaba en silencio el inicio de la devastación.

– Pero es que así se hacen las carreteras, ¿o cómo piensan ustedes que se hacen? –dice uno de los ingenieros de Autovan, sorprendido genuinamente cuando los comuneros le recuerdan que para llegar a ese paraje la empresa ha destruido el bosque, abierto una brecha de kilómetros, quitado los árboles, capturado los animales del bosque -a los que envió a alguna parte, fuera de la comunidad- arrasado cosechas, tierras de cultivo que han perdido la siembra, dividido a la gente. Y se han burlado, porque detrás de ellos está la policía, la mayoría otomí, como el pueblo que arrasan.

La primera máquina pasó porque los vecinos la dejaron.

– ¿Cómo es que la mayoría de los comuneros permite que pasen las máquinas? ¿Por qué no apoyan a los afectados, si al final de cuentas el pueblo entero cambiará?

– Porque ellos fueron comprados. Antes éramos 120 y ahora somos menos. Pero de los que somos no todos vienen porque no quieren o porque no pueden. A los que ya compraron les dieron dinero por aceptar una reunión de la asamblea comunal, desconocida por nosotros porque presentó irregularidades, ni siquiera había el número necesario. Nosotros no firmamos nada. Los dejaron pasar porque la empresa Autovan y también Teya les prometieron que arreglarían algunas cosas. A unos les prometieron hacer un camino para sus casas, a otros que arreglarían las veredas y las calles quedarían pavimentadas. A unos más, el alumbrado público. Pero eso se los dijeron desde hace mucho tiempo. Ahora que entró la máquina, los vecinos piensan que llegó para cumplir esas promesas cuando en realidad van a hacer las primeras obras –dice Lucas Miguel Hernández, uno de los más afectados por la intromisión de Autovan.

Es cierto. Los propios pobladores aplauden que Higa esté allí, que las máquinas lleguen. El 17 de junio dieron paso franco a la primera de ellas, que hizo poco, pero hizo. Una brecha excavada de unos 7 metros fue todo lo que realizó. El chiste era llegar. Ahora nadie podrá moverla. Ese mismo día, por la tarde, otra excavadora estacionaba en las laderas del pueblo. La protesta de los afectados no encontró eco en los empleados pero sí en los vecinos a favor de la carretera.

– ¡Quiten sus camionetas, que vamos a salir, pero aprisa, porque ya nos vamos! –decía gritando un hombre joven, apoyado por dos mujeres, que truenan los dedos a los ejidatarios, detenidos frente a su entrada, detenidos porque el trascabo hace maniobras para estacionarse. Aquel engranaje ya encontró su primer damnificado en la camioneta de Lucas Miguel, que después se dará cuenta de los golpes que la pala gigante ha encajado en su vehículo. Los dientes de acero dejaron allí rayones profundos, lesiones en láminas que indican el preludio. Al ver otra máquina, los comunitarios le toman fotos y la graban. Eso de qué sirve cuando serán los propios pobladores los que darán los permisos. Minutos antes de este incidente, los comuneros se han reunido en una tensa asamblea informal, en el paraje de La Joya, con el segundo delegado, Ángel Valdés Ramírez, a quien se le reclaman los pasos francos.

– ¡Retírense, retírense, ustedes vayan a pelear lo que a ustedes les corresponda! Dejen en paz a los de este lado, que están en sus terrenos. ¡Ésta es asamblea de los de esta calle! –gritan los vecinos cuando los perjudicados piden explicación.

Pero es qué quieres que haga yo. Ayer apenas me informaron que está pasando la máquina.

Está el delegado aquí para preguntarle qué.

Y que entonces… y cómo quieres que yo…

¡Entonces qué!

En el caos, alguien articula. Jaime Velázquez, vecino.

– Los de las máquinas traen un permiso del que no nos han informado. Desde ayer los paramos, no podemos quedarnos viendo cómo van pasando.

– ¿Pero entonces por qué los dejaron pasar ahorita?

