El Mojarro

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* El 30 de junio del 2014, Hurtado habría llevado al grupo a la bodega de San Pedro Limón en Tlatlaya, para concretar una venta de armas previamente pactada. Pero no todos eran narcos. Había también algunos involucrados en las guerrillas, invisibilizadas por el gobierno pues aceptar su existencia significa también aceptar que el Estado ha fallado. De todas maneras, es una región en la que se ha documentado la presencia del ERPI, el EPR y FAR-lp.

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Miguel Alvarado

Toluca, México; 8 de julio del 2015. Arcelia, sobre todo Arcelia, un municipio de Guerrero colindante con Tlatlaya, Estado de México, está tomada desde hace años por cárteles del narcotráfico. Hoy está allí La Familia Michoacana, dueña de la cabecera municipal, un territorio donde hay otras reglas y para sobrevivir hay que seguirlas. La puerta de acceso para Arcelia es la presa Vicente Guerrero, construida hace 47 años sobre el río Poliutla, y es una de las más grandes de aquella entidad y que tiempo atrás era una modesta atracción para turistas. Por allí se conectan las tierras calientes mexiquenses y de Guerrero. Allí están Amatepec, Luvianos y Tejupilco, cada uno con sus propias conexiones con Guerrero pero también con Michoacán, unido en este Triángulo de la Brecha desde Huetamo.

Desde Arcelia puede explicarse el narcotráfico del sur del Estado de México, que forma parte de un territorio que no aparece en los mapas geopolíticos oficiales, pero que agrupa a 23 municipios de las tres entidades, más Morelos, y que forman un minipaís que vive casi de manera exclusiva de las actividades relativas al narco y la delincuencia organizada. Ese territorio tiene incluso un nombre, Tierra Calentana, y se aprovecha de una iniciativa ciudadana que por años ha solicitado la formación de un estado propio desde lo legal. Pero el narcotráfico no necesita de aprobaciones para operar, aunque sí de alianzas con los gobiernos y las fuerzas armadas.

En Arcelia está la Familia Michoacana, y desde allí combate contra Guerreros Unidos y Los Rojos, escisiones de los Beltrán Leyva que adquirieron relevancia en la zona, desde el estado de Morelos, tanta, que la masacre de Tlatlaya, el 30 de junio del 2014, tiene que ver con ese enfrentamiento según una versión poco conocida por las autoridades o por los grupos de derechos humanos no gubernamentales.

El 31 de junio del 2015, los 22 muertos que resultaron de un enfrentamiento un día antes, desde la versión oficial del gobierno del Edomex, la PGJEM, la PGR y el propio ejército, eran narcotraficantes. Todos jóvenes -había una niña de 15 años entre ellos- fueron reportados por los soldados como atacantes, y que habían caído cuando se les respondía al fuego.

En San Pedro Limón, el poblado donde se encontraba la bodega donde se registró el hecho, se sabe otra cosa. El 30 de junio de hace un año el grupo de 22 personas más otras dos llegaban a esa bodega, en la carretera de Ancón de los Curieles. Allí, los jóvenes estuvieron un día. Incluso, desde la reconstrucción de la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, les alcanzó para ir al poblado y que Érica Gómez Esquivel se encontrara con su madre, la testigo “Julia” o Clara Gómez González. La llevaron también a la bodega, donde le tocó ser una de las tres sobrevivientes de los hechos.

Pero esa madrugada no todos se quedarían cuando el ejército llegó. Dos de ellos, los jefes, y que son consignados en el informe de Derechos Humanos, escaparían de forma casi milagrosa. Uno de ellos, según versión de pobladores de la región, era el jefe de plaza del cártel de la Familia Michoacana, Johnny Hurtado Olascoaga, “El Mojarro”, el último de los líderes de los michoacanos y perseguido por el ejército desde el 2013. Los rumores de su detención primero y su muerte después fueron rodeando su carrera criminal con el aura de los antihéroes. Días antes de lo de San Pedro Limón, Hurtado y su grupo huía de los militares y había realizado al menos una parada, en uno de los pueblos de Amatepec, donde había tomado la iglesia como campamento y obligado a los pobladores a atenderlos. El escape prosiguió cuando los militares lo ubicaron. Los últimos avistamientos indicaban que se había adentrado a Guerrero, por el camino de Arcelia.
Hurtado, además de escurridizo, era uno de los muchos que había logrado infiltrar, corromper para decirlo con todas sus letras, al Batallón 102, estacionado San Miguel Ixtapan, en Tejupilco. Tan bien lo hizo que fueron llevados a juicio más de 50 soldados, quienes a cambio de dinero informaban a “El Mojarro” sobre los movimientos castrenses. También les compraba armas y en una región donde el poder se reparte entre el narcotráfico y las fuerzas armadas, tener un arsenal era cuestión de vida o muerte. Sólo el ejército puede vender armas en una zona así.

