Privatización del 30 por ciento de la educación básica

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* El fondo del asunto es privatizar, al menos, el 30 por ciento de la educación básica, que será asignado a los empresarios promotores de la reforma, los consentidos del sistema, con probables acuerdos con los diputados signantes del Pacto por México, quienes aprobaron los cambios a los artículos 3 y 73 Constitucionales y sus leyes secundarias, violentando derechos garantizados en materia laboral.

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Luis Zamora Calzada

El Informador.mx, editado en Guadalajara Jalisco, publicó que el secretario de Educación, Emilio Chuayffet, dio a conocer que 34 mil 344 docentes en servicio y que presentaron la evaluación para promoción a una plaza de dirección o supervisión escolar, obtuvieron resultados “no idóneos”, con severas consecuencias manifiestas.

De acuerdo con la publicación, visible en las redes sociales, con el título de “Reprueban 34 mil maestros primera evaluación: SEP”, el secretario del ramo educativo federal habría afirmado que “la evaluación del ciclo escolar 2014-2015, a través del Concurso de Oposición, es considerada como la primera de tres, de acuerdo con la Ley General del Servicio Profesional Docente, así que los maestros sólo tendrán dos oportunidades más para no perder su plaza.

“En un encuentro con periodistas, el titular de la Secretaría de Educación (SEP), dijo que estos son maestros a los que se les respetan sus derechos y siguen dando clases; y esa evaluación se les tomará como la primera a la que tienen derecho como personal de servicio.

“Adicionalmente, tendrán que capacitarse para superar las deficiencias que tuvieron en esa primera evaluación, y capacitarse para el segundo proceso establecido en la ley”.

Lo anterior resulta totalmente falso e  incongruente, y contrario a lo establecido en la ley en comento, denotando en lo publicado desconocimiento de la misma, la que en su capítulo IV, de la promoción a cargos con funciones de dirección y de supervisión, el artículo 26, no señala nada al respecto y que para una mayor comprensión se transcribe:

“Artículo 26. La Promoción a cargos con funciones de dirección y de supervisión en la Educación Básica y Media Superior que imparta el Estado y sus Organismos Descentralizados, se llevará a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y las capacidades necesarias, además de haber ejercido como docente un mínimo de dos años y con sujeción a los términos y criterios siguientes:

  1. Para la Promoción a cargos con funciones de dirección y de supervisión en la Educación Básica:
  2. a) Los concursos serán públicos y objeto de las convocatorias formuladas por las Autoridades Educativas Locales;
  3. b) Las convocatorias describirán el perfil que deberán reunir los aspirantes; las plazas sujetas a concurso; los requisitos, términos y fechas de registro; las etapas, los aspectos y métodos que comprenderá la evaluación; las sedes de aplicación; la publicación de resultados y los criterios para la asignación de las plazas, y demás elementos que la Secretaría estime pertinentes;
  4. c) Las convocatorias, una vez aprobadas por la Secretaría, se publicarán conforme a los programas a que se refiere el artículo 7, fracción II de esta Ley y con la anticipación suficiente al inicio del ciclo escolar. Cuando el caso lo justifique a juicio de la Autoridad Educativa Local y con la anuencia de la Secretaría, podrán expedirse convocatorias extraordinarias, y
  5. d) En los concursos se utilizarán los perfiles, parámetros, indicadores e instrumentos de evaluación que para fines de promoción sean definidos conforme a lo previsto en esta Ley.”

Tampoco se hace alusión al tema en los veintidós transitorios de la multicitada ley, por tanto resulta totalmente falso que la evaluación para la promoción, sea considerada como la primera de tres de las establecidas en el desempeño docente o permanencia, al no estar contemplado en ninguna parte de la ley.

El fondo del asunto es privatizar, al menos, el 30 por ciento de la educación básica, que será asignado a los empresarios promotores de la reforma, los consentidos del sistema, con probables acuerdos con los diputados signantes del Pacto por México, quienes aprobaron los cambios a los artículos 3 y 73 Constitucionales y sus leyes secundarias, violentando derechos garantizados en materia laboral.