– Porque los de la empresa alegaron que quieren ver su maquinaria. Pero no hay ningún acuerdo. Queremos saber por qué firmaron nuestras autoridades.

Para ver esa maquinaria, Autovan ocupa 40 policías, un largo convoy de autos particulares y el apoyo de agentes municipales. Pasan y miran a la gente, que apenas puede ponerse de acuerdo.

– ¿Los han agredido?

– Nadie nos ha agredido. Pero un ingeniero de Autovan nos dijo que si alguien quiere que los caminos vecinales o brechas se arreglen, vamos a tener que pagar.

Pasan las patrullas. Una se detiene y pregunta algo.

Cómo te voy a informar.

Vuelvo a lo mismo, a mí van a chingarme.

Lucas Miguel encara a Ángel Valdés.

– Si estuvieras con la ley en esos permisos, yo no podría hacer nada. Delegado, lo que estás haciendo…

A Lucas Miguel le dicen que están los granaderos allá arriba.

… yo nomás quiero que me justifiques el documento que tú elaboraste conjuntamente con la empresa –sigue Lucas-. Es un proceso que la comunidad no conoce, no tenemos ninguna notificación. Como Consejo se los pido.

Sí, sí, sí, mueve la cabeza el delegado. Sí, siempre sí.

– Yo nomás le hago el comentario –dice el delegado-. Aquí el asunto es que yo no puedo hacer nada si la asamblea de los vecinos no corrobora. Ellos me dicen que necesitan saber qué va a haber para la calle México. Yo no puedo meterme a asuntos que no me competen. Se les recalca a los de gobierno que vean cómo está lo de la luz. Lo que se firma especifica lo de la calle México, y nada más. Si ustedes, de veras, no confían en mí, yo me hago a un lado.

– Debe tomar en cuenta –le dice Lucas Miguel- que la comunidad nos compete a todos y si no se hace así, quiere decir que lo está haciendo por tramos, a conveniencia.

Pasan los helicópteros, perdidos entre las ramas del bosque que agoniza. Pasan los helicópteros, como pasó el Augusta 109, matrícula XAUQH de Juan Armando Hinojosa García, el 28 de julio del 2012, estrellándose kilómetros adelante, muriendo junto con otros dos tripulantes. Otra patrulla se detiene. Alguien baja y toma apuntes. Es por seguridad, se oye una voz que dice.

– Tú y yo sabemos que el gobierno, por las buenas y por las malas, tarde o temprano va a pasar – interviene otro comunero, pero la discusión se pierde entre las reformas, cuáles son, las que han pasado.

Lo que no pasa es la angustia en el rostro de las víctimas, que miran escuchando cómo les dan vueltas. Porque arriba ya están los granaderos mientras ellos, allí, entrampados entre su propia gente, pierden el tiempo.

– Hay pruebas y grabaciones, delegado, en donde estás involucrado con la empresa de la autopista -dice otro comunero-. Estás autorizando que hagan el trabajo, y hay un papel que firmaste. Y entonces lo estás firmando por todos… porque estás negociando que ellos pasen por aquí y se arregle la calle. En pocas palabras, le estás autorizando porque estás dando el permiso de paso. Como autoridad debes decir que no podemos negociar nada porque aquí hay un problema comunal.

Alguien de la casa dio el permiso para la que llaman “la maldita carretera”, a pesar de los amparos ganados por la comunidad. En el poblado de Buenavista ya están también las máquinas, a cambio de arreglar calles. Ya abrieron en los pozos de agua potable y los de allí llegaron a acuerdos, que de todas maneras los de Higa tienen que consultar con Juan Armando Hinojosa. Y es que los vecinos, pues sí, los vecinos, no están en contra de la carretera, sino de que a ellos no se les pague. Y aunque saben que perderán sus bosques, también sus propiedades, prefieren no pelear. El núcleo se reduce, la defensa se debilita. Los que quedan, el grupo de Lucas Miguel Hernández, José Luis Fernández Flores, Armando García, Antonio y Cirilo Reyes Valdés y los que representan no están dispuestos a perder sus bosques ni las propiedades. Los demás sólo quieren el respaldo de un beneficio, que muchos ya cobraron o están por hacerlo. La ayuda, si llega, vendrá de fuera.