Así que ese 30 de junio Hurtado habría llevado al grupo a la bodega para concretar una venta de armas previamente pactada. Pero no todos eran narcos. Había también algunos involucrados en las guerrillas, invisibilizadas por el gobierno pues aceptar su existencia significa también aceptar que el Estado ha fallado. De todas maneras, es una región en la que se ha documentado la presencia del ERPI, el EPR y FAR-lp.

La compra de armas era una excusa para Hurtado, quien sabía que en su grupo no todos eran leales y algunos comenzaban a colaborar con los rivales de Morelos, los Guerreros Unidos. Esa reunión de la bodega fue una entrega en bandeja para el ejército, un regalo de Hurtado, a quien se identifica con el misterioso “Comandante”.

“Había una niña de 15 años, originaria de Arcelia, víctima que detonó las conjeturas sobre las ejecuciones, y dos jóvenes de 17 años. El resto eran varones de entre  17 y 50 años, la mayoría no pasaba de los 25. Todos eran originarios de Guerrero y sólo uno era de San Pedro Limón, Tlatlaya, en el Estado de México. Había cuatro del municipio de Ajuchitán; cuatro de Totoloapan;  tres de Tlalchapa; seis de Arcelia y cuatro sin lugar de origen. Uno de los testigos afirma que dos personas escaparon de la bodega, los jefes, entre ellos uno conocido como “El Comandante… lo mismo pasa con pobladores que vive en las cercanías. Uno de ellos declara “que cuando se escuchaba, ¡pum! ¡pum! su esposa le decía “están matando a los guachitos, viejo”, refiriéndose a los jóvenes armados. Indicó que ese sonido de dos tiros pausados, lo escuchó alrededor de unas diez o doce veces. Dejó de escuchar detonaciones alrededor de las 5:00 o 5:30. Sin embargo, manifestó que alrededor de las 6:00 horas, “como que despertó alguien de los que estaba tirados” porque se escuchó de nuevo la ráfaga “¡Tatatatatatatatatata!” y posteriormente se escucharon otros tiros pausados y detonantes, como los del ejército. Para las 6:15 horas ya no se volvieron a escuchar detonaciones”. Pero confirma que dos personas, los jefes, habían huido. Una camioneta los esperaba mientras algunos soldados los perseguían”, recuerda este semanario.

El posterior hallazgo de un entierro de armas en Tlatlaya, el 11 de enero del 2015, redondea la historia no escuchada sobre la masacre. Eran 3 mil cartuchos de alto calibre, 30 armas largas, dos armas cortas y tres componentes para lanzagranadas, encontradas por los propios militares. Que había dos hombres armados, que corrieron al bosque y que en el paraje de San Mateo estaban dos tambos, descubiertos cuando los soldados examinaban la zona.  Otra versión apunta que un hombre fue asesinado en la plaza de toros de Amatepec, Osvaldo Núñez Silva, y que al perseguir al asesino se encontraron el arsenal.

Johnny Hurtado, “El Mojarrro”, tiene su base de operaciones en el municipio de Arcelia y es, desde que la Familia Michoacana se escindió en el sur mexiquense, el único de los líderes que no está preso o muerto.

Hurtado era uno de los segundos del narcotraficante  José María Chávez Magaña, “El Pony”, jefe de la Familia en la Tierra Caliente del Triángulo de la Brecha, hace apenas siete años. Antes, era encargado de Ecatepec, donde se enfrentó por la plaza a los Beltrán Leyva. Después, como si se tratara de un escalafón burocrático, le dieron el sur, incluido Tlatlaya. En ese lugar nombró a Leobardo Villegas Flores, El Sierreño, como lugarteniente y a Hurtado Olascoaga como jefe de Amatepec. A Pablo Jaimes Castrejón, “La Marrana”, le entregaron Luvianos y a José López Vences, “El Chanis”, le dieron Tlatlaya.

