Con olor a corrupción

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* De acuerdo con datos que se publican en la página de la dependencia, hasta el mes pasado Alejandra Iliana fue subdirectora de escuelas normales pero separada del cargo porque, supuestamente, no tiene estudios. Se asegura que no cuenta con documentos legales que le acrediten una licenciatura.

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Luis Zamora Calzada

Los murmullos en “Radio Pasillo” de la escuela Normal de Ixtapan de la Sal van subiendo de intensidad cada día. Algunos maestros platican que la ven firmar su asistencia y se retira de la institución,  otros dicen que tiene problemas con la directora en turno, quien fue su alumna cuando ella ocupó esa responsabilidad en otros periodos, cargo en la que, se asegura, duró casi ocho años.

Las aseveraciones en torno a Alejandra Iliana Acolt Hernández aún se hacen en voz baja, los rostros de quienes se atreven a comentar reflejan cierto temor: “ella fue la subdirectora de escuelas normales en el Estado de México hasta hace unas semanas, fue jefa, imagínese, yo creo que todavía tiene poder. Llega, firma y se va, nadie le dice nada, ni la directora se atreve a pedirle que cumpla con su horario, además llegó con la plaza de investigador educativo, entonces todavía las puede…”, dice un integrante del personal de la Normal, quien por obvias razones pide el anonimato.

Efectivamente, de acuerdo con datos que se publican en la página de la dependencia, hasta el mes pasado Alejandra Iliana fue subdirectora de escuelas normales pero separada del cargo porque, supuestamente, no tiene estudios. Se asegura que no cuenta con documentos legales que le acrediten una licenciatura.

Suponiendo que la información fuera verídica, la pregunta obligada se centra en quién fue el funcionario que la ingresó inicialmente a trabajar en escuelas normales, porque la omisión de verificar la documental académica de la trabajadora constituye responsabilidades administrativas. Si la acción fue intencional, será un asunto de corrupción en la Secretaría de Educación del gobierno del Estado de México.

Ahora bien, resulta incomprensible que le hayan otorgado el nombramiento de directora de la Escuela Normal de Ixtapan de la Sal sin tener la certeza de su perfil, lo que hace suponer en un ascenso por medio de la clásica palanca y el claro apoyo de algún padrino. Nuevamente el fuerte olor a corrupción está en el ambiente, afectando a terceras personas, quienes tienen en su certificado de estudios de licenciatura, la firma de esta persona. ¿Quién fue el personaje que le firmó el nombramiento? ¿Lo hizo por mutuo propio o le fue ordenado expedir el documento? ¿Qué carácter y qué alcances tienen los certificados que firmó como directora de la normal en comento? Son preguntas obligadas que requieren respuestas inmediatas de la ciudadanía interesada en el tema.

Sin embargo, lo anterior parece ser un tema menor ante el ascenso que le otorgaron para ser funcionaria estatal, precisamente en el cargo de subdirectora de escuelas normales. Es incomprensible suponer que Alejandra Iliana haya engañado en ese tiempo a todas las personas que le signaron sus nombramientos, sobre todo en las condiciones comentadas. Es, a todas luces, que algún personaje, llámese nuevamente padrino, la propuso y la protegió en su relampagueante y exitosa trayectoria.

De ser cierto que no cuenta con grado académico, ¿en qué se sustenta ahora la dirección de escuelas normales para asignarla a la Escuela Normal de Ixtapan de la Sal con un supuesto nombramiento de plaza de investigador educativo, después de dejar la responsabilidad de subdirectora de escuelas normales en la entidad? No hay razonamiento lógico que explique el hecho.

Este asunto requiere de una intervención directa del titular de la Secretaría de Educación del gobierno del Estado de México, pues no es un tema menor, sobre todo para mostrar que se puede erradicar la probable corrupción que se había generado en el ramo educativo, en donde casos tan singulares como éste son determinantes y abren la posibilidad de sentar las bases que generen las condiciones que permitan realizar actuaciones en términos de lo que la ley les establece, y que requiere la sociedad actual tan convulsionada.

Evaluar la evaluación

La semana pasada diferentes medios y comentaristas hicieron referencia al 83.4 por ciento de maestros participantes en la evaluación implementada por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), aplicada los días 20, 21 y 22 de junio, asegurando los responsables que había sido todo un éxito, pero omitieron mencionar que el examen aplicado fue uno de los tres tipos de evaluaciones que determina la Ley General del Servicio Profesional Docente, enviada mediante decreto de fecha 10 de septiembre del 2013 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 del mismo mes y año.

La citada ley determina tres tipos de evaluaciones: para el ingreso, el ascenso y la permanencia. Ésta última es la que se combate intensamente por los maestros en diferentes estados de la república.

La evaluación para el ingreso ya ha sido aplicado en dos ocasiones, se presenta como un examen de oposición que se aplica a los egresados de las normales o a toda persona que cuente con licenciatura y aspire a obtener una plaza docente. Sus resultados clasifican a los participantes en idóneos y no idóneos para ingresar al magisterio.