“Ya tiraron un chingo de árboles”, es la frase que algunos repiten como aviso de que algo se les impone mientras recuerdan que en Santa Cruz Ayotuxco lograron detener las obras y sacar las máquinas, aunque eso no significa que la empresa se fuera.

“¿Sabes cuánto están cobrando los de Santa Cruz? Mil 200 por metro cuadrado. Cuando acá, a nosotros, nos están pagando 230 pesos y a los afectados 160”, informan al delegado.

– Nosotros, delegado, sólo queremos un respaldo que garantice que las máquinas no van a trabajar –dice una mujer, quien al mismo tiempo quiere volver a hacer un convenio “que a nosotros nos beneficie”.

– No van a trabajar, no están trabajado –responde Ángel Valdez, rodeado por sus partidarios.

– ¡Exigimos una asamblea informativa para que sepamos lo que está ocurriendo! ¡Nunca nos avisas de nada y si de verdad hay una decisión o un documento que tú firmaste sin nuestro  conocimiento, lo vamos a desconocer de antemano! –le replican los comuneros.

– Consulto a mi gabinete y con mucho gusto –dice Valdez.

El delegado no resolverá nada. Sabe que la mitad rechazará las asambleas generales porque no conviene escuchar, de nueva cuenta, al grupo de los afectados. Si las realizaran, los que luchan contra Autovan no serán avisados.

“Con mucho gusto yo me llevo sus propuesta orita”, dice Valdez mientras avisa que va por su hija, porque ya se le hizo tarde.

El delegado tiene razón. La máquina, todavía una sola, no está trabajando. Los topógrafos no son máquinas. Esos no entraron en el trato. Tampoco los granaderos.

Porque esos sí están trabajando.

*

II

Para los vecinos, los que dejaron libre el paso, se trata de un malentendido y no, no lo es.

Pero no hay para dónde hacerse. Mientras discuten pasa el convoy policiaco. Municipales y estatales observan la alegata mientras circulan por esa brecha. Con ellos van los operadores de las máquinas y algunos topógrafos. Va el abogado, un joven a quien más adelante, en el paraje de Lomas de Maguey, se esconderá como pueda detrás de los arbustos, mientras se le grita que “tú sabrás mucho de leyes, pero de los hombres ni de la vida sabes nada”.

Y es que el abogado ríe. Lo hace cuando pasa, en uno de los autos blancos de la empresa.

Lo hará después, en el bosque, cuando Lucas Miguel se pare frente a los granaderos y les escupa su enojo, junto con el doctor Díaz González, otro de sus compañeros.

Lo hará una vez más, cuando el representante del gobierno del Estado de México, Eduardo García Flores, invite a los campesinos a presentar las denuncias correspondientes, porque él no puede hacer nada y, por lo pronto, les dice muy amable que acepten y superen que Juan Armando Hinojosa ya está destruyendo. “Yo me llevo sus inquietudes”, dice, igual que el segundo delegado, abriendo las piernas.

El abogado Óscar Velázquez volverá a reír cuando otro funcionario del Estado de México, con las manos en las bolsas, mirando agachado, diga que “ustedes no tienen un papel para mostrar y nosotros ya firmamos un documento con la asamblea, la del segundo delegado, Ángel se llama”.

Velázquez reirá cuando susurre a uno de sus compañeros que “éstos no tienen nada, hay que decirles que muestren sus papeles de propietarios. No los tienen porque son comuneros”.

Su chanza será el tic que lo descubra acobardado al final -porque vergüenza nunca- parado frente al pelotón de policías, con los brazos colgando, mirando de lado, riéndose de todas maneras mientras se escabulle entre los agentes.

