Atados a lo local

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* La estructura de administración anterior quedó derogada, los funcionarios impuestos por la CNTE en mandos medios del Instituto, versión 1992, ya no firmarán más nombramientos, tampoco validarán las nóminas de pago, tal y como lo hacen en el Estado de México los improvisados egresados del SMSEM, que son propuestos para fungir como funcionarios ─subdirectores centrales y regionales─.

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Luis Zamora Calzada

El martes 21 de julio por la mañana, a la altura de La Marquesa, de la carretera Toluca-México, viajando con amigos del Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México (SUMAEM) a Ecatepec, la estación de radio sintonizada daba las noticias del día. De pronto, y de manera sorpresiva, interrumpió su programación habitual,  para transmitir en vivo la reunión casi secreta, según se comentó, que encabezaban Gabino Cué, gobernador de Oaxaca y Emilio Chuayffet, secretario de Educación Pública, y que se llevaba a cabo en ese momento en Tlalixtac de Cabrera, de la misma entidad que habitó Benito Juárez.

El gobernador confesó haber sido rebasado por la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y anunciaba la creación de otra versión del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), ahora convertida en un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, asegurando autonomía de gestión, algo parecido a los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), que administra a los ex maestros federalizados, quienes fueron eliminados de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, el 16 de diciembre del 2014. En trabajo reformador nocturno, los diputados locales salientes derogaron todos los artículos que los refería en la ley citada, determinando que, a partir de ese entonces, dependerían directamente de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

La novedad del nuevo IEEPO fue la integración de una Junta de Gobierno con derecho de voz y voto para los secretarios de  Gobernación, Finanzas, Salud, Administración, Desarrollo Social y Humano, las Culturas y las Artes de Oaxaca; únicamente con derecho a voz, un representante de la Secretaría de Educación Pública federal para la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente,

La estructura de administración anterior quedó derogada, los funcionarios impuestos por la CNTE en mandos medios del Instituto, versión 1992, ya no firmarán más nombramientos, tampoco validarán las nóminas de pago, tal y como lo hacen en el Estado de México los improvisados egresados del SMSEM, que son propuestos para fungir como funcionarios ─subdirectores centrales y regionales─, Y que hasta la fecha siguen firmando nombramientos a sus recomendados y autorizando sus pagos en el Formato Único de Movimientos, mejor conocidos como FUM, con todas las implicaciones de corrupción que se rumoran en los pasillos de las oficinas centrales administrativas y sindicales, alejados de cualquier planteamiento de política educativa que mejore a las escuelas públicas.

Lo anterior explica las condiciones nada favorables de las escuelas públicas estatales, que han ido a la baja debido a la gran cantidad de recomendados sin perfil ni preparación, impuestos desde la administración local concatenados al sindicato oficial, por lo que resultaría legal y estratégico practicar una auditoria a todas las plazas docentes otorgadas en los últimos años para detectar cuántos familiares y amigos de los directores generales, subdirectores regionales y centrales han sido beneficiados sin tener la preparación requerida, mucho menos los merecimientos que establece la ley para desempeñar las funciones en que fueron nombrados.

No es asunto menor, sobre todo si la Secretaría de Educación Pública estatal, en cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, decide hacer cumplir las leyes inherentes en esa materia para construir otro panorama educativo en la entidad.

De continuar en la lógica descrita, es decir, atados a lo estrictamente local, resulta intrascendente la nueva visión que se proyecta en materia educativa, hacia 2030 por la Unesco, que concentra los objetivos de desarrollo sostenible y se propone “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”, recuperando el carácter humanista de la educación, sobre todo cuando en las legislaciones de muchos países se  reconoce como un derecho humano que garantizan sus constituciones.

En nuestro país el artículo Primero Constitucional determina que en  “…los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”, perfectamente relacionado con el artículo tercero de nuestra Carta Magna, que mandata que “todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, estados, Distrito Federal y municipios– impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.”, y por si quedara alguna duda, el artículo cuarto establece que “en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación…”, sobre todo, ahora que está anunciada una educación de calidad, que no se cumple con la contratación de recomendados, que no cuentan con la preparación profesional, ni el perfil docente para las funciones educativas inherentes a los nombramientos, que les emiten los titulares de los mandos medios de la administración pública estatal y sus salarios correspondiente. Simplemente, así no se puede.

Política educativa mundial

Por razones naturales, la creación de otra versión del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), definida en un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, no impactará en los planteamiento mundiales en materia educativa, al ser una pretensión federal para corregir un asunto que el propio gobierno del estado permitió en su momento, con la anuencia de la propia SEP federal.