Fue en Tlatlaya, justamente, donde fue hallado muerto Villegas Flores, el 27 de octubre del 2014. Envuelto en una cobija y torturado, su cuerpo tenía un cartón con la siguiente leyenda:  “…ermanos tlatlayenses ya pueden estar trankilos ya esta lacra no dará más lata. Profes ya está bengada su muerte.  Sr. Efrén Avilés, aquí está su ídolo que tenía a todo tlatlaya aterrorisado. Aquí esta su basura de .01…”. A principios de agosto del 2013, “La Marrana” era abatido cuando, en una vereda, lo encontraron militares.

El área de influencia de Villegas alcanzaba Guerrero y traficaba con mariguana y goma de opio en San Miguel Totolapan, Ajuchitlan del Progreso y Apaxtla de Castrejón. Por él había una recompensa de 300 mil pesos.

Luego, “El Pony” confrontó a sus propios jefes e incluso tuvo que pelear contra Antonio Méndez Vargas, hermano de Jesús Méndez, “El Chango”. Pero “El Pony” haría una alianza con Mario Casarrubias, jefe del cártel de Guerreros Unidos, involucrados en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, y que a su vez provenía del cártel de los Beltrán Leyva.

Hurtado Olascoaga, por su lado, estableció en Arcelia su base de operaciones. Allí controla al alcalde priista de ese lugar, Taurino Vázquez, según el reportero Ezequiel Flores, de la revista Proceso. Cuatro asesinatos de funcionarios, antes de la masacre de Tlatlaya, ubicaron a Arcelia como uno de los lugares más violentos del Triángulo de la Brecha. Uno de los muertos fue el director de Tránsito, Mario Uriostegui Pérez, “La Mona”, relacionado con la Familia Michoacana y que chocó, justamente contra los soldados del batallón 102, el mismo que perpetró la masacre en la bodega de San Pedro Limón. Pero “La Mona” era, también, el suegro de “El Mojarro”. Los propios militares ubican a Guerreros Unidos como los enemigos naturales de la Familia Michoacana.

En Liberaltepec, Guerrero, los sicarios de “El Mojarro” mataron a un teniente de corbeta de la Marina, Arturo Uriel Acosta Martínez. Esa muerte desató la persecución contra Hurtado y que encontró uno de sus desenlaces en la bodega de Tlatlaya.

Porque, aunque perseguido, Hurtado fue uno de los grandes corruptores de ese batallón 102, uno de los más cuestionados en el país. Tanto que, en febrero del 2012 se abría un proceso penal contra 52 integrantes de ese batallón, en el que se acusaba a 39 militares de narcotráfico y a 13 por delincuencia organizada, según la causa penal 48/2011 del Juzgado Quinto Militar de la Primera Región, donde el teniente de infantería, Omar Lugo León, relató que “El Mojarro” ofrecía hasta 140 mil pesos a cambio de información o de que se le encontrara a alguien dispuesto a entregársela. “El Mojarro” es hermano de José Alfredo Hurtado, “El Fresa”, otro narcotraficante con alianzas en el cártel de Jalisco Nueva Generación.

Tlatlaya, Arcelia y el resto del Triángulo de la Brecha representan un país dentro de México. Las leyes allí son otras las autoridades civiles son un adorno meramente administrativo, que tienen por encima a militares, policías y narcotraficantes, unidos en una triada que resulta natural luego de años de enfrentamientos, pero más, simulaciones. El 22 de enero del 2015 el ejército y la policía encontraban una cueva con 23 personas secuestradas en Arcelia. Esa vez capturaron a 13 presuntos plagiarios. El 7 de julio del 2015, un enfrentamiento en Amatepec entre policías y narcos dejaba un muerto y dos heridos, en la comunidad de El Salitre, uno de los pueblos más pobres de aquel municipio y al que Andrés Manuel López Obrador incluye en giras de trabajo cuando visita el sur mexiquense. Él mismo preguntaba, en una de esas visitas, si no había narcotráfico en el lugar.

– Ahí están, frente a usted –le respondieron- son los de La Familia.

Porque El Salitre es pobre, pero también una de las entradas para la Tierra Caliente.