Porque ahí el abogado es el único que no quiere decir su nombre. Sólo dice que sabe leyes, y que su nombre, que lo dirán después, no importa para seguir construyendo.

El abogado de Autovan sonríe -sí, otra vez- con la mueca cubriéndole el rostro y sólo quienes están junto a él pueden ver. Indígena él mismo, se agacha cuando entiende que los comuneros tienen razón. De mezclilla y chamarra negra, los zapatos enlodados, es acompañado en aquella vereda por un grupo de trajeados, con las corbatas desanudadas, apuntando siempre, susurrando por teléfono, siempre hablando.

El abogado, tan joven, conmueve.

“Sí, ya, aquí estamos”.

“…que no se quitan”.

“Sí, como habíamos dicho”.

“…y mañana, como dijimos”.

Como los policías.

– Hasta ahorita de nuestra parte no han recibido ninguna intimidación ni agresión alguna. Mas sin embargo, vean ustedes mismos cómo están provocando en llegar y grabarnos a nosotros cuando con nosotros no tienen nada que ver… si vienen de algún periódico, también grabe a las personas que nos están agrediendo para… siempre somos los que agredimos, que detenemos, pero ustedes no graban a la ciudadanía. Es un trabajo que nosotros tenemos, o sea -dice el grupo de granaderos, con el tono indignado, los ojos ausentes.

Los policías no bajarán porque deben acatar órdenes, dicen ellos. Ni siquiera debieran estar escuchando porque no van a resolver el problema. Eso también lo dicen.

Entonces. “Nosotros no estamos contentos de estar peliando aquí con ustedes. No nos están pagando más, nos da lo mismo que nos manden aquí o a otro lado. Nosotros los estamos tomando como una agresión, que lleguen tomando fotografías porque es personal para nosotros, inmiscuidos… sin querer…”.

Luego, como los retratan, reflexionan con el aturdimiento de quienes están armados.

– Nosotros nomás cuidamos a los topógrafos, no venimos a peliar con ustedes –repiten los granaderos.

Los policías no se mueven un centímetro, aunque los topógrafos detienen sus actividades. La táctica elegida por Grupo Higa, propietaria de Autovan, es el desgaste pero también la intimidación. Ellos regresarán al otro día. Y lo harán una y otra vez hasta que consigan lo que quieren: han peleado con trampas y sobornos desde hace ocho años por las tierras y los permisos de los habitantes. El plan es simple. El de siempre.

Los policías ajustan sus cascos sobre la armadura negra que tienen como uniforme. Acomodan sus cascos bajando la visera de resina, protegiéndose el rostro mientras se recargan en los escudos. De aquel uniforme cuelgan macanas y sus armas, balanceándose, rebotando en ellos mismos cada vez que se mueven. Porque se sienten agredidos, insultados.

Que las cámaras fotográficas de 700 pesos de los comuneros son armas mortales.

Que quienes los increpan son tres campesinos cercanos a los 60 años. El resto, un hombre joven y mujeres. Cinco niños no mayores de diez años y un anciano de 80 ó 90 años, sentado en el tronco humedecido de un árbol son los agresores.

Que el abogado, riéndose, es más otomí que cualquiera.

Aquí vienen los topógrafos y el empleado del gobierno estatal.

Ella levanta la cámara.

Les dispara.

*

III

Lucas Miguel Hernández les exige un documento donde se exprese que tienen permiso para invadir los terrenos. Ahí viene el que ríe, el abogado de Autovan, Óscar Velázquez y un nuevo pelotón de policías estatales

Los comuneros se cansan de explicar a los de Autovan, quienes escuchan arropados en la fuerza policial. Los hombres del pueblo entienden desde lo más obvio la inutilidad de los que hacen la fortuna de Juan Armando Hinojosa. Tan empobrecidos como los afectados, los de Higa miran sus relojes, atienden celulares, se oponen unos a otros.

