Eruviel amonestado

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* En la sesión del Congreso estatal el diputado Octavio Vargas Martínez denunció que los congresistas no se hubieran atrevido a más cuando quedó acreditada la violación constitucional. Dijo que de ser consecuentes con su mandato, deberían separarlo del cargo e incluso inhabilitarlo para nuevos cargos públicos. En defensa de Ávila Villegas su compañera de partido, Teresa Arzola Vargas, dijo que el Poder Legislativo no cuenta con mayores atribuciones para otro tipo de sanciones, por lo que de hacerlo estarían incurriendo en una ilegalidad para castigar otra.

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Jorge Hernández

Toluca, México; 12 de agosto del 2015. Por segunda ocasión en menos de tres meses, los diputados de la LVIII Legislatura mexiquense evadieron sancionar al gobernador Eruviel Ávila Villegas por diversas violaciones a la Constitución de la República y la ley general en materia electoral relacionadas todas con la difusión indebida de su persona e imagen disfrazada de información periodística.

En sesión plenaria del actual y último periodo ordinario, con el voto mayoritario de gran parte de los legisladores de todos los grupos legislativos, incluido el PAN, aprobaron el acuerdo preparado por la Junta de Coordinación Política que tímidamente emite una sanción administrativa de amonestación en contra de Eruviel Ávila por incumplir el mandato del Instituto Nacional Electoral respecto a dicha publicidad.

La LVIII Legislatura había sido emplazada por esta autoridad a resolver sobre el desacato en que incurrió el Ejecutivo al desobedecer el mandato de establecer medidas cautelares ordenadas desde fines del año pasado en relación con una serie de publicaciones en diferentes medios de circulación nacional (La Jornada, Milenio, El Universal. La Crónica, entre otros) que parecían violar disposiciones constitucionales y legales, según denunció en su momento el representante del PRD ante el INE, Pablo Gómez.

En la sesión del Congreso estatal el diputado Octavio Vargas Martínez denunció que los congresistas no se hubieran atrevido a más cuando quedó acreditada la violación constitucional. Dijo que de ser consecuentes con su mandato, deberían separarlo del cargo e incluso inhabilitarlo para nuevos cargos públicos.

En defensa de Ávila Villegas su compañera de partido, Teresa Arzola Vargas, dijo que el Poder Legislativo no cuenta con mayores atribuciones para otro tipo de sanciones, por lo que de hacerlo estarían incurriendo en una ilegalidad para castigar otra.

A su vez, Guillermo Bravo Álvarez, del PAN, señaló que el mandato del INE sólo pedía al Congreso sancionar al mandatario por el desacato en mención, no por presuntas violaciones a la Constitución.

A principios de junio pasado, la LVIII Legislatura había sido emplazada también por el INE para sancionar al gobernador por violar la Constitución federal al publicitar ilegalmente su Tercer Informe de gobierno fuera del territorio mexiquense, incumpliendo las pautas que al respecto establece la propia legislación.

Entonces, la misma Junta de Coordinación Política diseñó el acuerdo por medio del cual a Eruviel Ávila sólo se le amonestaba por considerar, también, que no se tenían las atribuciones necesarias para un castigo mayor. En medio del proceso electoral último, tocó a un buen número de legisladores suplentes calificar favorablemente dicho acuerdo.

El documento del INE remitido a esta Legislatura, UT/SCG/Q/CG/6/PEF/21/2015 –se puede consultar en el sitio web del INE-,  determina que “en estricto apego al principio de legalidad establecido en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 457 y 458 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y en términos del debido respeto a la soberanía de los estados para que las autoridades locales resuelvan sobre las faltas administrativas e impongan las sanciones que por su transgresión fijen las leyes locales, se ORDENA dar vista conforme a lo siguiente:

  • Respecto a la conducta cometida por Eruviel Ávila Villegas, Gobernador Constitucional del Estado de México, lo procedente es dar vista a la LVIII Legislatura del Honorable Congreso del Estado de México.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, 109 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, 129, 130 y 131, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, 3, 4, 41 y 42, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de aquella entidad federativa, a efecto de que determine lo que en derecho corresponda”.

Agrega que “De los artículos 108, 109 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, 129, 130 y 131, de la Constitución Política del Estado de México, se advierte que el Ejecutivo del estado, al ser un representante de elección popular, es un servidor público susceptible de incurrir en responsabilidad por los actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, así como violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a las Leyes Federales, a la Constitución Política del Estado de México y a las leyes que de ella emanen.

Asimismo, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de aquella entidad, en su artículo 2, establece los sujetos de responsabilidad y, el diverso artículo 42, señala las obligaciones que todo servidor público de ese estado deben observar.

En este sentido, al ser las autoridades competentes para aplicar dicha Ley, ente otros, el Congreso del Estado de México, por lo que hace a la conducta atribuida a su Gobernador; y la Secretaría de la Contraloría de dicha entidad, por las atribuidas al servidor público Raúl Vargas Herrera, Coordinador General de Comunicación Social del Gobierno del estado en cita, se considera que sean dichas autoridades las competentes para conocer, investigar, y en su caso, sancionar la presunta comisión de las conductas que se atribuyen a los servidores públicos denunciados.”(Subrayado nuestro).

En tal virtud, prosigue, “se determina dar vista con copia certificada de las actuaciones que integran el presente asunto, así como de la presente determinación, conforme a lo siguiente

  • A la LVIII Legislatura del Honorable Congreso del Estado de México, por lo que hace a la conducta cometida por Eruviel Ávila Villegas, Gobernador Constitucional del Estado de México.
  • A la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, por lo que hace a la conducta cometida por Raúl Vargas Herrera, Coordinador General de Comunicación Social del Gobierno del estado en cita.

Se da vista a dichas autoridades, toda vez que resultan ser las instancias competentes para, en su caso, sustanciar y resolver el tipo de conductas denunciadas (subrayado nuestro), quienes deberán informar a este Instituto Nacional Electoral, dentro del término de 15 días hábiles, las medidas que hayan adoptado, con motivo de la presente Resolución”.

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