La meta de privatización de la educación básica en el porcentaje señalado, acorde a lo señalado por expertos se logrará supuestamente en quince o veinte años, el segundo paso de este proyecto nacional se encuentra en proceso y consiste en denigrar la imagen del maestro ante la sociedad, culparlo de todos los males del sistema y atemorizarlo para que se jubile o abandone el magisterio; ante la falta de maestros se iniciará la profesión del obrero-docente, con contratos temporales, que correrán ya no a cargo del estado, pero sí de los empresarios ganadores.

En estas condiciones ¿qué futuro le espera a la escuela pública, que en un momento histórico fue considerada como una conquista de la revolución mexicana?

Falsas promesas sindicales

Cada día crecen y son más impresionantes las manifestaciones de maestros de todo el país, en abierto rechazo a la evaluación para la permanencia o el desempeño docente en el magisterio, ordenada en la Ley General del Servicio Profesional Docente, que tendrá como consecuencia lamentable, el despido masivo de profesores de educación básica y media superior que no alcancen un resultado suficiente en la tercera aplicación.

En nuestro país, las autoridades educativas no pueden extralimitase en sus funciones y actuar, tiene prohibido ir más allá de lo señalado en los preceptos legales establecidos, no se les permite contravenir el principio de lo que no está prohibido, está legalmente permitido, toda vez que los postulados y principios fundamentales que establece nuestra Constitución, las autoridades, los poderes y los órganos del Estado, están sujetos a la Ley en su organización, funcionamiento, facultades y atribuciones, es decir, sólo pueden actuar en aquello que les ha sido concedido, pues en lo que las normas guardan silencio lo tienen prohibido; en tanto que tratándose de particulares, ese les garantiza que lo que no está prohibido es lícito y permitido; debiendo entenderse, que a lo que el Constituyente no reserva para la potestad del Estado, se entiende consentido para la voluntad del individuo, es decir, “el derecho está en obrar conforme a tal prevención, pues mientras las autoridades sólo pueden hacer todo lo que dicha Ley les faculta, el gobernado puede hacer todo lo que dicha Ley no le prohíbe”, tal y como lo establece la jurisprudencia LI sexta época de las “normas limitadoras de la actividad del individuo”.

Concatenado al párrafo que antecede, el artículo 53 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, establece que cuando en “la evaluación a que se refiere el artículo anterior se identifique la insuficiencia en el nivel de desempeño de la función respectiva, el personal de que se trate se incorporará a los programas de regularización que la autoridad educativa o el organismo descentralizado determine, según sea el caso. Dichos programas incluirán el esquema de tutoría correspondiente.

El personal sujeto a los programas a que se refiere el párrafo anterior tendrá la oportunidad de sujetarse a una segunda oportunidad de evaluación en un plazo no mayor de doce meses después de la evaluación a que se refiere el artículo 52, la cual deberá efectuarse antes del inicio del siguiente ciclo escolar o lectivo.

De ser insuficientes los resultados en la segunda evaluación, el evaluado se reincorporará a los programas de regularización para sujetarse a una tercera evaluación que se llevará a cabo en un plazo no mayor de doce meses.

En caso de que el personal no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación que se le practique, se darán por terminados los efectos del Nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según corresponda”.

Lo anterior se traduce en que la autoridad educativa puede despedir a los maestros que reprueben la tercera evaluación, sin posibilidades de ser defendidos por los sindicatos tradicionales u oficiales, reducidos a simples organismos gremiales que cobran cuotas, en defensa de los intereses de sus cúpulas dominantes y no de los derechos de los trabajadores, dicha determinación dictada incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, prohibiendo cualquier “arreglo” no apegado a la ley entre la autoridad y los representantes sindicales, que impidan el cumplimiento del artículo 53 transcrito.

Los representantes sindicales oficiales no podrán engañar más al trabajador con falsas promesas, sobre todo a los maestros en condiciones de resultados no suficientes, están impedidos de prometer detener su separación del servicio con trámites diversos ante los “jefes” o “hablando directamente con el secretario de Educación” o funcionarios diversos, lo que legalmente es imposible, quedando a todas luces en el contexto gremial una triste realidad no aceptada, los sindicatos oficiales nunca han defendido al trabajador, lo que en ningún momento es equiparable con la concesión de plazas a sus recomendados y cercanos, necesarios para la permanencia de sus cúpulas “autorizadas” por el sistema con todas sus prerrogativa, entre otros ser candidatos a puestos de representación popular, lo que constituye parte esencial de sus propios intereses. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.

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