– Los policías dicen que les decimos groserías. Si es mi terreno y le están poniendo en la madre, ¿qué voy a hacer? ¡A ver, díganme! –les grita el doctor Vargas González.

Los policías se mueven. Buscan camino libre, sólo en caso de emergencia, para llegar con facilidad contra los comuneros.

– Bueno, miren, buenas tardes, me presento porque es lo indicado, su servidor: Eduardo García Flores y vengo de la Dirección de Gobierno Región Lerma y comentarles lo siguiente: ustedes refieren que se van a conducir dentro de la legalidad. La empresa dice que ellos, de igual forma, respetan… si la empresa está trabajando porque dice no tener impedimento legal para hacerlo y ustedes dicen que sí lo tiene porque hay un… ¿qué nos queda hacer?

Pausa.

Pausa.

(Iré a otro país, veré otras playas)

Pausa.

(Y uno se pregunta qué puede un hombre, una mujer con una cámara, una grabadora de mano).

Los comuneros, por un segundo, creen. Los de Higa Respiran de otra forma, menos el abogado, que ríe, ni el ingeniero, apurado porque va retrasado.

Por un segundo.

– Qué nos queda hacer –repite el funcionario. Nosotros, como particulares, en un pleito jurídico no podemos… esteee… establecer u obligar qué haga o deje de hacer otro. La autoridad judicial tendrá que decirle a la empresa: no puedes entrar ahí. ¿Cómo lo tiene que hacer? Bueno, si ustedes tienen un documento que así lo establece, yo les sugiero: vamos a ese tribunal: decirle: señor juez o magistrado: y quiero darle fe de que en la comunidad no se está respetando. Para qué: para que se actúe en consecuencia.

Le creyeron por un segundo. Ahora el mismo García Flores no se traga sus propias palabras. Sabiéndolo, suelta desde la mala fe el consejo. Vayan y reclamen, denuncien, exijan a la autoridad. Porque allí García Flores ni siquiera alcanza para figura decorativa, menos para intermediario del conflicto.

– ¡Que la empresa me muestre una firma donde le autorizo trabajar en mi terreno! –le dice un comunero.

– Bien –traga el funcionario- si usted está siendo afectado por una persona que no tiene derecho a hacerlo, yo le sugiero que acuda y denuncie.

La denuncia, señor García Flores, tiene ocho años. Y los amparos obtenidos por los comuneros jamás han sido tomados en cuenta. Higa, de pronto, se encuentra con un escollo que el poder de Juan Armando Hinojosa no podrá resolver por la vía legal. Pero está acostumbrado. Jamás ha usado la vía legal. El constructor de la casa blanca de Peña Nieto ordena la vida de otros, a quienes jamás verá mientras los helicópteros siguen la ruta rumbo a México o van a Toluca. Allí murió su hijo, pero allí también hay agua y enormes terrenos para construir en una compensación que la vida le ofrece al que vino de Reynosa para hacer serigrafía en el mandato de Alfredo del Mazo González, hace tantos años.

– Les pedimos que no suban porque no tienen derecho, hasta que haya una resolución. Vamos a aceptar una mesa redonda, pero aquí, aquí, aquí es donde se hace el diálogo –dice Lucas Miguel al ingeniero- y queremos que se apersone el abogado.

–  ¡A ver, el abogado, que se presente! –grita García Flores.

Como volviéndose a ir, sale de entre los policías.

– Dígame, señor…

– …con la responsabilidad de que usted sabe si se está violentando alguna disposición jurídica, al día de hoy, la empresa que usted representa, ¿tiene una resolución judicial que le impida trabajar?

– No, señor. Y de hecho yo leí ayer, párrafo por párrafo, donde dice que se deben quedar las cosas tal cual, pero en el juicio. Yo se lo explicaba al señor y me dice que él no interpreta la ley y yo le digo que no es de interpretar. La ley es lo que dice. Los del Tribunal Agrario les piden exhibir una acta original, no sé si lo hayan hecho, ayer me dijo el señor que no. Les dan nueva fecha de audiencia, donde dicen que se va a resolver, que se quede en el estado procesual…

– ¿Tiene algún permiso mío para trabajar en mis terrenos? –pregunta un afectado.