Hasta ahora, los porcentajes obtenidos de sus resultados no son nada favorables para los egresados de las instituciones formadoras de docentes como son las escuelas normales, la Universidad Pedagógica (UPN) y los Centros de Actualización Magisterial (CAEM) entre otros, pues sus índices de no idóneos son mayores a los calificados para ingresar al profesorado. Cabe destacar que el instrumento aplicado no se concatena con la tira curricular de formación ofertada.

En la evaluación para el ascenso aplicado el mes pasado, que logró el 83.4 por ciento de aspirantes, los asistentes fueron profesores que cuentan con un nombramiento de base y desean obtener una plaza de asesor técnico pedagógico, director o supervisor escolar, los que tradicionalmente han sido asignados a quienes cuentan con “palancas” y a recomendados del sistema. Fue suficiente tener un padrino en el ámbito sindical o administrativo para lograrlas, incluso se aseguran transacciones de venta de dichas plazas.

El porcentaje presumido y visto como un éxito de la evaluación, debe analizarse como el hartazgo y rechazo del profesorado a la violación de sus derechos adquiridos por los abusos cometidos en la asignación de estas plazas, con funciones de dirección y control, lamentablemente, en una infinidad de casos utilizados para reprimir y someter a los docentes frente a grupo, sobre todo contra los clasificados como “enemigos del sistema”.

Resulta lógico para los maestros que no han incurrido en el uso de “palancas” para obtener mejoras en el escalafón y ante la emisión de una convocatoria para el ascenso a una plaza con mayor salario, sin recurrir a las prácticas tradicionales de ascenso, no éticas ni legales, sentir el deseo ferviente de participar. Los maestros vieron ante sí la oportunidad de brincarse al sindicato y a los administradores de las instancias educativas para lograr la plaza sin necesidad de denigrar su dignidad, considerando ahora su preparación profesional, experiencia, antigüedad, buenos resultados, entre otros, exigidos entre los requisitos para su inscripción en el proceso de concurso. Por cierto, la aplicación del examen presentó muchas fallas técnicas y de logística, se asegura incluso que el instrumento no reflejará el perfil para el desempeño de las funciones determinadas en las plazas ofertadas.

El porcentaje presumido es una clara manifestación de exigencia de aplicación de la ley y de respeto al Estado de Derecho de los maestros, en el tema de los ascensos, sin representar ningún éxito en el sometimiento a los profesores del país, como se pretende hacer creer a la opinión pública.

La tercera evaluación, la de permanencia, cuyos resultados no favorables pretenden afectar la esfera jurídica laboral del magisterio utilizando el mecanismo de reubicación a una función administrativa y el despido del trabajador si reprueba el tercer examen, tal y como lo establece la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Consultando una parte de la información que se publica en el INEE, esta tercera evaluación la presentarán maestros que fueron enlistados unilateralmente. No será aplicada a todos los docentes violentando el mandato de la propia ley. Muchos de los profesores inscritos en la lista “fatal” han entrado en crisis, los daños causados son responsabilidad directa del Estado al utilizar un supuesto mecanismo tendencioso, doloso y de mala fe en la selección de los integrantes de la lista, y se desconoce la metodología utilizada en su proceso, perdiendo con ello legalidad y credibilidad.

Los maestros enlistados para presentar esta evaluación se someterán a los instrumentos diseñados, los que no son pertinentes. La primera exigencia del INEE es la presentación de evidencias de su práctica docente, integrados en algo que llaman portafolio, que deberá ser entregado como fecha límite el 15 de julio, aunque a última hora el Instituto amplió el término de entrega y será hasta el 15 de agosto del presente año.

El examen con reactivos indagará sobre información memorizada, con criterios reducidos a los referentes de quienes los elaboraron. Las respuestas esperadas deben coincidir con sus autores leídos, incluso con sus creencias personales y el maestro que no coincida simplemente no tendrá el acierto esperado. La experiencia acumulada en el salón de clases no cuenta para los evaluadores.

Una segunda parte de esta evaluación será la integración de una planeación llamada “fundamentada”, y que a pesar de todas sus exigencias se reduce a un documento estrictamente técnico que nunca reflejará lo que ocurre en un salón de clases.

Ninguno de los tres instrumentos constituye prueba fehaciente de la materia de trabajo de los maestros, que es la docencia, no hay indicio alguno de las relaciones interpersonales que se generan en un grupo escolar, no se puede deducir desde algún punto de vista elementos afectivos que imperan entre los maestros y sus alumnos. Tampoco se detecta la actuación individual y colectiva del estudiantado al tratar un tema curricular, nadie sabrá de las reflexiones y el punto de llegada en la toma de conciencia del alumno al utilizar nuevos contenidos escolares. Por esta razón, simple y sencillamente los instrumentos utilizados por el INEE no sirven para conocer el estilo de docencia de los maestros.

Por lo anterior es urgente modificar los instrumentos, que no han sido validados para caracterizar la docencia del profesorado. Entenderlo como pretende el INEE es causar un daño irreversible al magisterio, por ello es obligación evaluar la evaluación que pretenden imponer.

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