La masacre del 30 de junio del 2014 en Tlatlaya se desarrolla en ese contexto, además de la miseria centenaria y la emigración. Es una tierra que lo tiene todo, pero cuyos habitantes apenas sobreviven.

El centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro sostiene que el ejército dio la orden de “matar”, que significa privar de la vida, en operativos realizados contra sospechosos o quienes se consideren miembros del crimen organizado y recuerda, desde el informe “Tlatlaya a un año, la orden fue abatir”, que la PGR ha ejercido acción penal contra 7 militares por el homicidio de 8 personas en San Pedro Limón, y que según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, estos asesinados serían más.

Lo anterior está suscrito en la “Orden General de Operaciones de la Base de Operaciones “San Antonio del Rosario” y la subsecuente Orden de Relevo y Designación de Mando del Teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, de fechas 11 de junio de 2014, suscritas por el Teniente Coronel de Infantería 2/o. Comandante y j.g.c., Sandro Díaz Rodríguez, en ausencia del Comandante del 102 Batallón de Infantería, Coronel Raúl Castro Aparicio” y pertenece al Programa Sectorial 2013-201820, dentro del marco de la Operación Dragón del que, dice el Agustín Pro, no hay ningún tipo de información. Esa Orden de Relevo fue emitida el 11 de junio del 2014, dirigida al 102 Batallón de Infantería, Grupo de Comando, en el oficio SIIO/10582 y proviene del secretario de la Defensa Nacional.

Esa orden de Relevo, dice el Agustín Pro, faculta ilegalmente al ejército hasta para realizar tareas de jurisdicción civil. Pero lo más relevante es que “en la Disposición V, la Orden de Relevo mandata que “las acciones para reducir la violencia se planearán y ejecutarán en horas de obscuridad, sobre objetivos específicos”. Es determinante que desde la óptica militar. Hay tres categorías de ciudadanos: los militares, la sociedad civil y los delincuentes, aunque sobre éstos últimos, no hay una descripción o elementos para clasificarlos.

La Disposición VII dice al pie que “las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comete en ese horario”. Abatir delincuentes significa también matar ciudadanos cuando a estos últimos se les considere criminales desde la percepción del soldado.

Así, a la base de operaciones de San Antonio del Rosario, se le ordenó abatir.

“Según la CNDH, en Tlatlaya 22 personas perdieron la vida, siendo el caso que cuatro de ellos presumiblemente fueron heridos a causa del enfrentamiento librado con elementos del Ejército Mexicano; 3 personas fueron heridas presumiblemente en medio del intercambio de disparos, o bien, en un contexto de fuego cruzado; 12 personas fueron presumiblemente privadas arbitrariamente de su vida por personal militar, incluyendo dos adolescentes; mientras que respecto de las 3 personas restantes no fue posible establecer ubicaciones y posiciones originales, debido a que fueron movidos del lugar en donde originalmente cayeron, circunstancia que según el ombudsman nacional hace presumir que fueron privados de la vida de manera arbitraria”.

“Julia”, la testigo, madre de Érica Gómez de 15 años, asesinada en esos hechos, no fue considerada por la PGR como víctima ejecutada, aunque hay indicios de que su cuerpo fue movido para manipular una escena y además un proyectil que se alojaba en ella pertenecía a la misma arma con la que se había asesinado a otro. “Julia” refiere haber visto primero a su hija caer boca abajo pero luego su cadáver apareció boca arriba. Peor aún, la PGR la ha revictimizado y ni siquiera se le notificó el inicio del juicio derivado de la causa penal 338/2014. A Érica, por ejemplo, ni siquiera la PGR la consideraba como asesinada y a la familia de Julia y a ella misma no se le han aplicado las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El Agustín Pro refiere que no se ha investigado la cadena de mandos en el ejército, que debería ser indagada desde la cabeza, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos; el general Jaime Godínez Ruiz, comandante de la I Región Militar; el general José Luis Sánchez León, comandante de la 22 Zona Militar; el general Francisco Ortega Luna, adscrito a la Comandancia de la 22/a. Zona Militar; el comandante de Infantería, Raúl Castro Aparicio y el teniente Ezequiel Rodríguez Martínez, que mandaba a la tropa.

El gobierno del Estado de México ha ordenado indemnizaciones para las familias de los muertos en San Pedro Limón y se destinó un fondo de 100 millones de pesos, administrado desde la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Pero una cosa es pagar y otra aplicar la justicia.

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