– Sí, señor, el convenio que ayer le exhibimos. Y si no pertenecen al comisariado, no tienen por qué estar aquí los señores.

Se trata del convenio que suscribió Ángel Valdés sin avisar a los propietarios, sin considerar los amparos.

Hay que acudir a las autoridades, dice la propia autoridad, que además invita a que se conozcan desde el marco de la ley. Mientras, no le puede decir a la empresa que no trabaje porque no tiene autoridad, dice la autoridad. De todas maneras, los papeles que menciona la empresa no se encuentran en ningún tribunal, desde hace tres años.

“Eres un títere”, le dicen.

Y con mucho gusto viene a saludarlos.

(Pausa)

Por ahora, se retiran los de la empresa.

En realidad no hay una denuncia, sino cincuenta y son ocho años sin respuestas.

Aquí es donde el abogado comienza a reír.

*

IV

El 5 de junio del 2015, según el expediente 420/ 2005, Luis Fernández Flores y otros dos comuneros se presentaron ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve para demandar a Ángel Valdés Ramírez, José Manuel Domínguez Ballesteros y Antonio Guadalupe Saavedra, presidente, secretario y tesorero del órgano de representación de Xochicuautla. Atendidos por el juez, Jorge J. Gómez de Silva Cano, escuchó de parte de los afectados la solicitud de ampliar la demanda de nulidad de asamblea del 26 de octubre del 2014 en contra de los integrantes del comisariado de bienes comunales, el consejo de bienes comunales, el municipio de Lerma y del delegado del Registro Agrario Nacional, para impugnar la firma del convenio de ocupación previa por la afectación en las tierras en La Concepción, Xochicuautla, y por el pago anticipado de la indemnización, porque esa acta no reúne los requisitos establecidos en la ley agraria.

El 23 de marzo del 2015 también se solicitaba la aplicación de medidas precautorias para suspender consecuencias de hecho y derecho derivadas de la asamblea general de comuneros celebrada el 27 de febrero del 2015. Esta impugnación fue rechazada por el magistrado, que concluyó también que “no ha lugar a la concesión de las medidas solicitadas porque se trata de hechos consumados y pronunciarse el Tribunal sobre la validez de los acuerdos tomados por el órgano máximo de la comunidad en la convención comunal, dejaría sin materia el presente juicio agrario, en consecuencia, deberán mantenerse las cosas en el estado en que se encuentran”.

Esa audiencia fue suspendida y otorgada una fecha de reinicio, marcada para el 28 de agosto.

La interpretación legal de la frase “deberán mantenerse las cosas en el estado en que se encuentran”, permite a Grupo Higa, en esa indeterminación, ocupar los terrenos de los comuneros, pues alega que esa frase significa dejar todo como está, pero en los tribunales, no en las tierras. Los propietarios lo interpretan al revés. Esa laguna debía, por sí misma, suspender cualquier trabajo, pero Higa pasa por encima de cualquier derecho.

A Higa todo esto le vale madre.

*

V

Ya hay otra máquina excavando y los empleados de Juan Armando Hinojosa se concentran en dos puntos, los mismos que el 17 de junio marcaron la entrada al pueblo de las máquinas. Al otro día dos trascabos trazaban un camino y una tercera se estaciona en las afueras

También hay un camión repleto de policías, que desde temprano llegaron para cuidar trabajadores. Los granaderos se dispersan por el bosque, escondiéndose algunos mientras que otros respaldan a los topógrafos. Nada se ve entre la maleza, pero los comuneros los van identificando.

Aquí, allí, allá también. Otro más en ese árbol, esa piedra.

El camión bloquea los accesos hacia las máquinas. Por eso hay que llegar de otra forma.