Ante el mundo está la propuesta de la declaración de Incheon, República de Corea: “Educación 2030: Hacia una educación inclusiva y equitativa de calidad y un aprendizaje a lo largo de la vida para todos”, planteando transformar las vidas vía una educación integral, ambiciosa y exigente, sin dejar a nadie atrás, tal y como lo establece el documento integrado por ministros, jefes y miembros de delegaciones, jefes de organismos y funcionarios de organizaciones multilaterales y bilaterales, representantes de la sociedad civil, de la profesión docente y del sector privado; ninguno de ellos egresado de sindicato oficial alguno, que por el solo hecho de haber sido integrados a sus directivas les conceden espacios de la administración educativa locales, como ocurre en el Estado de México.

El planteamiento retoma las metas de Educación para Todos, suscrita en Jomtien en 1990, confirmada en Dakar en 2000 y en la reunión mundial en el acuerdo de Mascate 2014, considerando las conclusiones del informe de seguimiento de Educación para Todos en el mundo 2015, así como las síntesis regionales en que se divide el planeta, reconociendo que no se han alcanzado las metas establecidas.

El trabajo tiene presentes los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la iniciativa mundial de “la educación ante todo”, que son la base para las pretensiones educativas 2030, partiendo de que una meta no cubierta al cien por ciento, es una meta no lograda.

La visión, acorde al documento, se sustenta en el carácter humanista de la educación, considerando que el desarrollo debe tener como base “los derechos humanos y la dignidad, la justicia social, la inclusión, la protección, la diversidad cultural, lingüística y étnica, y la responsabilidad y rendición de cuentas compartidas.”, en donde las autoridades educativas no están exentas de las fallas de los sistemas educativos, centrándose en asignar culpas a los maestros de todos los males en la materia e incluso de los sociales, como ocurre en nuestro país, que lamentablemente y día a día se tacha al maestro, asignando infundadamente responsabilidades de los malos resultados y lo negativo que ocurre en las escuelas públicas, sin colocar en el contexto el incumplimiento de la capacitación que está obligada a brindar la SEP a todos sus trabajadores, establecida en el artículo 123 Constitucional. Mucho menos toma en cuenta la corrupción construida por los funcionarios en turno de las instancias que administran la infraestructura y los recursos educativos.

Se hace hincapié en que la educación es un bien público, un derecho humano fundamental, tal y como planteó el Sindicato Unificado de Maestros y académicos en el Estado de México (SUMAEM), en su iniciativa de Ley de Educación, ingresada a la Cámara de Diputados locales, el 14 de mayo del 2010, en los términos siguientes:

“La educación es un derecho constitucional, es libertad y un derecho humano fundamental; un bien público; una herramienta poderosa para impulsar el desarrollo humano sostenible; un contribuyente en la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones desfavorecidas, justicia y democracia para la sociedad que coexistimos en esta entidad; es importante en el crecimiento económico, la eliminación de la pobreza, el logro de la igualdad y en la reducción de la marginación social; pero es fundamental en la erradicación de la violencia, la corrupción y la impunidad como causas de inestabilidad y tensión social; reafirma lo que por esencia es nuestra identidad y transforma lo ordinario para hacerlo útil, para actualizar lo tradicional; sus objetivos son la formación y el enriquecimiento de los valores culturales y morales comunes, competencias y capacidades básicas, potencia la transformación de la especie humana en verdadera humanidad, condición indispensable para descubrirse a sí mismo y continuar aprendiendo hasta alcanzar un desarrollo integral individual y social, es el medio fundamental para el pleno perfeccionamiento humano. Es un proceso que dura toda la vida de las personas, construyendo capacidades físicas, artísticas, intelectuales, morales y afectivas. Es una responsabilidad compartida de los tres niveles de gobierno y la sociedad.

“La vía educativa permite una mayor capacidad de pensar, que conducirá hacia su correspondencia natural en una mayor capacidad para actuar, resuelve de manera contundente las contradicciones sociales y equilibra las posiciones de desigualdad, coadyuvando a construir sociedad más equitativa, libre, democrática y con capacidad para exigir y de hacer que se cumplan las leyes que norman el actuar de todos los mexiquenses….”.

Cualquier parecido con algunos planteamientos de la declaración de Incheon no es mera casualidad, es producto del estudio de muchos maestros que estamos atentos a los acontecimientos mundiales para construir una visión y proyección de la educación en México, contrario a la estrategia de persecución docente que practica la SEP en la actualidad.

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