Antonio Reyes y su hermano Cirilo, junto con Lucas Miguel encabezan aquella procesión, que más parece un grupo emboscando. Ese grupo ha sido obligado a caminar así en sus propias tierras, invadidas porque sí, para hacer una carretera a pesar de los amparos ganados por los comuneros. Higa justifica estar allí porque invoca un convenio con Ángel Valdés, del cual nunca mostró una copia. Tampoco lo ha hecho el segundo delegado. No hay papeles de por medio, nunca los ha habido.

El año pasado Higa y Autovan construían en los límites del poblado, relativamente lejos de las casas, aunque invadía sin concesiones las tierras de cultivo. Tres enormes columnas llamaban la atención de todos y hasta el diario global The New York Times enviaba corresponsales para tomar fotos y notas.

Los obreros trabajan sin interrupciones y por lo pronto terminan más columnas. La parte dura no está allí, sino en Xochicuautla. Las dos máquinas, en el paraje de Ladeche, avanzaron 200 metros en menos de un día. Sólo están allí los operadores pero detrás de ellos una camioneta con tres agentes los observa de lejos.

– ¿Cuánto tardaron en abrir el camino?

– Toda la mañana.

– Y…

– Si me estás grabando no te voy a contestar ni madres –dice uno de los operarios, enojándose, como si lo invadieran.

En Ladera de Maguey los topógrafos siguen trabajando. El acuerdo del día anterior era que los de Higa no seguirían allí. Otra vez el mismo camino. Otra vez los policías cuidando las espaldas. Otra vez el reclamo, el mismo ingeniero, desde el cinismo de dejar hablar, de siempre asentir, espera a los comuneros, que esta vez no son ni siquiera diez.

Otra vez la policía, esta vez burlándose abiertamente de los comuneros.

“¡Mañana viene mi relevo!”, les gritan. O silban a las mujeres. O sólo se ponen a los lados, en medio de las veredas. Ese día, el 18 de junio, fue el peor para Lucas Miguel y sus compañeros, quienes ven desde la impotencia el avance de las máquinas, pero también que habrá otras oportunidades porque poco a poco convocan.

Esta vez los topógrafos no se van y siguen, siguen midiendo.

– No me pida que corra a los trabajadores –dice uno de los funcionarios del Estado de México, haciendo muecas frente a Lucas Miguel-  usted sabe que no puedo hacer eso.

Y no, no se van porque les vale madres.

A Higa le vale madres.

*

VI

Es el tiempo de abrir veredas con la fuerza de la palabra mecanizada de un trascabo y la promesa de calles en la marginalidad, alumbrado público y que la miseria sea, pero ahora entre faroles y la luz amarilla que guiña y desfigura, comprada con los ojos cerrados por la mitad de los pobladores de Xochicuautla, una de las últimas reservas ecológicas, recipiente del agua que nace en el volcán Xinantécatl y por la que pasará una autopista, arrasando para privatizar en un trazo que sólo tiene sentido si uno es el dueño, si desde el Xinantécatl se planea privatizar el agua, en un proyecto que está por firmar la empresa Higa con el ayuntamiento de Toluca.

Es la hora de los granaderos.

El funcionario del Estado de México viaja en una camioneta de la policía estatal, con dos agentes a bordo. Se retiran temprano y a las cinco recorren sin prisa las calles de Xochicuautla, rumbo a Toluca. Educado, el funcionario se despide desde su asiento. Detrás de ellos, un camión de granaderos los sigue a su propia velocidad.

Cuando llegue el momento, les tocará masacrar.

Un policía mienta la madre. Lo hace todo el pelotón, cortesía de la Nación Peña Nieto. Se llevan sus “güevos, güey” para repartir mañana, otro día, a donde sean asignados. Otro día, otro despojo.

– ¡Güeeeevos, güey! ¡Mañana le tomas fotos a mi relevo!

Las cinco.

Y todo al diablo.

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